El plan de detenciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una nueva derrota, luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito echara atrás el plan de someter a millones de inmigrantes a detención obligatoria sin derecho a fianza.
Esta decisión es vinculante para los tribunales inferiores en los estados de Alaska, Arizona, California, Hawai, Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington. Otros tribunales han decidido en el mismo sentido, ampliando el bloqueo a esta política de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El fallo del Noveno Circuito de 2 a 1 determinó que el gobierno de Trump había interpretado erróneamente leyes de inmigración vigentes desde hace décadas para justificar su política de detención masiva de inmigrantes.
ICE pretendía aplicar a nivel nacional –y para personas que llevan varios años viviendo en EE.UU.– una política de 1996 que se utiliza para las personas detenidas al cruzar la frontera o poco tiempo despues.
“El cambio de política del gobierno ha dado lugar a que miles de extranjeros detenidos presenten recursos de hábeas corpus ante tribunales federales de todo el país, solicitando audiencias de fianza y una posible liberación”, escribió el juez Daniel Bress, nombrado por Trump, en nombre de la mayoría.
El juez agrega que la política del presidente Trump no se apega a una determinación del Congreso.
“La postura del gobierno implica que el Congreso, en 1996, introdujo un cambio importante en las leyes de inmigración al someter a millones de extranjeros indocumentados presentes en Estados Unidos a la detención obligatoria, pero que este cambio pasó desapercibido para el Poder Ejecutivo durante las siguientes tres décadas”, dice la opinión. “Por consiguiente, no creemos que el Congreso, en 1996, haya introducido un cambio tan drástico en nuestro sistema de detención de inmigrantes como el que ahora sostiene el gobierno”.
Un caso que defiende a miles
El fallo emitido por el Noveno Circuito es resultado de una demanda interpuesta por el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
El demandante principal fue Ramón Rodríguez Vázquez, quien fue arrestado en su casa en el estado de Washington, a pesar de no tener antecedentes penales y haber vivido durante más de 15 años en EE.UU., formando una familia con su esposa, sus cuatro hijos y ahora sus nietos.
“Este fallo restablece el derecho a una audiencia de fianza para los miembros del grupo [que demanda] y todas las personas como el Sr. Rodríguez detenidas en el Noveno Circuito, mientras atraviesan este largo y difícil proceso”, dijo Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste. “Y, lo que es igual de importante, defiende el estado de derecho, dejando claro que la administración no puede cambiar la ley unilateralmente”.
Este fallo se suma a decisiones similares de otros cuatro tribunales federales de apelaciones: el Oncenavo Circuito (con sede en Atlanta); el Segundo Circuito (con sede en Nueva York); el Décimo Circuito (con sede en Colorado), y el Secto Circuito (con sede en Cincinnati).
Las decisiones de esos tribunales protegen, por ahora, solamente a los inmigrantes de los estados que cubren dichas jurisdicciones.
ACLU recuerda que durante décadas, los inmigrantes en proceso de deportación detenidos por ICE generalmente han tenido derecho a solicitar su liberación ante un juez de inmigración.
“A mediados de 2025, el gobierno de Trump adoptó repentinamente una nueva y radical reinterpretación de las leyes de inmigración y declaró que cualquier persona que ingresara sin inspección debía ser detenida sin acceso a fianza”, advierte el grupo. “Entre los afectados se encontraban personas elegibles para obtener estatus legal, incluso aquellas con solicitudes de inmigración pendientes desde hace mucho tiempo que llevaban años esperando debido a la acumulación de trámites administrativos”.
My KhanhNgo, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, destacó cómo más tribunales limitan las acciones migratorias de la actual administración.
“Los tribunales han dictaminado una vez más que la cruel y radical reinterpretación de las leyes de detención de nuestro país por parte de la administración Trump no puede mantenerse. Estamos muy contentos por nuestros clientes y sus familias”, expuso.
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