3.500 millones de dólares, dos ministros menos y un embajador furioso: la crisis de los F-16 sacude al Gobierno de Perú

Dos meses después de asumir la presidencia, José María Balcázar padece su primera gran crisis política que ya ha se ha llevado por delante al ministro de Defensa y al canciller. El último viernes, cuando todo estaba preparado para la suscripción del contrato entre el Gobierno de Perú y la compañía estadounidense Lockheed Martin para adquirir 24 aviones de combate F-16 Block 70, Balcázar suspendió la ceremonia y postergó la compra. Comentó en una radio que por el carácter transitorio de su mandato —concluirá en julio—, le correspondía al próximo gobierno cerrar ese acuerdo valorado en 3.500 millones de dólares.

Su postura dividió aguas entre quienes consideran que se trata de la primera decisión soberana de un mandatario de bajo perfil y aquellos que sostienen que su negativa pone en riesgo las relaciones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump. Casi de inmediato, Bernie Navarro, embajador de los Estados Unidos en Perú, elevó el tono de la discusión con un mensaje en sus redes sociales donde indicó que “si actúas de mala fe y socavas los intereses de los Estados Unidos” emplearía “todas las herramientas disponibles para promover la prosperidad y la seguridad” del gigante norteamericano.

La adquisición de los aviones caza para renovar la flota de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) es una operación que empezó durante la gestión de Dina Boluarte. Incluso ella defendió la millonaria apuesta en un Mensaje a la Nación, donde sostuvo que “no era una compra inútil”. Su sucesor, José Jerí, continuó con los trámites del negocio. En la transición entre Jerí y Balcázar, surgieron denuncias de empresas fabricantes de Suecia y Francia, quienes cuestionaron que el Gobierno peruano no evaluó en igualdad de condiciones a los otros postores y optó unilateralmente por los F-16 estadounidenses.

El último lunes, diversas fuentes periodísticas aseguraron que el contrato por los 24 aviones de combate al Gobierno norteamericano había sido firmado en el secretismo absoluto, lejos de la pompa inicial. Incluso se supo que el embajador Bernie Navarro se reunió con el ministro de Defensa Carlos Díaz. Al día siguiente, el presidente José María Balcázar reafirmó que no había suscrito ningún documento y que eso le correspondía al siguiente jefe de Estado.

Este miércoles, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa Carlos Díaz salieron públicamente a emplazar al presidente, acusándolo de haberle mentido a la nación. “Él sabía que los dos contratos se habían firmado el lunes 20 y después de eso ha estado diciendo que estos contratos no se han firmado. Esa es una mentira flagrante”, dijo de Zela. Díaz, por su parte, contó que los contratos fueron firmados por la Fuerza Aérea del Perú y la delegación de la compañía estadounidense Lockheed Martin. “Ya está finiquitado”, sostuvo. Ambos presentaron sus renuncias al Gabinete esta mañana.

“Como jefe supremo de las FFAA, el viernes 17 de abril el presidente Balcázar anunció que no se firmará el contrato de compra de los F-16. El 20 de abril, 72 horas después, la FAP suscribió el acuerdo comercial desconociendo el mandato del jefe de Estado. ¿Quiénes actuaron fuera de la ley?”, ha cuestionado Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación del diario La República. En efecto, de acuerdo a lo dicho por los ministros renunciantes, se puede inferir que la adquisición de los aviones de combate se consumó pasando por encima de la investidura presidencial.

Esta tarde, José María Balcázar, de 83 años, dio un mensaje a la nación donde negó haber falseado la información, y admitió que no tuvo la última palabra en la operación. “Yo no he intervenido en esas negociaciones, así que no se puede decir que he mentido. Lo que estoy diciendo es que ese contrato se respete por el nuevo Gobierno, nada más. No se puede tergiversar mis declaraciones”, subrayó.

Eso sí, el mandatario ha dicho que todavía no ha autorizado el primer desembolso de la compra de los aviones de combate, pues se debe “actuar con prudencia y hacer compras razonablemente”. La prioridad de la caja fiscal, remarca, es “atender las necesidades en agua potable, salud y educación”.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, ha impulsado una moción de censura en contra de Balcázar. “La seguridad nacional no se negocia. Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial”, ha comunicado.