Un hispano de Los Ángeles fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a pesar de ganar su caso de inmigración que llevaba mucho tiempo en trámite.
Miguel Raudes, de 46 años, empresario de Northridge, lleva más de cuatro semanas bajo custodia en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, en el sur de California.
Raudes dirige una empresa constructora local junto con su esposa, Julia Otey-Raudes, y mantuvo una lucha durante siete años contra una orden de deportación a Nicaragua.
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En 2023, un juez de inmigración determinó que el hispano se enfrentaba a una amenaza real de persecución política y dictó una orden de suspensión de deportación, lo que impedía legalmente que el gobierno estadounidense lo expulsara al país centroamericano.
Sin embargo, pese a la instrucción judicial, Raudes, padre de dos niñas gemelas de 9 años, fue arrestado el 29 de mayo por agentes federales durante un control rutinario.
El abogado que representa a Raudes aseguró que el único antecedente penal que tiene su cliente es un caso de conducir bajo los efectos del alcohol, incidente que ocurrió hace más de diez años.
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Un juez emitió una orden de restricción temporal para detener cualquier desalojo inmediato.
Días después de su detención, Miguel Raudes tuvo conocimiento de que el gobierno tenía la intención de deportarlo a un tercer país, lugar en el que nunca ha vivido, donde no tiene familia, estatus legal y ningún vínculo con su entorno.
A pesar de las semanas transcurridas, tanto el DHS como ICE no han emitido una declaración oficial ni han justificado el motivo de la detención continuada de Raudes.
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Se desconoce si un juez concederá una orden de alejamiento definitiva y permanente.
La esposa de Miguel, Julia Otey-Raudes, no ocultó su profunda angustia por el repentino cambio que sufrió su familia.
“Es desgarrador ver cómo mi país nos hace esto. Está destrozando familias sin motivo alguno. Miguel no es indocumentado aquí. Ya seguimos todo el proceso, ganamos su caso y, a pesar de eso, lo detuvieron”, expresó Otey-Raudes.
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De acuerdo con el abogado del hombre de origen nicaragüense, las deportaciones a terceros países suelen reservarse para casos penales graves.
El abogado mencionó que una de las mayores preocupaciones con las deportaciones a terceros países no es solo que la persona pueda sufrir daños en el país al que fue deportado, sino que sea enviada a su país de origen, donde el juez determinó que es muy probable que sufra persecución o tortura.
El representante legal del hispano también dijo que la detención de Raudes en sí es ilegal, porque ICE ya ha excedido algunos límites de tiempo de detención establecidos por la Corte Suprema.
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Actualmente, la orden de restricción temporal protege a Raudes de ser trasladado fuera de los Estados Unidos, pero solo se mantendrá vigentes hasta que un juez pueda emitir un fallo definitivo sobre una orden de restricción permanente.
Los representantes legales de Raudes analizan alternativas legales adicionales para impugnar la validez de su confinamiento, señalando que en varios casos recientes e idénticos, los jueces se pusieron sistemáticamente del lado del gobierno.
Amistades de Miguel Raudes crearon una página de GoFundMe para recaudar fondos para cubrir los honorarios legales, los costos judiciales y las presentaciones de emergencia para mantener unida a la familia.
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