El exprocurador federal Jesús Murillo Karam, de 78 años, se encuentra en terapia intensiva, según ha confirmado este sábado su abogado a la prensa mexicana. El priista está internado en un hospital privado al sur de la capital desde hace días, de acuerdo con el medio Nmás. Por otro lado, el diario El Universal ha publicado que el funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sufrió un derrame cerebral. Murillo Karam, fuertemente criticado por familiares y organizaciones de la sociedad civil por la investigación del caso Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes de una escuela rural desaparecieron en el Estado de Guerrero en 2014, se encontraba en prisión domiciliaria desde hace dos años.
En 2022, el priista fue encarcelado después de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusara de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en torno a los jóvenes. Sin embargo, dos años más tarde, un juez le concedió el beneficio de enfrentar los cargos que se le imputan desde su casa, en un barrio acomodado de Ciudad de México. La medida fue solo una formalidad. El exprocurador en el primer bienio de la Administración de Peña Nieto pasó buena parte de sus años de prisión en el hospital, aquejado de distintos padecimientos.
La Fiscalía asegura que Murilla Karam estuvo al frente de una operación política en las sombras para cerrar apresuradamente la investigación del caso Ayotzinapa. La desaparición de los 43 jóvenes, el desastroso manejo mediático así como la falta de seriedad en las pesquisas provocaron una caída en picado en la popularidad de Peña Nieto. La carpeta en poder de la FGR señala al exprocurador de obtener, mediante torturas a los detenidos, las declaraciones que necesitaba para reforzar su hipótesis sobre los acontecimientos en Guerrero.
Este modus operandi, revelado también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio forma a la versión conocida como la verdad histórica. Según el relato construido por la Procuraduría General de la República bajo su mandato, el grupo criminal Guerreros Unidos, apoyado por policías municipales, atacó a un grupo de estudiantes que se encontraba en Iguala. Los perpetradores mataron a seis personas y desaparecieron a los 43 alumnos.
De acuerdo con la verdad histórica, los criminales asesinaron a los estudiantes, llevaron sus cadáveres a un basurero y los quemaron ahí para desperdigar sus restos en un río aledaño. Esta versión fue desmentida por la ciencia: un perito en incendios consultado por los expertos de la CIDH comprobó que aquella gran fogata mortuoria era físicamente imposible. En otro informe del grupo de expertos, en 2022, se reveló a través de un video que marinos y el propio procurador manipularon la escena del basurero antes de la llegada de los peritos.
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