El pasado mes de junio, Apple cumplió una promesa pendiente. Puso encima de la mesa su nueva Siri, su archiconocido asistente de voz que esta vez llega potenciada con inteligencia artificial, la tecnología de moda. Pero el anuncio llegaba con letra pequeña. Esta herramienta no llegaría ni a China ni a la UE, en el caso del iPhone, del iPad o del Apple Watch. La razón son las regulaciones locales. En el caso europeo, los responsables de la manzana señalaban a la Ley de Mercados Digitales, popularmente conocida por las siglas DMA.
“Nos están pidiendo hacer un experimento con nuestros usuarios europeos”, llegó a asegurar Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing, en un encuentro durante la pasada WWDC con unos pocos medios al que acudió este periódico. Su argumento era que dar a otras empresas el mismo acceso que a Siri equivalía a poner en jaque la privacidad y la seguridad de los que usaban un iPhone. La respuesta de Bruselas no se hizo esperar y llegó con un tono bronco. “Absolutamente nada les impide lanzar Siri AI en Europa”, afirmó un representante de la Comisión, que culpó a la compañía de crear deliberadamente “un diseño no interoperable” contrario a la norma.
La misma bandera que ondean los de Cupertino para no lanzar su asistente a este lado del Atlántico es la que ahora también han cogido en Google. La compañía detrás del buscador más famoso del planeta también ha recurrido al argumento de la privacidad ante las exigencias de la Comisión Europea. En el pasado ya hemos visto cómo retrasaron los lanzamientos de algunas funciones para adaptarlas o ajustarlas a la legislación comunitaria, pero ahora han ido más allá. Alphabet, la matriz de la compañía de Mountain View, ha decidido ir a la justicia.
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Ha presentado una apelación ante el Tribunal General de la UE para frenar los dictámenes basados en dos artículos clave de la DMA. Por una parte, el artículo 6.11, que les exige compartir los datos de búsquedas con motores rivales. Por otra, el artículo 6.7, que obliga, como ocurre con Apple, a abrir las cañerías a Android a asistentes e inteligencias artificiales de la competencia en las mismas condiciones que Gemini. Estas dos obligaciones deberían hacerse realidad, si nada lo evita, en distintos momentos del próximo año.
La IA cambia las normas (una vez más)
El primer frente es el que toca directamente al buscador. Google defiende que, en caso de seguir a pies juntillas la norma de Bruselas, estaría viéndose obligado a entregar a empresas comerciales datos que pueden contener una radiografía más íntima. Así lo explica Oliver Bethell, director senior de competencia de la multinacional. “Los usuarios utilizan la búsqueda para sus preguntas más personales, desde preocupaciones hasta relaciones cercanas. Obligarnos a compartir estas consultas personales sin las salvaguardas adecuadas causaría un daño irreversible a la privacidad”, afirma el directivo.
Es decir, una consulta en el buscador puede esconder una enfermedad, un problema familiar, información laboral o empresarial, incluso de carácter confidencial. El problema, según la tecnológica, es que, una vez que los datos anonimizados salen de sus sistemas, resulta mucho más difícil controlar qué se hace con ellos.
A European Commission proposal could create one of Europe’s largest privacy and national-security risks in decades. https://t.co/m8NdDC6ysa
Through DMA enforcement, it may compel Google to hand over sensitive search data about millions of Europeans to third parties, including… pic.twitter.com/4QuCZuU3py
— Lukasz Olejnik (@lukOlejnik) April 26, 2026
Es aquí donde aparece la inteligencia artificial y cómo su avance ha cambiado las reglas del juego de la ciberseguridad.
Esta tecnología abre la puerta a la identificación de los datos. La empresa asegura haber comprobado en pruebas internas que con agentes de IA se pueden llegar a cruzar millones de registros para identificar quién está detrás de una pregunta al buscador y extraer conclusiones sobre su vida personal o profesional. En resumen, cuanto más capaz es una máquina de encontrar patrones entre millones de datos aparentemente inconexos, menos tranquilizador resulta asumir que anonimizar un conjunto de búsquedas equivale a hacerlo anónimo para siempre.
Un riesgo que los californianos elevan más allá de un peligro para la privacidad personal, algo a lo que los usuarios no prestan siempre una gran atención. Hablan de que esto podría llegar a facilitar el trabajo de cibercriminales o inteligencias artificiales. Para respaldar su tesis, se apoyan en testimonios como el del investigador Lukasz Olejnik, que llegó a retratar esto como uno de los mayores peligros de seguridad en décadas en Europa.
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Para los estadounidenses, las medidas que Bruselas plantea para evitarlo son insuficientes. Es cierto que la normativa incluye la prohibición de identificar a un usuario. Pero eso, según su visión, no impide que técnicamente puedan hacerlo.
El problema de fondo, en ambos casos, es que la nueva generación de IA ya no vive de búsquedas genéricas, sino de contexto. Para ser realmente útiles, estos asistentes necesitan ‘leer’ tu vida. Tus correos, tus fotos, tus rutinas y tu ubicación. Cuanto más personal y profundo es el acceso a tus datos, más capaz puede ser la IA, pero también más fina es la línea entre utilidad y vulnerabilidad. La lógica de la UE es que, para crear un escenario justo y competitivo, todos deben jugar con las mismas normas. En Silicon Valley no piensan lo mismo. Tanto Apple como Google vienen a defender que abrir ese acceso a terceros ampliaría, por así decirlo, las vías que se podrían explotar para atacar los teléfonos de millones de usuarios.
No todos en el sector compran estos discursos. La Comisión Europea sostiene que las medidas no obligan a Google a entregar historiales personales sin protección, sino datos anonimizados de consultas, clics, ránkings y visualizaciones, con condiciones destinadas a impedir que los receptores puedan identificar a los usuarios.
Además, la compañía puede rechazar solicitudes cuando existan riesgos graves para la seguridad o la protección. Motores de búsqueda centrados en la privacidad como DuckDuckGo se han alineado con Bruselas y consideran que estas técnicas de anonimización son suficientemente sólidas, mientras que la batalla judicial de Google responde, a su juicio, a un intento de sembrar dudas sobre el sistema para ganar tiempo.
La paradoja de la DMA
Los de Mountain View no descartan la petición de medidas cautelares para paralizar de urgencia las órdenes antes de que se cumpla el horizonte de 2027. La postura de la tecnológica es el enésimo recordatorio de una incomodidad evidente con el marco regulatorio europeo por parte de las grandes tecnológicas estadounidenses. Es probable que el posicionamiento del TJUE no deje indiferentes a ninguna de las partes y puede sentar un precedente importante sobre hasta dónde puede llegar Bruselas a la hora de exigir acceso a datos y funciones sensibles de las grandes plataformas.
Lo que está ocurriendo es un nuevo episodio de los esfuerzos de la Unión Europea por abrir las puertas de los jardines amurallados de las grandes tecnológicas, como vimos en el pasado con Amazon o con la App Store de Apple. El problema es que la inteligencia artificial está convirtiendo esto en algo mucho más delicado. El choque empieza en el momento en el que un asistente puede llegar a ser capaz de leer lo que ocurre en el teléfono, cruzar datos entre aplicaciones y acceder a permisos que hasta ahora estaban reservados al propio sistema.
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También es difícil aceptar los argumentos de estos gigantes tecnológicos sin más. Obviamente, son negocios privados y abrir su plataforma también es perder control sobre ella. Pero que haya intereses propios no hace que estas advertencias sean meras exageraciones dirigidas o humo.
Hay un problema añadido, como quedó demostrado cuando Apple y Bruselas chocaron públicamente por la llegada de sus funciones de inteligencia artificial. El usuario rara vez entra en el debate técnico o regulatorio que hay detrás. No distingue entre una obligación de interoperabilidad, una exigencia de seguridad o una decisión estratégica. Lo que ve es mucho más sencillo. Una función que existe en EEUU no aparece en su teléfono. Y en ese momento, lo que percibe de la discusión es una pérdida de opciones que penaliza su experiencia.
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La paradoja de la DMA puede terminar apareciendo precisamente aquí. Una norma pensada para evitar que los gigantes tecnológicos decidan qué puede hacer un usuario con su dispositivo podría acabar haciendo que ese mismo usuario reciba una versión más limitada de la próxima generación de IA. Siri puede llegar tarde. Gemini puede tener menos acceso. Algunas funciones pueden quedarse fuera mientras en Estados Unidos o Asia se convierten en parte normal del teléfono.
El problema no es solo perder una función concreta. Si la IA va a depender cada vez más de su acceso al sistema operativo, a las aplicaciones y al contexto personal, llegar con las manos atadas significa empezar la carrera varios metros por detrás. Europa puede tener las reglas más exigentes del tablero y, al mismo tiempo, convertirse en el lugar donde las novedades llegan después y funcionan con más límites.
La pregunta, por tanto, ya no es únicamente si Apple y Google están utilizando la privacidad como escudo para proteger sus negocios. También es si Bruselas está abriendo esas puertas de la forma correcta. Porque sería una ironía bastante europea que una regulación diseñada para dar más libertad al usuario pueda terminar dejándolo con menos opciones que al resto del mundo.

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