A pocas horas de cerrar su última legislatura antes del retorno a la bicameralidad este martes, el Congreso aprobó una de las iniciativas más controvertidas de los últimos años. Con 52 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones, el Parlamento dio luz verde en segunda votación a una ley que establece que los delitos presuntamente cometidos por policías y militares durante el ejercicio de sus funciones sean procesados exclusivamente por la jurisdicción militar-policial y no por la justicia ordinaria.
La aprobación corona una tendencia que ha marcado a este Congreso durante los últimos años: la aprobación de normas cuestionadas por organismos de derechos humanos por considerar que debilitan los mecanismos de control y rendición de cuentas del Estado. La legislatura concluye este miércoles 24 de junio, poniendo fin al último Congreso unicameral antes de la instalación del nuevo Parlamento bicameral.
La norma modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para ampliar el alcance de los llamados “delitos de función”. Según el texto aprobado, se considera delito de función toda conducta ilícita cometida por militares o policías durante acciones de servicio, estados de emergencia, operaciones de control del orden interno o actividades vinculadas a sus atribuciones institucionales.
Además, la ley establece que cuando exista un proceso abierto en el fuero militar-policial, los jueces de la jurisdicción ordinaria deberán archivar sus investigaciones. La disposición alcanzaría incluso a procesos con sentencias aún no firmes, lo que ha generado preocupación entre quienes consideran que la norma invade competencias reservadas al Poder Judicial.
Para los defensores de la iniciativa, la medida busca evitar la doble persecución judicial y brindar protección a efectivos que actúan en situaciones complejas. El expresidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, sostuvo que existen militares que enfrentan procesos desde hace décadas por hechos ocurridos durante la lucha contra el terrorismo y argumentó que la justicia militar-policial puede actuar con la misma independencia que la justicia civil. “Si confiamos en la justicia civil, también podemos confiar en que los jueces y fiscales militares sepan estar a la altura de las circunstancias”, ha dicho.
Sin embargo, las críticas fueron inmediatas. Durante el debate parlamentario, la congresista Flor Pablo advirtió que la norma podría generar incentivos para el abuso de autoridad. “Lo que hace esta ley es generar impunidad para ese mal policía que, confiado en el fuero militar y policial, va a disparar a mansalva y matar”, señaló. En la misma línea, el parlamentario Edgard Reymundo se dirigió a Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. “Ustedes, como fujimoristas, tienen la obligación de restaurar la confianza del pueblo. Adaptarse a las necesidades democráticas que la ciudadanía exige es una de esas obligaciones. Ustedes van a ser gobierno, pero sean gobierno eliminando las malas prácticas que tuvieron durante el gobierno de Alberto Fujimori. No se puede seguir consolidando la impunidad a favor de uniformados que, objetivamente, tienen que ser juzgados”, manifestó.
El principal temor de los críticos se encuentra en el contexto en el que se aprueba la ley. Más de tres años después de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte que dejaron alrededor de medio centenar de fallecidos entre diciembre de 2022 y comienzos de 2023, ninguna de las investigaciones ha logrado establecer responsabilidades penales definitivas. Los expedientes por las muertes registradas en Ayacucho, Puno, Cusco, Junín y otras regiones continúan avanzando lentamente en el sistema judicial, mientras las familias de las víctimas siguen esperando justicia.
En diciembre de 2025, la Fiscalía concluyó la investigación preparatoria contra tres altos mandos policiales por las muertes ocurridas durante las protestas en Pichanaqui. Sin embargo, el caso todavía no cuenta con una acusación formal. Situaciones similares se repiten en otros procesos relacionados con las movilizaciones, cuyos expedientes permanecen atrapados en juzgados con alta carga procesal y sin especialización en derechos humanos.
La preocupación aumenta porque esta no es la única iniciativa polémica aprobada por el Parlamento en sus últimos días de funcionamiento. Durante los últimos años, el Congreso ha impulsado una serie de normas que, según organizaciones de derechos humanos, buscan restringir o dificultar que se juzguen graves violaciones cometidas por agentes estatales.
A mediados de 2025, además, el Congreso aprobó una ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa acusados o condenados por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Y este mismo martes, en una de sus últimas sesiones, el Pleno aprobó en primera instancia la incorporación del delito de lesa humanidad al Código Penal. Establece expresamente que estos crímenes deben formar parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y que el autor actúe con intención y conocimiento de dicho ataque en los delitos de homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada y tortura. Pero además incluye que dicho ataque sistemático sea de “conformidad con una política de gobierno”. “Distorsionan los delitos de función y ahora una ley para precisar el delito de lesa humanidad donde excluyen las esterilizaciones forzadas y generan un contenido impune para re definir ataque generalizado por “política de gobierno”. Con el fujimorismo nos espera el autoritarismo, la impunidad y la sistemática vulneración de nuestros derechos”, ha cuestionado la congresista Ruth Luque.
La aprobación de la ley fue impulsada y respaldada principalmente por Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, quien tiene ahora mismo una victoria matemática y será la próxima presidenta del Perú. La norma recuerda mecanismos autoritarios promovidos durante el gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado por graves violaciones a los derechos humanos.
Aunque Keiko Fujimori ha defendido reiteradamente el legado del régimen fujimorista y ha reivindicado varias de sus decisiones, sus críticos consideran que leyes como esta alimentan el temor de un eventual debilitamiento de los controles civiles sobre las fuerzas del orden y una menor disposición del Estado para investigar abusos cometidos por las Fuerzas Armadas.
La ley aún debe pasar por el Ejecutivo. Si el presidente saliente, José María Balcázar, decide no impugnarla, será promulgada y entrará en vigor. De concretarse, el Congreso que este miércoles se despide dejará como una de sus últimas decisiones una reforma que reabre uno de los debates más sensibles de la democracia peruana: el derecho de las víctimas a acceder a una justicia independiente.
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