Los tribunales de inmigración han comenzado a implementar una nueva estrategia que, según abogados y organizaciones defensoras de inmigrantes, podría acelerar significativamente la emisión de órdenes de deportación. Se trata de las llamadas “megaaudiencias”, procedimientos en los que más de 100 personas son citadas simultáneamente para comparecer ante un juez de inmigración.
La medida surge en medio de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump por incrementar el número de deportaciones y reducir el histórico retraso acumulado en las cortes migratorias, donde actualmente se concentran millones de casos pendientes.
De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), los tribunales tradicionalmente programaban entre 20 y 30 personas para las audiencias iniciales conocidas como “master calendar hearings”. Sin embargo, en los últimos meses algunas cortes han comenzado a convocar grupos que superan el centenar de inmigrantes en una sola sesión.
Los primeros reportes de esta práctica han surgido en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Boston, Dallas e Indianápolis, mientras que abogados especializados anticipan que el modelo podría extenderse a más jurisdicciones en todo el país.
Preocupaciones sobre el debido proceso
Expertos en inmigración advierten que las megaaudiencias podrían aumentar el riesgo de que inmigrantes reciban órdenes de deportación en ausencia. Esto ocurre cuando una persona no se presenta a la fecha programada por el tribunal, lo que permite al juez emitir una orden de expulsión sin escuchar su caso.
Vanessa Dojaquez-Torres, asesora de políticas y práctica de AILA, expresó preocupación porque muchas de estas audiencias están siendo reprogramadas con poca anticipación, lo que podría impedir que algunos inmigrantes reciban la notificación correspondiente.
Según la abogada, el problema afecta especialmente a quienes no cuentan con representación legal. En muchos casos, los inmigrantes dependen de comunicaciones enviadas por correo o de actualizaciones en sistemas electrónicos que no siempre consultan regularmente.
Organizaciones de defensa legal también señalan que las audiencias masivas pueden dificultar el acceso a intérpretes y limitar las oportunidades para que cada persona comprenda plenamente los procedimientos o plantee dudas sobre su situación migratoria.
Algunos abogados describen sesiones en las que los jueces ofrecen instrucciones colectivas a decenas de personas al mismo tiempo, una dinámica que consideran insuficiente para casos que pueden determinar el futuro de familias enteras.
Contratación de jueces y presión para reducir el rezago
La implementación de las megaaudiencias coincide con una amplia reorganización dentro de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), la dependencia del Departamento de Justicia encargada de administrar los tribunales migratorios.
Recientemente, el gobierno anunció la incorporación de decenas de nuevos jueces de inmigración y abogados militares temporales para asumir funciones judiciales. Según el Departamento de Justicia, se trata de la mayor expansión de personal en la historia reciente del sistema.
La administración sostiene que estas medidas buscan restaurar la eficiencia de las cortes y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias. El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que el objetivo es fortalecer un sistema que durante años ha enfrentado una acumulación récord de expedientes.
No obstante, críticos de la estrategia señalan que el aumento de contrataciones ocurre después de que más de un centenar de jueces abandonaran o fueran separados de sus cargos durante el último año, lo que contribuyó a profundizar el rezago existente.
La nueva política llega además en un momento en que la Casa Blanca mantiene como prioridad aumentar las deportaciones y acelerar la resolución de casos migratorios. Mientras el gobierno argumenta que las reformas son necesarias para descongestionar los tribunales, organizaciones de abogados sostienen que cualquier esfuerzo por agilizar procesos debe garantizar que los inmigrantes tengan acceso efectivo al debido proceso y a una audiencia justa antes de enfrentar una posible expulsión del país.
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