Los datos de un estudio realizado por el Centro para el Conocimiento de los Barrios (CNK) de la UCLA en colaboración con Unseen indican que los operativos para detener inmigrantes en Estados Unidos se enfocan en latinos sin antecedentes penales y pese a no representar ningún tipo de amenaza para la seguridad nacional.
Otro dato a destacar es que el 90% de las detenciones de extranjeros carentes de estatus legal son de origen latino.
El informe pone énfasis en señalar cómo, restringiendo el debido proceso al cual tiene derecho cualquier persona detenida por las autoridades o presionándola para autoexpulsarse, la administración Trump ha logrado acelerar las deportaciones a niveles no vistos en décadas.
De manera segmentada, la información analizada muestra que los latinos representan 96% de las expulsiones y 91% de todas las detenciones por motivos de inmigración.
De hecho, entre enero y octubre del año pasado, fueron expulsados del país más de 126,000 latinos.
En contraparte, la proporción de deportados clasificados como “lo peor de lo peor” disminuyó pasando de representar cerca de un tercio a una octava parte del total de las personas expulsadas de territorio estadounidense.
Con respecto a las deportaciones de personas sin antecedentes penales, en el análisis llevado a cabo se menciona que pasaron de figurar como, una de cada cinco; a uno de cada tres.
Y lo más controversial es que, un amplio número de esos inmigrantes carentes de documentación para justificar su estancia en la nación, fueron detenidos en sus hogares, centros de trabajo y espacios públicos.
“Las deportaciones están aumentando rápidamente, pero no porque el sistema se esté centrando en personas más peligrosas. Por el contrario, la aplicación de la ley se está ampliando de formas que afectan de manera desproporcionada a las comunidades latinas y se alejan del enfoque declarado de centrarse en ‘lo peor de lo peor’”, destacó Paul Ong, director del Centro de Conocimiento Vecinal de la UCLA.
En el estudio también se menciona que, al limitar las garantías procesales y el acceso a los recursos de apelación, el gobierno federal ha conseguido acelerar el tiempo transcurrido entre la detención y la expulsión de los inmigrantes latinos.
Bajo ese planteamiento, las condiciones de aplicación de la ley se han vuelto más severas impulsando a miles de inmigrantes a autodeportarse, lo cual resulta por demás controversial para Melissa Chinchilla, directora de investigación de Unseen.
“Lo que estamos viendo no es solo un aumento de las deportaciones, sino un sistema extremadamente racializado que se está rediseñando para dar prioridad a la escala y la rapidez frente al debido proceso y la equidad. El resultado es un aparato de deportación que está barriendo a personas no delincuentes, separando familias y causando estragos en la economía estadounidense”, indicó.
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