Una coalición de 63 legisladores del Partido Demócrata exigió explicaciones formales al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) tras la cancelación de convenios con organizaciones de asesoría jurídica especializada para niños migrantes no acompañados.
El mensaje fue dirigido al secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., y a la directiva de ORR, reprocha la entrega directa de un contrato de $158 millones de dólares a la organización Our Rescue, al señalar que la organización carece de la experiencia e infraestructura legal requeridas por la ley para garantizar la representación en tribunales de más de 20,000 menores de edad en Estados Unidos.
“Gravemente preocupados de que la ORR confíe a una población vulnerable a empresas tan claramente no cualificadas para la tarea”, señaló el grupo demócrata en declaraciones recogidas por ABC News.
Los parlamentarios recordaron que la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 exige garantizar asistencia legal idónea a los menores.
“Si la ORR sigue adelante con este contrato, estará jugando con el futuro legal de miles de niños al confiar en una organización que no ha demostrado claramente que puede realizar este trabajo“, escribieron los legisladores.
Irregularidades en procesos de licitación y retiros de ofertas
El documento impulsado por los representantes Joaquín Castro y Jasmine Crockett señala igualmente el caso de la firma texana Burke Law Group, la cual declinó una asignación de $150 millones de dólares tras objeciones sobre su capacidad técnica.
“La retirada pone de manifiesto nuestra preocupación por la forma en que su agencia está gestionando estos contratos y el proceso de adjudicación”, escribieron los legisladores. “Estos niños constituyen una población especialmente vulnerable cuyas necesidades y la complejidad de sus casos requieren conocimientos altamente especializados”.
Castro apuntó que los niños no acompañados corresponden a la población más vulnerable en el sistema de inmigración, y destacó el “deber moral y legal” de brindar representación legal “de calidad”.
Repercusiones en el sistema de protección a menores no acompañados
Por su parte, defensores de derechos humanos reportan un impacto directo en la atención jurídica de más de 20,000 niños migrantes en los tribunales estadounidenses.
Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, señaló las dificultades operativas actuales del sector.
“Desde que la administración Trump tomó la medida sin precedentes de dejar expirar el contrato de servicios legales para niños sin un plan establecido para más de 20,000 menores, hemos visto un ataque igualmente sin precedentes contra los niños inmigrantes“, declaró a ABC News.
“Estamos viendo cómo se presiona a los niños en los tribunales para que se autodeporten, y cómo otros se presentan sin representación legal, a pesar de que el gobierno tiene la obligación de proporcionarles un abogado”, declaró Lukens. “Los menores inmigrantes no acompañados necesitan una defensa eficaz y especializada a través del sistema judicial, no juegos políticos”.
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