“La memoria estalla hasta vencer, va encontrando un recoveco para salir”, dijo el letrado querellante Alberto Palacio en el alegato final del juicio por la verdad por los fusilamientos ocurridos en un basural de José León Suárez —en la periferia noroeste de Buenos Aires— en la madrugada del 10 de junio de 1956. Las familias de los 12 fusilados tuvieron que esperar 70 años para escuchar, este lunes, un veredicto judicial: fueron “delitos de lesa humanidad” perpetrados por la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu. La jueza Alicia Vence subrayó que tanto Aramburu como los demás responsables —hoy ya fallecidos— fueron culpables de cinco homicidios agravados y de siete intentos de homicidio, por lo que les hubiera correspondido la pena máxima de la legislación argentina, la prisión perpetua.
Las ejecuciones sumarias fueron reveladas por el periodista y escritor Rodolfo Walsh —desaparecido por la última dictadura en 1977— en Operación Masacre, obra pionera de la no ficción. Esa investigación periodística, una de las principales pruebas presentadas en el juicio, deberá estudiarse en los colegios de toda Argentina, dispuso también la sentencia dictada por la titular del juzgado federal en lo criminal número dos de San Martín que repara una deuda histórica con las víctimas y sus familias.
La jueza consideró probado que en la noche del 9 de junio de 1956, poco antes de la medianoche, agentes dirigidos por el jefe de Policía de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez, secuestraron a 12 personas en una casa de Florida, unos 10 kilómetros al norte de Buenos Aires. Se habían reunido para escuchar por radio una pelea de boxeo y, algunos de ellos, militantes peronistas, para esperar también noticias sobre el levantamiento planeado contra el régimen militar que derrocó a Juan Domingo Perón un año antes. Esas noticias nunca llegaron, porque el intento de golpe fracasó en cuestión de horas. Tampoco estaba entre ellos el general Raúl Tanco, otro de los sublevados, al que buscaban los policías esa noche. Su ausencia no cambió los planes. Los subieron a un autobús y los llevaron a una comisaría.
Habían pasado unas horas cuando Fernández Suárez telefoneó al inspector jefe de la unidad, Rodolfo Rodríguez Moreno, y le dio la orden de fusilarlos en algún descampado. “Rodríguez Moreno es el eslabón de la cadena de mando más vinculado con las muertes. Recibió la orden, la aceptó sin resistencia y dirigió los fusilamientos”, dijo el abogado querellante.
Los policías asesinaro a cinco detenidos en el acto: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez. La dictadura entregó los cuerpos a las familias, pero les negó la posibilidad de una despedida pública por considerarlos “traidores a la patria”. La condición para recibirlos era que fueran enterrados “a cajón cerrado, sin funeral, sin flores y sin gente”, relató Palacio.
Los fusilamientos no salieron como quería Fernández Suárez. De los doce, siete lograron sobrevivir: Juan Carlos Livraga, Horacio Di Chiano, Miguel Ángel Giunta, Norberto Gavino, Rogelio Díaz, Julio Troxler y Reinaldo Benavídez. Algunos, como Troxler, se enfrentaron a sus captores y lograron escapar; otros, en el caso de Giunta, Benavídez y Gavino, corrieron amparados por la oscuridad del lugar; a Livraga lo hirieron de tres disparos y lo dieron por muerto. Cuando se fueron y comenzó a amanecer, Livraga, ensangrentado, con la mandíbula destrozada por una de las balas, se levantó y caminó para pedir auxilio. Lo trasladaron a un hospital, pero, tras recibir atención médica, se lo llevaron preso.
Habían pasado seis meses cuando Walsh se enteró que había “un fusilado que vive” y comenzó a tirar del hilo para arrojar luz sobre esos crímenes. Los responsables intentaron ampararse en la ley marcial que había sido anunciada por radio a las 00.32 del 10 de junio para negar cualquier ilegalidad. Sin embargo, la investigación que realizó Walsh junto a Enriqueta Muñiz demostró que los secuestros ocurrieron más de una hora antes de ese mensaje radiofónico. El decreto de la ley marcial, además, no se publicó en el boletín oficial hasta el 14 de junio, paso obligatorio para que entrara en vigor.
El ‘fusilado que vive’
Livraga, a sus 96 años, es el único de los sobrevivientes que sigue vivo. Este lunes vio culminar una lucha de siete décadas para que las ejecuciones extrajudiciales no quedaran impunes. Su primer intento de obtener justicia fue todavía en dictadura, cuando presentó una denuncia ante el juzgado penal de La Plata que la Corte Suprema derivó a la justicia militar. Nunca prosperó. La archivaron y olvidaron.
“La impunidad de ese momento abrió las puertas para el infierno que vino después”, declaró ante el tribunal Mónica Benavídez, hija del panadero Reinaldo Benavídez, en referencia al golpe de 1976 que dio inicio a la dictadura más atroz de la historia de Argentina.
Con Livraga ya exiliado en Estados Unidos, fueron otros sobrevivientes y familiares de las víctimas quienes se acercaron sin éxito a los tribunales. La muerte de los responsables pareció haber cerrado la vía judicial, pero en 2022, al ver el juicio de la verdad por la masacre de 500 indígenas ocurrida en 1904 en Napalpí, impulsaron el juicio que culminó este lunes después de tres días de audiencias.
“Lo que este tribunal escuchó son memorias que sobrevivieron a 70 años de silencio impuesto, de duelo clandestino. El duelo era puertas adentro; puertas afuera era duelo bajo sospecha. No podían decir el nombre de sus padres en voz alta, aprendieron a callar desde niños. Hace 70 años que se les niega la verdad reconocida por la justicia”, dijo Palacio en el alegato final. La Justicia dictaminó este lunes disponer la rehabilitación y buen nombre de las víctimas. Ordenó también que el Estado mantenga viva su memoria: una placa los recordará en el lugar donde fueron detenidos; otra, en el descampado donde los fusilaron con la intención, frustrada, de silenciarlos para siempre.
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