El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se prepara para ampliar de forma significativa su infraestructura de detención con la apertura de cuatro nuevos centros en Miami, Seattle, Philadelphia y Denver, instalaciones que en conjunto podrán albergar a unas 5,500 personas y que forman parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.
De acuerdo con documentos de licitación publicados por el gobierno federal, las nuevas instalaciones deberán estar listas para operar en un plazo de 30 días tras la adjudicación de los contratos. A diferencia de propuestas anteriores que contemplaban estructuras temporales o edificios que requerían remodelaciones importantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca centros “llave en mano” que puedan comenzar a recibir detenidos casi de inmediato.
El proyecto contempla la incorporación de 1,800 camas en Philadelphia, 1,500 en Denver, 1,500 en Seattle y 700 en Miami. Los centros deberán ofrecer alojamiento para hombres y mujeres bajo custodia de ICE, además de servicios médicos, atención de salud mental, alimentación, transporte y vigilancia permanente.
Instalaciones diseñadas para acelerar procesos migratorios
Los documentos establecen que cada complejo contará con cinco salas para audiencias de inmigración, oficinas para jueces y al menos 20 espacios destinados a abogados de la división legal de ICE. Con ello, la agencia pretende reducir el traslado de los detenidos hacia tribunales externos y agilizar el desarrollo de los procesos migratorios.
Las instalaciones estarán dedicadas exclusivamente a personas bajo custodia de ICE y no compartirán espacio con otras agencias federales. Asimismo, deberán disponer de sistemas de videovigilancia en pasillos, áreas comunes y accesos, además de conservar las grabaciones por un periodo de hasta 90 días.
Los contratos también exigen protocolos para el uso de cámaras corporales por parte de los oficiales de detención durante traslados, incidentes con uso de la fuerza y situaciones consideradas de alto riesgo. Según un portavoz del DHS, el objetivo de la estrategia es concentrar los recursos en la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales.
“Estos criminales atroces, una vez arrestados, deberían ser expulsados a la velocidad del rayo, no alojados en suelo estadounidense a costa de los contribuyentes”, señaló el funcionario, quien agregó que el departamento trabaja con autoridades estatales y locales para aprovechar espacios de detención ya existentes.
Expansión ocurre en medio de críticas a la agencia
La ampliación de la capacidad de detención coincide con un incremento sostenido en las operaciones migratorias. En junio, ICE registró cerca de 40,000 ingresos a sus centros de detención, mientras que datos oficiales indican que actualmente más de 65,000 personas permanecen bajo custodia de la agencia en 207 instalaciones distribuidas en 40 estados.
Información del DHS señala que alrededor del 72% de los detenidos enfrenta condenas o procesos penales pendientes. Sin embargo, la expansión también llega en un momento de creciente escrutinio sobre las prácticas de la agencia. En las últimas semanas, ICE recibió críticas tras dos tiroteos mortales ocurridos en Texas y Maine, en los que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. Ambos casos son objeto de investigaciones por parte de la Oficina del Inspector General del DHS.
Después del incidente registrado en Maine, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, informó que ICE modificó sus protocolos para exigir que, durante los controles de vehículos, al menos un agente utilice una cámara corporal para documentar toda la intervención. Además, la Oficina del Inspector General anunció dos investigaciones relacionadas con las condiciones de detención y el incremento de fallecimientos bajo custodia de ICE.
Hasta finales de junio, la agencia reportó 20 muertes de personas detenidas en lo que va del año, mientras continúa avanzando con la expansión de su red de centros de detención como parte de la política migratoria impulsada por la administración Trump.
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