El venezolano Wilber Garcés Pérez, de 28 años, quien fue baleado por ICE el pasado 20 de septiembre, ha sido formalmente acusado de agresión, resistencia e interferencia contra un funcionario federal en Austin, Texas.
De acuerdo con documentos judiciales difundidos por el Departamento de Justicia (DOJ), oficiales de la Oficina de Operaciones de Detención y Remoción (ERO) del ICE abordaron a Garcés Pérez durante un control vehicular. La intervención ocurrió poco antes de la 1:00 p.m. tras la “confirmación de que un juez de inmigración había emitido una orden final de expulsión” en su contra.
Asimismo, la denuncia penal detalló que el conductor entregó su licencia de conducir a los funcionarios. Posteriormente, los agentes le instruyeron en español que estacionara y descendiera del automóvil, órdenes que el acusado presuntamente ignoró. Posteriormente, Garcés Pérez subió la ventanilla y aceleró, impactando a uno de los efectivos en el torso con un espejo retrovisor, según los informes juficiales.
Persecución vehicular y uso de fuerza
La acusación señaló que el migrante venezolano inició una huida a alta velocidad por sectores residenciales y comerciales de la ciudad, perseguido por patrullas con sirenas y luces de emergencia desplegadas.
La acusación precisó que un agente identificado como “LG” logró darle alcance a pie, momento en el que el sospechoso intentó embestirlo con el vehículo. Ante dicha maniobra, el funcionario disparó su arma de fuego contra el conductor.
Falta de cámara y bala alojada en el cuerpo de Garcés
Sin embargo, el oficial que protagonizó los disparos no llevaba cámara corporal, mientras que otro agente sí la tenía, pero la apagó mientras perseguían a Garcés en su camioneta, señala la declaración jurada.
Posteriormente, al ser capturado, el venezolano fue hospitalizado, pero ha alertado que desde el momento del incidente continúa con una bala alojada en la espalda y con movilidad limitada, alertando sobre el riesgo de salud que podría implicar.
Garcés Pérez tiene fijada su audiencia de detención para el próximo viernes 2 de octubre. En caso de ser hallado culpable por los cargos federales imputados, enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión en un centro penitenciario federal.
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