La muerte de dos funcionarios estadounidenses en un accidente de carretera en una zona remota en la Sierra Madre Occidental, en el Estado de Chihuahua, no hubiera pasado de un desgraciado suceso ocurrido en la madrugada del domingo en un lugar lleno de escarpados desfiladeros en el que también perdieron la vida dos agentes mexicanos. La dimensión del asunto cambió cuando se supo que los estadounidenses eran agentes de la CIA, la agencia de espionaje de Estados Unidos. Y sobre todo ha escalado en las últimas 48 horas, cuando la presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó que los cuatro estaban “trabajando conjuntamente” en una misión de la que el Gobierno federal no estaba informado. Además de al Estado de Chihuahua, la presidenta ha pedido explicaciones a Estados Unidos mediante una carta enviada a la embajada.
El accidente se ha convertido en una rendija a través de la cual la ciudadanía se ha asomado a uno de los aspectos más opacos de la compleja relación con el vecino del norte, el de la seguridad, a cuánto hay de cooperación con Washington y cuánto de subordinación, en un debate en el que la amenaza de injerencia de Estados Unidos es una constante, sobre todo desde que Donald Trump regresó a la presidencia.
La retórica de la intervención en suelo mexicano es todavía más intensa desde este enero, cuando Trump, después de sacar a Maduro de su cama en Caracas y llevarlo a una prisión de Nueva York, dijo que “los cárteles [de la droga] controlan México” y ofreció al país presencia militar para combatirlos. Sheinbaum siempre ha trazado en ese punto una línea roja en la cooperación con Washington, y ha desarrollado una narrativa de defensa de la soberanía. Este miércoles afirmó: “En nuestras conversaciones, Trump nos ha sugerido darnos mayor apoyo, incluso que hubiera presencia de miembros del Ejército de los Estados Unidos, a la cual hemos dicho ‘no es necesario, presidente Trump’, nuestra colaboración es muy buena y otro caso violaría nuestras leyes. Somos muy estrictos con nuestra soberanía nacional”.
Qué hacían estos dos funcionarios estadounidenses en México es todavía una incógnita para el Gobierno de Sheinbaum, según ella misma ha admitido. Por eso ha pedido explicaciones al Estado de Chihuahua, una entidad situada en la frontera con Estados Unidos en la que la cooperación en seguridad con Washington es fluida y que es una de las pocas que gobierna la oposición del Partido Acción Nacional (PAN). Sheinbaum quiere saber qué pasó para ver “si se violó la Constitución”, ya que Chihuahua por sí mismo no tendría capacidad para autorizar la entrada de agentes extranjeros ni operaciones conjuntas sin que lo sepa el Gobierno federal. La presidenta ha elevado el tono y ha subrayado este miércoles que “no puede haber agentes de Estados Unidos operando en campo”, ya que este asunto afecta a “la seguridad nacional y la soberanía”, por lo que “no es un tema menor”.
Horas después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió al asunto no para dar explicaciones, sino para decir que Trump “siempre busca más cooperación” y reclamarle a Sheinbaum “un poco de empatía”: “sería muy oportuno por las dos vidas estadounidenses que se han perdido”, dijo en Fox News, “considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo”.
El Trump de los últimos meses ha ido diseminando presencia militar por toda América Latina bajo la idea de la lucha contra el narcotráfico y de que la región es su área de influencia o, en sus palabras, su “patio trasero”, una alusión a la doctrina Monroe que el presidente estadounidense ha desempolvado. Mientras Ecuador y Argentina le han abierto las puertas en operativos conjuntos y presencia militar, México trata de resistir la presión con una colaboración fluida en muchos ámbitos, pero con el límite claro de que, lo que se haga en México pasa por la colaboración del Gobierno de México.
“Desde hace más de 100 años hay en México agentes de la CIA, de la DEA y de otras agencias. Es una constante, y no una variable, de la relación bilateral”, explica Carlos Pérez Ricart, profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y autor del libro Cien años de espías y drogas: La historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México. “Operan, se mueven y hacen contactos sin contar con el Gobierno de México, o pueden estar de acuerdo con gobiernos Estatales, pero es irrelevante si el Gobierno federal lo sabía o no, puesto que se le escapa la posibilidad de impedirlo o rastrearlo”, indica.
Pérez Ricart habla de la “inevitabilidad” de la presencia de estos agentes, algo que tiene un encaje complicado en la idea de soberanía frente a un vecino que tiene “pocos límites en política exterior” y unos objetivos “puntuales relacionados con la criminalidad en México y los persigue, por la vía legal o ilegal. Así ha sido siempre”, indica el analista. Para él, la relación bilateral está “basada en la asimetría, en el chantaje, la presión” y atravesada por el narcotráfico. En este marco, la narrativa de la soberanía del Gobierno de la presidenta muestra grietas. Una interna, que expone la falta de comunicación en materia de seguridad con uno de los Estados, el de Chihuahua, cuando esa coordinación “es uno de los pilares de la estrategia de seguridad que presentó Omar García Harfuch [el secretario de Seguridad]” por encima del color político de quien gobierne allí, apunta Teresa Martínez Trujillo, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey.
Por otro lado, reconocer, como ha hecho Sheinbaum, que no sabe lo que pasa en un Estado que además está un lugar clave, en la frontera, implica que hay un punto ciego y que la presión de Estados Unidos se cuela por ahí. “Es miopía, en el sentido de que no tiene información ni de Estados Unidos ni de Chihuahua, y por tanto falta de control sobre lo que sucede en ese lugar”, explica Martínez, una imagen políticamente poco favorable para ella.
La opacidad y la sospecha sobre todo lo que tiene que ver con la CIA y su actuación en América Latina es otro factor clave en esta historia, indica Martínez. “Si el coche no hubiera desbarrancado no nos hubiéramos enterado de nada, y aún así falta mucha información”, plantea. Y esa oscuridad alimenta la sospecha junto a las preguntas lógicas. Por ejemplo, qué estaban haciendo juntos los dos agentes de Estados Unidos y otros dos mexicanos adscritos a la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Morena, el partido de Sheinbaum, ha pedido la comparecencia en el Senado de la gobernadora de ese Estado, María Eugenia Campos, y del fiscal para que aclaren este punto.
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ha ido cambiando de versión sobre qué tipo de cooperación tenían los cuatro fallecidos conforme pasaban los días. El domingo aseguró que “regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos” de droga. El lunes, que los estadounidenses estaban en un pueblo a seis horas del laboratorio desmantelado entrenando a agentes mexicanos en el uso de drones y que no trabajaban en la misma misión en el laboratorio, simplemente los mexicanos los habrían recogido en coche al acabar sus respectivas tareas por separado. Sheinbaum desmintió al fiscal y dijo que les consta que estaban en un trabajo conjunto, con lo que se abre la puerta a una violación de la Constitución, según ha indicado en los últimos días, pero el asunto sigue lejos de esclarecerse y se está agrandando. Ahora, la gobernadora de Chihuahua ha pedido una reunión con Sheinbaum para tratar el tema, en el que celebra “el desmantelamiento del laboratorio más grande del que se tenga conocimiento hasta ahora”, y en el que no se sabe aún qué papel desempeñaron los estadounidenses.
