Tras una investigación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitará una multa de más de $470 mil dólares contra un abogado de inmigración que presuntamente presentó solicitudes de asilo falsas en nombre de sus clientes.
“Las solicitudes de asilo fraudulentas amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, socavan nuestro sistema de inmigración y retrasan la deportación de inmigrantes ilegales peligrosos y delincuentes”, declaró el asesor jurídico General del DHS, James Percival.
Según el reporte oficial, el 28 de julio, HSI anunció una Notificación de Intención de Multa contra el abogado Suraj Raj Singh, quien ejerce a nivel nacional y representa principalmente a extranjeros originario de la India que solicita.
La investigación alega que para respaldar sus solicitudes de asilo, el abogado presentó “declaraciones de extranjeros idénticas o casi idénticas en lenguaje y contenido, con la misma o casi la misma narración de hechos y detalles que respaldan la supuesta persecución”.
“El ICE solicita una multa de más de $470,000 al abogado Suraj Raj Singh. Bajo la presidencia de Trump y la secretaría Mullin, exigiremos responsabilidades a abogados como este y pondremos fin a la práctica de defraudar y abusar de nuestro sistema de inmigración”, agregó Percival sobre este caso.
La notificación de intención de multa abarca 54 casos de inmigración en los que se alega que el abogado Singh preparó y presentó 118 documentos fraudulentos.
En mayo, el DHS emitió una directiva para investigar y castigar a abogados bajo sospecha de presentar casos de asilo fraudulentos.
La decisión del gobierno del presidente Donald Trump se basa en la 1324c(d) del Título 8 del Código de los Estados Unidos, relativo al fraude de documentos civiles.
Un primer caso se produjo en junio, cuando el ICE emitió cinco notificaciones de infracción al abogado Vinod Doddamani, por un total de $255,232 dólares en multas.
Los abogados acusados pueden impugnar las notificación de intención de multa ante un juez administrativo.
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