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La campaña para las elecciones presidenciales francesas empieza a coger carrerilla a siete meses de la cita con las urnas. Mientras la líder ultraderechista Marine Le Pen ha iniciado una gira por los platós de televisión, el centrista Gabriel Attal, antiguo protegido de Emmanuel Macron y actual líder de Renacimiento, ha optado por un recorrido a pie de calle entre pueblos y empresas.

El jueves, durante una visita a una startup aeroespacial en la campiña francesa, el ex primer ministro avanzó su intención de impulsar unos “Estados Unidos de Europa” si logra llegar al Elíseo. “La gran misión de mi generación es realizar el sueño europeo y dar origen a los Estados Unidos de Europa”, declaró en un discurso publicado en las redes sociales, en el que evocó la célebre visión formulada en su día por el escritor Victor Hugo.

“No quiero que mi generación presencie cómo Europa se convierte en el estado 51 de EE UU o en la provincia 24 de China”, añadió en referencia a las amenazas de Donald Trump respecto a sus vecinos, como Canadá o México. Desde el arranque del curso político en verano y una campaña que arrancó en marzo, el exprimer ministro francés de 37 años busca posicionarse como la opción inequívocamente europeísta dentro de un espectro electoral hiperpoblado. De momento, sin embargo, parece que le cuesta abrirse paso. Y es que los sondeos lo sitúan de forma recurrente por detrás de Édouard Philippe, su principal rival en la órbita centrista, y de la favorita en las encuestas, la euroescéptica Marine Le Pen.

Hacia una potencia mundial

Para Attal, su iniciativa no busca difuminar las identidades nacionales, sino forjar “una fusión económica y ecológica, ante todo, entre un núcleo duro de países europeos”. En este sentido, el candidato centrista ha indicado que su proyecto responde a las limitaciones del modelo actual: “Europa ha construido la paz. La Unión Europea ha creado normas. Los Estados Unidos de Europa construirán nuestro poderío”, ha resumido, al tiempo que perfilaba un nuevo bloque que aspire a ser “la mayor potencia económica, tecnológica y ecológica de nuestra época”.

En esta nueva arquitectura institucional, Attal aboga por “levantar todas las barreras que impiden que las economías europeas se fusionen”. Entre otras cosas porque, sostiene, la Europa de los 27 Estados miembro ha topado con sus propios límites prácticos. Según el ex primer ministro, la unanimidad “permite a un solo gobierno retener a todos los demás” y ha convertido al continente en una “verdadera vetocracia europea”.

Un presidente europeo

Consciente del debate sobre la soberanía nacional, Attal ha insistido en que el proyecto debe nacer del respaldo directo de la ciudadanía. “Los pueblos europeos son soberanos y libres de su destino. Cada país, cada nación que desee integrarse a los Estados Unidos de Europa podrá hacerlo tras haberlo decidido por referéndum“, ha asegurado.

Asimismo, Attal ha llevado sus propuestas al terreno de las instituciones supranacionales defendiendo una profunda democratización del liderazgo continental. “La gobernanza de los Estados Unidos de Europa debe encontrar su legitimidad en las urnas. Propongo elegir por sufragio universal directo al primer presidente de Europa, para que disponga de un mandato claro y fuerte para actuar”, ha sugerido.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este viernes que ha atacado un petrolero con bandera de Togo cuando trataba de “cruzar ilegalmente” el estrecho de Ormuz, en el último caso de agresiones a buques en el estratégico paso.

“Anoche, el petrolero Trend, con bandera de Togo, intentó atravesar ilegalmente el estrecho de Ormuz con la instigación y el engaño del Ejército estadounidense, responsable de asesinatos de niños, pero fue alcanzado y detenido tras declararse un incendio”, indicó en un comunicado el comandante en jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Ali Azmaei.

El militar advirtió una vez más que los buques que traten de cruzar Ormuz sin su permiso “no tendrán otra consecuencia que la destrucción”.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó anoche de un “incidente de seguridad” cerca de la costa de Omán, pero no ofreció más detalles.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a buques que tratan de saltarse su bloqueo.

Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.

En el último mes, Irán y Estados Unidos han atacado buques en la zona en su pulso por el control de la estratégica vía por la que transitaba un 20 % del crudo mundial antes de la guerra.

Rusia ha comenzado hoy a votar en sus primeras elecciones legislativas desde que empezara la invasión de Ucrania. Lo hace en un ambiente que poco tiene que ver con el de hace cuatro años: gasolineras sin combustible, cortes de internet móvil y decenas de drones ucranianos sobrevolando ciudades que antes solo veían la guerra por televisión. Los rusos podrán ejercer su derecho al voto hasta este próximo domingo, aunque nadie duda de que el partido de Putin, Rusia Unida, continuará controlando la Duma.

El partido oficialista del presidente llega con una estimación de voto que le otorgaría 315 diputados, escaños suficientes para modificar la Constitución sin necesitar alianzas, aunque los sondeos oficiales no se ponen de acuerdo: mientras el FOM habla de un 47-49% de los votos, el VTsIOM lo sube al 51-53%. Una diferencia en las encuestas de la que dependería que el partido conserve su mayoría constitucional con holgura o la alcance por los pelos.

Las cinco formaciones con representación actual en el parlamento ruso respaldan la guerra sin discusión, y el único partido que defiende un claro mensaje antibélico, Yábloko, ha visto anulada su candidatura. Después empezaron a caer, uno a uno, sus candidatos, dieciséis de 135 a solo diez días de las elecciones. Sin ese debate de fondo, la campaña ha quedado reducida a baches, subsidios y problemas menores a resolver. En algunos debates regionales, como lel de Riazán, no se ha presentado nadie, y la cobertura electoral en la televisión estatal ha caído muy por debajo de la de 2021.

Boris Nadezhdin, el opositor al que impidieron competir tanto por la presidencia como por un escaño, lo resume afirmando que para Putin el resultado formal importa mucho, aunque todos sepan que el proceso esté amañado, porque en Rusia las elecciones funcionan, en el fondo, como un plebiscito sobre la confianza en él. Y es ahí donde aparecen las grietas. La aprobación personal de Putin sigue siendo alta, un 67% según VTsIOM, pero el apoyo declarado a Rusia Unida ronda apenas el 37%, muy por debajo de lo que el propio instituto proyectaba.

La maquinaria del putinismo tiene que movilizar a los convencidos y, al mismo tiempo, dejar sin ninguna opción política a los descontentos. Porque el descontento existe, y ya no hace falta buscar información prohibida para notarlo: está en el surtidor cerrado, en el mapa que no carga, en el pago con tarjeta que falla. Los ataques ucranianos contra refinerías han provocado una escasez real de combustible. Una encuesta llevada a cabo por el centro Levada el mes pasado revela que el 68% de los rusos ha sufrido problemas de internet móvil, el 65% la falta de gasolina y el 63% fallos en las aplicaciones de mensajería. Entre los menores de 25 años, el 85% notó cortes de conexión. Según Nadezhdin, sin embargo, lo que más pesa entre la gente no es la guerra en sí, sino la subida de precios, que golpea especialmente a los pensionistas y a la clase media. El Banco Central ruso mantiene los tipos de interés en el 14% y reconoce una inflación anual del 6,3%, muy por encima del objetivo marcad inicialmente del 4%.

Sin movimiento en el frente

A ese malestar económico se suma un problema militar que el Kremlin no puede ocultar del todo: el frente apenas se mueve. Según el Institute for the Study of War, Rusia ha avanzado unos 90 km² en agosto, frente a más de 500 en el mismo mes de 2025, mientras Ucrania recuperaba 129. Al ritmo actual, ocupar el territorio que falta obligaría al Kremlin a luchar hasta el año 2032. Aun así, el estancamiento ruso no significa que Ucrania esté ganando: sus ciudades siguen bajo bombardeos y su infraestructura energética se prepara para afrontar otro duro invierno.

Muchos rusos todavía no conectan sus problemas cotidianos con las decisiones del Kremlin, aunque esa desconexión podría romperse si la situación empeora. Y en la mente de los rusos sigue la amenaza de una posible movilización que el mismo Putin ha tenido que negar. Pero nada asegura que se repita el impopular reclutamiento de 300.000 reservistas en 2022. La propaganda sigue sosteniendo la idea de una grandeza imperial que podría resquebrajarse por el agotamiento de recursos, aunque no de forma inmediata. Y es que, a diferencia de la URSS, que prometía un futuro utópico, el putinismo actual no ofrece ninguna visión de lo que vendrá después de la guerra, solo promete conservar lo ya construido.

Por eso estas elecciones, pese a tener un resultado cantado, no son sencillas para el Kremlin. Aunque no pondrán en riesgo el poder de Putin, sí van a servir de termómetro. Se podrá saber cuánto aparato, censura y exclusión de candidatos hace falta para seguir vistiendo de unanimidad a una sociedad que empieza a mostrar signos de cansancio.

Este fin de semana, los rusos depositarán sus votos en otras elecciones parlamentarias «falsas», en las que el único partido partidario de la paz, Yabloko, así como la mayoría de sus candidatos individuales, han sido prohibidos por los tribunales después de que la Comisión Electoral Central les permitiera audazmente presentarse. La votación no traerá sorpresas; todos los partidos que son competidores están controlados por el Kremlin, los observadores independientes son expulsados y, si algo sale mal, el «voto electrónico a distancia», introducido en 33 de las 89 regiones y completamente opaco, ofrecerá los resultados necesarios. Pero, no obstante, este procedimiento de rutina atrae una atención considerable, ya que se cree ampliamente que, una vez que se reúna la nueva Duma, el presidente Putin podría dar un vuelco drástico a sus políticas de tiempos de guerra.

Muchos expertos y activistas esperan una nueva movilización similar a la de 2022, con el envío de hasta 300.000 o incluso 600.000 nuevos soldados a la línea del frente. Hay buenas razones para tales pronósticos, ya que la campaña para atraer «voluntarios» se enfrenta a graves dificultades, con no más de 1.000 personas firmando contratos diariamente, mientras que alrededor de 40.000 mueren o resultan gravemente heridas en Ucrania cada mes.

Hace poco tiempo, las fuerzas rusas sufrieron su primera derrota significativa en años cerca de Lyman, y puedo imaginar cuán fuerte podría ser la presión del mando militar a favor de una nueva movilización. Los analistas occidentales se centran en la retórica implacable de Rusia sobre la «ausencia de perspectivas de paz» y el «nulo interés en una reunión de alto nivel», en un momento en el que el número de ataques encubiertos en Europa (como en Alemania y Bulgaria) y los ataques abiertos en las zonas adyacentes a sus fronteras (como en la frontera ucraniano-polaca) producen la sensación de un peligro grave e inmediato.

Sin embargo, yo seguiría mostrándome escéptico ante las posibilidades de una escalada drástica y de que la guerra entre Rusia y Ucrania se transforme en un conflicto paneuropeo. A mi modo de ver, los tiempos están cambiando, pero la estrategia rusa todavía no. El Kremlin actúa ahora cerca de los límites de su poder y de sus recursos. Todavía tiene suficiente dinero y capacidad industrial para continuar la guerra durante uno o dos años más, pero sin cambiar su trayectoria. Moscú puede aumentar su potencia de fuego y hacer que sus ataques con drones y misiles sean mucho más regulares y mortíferos (lo que, por cierto, podemos ver casi a diario), pero no puede duplicar las filas de su ejército ni la proporción del PIB de Rusia dedicada al sector militar.

Muchos miembros destacados de las élites elegidas a dedo por Putin –desde el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, hasta el director ejecutivo de Sberbank, German Gref– advierten contra la «militarización total de la economía». La gente común teme las perspectivas de una movilización e intenta escapar del país incluso antes de que esta pueda ser anunciada. El descontento social también está creciendo, ya que la mayor parte de la zona europea del país es ahora vulnerable a los ataques ucranianos, y la crisis de la gasolina, causada por la destrucción masiva de refinerías de petróleo, no cede por cuarto mes consecutivo.

Los pronósticos más sombríos sobre la economía rusa no se han cumplido: la inflación sigue bajo control; el PIB se mantiene estable pero no cae; el déficit presupuestario crece, pero en menor medida de lo esperado; sin embargo, todo esto –reitero– puede servir para sostener los esfuerzos militares, pero no para expandirlos. Si el Kremlin optara por la movilización y una «guerra total», se enfrentaría a dos retos críticos. Por un lado, sus soldados ganan ahora una cantidad de dinero significativa: alrededor de 2.500 euros al mes en salarios, 20.000 euros como pago único por alistarse y 150.000 euros como indemnización por fallecimiento pagada a las familias si un militar muere. Si Putin moviliza a otros 500.000 hombres, el coste global de mantenimiento del ejército aumentará al menos en 3 billones de rublos, es decir, el 20% del presupuesto militar, con pocas posibilidades de lograr un avance, ya que la guerra se ha convertido en una guerra de drones.

Por otro lado, la intensificación de la guerra disminuiría la actividad empresarial y la recaudación de impuestos, llevaría a miles de empresas a la quiebra y haría caer el nivel de vida de la población, algo que Putin aparentemente no desea que ocurra, ya que incluso ahora los rusos están muy cansados de sus aventuras bélicas.

Por lo tanto, yo sostendría que no habrá un cambio drástico en la estrategia de Rusia en los próximos meses. A mi juicio, el Kremlin apostará por dos obstáculos.

Primero, los rusos intensificarán sus ataques contra las ciudades e infraestructuras de Ucrania, lo que ahora parece bastante fácil dado que Kiev carece de sistemas de defensa aérea y de municiones. Segundo, intentará utilizar sus conexiones con el liderazgo de Estados Unidos para presionar a las autoridades ucranianas para que hagan concesiones (y ya hemos visto al presidente Donald Trump culpar a Volodimir Zelenski de «interrumpir el suministro mundial de diésel»). Pero, utilizando ambas palancas, el Kremlin esperará a que la coalición occidental se desmorone; ya lo esperaba en los tiempos en que Trump fue reelegido, y ahora la «próxima parada» son las elecciones presidenciales de 2027 en Francia, que podrían cambiar el juego de forma bastante seria. t

Putin sigue creyendo que el tiempo está de su lado y, por lo tanto, parece mucho más probable que continúe su guerra de la forma actual en lugar de cambiar su estrategia por completo…

*Vladislav L. Inozemtsev es cofundador y miembro del Consejo Asesor del Centro de Análisis y Estrategias en Europa en Nicosia (Chipre)

Llegó al poder en 2022 después de romper un tabú de la política sueca: gobernar con el apoyo decisivo de los ultraderechistas Demócratas Suecos (SD). Cuatro años después, Ulf Kristersson deja el Gobierno tras perder las elecciones frente a una oposición de centro izquierda que se impuso por un margen estrechísimo (apenas 50.000 votos). Su dimisión pone fin a una etapa que transformó de manera profunda el equilibrio de la derecha sueca.

Kristersson pertenece a una generación de conservadores suecos que aprendió a hacer política en un sistema donde SD era una fuerza marginal. Cuando asumió el liderazgo de los Moderados en 2017, el partido llevaba años intentando encontrar una respuesta a la creciente presión electoral de Jimmie Åkesson. Cinco años después, Kristersson decidió hacer algo que había sido políticamente impensable durante mucho tiempo: convertir a los Demócratas Suecos en socios parlamentarios imprescindibles.

El resultado fue el Gobierno que tomó posesión el 18 de octubre de 2022. Kristersson formó una coalición con Moderados, Demócrata Cristianos y Liberales, sostenida parlamentariamente por los Demócratas Suecos mediante el Acuerdo de Tidö. El pacto convirtió a Åkesson en el principal aliado externo del Ejecutivo y modificó de manera profunda el equilibrio de la derecha sueca.

La decisión definió el mandato de Kristersson. El primer ministro consiguió llevar a la derecha tradicional al poder, pero al precio de aceptar que los Demócratas Suecos tuvieran una influencia mucho mayor sobre la política nacional. Inmigración, integración, delincuencia y endurecimiento penal pasaron a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno.

Kristersson, sin embargo, intentó presentar su gestión como algo más amplio. Su campaña de 2026 se articuló alrededor de una idea sencilla: Suecia estaba avanzando en la dirección correcta y necesitaba mantener el rumbo. Los Moderados defendieron los resultados económicos del Gobierno y subrayaron la reducción de determinados indicadores de violencia relacionada con las bandas. Su discurso combinó economía y seguridad: trabajar debía resultar rentable, el delito debía tener consecuencias y el Estado debía recuperar autoridad.

Era un mensaje coherente con la evolución de la política sueca durante los últimos años, pero también con la propia trayectoria de Kristersson.

Nacido en Lund en 1963 y criado en Torshälla, cerca de Eskilstuna, estudió Economía en Uppsala y se incorporó muy joven a la política. Presidió las juventudes moderadas entre 1988 y 1992, fue diputado, trabajó en el sector privado y ocupó responsabilidades municipales antes de regresar al Gobierno como ministro de Seguridad Social en 2010. Desde 2017 dirigía los Moderados y desde octubre de 2022 era primer ministro.

Su perfil personal contrastó siempre con el de Åkesson. Kristersson representa la derecha tradicional, europeísta y liberal-conservadora, pero tuvo que adaptar ese espacio político a una nueva realidad electoral. El ascenso de los Demócratas Suecos hizo imposible mantener indefinidamente la vieja estrategia de aislamiento. La operación de Kristersson consistió en integrar a esa fuerza en una mayoría de derechas y tratar de convertir su crecimiento en una herramienta de Gobierno.

La pregunta que quedaba abierta antes de las elecciones era si ese experimento había funcionado. El resultado del 13 de septiembre ofreció una respuesta electoral negativa. El escrutinio definitivo otorgó 176 escaños a los cuatro partidos de la oposición —Socialdemócratas, Izquierda, Centro y Verdes— frente a los 173 de los cuatro partidos que integraban o sostenían al Gobierno: Moderados, Demócratas Suecos, Demócrata Cristianos y Liberales.

Los Moderados no desaparecieron del mapa político. Con el 19,8% de los votos, siguieron siendo una de las principales fuerzas del Parlamento, mientras que los Demócratas Suecos obtuvieron el 17,5% y 62 escaños, once menos que en la legislatura anterior. Los Socialdemócratas, con el 28% y 99 escaños, fueron de nuevo el partido más votado, aunque también perdieron representación respecto a 2022 y obtuvieron su peor resultado desde 1908.

La derrota de Kristersson fue, por tanto, estrecha en términos parlamentarios, pero suficiente para poner fin a su etapa como primer ministro. Una vez confirmado el resultado final, el jefe del Gobierno anunció el jueves que solicitaría su relevo y dejó en manos del presidente del Parlamento, Andreas Norlén, el inicio del proceso para formar un nuevo Ejecutivo.

La dimisión no significa, sin embargo, que el modelo político construido durante los últimos cuatro años desaparezca automáticamente. Los Demócratas Suecos continúan siendo una fuerza importante en el Parlamento y la política migratoria y de seguridad que dominó buena parte de la legislatura seguirá formando parte del debate nacional. Lo que sí ha cambiado es la correlación de fuerzas y, con ella, la posibilidad de que la derecha tradicional vuelva a gobernar bajo las mismas condiciones.

Kristersson ha defendido durante la campaña que la experiencia de los últimos cuatro años demostraba que el rumbo elegido funcionaba. Pero las urnas han impedido que ese argumento se traduzca en un segundo mandato. La oposición obtuvo la mayoría parlamentaria, aunque por un margen tan reducido que la formación del próximo Gobierno se presenta también como una negociación compleja.

El resultado deja así una paradoja para Kristersson. Su principal legado no será únicamente haber llegado al poder en 2022. Será haber cambiado las condiciones en las que la derecha sueca podía gobernar.

Antes de Kristersson, la pregunta era si los Moderados podían gobernar sin Åkesson. Después de Kristersson, la política sueca tendrá que responder a otra cuestión: qué relación mantendrá la derecha tradicional con los Demócratas Suecos después de haberlos convertido en una pieza central de su mayoría.

Niklas Bolin, profesor de Ciencias Políticas en la Mid Sweden University, asegura a LA RAZÓN que cree que “es probable que la estrecha cooperación entre los partidos pierda importancia”. “En la oposición, los partidos deberán volver a proyectar una imagen más independiente y recuperarse de la derrota electoral”, añade Bolin.

Kristersson consiguió unir a la derecha sueca y devolverla al Gobierno. Cuatro años después, pierde el poder por un margen mínimo y presenta su dimisión. Su experimento no ha desaparecido con su derrota electoral, pero tampoco ha conseguido prolongarse en el Gobierno.

Su legado queda precisamente ahí: en haber convertido una relación que durante años parecía imposible en una realidad política. La derecha sueca ya no es la misma que cuando Kristersson asumió el liderazgo de los Moderados. Y aunque él abandone ahora el Gobierno, la transformación que impulsó seguirá condicionando la política sueca durante los próximos años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su país está cerca de acordar el establecimiento de una base militar permanente en Polonia, una decisión que puede reforzar la disuasión contra Rusia y certificar además el compromiso a largo plazo de Washington con el flanco oriental de la OTAN.

Siete personas resultaron heridas este jueves tras producirse una explosión en un campo de tiro militar en Karlsborg, al sur de Suecia. Según confirmó a la agencia sueca TT Mikael Ågren, un portavoz de las Fuerzas Armadas de Suecia, siete personas resultaron heridas y hospitalizadas tras el suceso.

“No son reclutas, sino empleados, pero no podemos decir si son oficiales o soldados rasos”, indicó el portavoz castrense en sus declaraciones a TT, que precisó que el suceso, cuyos motivos aún están por esclarecer, tuvo lugar hacia las 16.00 locales (14.00 GMT). TT, que citó a la portavoz del hospital que recibió los heridos, precisó que todos los heridos son hombres, en la veintena o en la treintena de años.

“Cinco de ellos están en estado grave, pero sus heridas no hacen temer por su vida”, citó TT a Camilla Silvesjö, portavoz del Skaraborg Hospital. Fuentes policiales indicaron a TT que se produjo una deflagración en el campo de tiro de las instalaciones militares.

El canciller alemán, Friedrich Merz, reivindicó que su gestión ha permitido a Alemania estar saliendo de la crisis, a falta de dos días para que voten los estados federados orientales de Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania, tras la victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt.

En una intervención a puerta cerrada en la sede berlinesa de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), Merz dijo que Alemania está “saliendo de la crisis”.

“En 2026 tendremos un crecimiento económico de aproximadamente el 1,3 %”, afirmó sobre la subida del PIB, algo que el jefe del Gobierno alemán, que tiene pendiente aún realizar reformas en el ámbito social y fiscal, vinculó a esfuerzos que aún quedan por hacer.

Esto “supone un aumento de 60.000 millones de euros en el rendimiento económico de este año en comparación con el año anterior”, abundó Merz sobre el 1,3 %, en una intervención ante sus compañeros de partido que presentó el candidato de la CDU a alcalde de la capital, Stefan Evers, y en la que el canciller lanzó duras críticas a la xenofobia y al antisemitismo.

Los ajustes en política migratoria

En una defensa de su política de inmigración, Merz reivindicó “ajustes” en la “política de inmigración que han tenido repercusión en toda Europa”.

“Las cifras están bajando. Aún no hemos llegado a donde queremos estar, pero ya hemos alcanzado una reducción de más del 60 % en comparación con el año 2024, lo que supone un ajuste significativo de la política de inmigración”, apuntó, en alusión a la caída en la migración irregular y en las solicitudes de asilo registradas en Alemania.

En este punto, Merz, quien ha acusado a AfD de querer realizar una “limpieza étnica” con sus planes de “remigración” de inmigrantes, subrayó que “la hostilidad no tiene cabida” en Alemania al hablar de aquellos extranjeros que se incorporan al mercado de trabajo.

Contra el antisemitismo

“No queremos que la inmigración se dirija a los sistemas de seguridad social, sino que queremos que se dirija a nuestro mercado laboral, y necesitamos en Alemania a estas personas, que ya son indispensables en nuestro mercado laboral”, enfatizó antes de aludir al antisemitismo. “La forma más pérfida de xenofobia es el antisemitismo”, dijo.

“Quiero decirlo muy claro y muy alto: no debemos tolerar que en Alemania o en Berlín la delincuencia de los extranjeros y el odio a los judíos estén a la orden del día”, agregó en el marco de una campaña electoral en la que, en Berlín, se ha reprochado antisemitismo a la formación La Izquierda, favorita en las encuestas junto a la CDU.

El último sondeo publicado esta semana por el diario Bild, elaborado por el instituto Insa, atribuye a ambos partidos un 20 %, por delante de AfD (18 %), Los Verdes (16 %) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 12 %).

En Mecklemburgo-Antepomerania, según las encuestas, la CDU podría registrar el peor resultado de su historia, pues los sondeos de intención de voto le atribuyen un 7 %, por detrás de la favorita, AfD (37 %), SPD (35 %) y La Izquierda (10 %).

El Gobierno polaco prevé convocar en 2027 a más de 300.000 reservistas y reclutas, entre profesionales y voluntarios, según un proyecto del Ministerio de Defensa de cuyos detalles se informó este jueves.

El proyecto prevé 20.000 nuevas plazas en el servicio militar profesional, 6.500 más que el año pasado, además de 200.000 reservistas y 83.700 efectivos de cuerpos auxiliares.

La medida de Defensa incluye la convocatoria de más de 200.000 ciudadanos para evaluar sus capacidades y asignarles a una unidad militar si hubiera una movilización. La medida se toma después de continuas provocaciones de Rusia, la última con el bombardeo de un tren ucraniano a solo dos kilómetros de la frontera.

Se trata del mayor llamamiento de los últimos años, y afectará a varones y mujeres de hasta 60 años, que deberán presentarse en el centro de reclutamiento asignado para que se evalúen sus capacidades físicas y conocimientos, tras lo cual pasarán a ser reservistas y a estar encuadrados de manera provisional en un cuerpo militar.

La no comparecencia injustificada o la negativa a asistir a la convocatoria puede acarrear desde una multa hasta el ser buscado y conducido por la Policía al centro de reclutamiento, en virtud de la Ley de Defensa de la Patria, informa Efe.

Además, si se estima oportuno, algunos de esos reservistas deberán someterse a un entrenamiento de hasta 90 días consecutivos.

Esta estrategia refuerza la ambición asumida por Varsovia tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 para construir el Ejército terrestre más fuerte de Europa.

Las Fuerzas Armadas polacas superan ya, según datos del Ministerio de Defensa, los 220.000 efectivos, frente a los 130.000 anteriores a la guerra.

El objetivo es alcanzar la cifra de 300.000 militares en activo y hasta 500.000 sumando las reservas para 2039.

Para financiar el incremento de personal en las Fuerzas Armadas, el presupuesto dedicado a defensa ronda en 2026 el 4,8 % del PIB, frente al 4,7 % del año pasado.

Para 2027, el Estado polaco calcula un gasto del 4,5 % aproximadamente.

Varios estados de Estados Unidos están preparando protocolos ante la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aparezcan en centros de votación durante las elecciones de otoño de medio mandato.

Según publica el medio político Axios, funcionarios electorales de distintos estados, desde Maine hasta Oregón, están preparando planes para responder a una eventual presencia del ICE en los centros de votación. La preocupación se produce después de las declaraciones de miembros de la Administración Trump sobre la posibilidad de que los agentes de inmigración estén presentes durante la jornada electoral y a la posibilidad de que su actuación afecte a los votantes o al funcionamiento de las elecciones.

La potestad de estos agentes de inmigración para actuar de una forma tan invasiva contra votantes o acompañantes no está clara. Según Axios, las fuerzas del orden federales no pueden estar en los centros de votación y existen también restricciones sobre la distancia a la que pueden situarse las autoridades locales.

Sin embargo, el presidente Trump afirmó en mayo que haría «todo lo necesario» para garantizar unas elecciones honestas. A comienzos de septiembre, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que los agentes del ICE podrían acudir a los centros si estuvieran ejecutando una orden de detención relacionada con inmigración.

Por si acaso, los estados están preparando protocolos para responder a una eventual intervención. Maggie Toulouse Oliver, secretaria de Estado de Nuevo México, explicó a Axios que sería una negligencia no prepararse para esa posibilidad. Su oficina está formando a los funcionarios electorales locales para que, en primer lugar, soliciten a cualquier agente no autorizado que abandone la zona de votación; si se niega, deberán recurrir al sheriff del condado y, posteriormente, podrían emprender acciones legales.

Otros estados están adoptando planteamientos similares. La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, afirmó que su estado considera que una eventual intervención de agentes federales que vulnerase las normas podría constituir un delito. Bellows destacó además la coordinación entre secretarios de Estado, autoridades judiciales, fiscales generales y funcionarios locales para responder de manera conjunta a posibles incidentes durante las elecciones.

Otro ejemlo similar es el de Michigan, que también contempla la posibilidad de que la presencia del ICE pueda ser considerada intimidación electoral. Aghogho Edevbie, subsecretario de Estado de Michigan, declaró al citado medio estadounidense que los agentes de inmigración «no tienen cabida» en los centros de votación y que cualquier actividad del ICE en sus inmediaciones podría ser considerada intimidación de los votantes, ante la que las autoridades estatales actuarían.

Los responsables electoralesen marcan esta actuación previa dentro de su experiencia habitual gestionando incidentes durante las elecciones. Bellows recordó a Axios episodios de swatting (llamadas falsas que provocan una respuesta de emergencia para intentar interrumpir la votación). En Oregón, el secretario de Estado Tobias Read comparó la preparación ante una eventual presencia del ICE con la respuesta a grandes incendios forestales durante anteriores procesos electorales.

En cualquier caso, la posibilidad de actuaciones del ICE genera especial preocupación por su potencial efecto sobre los votantes. La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, ya tuvo que intervenir en 2020 ante un posible caso de intimidación: dos observadores armados que estaban grabando a personas en centros de votación abandonaron el lugar después de la intervención de las autoridades. Denver, además, está actualmente implicada en un litigio destinado a impedir preventivamente que agentes del ICE se presenten en los centros de votación.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional mantiene una interpretación diferente. Un portavoz del DHS declaró a Axios que las elecciones no constituyen un espacio ajeno a la aplicación de la legislación federal y aseguró que el ICE no planea operaciones dirigidas contra los centros de votación.

Según este organismo, los agentes realizan operaciones selectivas basadas en información de inteligencia y podrían producirse detenciones si una amenaza activa para la seguridad pública pusiera en peligro un centro electoral.