Gatopardismo social

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó hace unos días una tesis seductora: “La mejor política social —idealmente, la única— es el pleno empleo”. La frase suena a sentido común. Si todos trabajan, todos tienen ingresos. Si todos tienen ingresos, el Estado no necesita intervenir. Simple, claro, pero cierto solo a medias.

La afirmación descansa en una confusión —o en una convicción— más profunda: trata como equivalentes dos problemas sociales fundamentalmente distintos. Por un lado, están los problemas absolutos: carecer de lo suficiente para vivir bien. Por otro, los relativos: quedar sistemáticamente rezagado en la jerarquía que organiza el acceso a las oportunidades. El pleno empleo y el crecimiento —¡de lograrse!— pueden aliviar los primeros, pero dejan intactos los segundos.

Imaginemos un país que crece sostenidamente y donde todos acceden a un empleo. Las condiciones materiales mejoran: menos pobreza, mejor nutrición, mayor acceso a salud. Todo eso es real y de crucial importancia. Pero el crecimiento, por sí solo, eleva el piso sin alterar la distribución de posiciones.

En una economía de mercado, varios de los logros más relevantes —acceso a educación superior, trabajos satisfactorios y bien remunerados, vivienda en comunas con buena calidad de vida— no se definen por umbrales absolutos, sino por posiciones relativas. La Universidad de Chile no admite a todos quienes superan un puntaje mínimo: admite a quienes obtienen los mejores puntajes disponibles ese año. Las empresas más productivas no contratan a todos los trabajadores “suficientemente” calificados: contratan a los relativamente más calificados. La competencia es posicional, no de umbral. Y las familias lo saben: por eso los padres no buscan para sus hijos “una buena educación”, sino la mejor posible. Entienden —correctamente— que el juego es relativo.

Ningún nivel de crecimiento altera esa lógica. Si todos mejoran en igual proporción, las posiciones relativas permanecen invariantes. Más aún: dado que quienes parten con ventaja disponen de mayores recursos para invertir en el destino de sus hijos —colegios, redes, capital cultural—, con cada generación aparece una nueva cancha que nivelar.

Lejos de ser nuevo, este es el ABC de la política social en las democracias avanzadas: para que la suerte de las personas no esté determinada por los accidentes de la cuna, se requieren políticas que redistribuyan el acceso a oportunidades. ¿Cuáles son esas políticas? Justamente las que el ministro Quiroz estima prescindibles: gasto social progresivo en educación, salud, primera infancia, vivienda.

La evidencia comparada respalda este punto. Un estudio reciente del Banco Mundial muestra que países que enriquecen sin invertir en política redistributiva no solo no aumentan la movilidad, pueden incluso reducirla. El crecimiento, en otras palabras, abre la posibilidad de financiar la igualdad de oportunidades, pero no la produce automáticamente. Chile lo ilustra con claridad: según un informe de la OCDE en Chile persisten techos y pisos pegajosos —las familias más aventajadas y las más desaventajadas transmiten su posición con particular fuerza a sus hijos—. Tres décadas de crecimiento no han bastado para cambiar esta realidad, porque el problema no es de piso, sino de cancha.

El crecimiento y el empleo son condiciones necesarias —pero no suficientes— para mejorar la calidad de vida de las personas. Una economía que crece pero mantiene alta desigualdad, sin política social que redistribuya oportunidades, es una economía donde las ventajas y desventajas de los padres se perpetúan en los hijos. Confiar la solución de los problemas sociales únicamente al crecimiento y al empleo es una apuesta por el gatopardismo social: una donde todo puede mejorar aún cuando todo siga igual.