La mañana de este lunes, en el Centro de Convenciones Atlapa de Ciudad de Panamá, los asistentes a la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) comentaban, en voz baja pero con avidez, lo mismo: una nota periodística de Reuters. La agencia de noticias reveló que varios diplomáticos estadounidenses de alto nivel ante el organismo han renunciado o han sido despedidos en los últimos meses entre choques con Leandro Rizzuto Jr., el embajador designado por el presidente Donald Trump ante el foro hemisférico.
Según la publicación, entre quienes salieron están el subjefe de misión, el jefe de gabinete, un alto consejero político y al menos otro funcionario del servicio exterior. En la práctica, casi toda la plana mayor de la misión estadounidense ante la OEA quedó descabezada. Aunque podría tratarse de movimientos diplomáticos de un país, la decisión sacude al seno de la OEA porque expone el momento que atraviesa como organización: una triple crisis de financiamiento, gobernanza y liderazgo.
Rizzuto, amigo personal del presidente Trump, dijo a Reuters que busca cambiar el enfoque de la OEA, en particular alejarla de los derechos humanos y la democracia para orientarla hacia asuntos económicos. Una visión que contrasta con el rol histórico del organismo, influyente en el pasado, pero lastrado hoy por su inefectividad política ante regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Fuentes cercanas a la OEA explicaron que el primer peldaño de la crisis del organismo es la financiera. Aunque Washington sigue siendo el principal financiador, la Administración Trump ha puesto bajo revisión ese respaldo. Para 2026, el aporte estadounidense al Fondo Regular ronda los 28 millones de dólares, equivalente al 30% de las cuotas de los Estados miembros. Sin embargo, la Casa Blanca ha impulsado recortes a la cooperación exterior y a organismos multilaterales, y su propuesta presupuestaria para 2027 profundiza esa tendencia, lo que alimenta la incertidumbre sobre el futuro financiero del organismo hemisférico.
En ese sentido, se asoma una discusión más antigua sobre el poder dentro del organismo hemisférico: el principal financiador solo tiene un voto en la OEA, igual que cualquier otro Estado miembro. Esa tensión ha sido retomada por analistas conservadores estadounidenses, que ven en la actual crisis no solo una disputa administrativa o de liderazgo, sino un problema de representación política. Según esa lectura, Washington sostiene buena parte del funcionamiento de la OEA, mientras bloques regionales más pequeños, en especial los países del Caribe, pueden incidir de forma decisiva en la correlación interna de fuerzas y en la elección de sus autoridades.
En segundo lugar, la OEA sufre una crisis de gobernanza por las disputas sobre rendición de cuentas y conducción interna. En Washington incomodan también los señalamientos sobre la gestión del nuevo secretario general, Albert Ramdin, quien sustituyó al uruguayo Luis Almagro. En círculos críticos a su liderazgo se han denunciado presuntas irregularidades administrativas, contrataciones cuestionadas y falta de rendición de cuentas interna.
Ramdin no ha sido declarado responsable de corrupción por ningún órgano competente, pero las acusaciones han alimentado el clima de desconfianza entre sectores de Washington y la nueva conducción de la OEA. Sin embargo, hay elementos que arrinconan a Ramdin. Xaviera Jessurun, jefa de su gabinete y una de sus colaboradoras más cercanas, dejó su cargo en medio de acusaciones de corrupción, fraude y lavado de dinero en Surinam. La salida de la funcionaria se produjo tras la revocación de su visa diplomática por parte de Estados Unidos, un episodio que terminó alimentando aún más las tensiones entre Washington y la nueva administración del organismo.
De cara a esa pulsión, la otra crisis de la OEA tiene que ver con su futuro. Funcionarios de la Administración republicana han cuestionado públicamente la relevancia del organismo y han planteado la necesidad de reformas profundas para justificar el continuo respaldo financiero estadounidense. “En ese contexto, las disputas internas de la organización, las críticas a su liderazgo y el debate sobre su misión adquieren una dimensión mayor… forman parte de una discusión más amplia sobre el futuro del multilateralismo en una era de creciente competencia geopolítica”, dice una de las fuentes consultadas por este periódico.
El caso de Nicaragua
Una de las principales críticas a la OEA ha sido su incapacidad de ejercer mayor presión sobre dictaduras de la región, y pocos casos ilustran mejor este debate que el del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aunque el régimen copresidencial formalizó su salida de la organización en 2023, el expediente sigue ocupando un lugar central en el sistema interamericano y se ha convertido, para muchos analistas, en una prueba sobre la vigencia misma de la OEA como foro de defensa de la democracia y los derechos humanos.
En Ciudad de Panamá, mientras se desarrolla la Asamblea General, ya se mueve entre los Estados miembros un borrador de resolución sobre Nicaragua. El documento mantiene un tono severo en derechos humanos y retoma los señalamientos sobre posibles crímenes de lesa humanidad, pide la liberación de los presos políticos, exige esclarecer la muerte bajo custodia estatal del líder indígena Brooklyn Rivera, alerta sobre la represión transnacional y reclama restituir la nacionalidad a las personas desnacionalizadas.
Sin embargo, el expediente de Nicaragua no se mueve solo por inercia institucional de la OEA. Organizaciones como Raza e Igualdad, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Memoria y Justicia (AMJ) y otras agrupaciones de la sociedad civil han llegado a la Asamblea General a evitar que Nicaragua quede relegada en medio de una agenda hemisférica marcada por Haití, Venezuela, la migración, la seguridad regional y la propia crisis interna de la OEA.
“Venimos a elevar la denuncia y a fortalecer las acciones de incidencia respecto de los crímenes de lesa humanidad que siguen ocurriendo en Nicaragua, como la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera bajo custodia estatal, la continuidad de la prisión por motivos políticos y las desapariciones”, afirma Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad.
A nivel de la OEA, el empeño sobre la grave situación de Nicaragua refleja su principal y actual paradoja: tener incidencia política frente a un régimen que no solo osó abandonar su silla, sino que hasta confiscó el edificio de la institución interamericana en Managua.
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