Tres venezolanos presentaron una demanda colectiva contra las compañías estadounidenses CSI Aviation y Global Crossing Airlines (GlobalX), a las que acusan de participar en vuelos de deportación que terminaron con su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde aseguran haber sufrido detención arbitraria y torturas.
De acuerdo con la demanda, retomada por The Guardian y sustentada en documentos judiciales, las empresas colaboraron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una operación realizada en marzo de 2025, pese a que existían órdenes judiciales que buscaban detener esos vuelos.
Acusan violaciones a derechos humanos
Los demandantes —Andry Omar Blanco Bonilla, Wild Yahare Chirinos Romero y Jerce Egbunik Reyes Barrios— sostienen que ellos y más de 230 venezolanos fueron informados de que serían enviados de regreso a su país, pero terminaron en la prisión de máxima seguridad salvadoreña.
La demanda señala que permanecieron incomunicados durante varios meses y fueron víctimas de golpes, abuso psicológico, privación de alimentos y atención médica, hechos que califican como actos de tortura.
El caso quedó asignado al juez federal James Boasberg, quien anteriormente conoció litigios relacionados con estas deportaciones.
Empresas niegan responsabilidad
La demanda afirma que CSI Aviation actuó como intermediaria en la contratación de vuelos para ICE, mientras que GlobalX operó parte de las aeronaves utilizadas durante las expulsiones.
Los demandantes argumentan que ambas compañías obtuvieron beneficios económicos mediante contratos federales y que desempeñaron un papel esencial para concretar las deportaciones.
La acción legal solicita una indemnización por daños, recursos para tratamiento médico y psicológico, además de que el caso sea certificado como demanda colectiva.
Hasta el momento de la publicación, ni CSI Aviation ni GlobalX habían emitido una respuesta pública sobre las acusaciones.
Organizaciones como Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal ya habían documentado denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos dentro del CECOT, incluyendo detenciones arbitrarias y malos tratos, aspectos que ahora forman parte de esta nueva batalla judicial.
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