Ocho personas de origen hispano fueron acusadas en Kentucky por usar números de Seguro Social falsos para obtener empleo en Estados Unidos en un caso federal que podría derivar en penas de hasta cinco años de prisión, según informaron autoridades del Distrito Oeste de Kentucky.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, los ocho implicados habrían completado formularios de verificación laboral I-9 entre junio de 2021 y agosto de 2025 en el condado de McCracken, utilizando números de cuenta del Seguro Social que no les correspondían para ser contratados y recibir remuneración por su trabajo.
Las personas acusadas fueron identificadas como Daniel Martínez Cruz, Manuel Martínez García, Joel Gómez, Juan Pastor González, Julio Venture Hernández, Marcelina Juárez-Vicente, Ricardo López y Ana Osorio Louzado, originarios de México, Guatemala y España.
Todos comparecieron por primera vez ante un tribunal federal el 22 de mayo de 2026, tras una serie de arrestos realizados entre el 21 y 22 de mayo en el área de Paducah.
Las autoridades federales señalaron que los 13 inmigrantes indocumentados detenidos en el operativo fueron puestos bajo custodia, y aquellos que no enfrentan cargos penales permanecerán bajo control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la espera de posibles procedimientos de deportación.
Trabajos a estadounidenses
“El fiscal federal Kyle G. Bumgarner afirmó que, según la acusación, los implicados “mintieron sobre su estatus migratorio para obtener empleo y, de esta manera, les quitaron puestos de trabajo a ciudadanos estadounidenses”, en el marco de la política de cumplimiento migratorio impulsada por la administración Trump.
Desde la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, Michelle L. Anderson destacó que las detenciones buscan proteger la integridad del sistema de identificación: “Seguiremos colaborando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar el fraude de identidad y proteger al público de este tipo de actividad delictiva”.
Por su parte, el director interino adjunto de ICE en Louisville, Luis Aguirre, señaló que el uso de documentación falsa para empleo tiene impactos directos en la comunidad. “Estos no son delitos sin víctimas”, afirmó, al subrayar que estas acciones afectan a trabajadores estadounidenses.
Las investigaciones continúan a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, ICE y la Oficina del Inspector General del Seguro Social, mientras el caso permanece en etapa judicial en el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Kentucky.
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