El mundo ha cambiado por completo desde que son perceptibles los efectos del cambio climático. Las cifras no son alentadoras. El 22 de agosto se batió el récord de temperatura diaria más alta en la superficie oceánica desde que hay registros: 21,1 grados. Nunca antes se ha registrado una media en el agua del mar tan caliente y esto, además de tener consecuencias nefastas para la vida sumergida, convierte los océanos en una bomba climática.
Bajo ese contexto, solo queda reimaginar el futuro. En la nueva temporada de Al habla… Gabriela Warkentin conversa con Julia Carabias, bióloga investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del Colegio Nacional, en torno a una nueva mirada sobre el medio ambiente en medio de las catástrofes visibles del cambio climático, la política ambiental y la justicia para quienes buscan la sustentabilidad.
¿Qué se puede hacer en un entorno donde se frenan los intentos por mejorar el medio ambiente? La investigadora aún piensa que el rumbo no está del todo dicho, mientras los jóvenes echen mano de la tecnología y de la conciencia social para poder marcar un cambio en lo que ya genera consecuencias para las sociedades.
La Secretaría de Seguridad federal (SSPC), dirigida por Omar García Harfuch, ha pedido a la Justicia que revoque la protección que actualmente brinda la Guardia Nacional a la diputada de Sinaloa Paola Gárate, del opositor PRI, que ha sido amenazada por el narco junto a su familia. Tanto la SSPC como la Guardia Nacional sostienen que las medidas de resguardo a la legisladora corresponden a las autoridades de seguridad pública del Estado, gobernado por Morena y del que Gárate ha sido férrea crítica. “Resulta desconcertante e inverosímil que esa autoridad federal solicite poner en manos de autoridades de Sinaloa la seguridad de la diputada, cuando ella ha denunciado continuamente la colusión entre ese Gobierno y los grupos del crimen organizado”, ha criticado la defensa legal de Gárate.
En junio, la legisladora priista encontró en la puerta de su casa una corona fúnebre, amenaza de muerte común en el código de los narcos en México. La corona leía: “Familia Gárate”. Este fue el evento que detonó la exigencia de la diputada de contar con un esquema de seguridad federal, que logró gracias a una resolución judicial que ordenaba al Gobierno de Claudia Sheinbaum garantizar tal dispositivo. La protección ha cumplido apenas unas semanas. La SSPC impugnó la orden judicial el 27 de agosto pasado, aunque, de momento, una jueza denegó la petición.
El de la corona no fue el único evento en el que Gárate ha sido víctima. En octubre de 2025, en un asalto violento para robarle su camioneta, fue encañonada con un arma. Antes, en 2021, fue una de las víctimas de la violencia en la jornada electoral de ese año para la gubernatura y otros cargos. Ese día, Gárate fue secuestrada durante nueve horas, en que la golpearon “y le exigieron que se retirara de las elecciones”, según el relato que la diputada dio a la Guardia Nacional durante una evaluación de riesgos.
Los sucesos de aquel año adquirieron una fuerza tremenda años después. Rubén Rocha, de Morena, resultó ganador de los comicios, en los que campearon los hechos violentos como los que denunció Gárate. Estados Unidos ahora acusa a Rocha de haber pactado con el Cartel de Sinaloa para que este le ayudase a ganar la elección, precisamente, amenazando a los políticos opositores.
Corona fúnebre en la entrada del domicilio de Paola Gárate, en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, el 10 de junio.José Betanzos Zárate (Cuartoscuro)
La defensa de Gárate ha señalado que el principal argumento de la SSPC para pedir el retiro del resguardo federal es que la Fiscalía de Sinaloa ya le ha concedido a la legisladora medidas de protección. Sin embargo, precisan los abogados, “las medidas otorgadas únicamente consisten en rondines aleatorios a domicilio, y de ninguna manera se equiparan con un esquema de protección personal acorde con el nivel de riesgo que enfrenta la diputada”.
En la entrevista que sostuvo con la Guardia Nacional, Gárate se refirió también al atentado que sufrieron en enero de este año los diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa Sergio Torres y Elizabeth Montoya, críticos también del oficialismo en el Estado. “La entrevistada manifestó que el motivo de solicitar la seguridad y protección es por la violencia e inseguridad que se vive en Sinaloa, así como por temor a que sea víctima de alguna agresión que atente contra su vida e integridad, por las declaraciones que ha realizado en contra del Gobierno de Rubén Rocha y los vínculos con la delincuencia”, consignó la dependencia en la evaluación.
La defensa de Gárate reclama que, aun cuando la Guardia Nacional “reconoce la necesidad de proporcionarle a la diputada víctima un esquema de seguridad personal permanente, propone y solicita que el dispositivo no quede a cargo de esa autoridad, sino de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa”.
Rocha terminó dimitiendo del cargo de gobernador, no sin antes haberse atrincherado con uñas y dientes. Tras varios meses de dubitación, el Ejecutivo de Sheinbaum por fin barrió del Estado también a los políticos vinculados al exmandatario y colocó a una gobernadora interina más cercana a Palacio Nacional. Pero la violencia no cambia. Este fin de semana, la activista por los desaparecidos Alma Rosa Rojo fue atacada a balazos a plena luz del día. Sobrevivió.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles en Palacio Nacional al expresidente de Colombia, Gustavo Petro.
“Acabo de salir de hablar con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum”, escribió Petro en su cuenta de la red social X, y compartió una imagen en la que se encuentra en el Zócalo capitalino con la bandera de México a sus espaldas.
El exmandatario colombiano llegó a la Ciudad de México el 31 de agosto pasado para ofrecer una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), programada para la tarde de este 2 de septiembre.
Se trata de la primera visita internacional de Petro desde que concluyó su mandato en Colombia el pasado 7 de agosto, para ser sucedido en el cargo por Abelardo de la Espriella.
Debido a las normativas de su país para exjefes de Estado, el exmandatario solicitó el aval del Senado de Colombia para poder realizar este viaje a México y además salir del país durante un año.
A pocas horas de haber llegado a la capital mexicana, Petro se reunió con el director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, para concretar la edición de su nuevo libro Economía Política de la Crisis Climática.
A finales de los años noventa, bajo el Gobierno democrático de Rafael Caldera, Venezuela contaba con una industria petrolera robusta que producía más de tres millones de barriles diarios. Cuando se planteó la necesidad de expandir esa industria y abrirla al capital privado nacional e internacional, la delicada y transcendental decisión se discutió y se tomó de cara al país.
La Dra. Dolores Dobarro, quien durante esos años se desempeñó como consultora jurídica y posteriormente como viceministra de Energía y Minas, señala que la política de la Apertura Petrolera fue objeto de un amplio y crítico debate público: su fundamento jurídico fue avalado por la Corte Suprema de Justicia, y su marco de condiciones fue debatido y autorizado por el Congreso de la República, donde el Gobierno estaba en minoría.
Los contratos se asignaron mediante un proceso competitivo y transparente. Dobarro recuerda incluso que, después de aprobado por el Congreso el marco de condiciones, las propias empresas participantes, buscando mayor seguridad jurídica, pidieron que los contratos de ganancias compartidas fueran también sometidos a la aprobación parlamentaria.
Un anuncio por sopresa en una situación anómala
Casi tres décadas después, el contraste es monumental. Tras más de un cuarto de siglo de una Revolución Bolivariana que se autoproclama nacionalista y antiimperialista, con una industria petrolera diezmada que apenas sobrepasa el millón de barriles diarios, los venezolanos se enteraron, por sorpresa, a través de un breve mensaje en redes sociales del presidente de una potencia extranjera, que la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, habían alcanzado “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.
En su mensaje, el mandatario estadounidense Donald Trump aseguró que ese convenio le otorgará a su país el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo en Venezuela.
Fue solo después del anuncio de Trump cuando la encargada de la presidencia ofreció a los venezolanos, en una escueta intervención pública, algunos detalles generales del acuerdo que comprometía una parte sustancial de las reservas petroleras del país.
La anómala situación —en la que los venezolanos dependen de un Gobierno extranjero para conocer decisiones sobre el destino de sus propios recursos— se repitió este lunes 31 de agosto, cuando, a través de una hoja informativa (fact sheet) de la Casa Blanca, la sociedad venezolana se enteró de algunas otras condiciones de una operación de semejante magnitud: entre ellas, que el convenio otorgaba concesiones por 100 años sobre 17 campos e incluía la participación directa del Gobierno estadounidense en la estructura empresarial involucrada en la operación.
A la fecha, todavía se desconocen aspectos esenciales del acuerdo, incluidos los instrumentos jurídicos que lo sustentan. Persisten, además, lagunas y contradicciones en la información suministrada. Esa opacidad impide emitir una opinión firme sobre la juridicidad, el contenido y el impacto de la operación para Venezuela.
Sin embargo, a partir de la información divulgada hasta ahora, reconocidos juristas venezolanos han expresado dudas y objeciones preliminares respecto a la conformidad de estos acuerdos con la Constitución y con la legislación petrolera vigente en Venezuela.
reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 29 de enero de 2026, aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, flexibilizó considerablemente las condiciones para la participación privada en la industria petrolera y redujo o eliminó varios de los controles existentes. A la luz del convenio bilateral anunciado, resulta hoy más claro el sentido de esa reforma.
Sin embargo, destaca Dobarro, la reforma mantuvo algunos controles. Uno de ellos se refiere al proceso de selección de las empresas: la ley promueve la concurrencia de ofertas y solo permite la escogencia directa de las operadoras por razones de interés público o circunstancias especiales, previa aprobación del Consejo de Ministros. En el caso de NABEP, la experta considera que existen dudas sobre el cumplimiento de estos requisitos legales: se trata de la asignación de “17 campos, 65.000 millones de barriles de reserva a una sola empresa, sin licitación, sin proceso de selección”.
Otro aspecto legal sobre el que existen dudas se refiere a la afirmación de la Casa Blanca de que fueron otorgadas “concesiones” por 100 años sobre 17 campos petroleros. A este respecto, José Ignacio Hernández advierte que la legislación venezolana no contempla actualmente la figura de las concesiones petroleras y sostiene, además, que los Contratos de Participación Productiva (CPP) están limitados a 25 años.
En los años noventa, bajo un Gobierno democrático, Venezuela impulsó de manera soberana la apertura de su industria petrolera. Fue un proceso transparente y competitivo que involucró 38.000 millones de barriles de reservas, distribuidos entre 32 convenios operativos y cuatro asociaciones estratégicas, con la participación de 50 empresas de 15 países.
Tres décadas más tarde, un régimen tutelado —con autoridades cuya legitimidad está fuertemente cuestionada— compromete desde la opacidad 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. La entrega favorece a una sola empresa estrechamente vinculada al Gobierno de un país extranjero, mediante una operación que a la fecha plantea relevantes interrogantes legales y constitucionales. Ante este panorama, sobran razones que justifiquen la preocupación de los venezolanos.
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Miami (EE.UU.), 2 sep (EFE).- Estados Unidos deportó a Cuba a Fernando Armando Valdés Pérez, identificado por las autoridades como un agente de inteligencia cubano encargado de infiltrarse en comunidades de exiliados y disidentes en Estados Unidos y América Latina desde mediados de los años noventa del siglo pasado.
Valdés Pérez, de 61 años, fue detenido el pasado 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de Miami durante una operación de control migratorio, informó este miércoles -en un comunicado- el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según la investigación, Valdés, quien también es ciudadano guatemalteco, era un agente de inteligencia cubano cuya misión era infiltrarse en comunidades de exiliados y disidentes cubanos y reportar sobre sus actividades, tanto en Estados Unidos como en otros países de América Latina.
Las autoridades sostienen que Valdés llegó a ganarse la confianza del fallecido disidente anticastrista Luis Posada Carriles y que mantuvo una estrecha proximidad con otras conocidas figuras cubanas y cubanoestadounidenses del sur de Florida hasta su arresto.
Los investigadores determinaron además que Valdés ocultó deliberadamente sus vínculos con el régimen cubano cuando solicitó y obtuvo la residencia permanente legal en Estados Unidos, con lo que, según las autoridades, engañó de manera consciente a los funcionarios de inmigración estadounidenses.
“Las personas que ocultan sus vínculos con servicios de inteligencia extranjeros y se aprovechan de nuestro sistema migratorio representan una grave amenaza para la integridad de ese sistema y para nuestra seguridad nacional”, dijo -en un comunicado- el director de la oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE en Miami, Matthew Elliston.
Tras su arresto, en el que participaron también el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Valdés fue procesado y puesto en procedimientos de expulsión antes de ser deportado de Estados Unidos el pasado 7 de agosto.
Entre tantas dudas que causa el acuerdo petrolero anunciado por los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, el politólogo Javier Corrales ve algo seguro: que implica varios riesgos y quizá los subestiman.
Estudioso desde hace años de los hilos del poder y el petróleo en Venezuela, Corrales advierte sobre los efectos políticos que puede generar que Washington anuncie un control mayoritario de vastas reservas de crudo venezolano, como hizo el presidente Donald Trump el viernes.
“En Latinoamérica cada tanto surgen líderes populistas de izquierda, antiamericanos y anticapitalistas porque argumentan que a EE.UU. lo único que le interesa es aprovecharse de nuestros recursos”, explica el profesor del Amherst College estadounidense.
“Este acuerdo, independientemente de los detalles, muy fácilmente se presta para ese tipo de interpretación histórica radical de izquierda”, agrega Corrales en una entrevista con BBC Mundo.
También señala que EE.UU., al involucrar a sus militares en el negocio petrolero venezolano, podría repetir la experiencia “bastante funesta” de gobiernos autoritarios de izquierda y derecha en América Latina.
Y sostiene además que el entendimiento de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, con Trump dejó a sus opositores “en una especie de shock”.
Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con el coautor de publicaciones destacadas sobre la relación de Washington con Caracas o la política económica del gobierno del fallecido líder venezolano Hugo Chávez, como el libro “Un dragón en el trópico”.
Javier Corrales sostiene que el acuerdo con Venezuela supone “un cambio muy importante en la misión” del Ejército de EE.UU.
¿Cómo evalúas el acuerdo petrolero anunciado por los gobiernos de EE.UU. y Venezuela?
Por la mayor parte de su historia petrolera, desde los años 1920, Venezuela y EE.UU. sostenían una relación económica muy profunda en base al petróleo. La mayor parte del petróleo venezolano iba a refinerías estadounidenses y había un comercio muy profundo. Esto se interrumpe paulatinamente bajo el chavismo.
Entonces hay una especie de regreso a una situación muy natural. Lo que pasa es que, al reanudar este comercio, se han introducido mecanismos muy diferentes y polémicos.
El acuerdo se realiza con un gobierno que se considera totalmente ilegítimo, poco popular y encima muy poco transparente. Entonces es una negociación que se ha hecho con una contraparte siniestra.
Y EE.UU. está haciendo cosas que nunca habíamos visto. Está creando una corporación en la que el gobierno de EE.UU. participa. Se está asociando no sólo al gobierno de Venezuela, sino a un actor privado, siniestro también.
Y esto se hace con la idea de que EE.UU. es ahora dueño de estas reservas, a diferencia de ser un comprador de petróleo de Venezuela.
En la Constitución actual de Venezuela, las reservas no le pueden pertenecer a otro país que no sea Venezuela.
Trump, al anunciar el acuerdo, dijo que EE.UU. va a tener control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano, “sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”. ¿Dónde ves el problema?
El costo político principal es que el gobierno de EE.UU. ahora es un actor que tiene intereses en proteger una inversión: tiene que proteger al gobierno que garantiza esa inversión y a su principal socio económico. El interés nacional se está ahora vinculando a una actividad económica.
El costo económico es que el gobierno de EE.UU. ha decidido ser el accionista en esta empresa porque, para poder extraer estas reservas, hay que invertir. Y los actores privados no consideraban que las condiciones estuvieran dadas para efectuar inversiones de semejante magnitud.
Tal vez Trump esté pensando que en cinco o seis años esta inversión va a empezar a ganar réditos si este acuerdo, por supuesto, perdura en el tiempo.
Al hablar del costo político, ¿te referías al papel que va a jugar la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, que podría impulsar la compra de acciones de una empresa privada fundada por Alejandro Betancourt López para tener acceso preferencial al petróleo que produzca en Venezuela?
Sí, esto es muy inusual para EE.UU., pero ocurre en otros países.
En muchas dictaduras y gobiernos populistas, el gobierno se convierte en inversor y los militares se convierten en empresarios: empiezan a crear intereses en actividades económicas.
Esto tergiversa la misión principal del Ejército, que tiene que velar no sólo por la defensa nacional y la seguridad de EE.UU., sino que ahora también tiene que proteger su inversión en Venezuela y le va a tener que dar prioridad a esas inversiones.
Esto es un cambio muy importante en la misión de lo que debe hacer una fuerza castrense bajo una democracia.
¿En América Latina esto lo has visto en algún lado?
Por supuesto que sí, se ve en muchas dictaduras militares.
El país que más representa esto es la Cuba comunista, donde las principales actividades capitalistas las manejan las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Es un modelo que copiaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Donald Trump sostuvo que con Venezuela logró “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Pero el nuncio genera varias dudas.
Pero también gobiernos de derecha lo han hecho, en la idea de que los militares tienen sus propias empresas y, no solo los militares sino el gobierno en general, son accionistas o dueños de actividades económicas.
Es muy clásico del estatismo económico latinoamericano.
¿Cuál ha sido el resultado de esas experiencias?
En Latinoamérica, la experiencia con el concepto de Estado capitalista ha sido bastante funesta.
A finales de los años ’70 y principios de los ’80 fue cuando hubo mayor presencia del Estado en actividades económicas en la región. Y esto desembocó en la crisis económica más grave que ha tenido la región: la década perdida de los ’80.
Más recientemente, Cuba y Venezuela fueron los países que continuaron este modelo de Estado-militares-capitalistas y terminaron con crisis económicas épicas.
Lo que ocurre es que cuando el Estado arranca por este camino es muy difícil frenarlo. Y si encima las instituciones de freno y contrapesos que se supone que controlan al Estado son muy débiles, no hay modo de pararlo.
Si comparas, por ejemplo, en Noruega, el Estado participa en actividades económicas, pero las instituciones de freno y contrapesos y el imperio de la ley es tan fuerte que el Estado tiene unos límites muy grandes de qué puede y no puede hacer.
Esto es lo que se empieza a erosionar muy fácilmente en Latinoamérica y en muchos países donde el sistema de frenos y contrapesos es débil. El Estado cada vez más busca modos de proteger sus intereses económicos y esto lo puede llevar a erosionar más los frenos y contrapesos.
¿Crees que ese riesgo, o el riesgo de corrupción, se presenta ahora para EE.UU. con este acuerdo? ¿O las instituciones en EE.UU. son suficientemente fuertes como para evitarlo, como ocurre en Noruega?
Esa es la gran pregunta del momento.
En los países capitalistas avanzados existen instituciones para tratar de disminuir la corrupción del sector privado: las empresas tienen que rendir cuentas a los accionistas, hay una junta de directores, en EE.UU. tienen que hacer auditorías independientes, entregar documentación a la Comisión de Bolsa y Valores, competir con otras empresas y cumplir con ciertas regulaciones para proteger a los consumidores.
Los gobiernos pueden muy fácilmente erosionar todo este tipo de medidas que existen para el sector privado.
Una de las cosas que ya se ve muy claramente es que todo lo que se está negociando con Venezuela es muy poco transparente: están poniéndose personas que trabajan tras bastidores, nada que sepamos hasta ahora indica cuáles van a ser los mecanismos de supervisión, cómo se van a hacer las auditorías, quiénes van a controlar, cuáles son las normas que van a regir todos estos negocios que se van a empezar a hacer.
Es muy fácil para un Estado ocultar sus actividades. Y, aunque EE.UU. tiene una tradición muy larga de crear instituciones para que las operaciones del Estado sean transparentes, estamos viviendo una época en que el gobierno actual trata de erosionar esas instituciones o pasarlas por alto.
Por lo tanto, es muy preocupante que ahora estemos hablando de tantos miles de millones de dólares y no estemos pensando en los mecanismos que se van a utilizar para asegurarnos de que no haya corrupción.
El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el acuerdo beneficia a EE.UU. al “asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo” en el hemisferio, bajando los precios domésticos de la gasolina. Al parecer, él no está viendo los riesgos que señalas…
No, no están viendo ningún riesgo. Y si el negocio se da como ellos quieren, van a generar grandes ganancias.
Otro riesgo importante es que este tipo de acuerdos desagradan muchísimo en las poblaciones latinoamericanas.
En América Latina, EE.UU. y en todos los países donde he estado, existe un fenómeno que se conoce como nacionalismo de los recursos. La idea es que nuestros recursos nos pertenecen y tenemos soberanía sobre eso.
Que ahora venga un país tan grande como EE.UU. a decir que son dueños de estos recursos y tienen un acceso casi sin control sobre ellos va a hacer que para muchos latinoamericanos esto se sienta como una especie de ultraje a la soberanía.
Esto genera antiamericanismo, resentimiento, sentimientos antiglobalización y antiestadounidenses.
Y uno de los riesgos que Marco Rubio no está viendo es que esto puede generar las mismas razones por las cuales surgen los Hugo Chávez en la región.
Es decir, en Latinoamérica cada tanto surgen líderes populistas de izquierda, antiamericanos y anticapitalistas porque argumentan que a EE.UU. lo único que le interesa es aprovecharse de nuestros recursos naturales y nuestras riquezas para autofavorecerse.
Este acuerdo, independientemente de los detalles, muy fácilmente se presta para ese tipo de interpretación histórica radical de izquierda en Latinoamérica.
Es algo que no creo que Marco Rubio lo entienda. Curioso: siendo él un experto en Cuba, debió haber entendido que esto fue uno de los movimientos que en su momento le dio tanta energía a Fidel Castro dentro y fuera de Cuba.
Pero bueno, ellos están simplemente pensando en el negocio que acaban de hacer y no en los efectos políticos y económicos que pudieran tener en el futuro.
Al parecer, tampoco la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ve esto como un acto imperialista, porque ha dicho que el acuerdo va a generar inversiones por más de US$100.000 millones y más del doble de esa suma en ingresos tributarios para su país, que según ella mantendrá la propiedad y la soberanía sobre los recursos…
Mucha gente considera que acá estamos viendo un acto de sometimiento por parte del gobierno ante EE.UU. Hay algo de cierto en eso y en que el gobierno de Delcy Rodríguez tiene temor ante EE.UU.
Pero yo creo que el gobierno de Delcy Rodríguez siente que esta es la mejor oportunidad que ha tenido el chavismo de tener un actor extranjero que los rescate de la crisis económica en la que están. Es decir, que están ganando mucho en esto.
Hay que entender que el chavismo empezó a generar grandes desastres económicos desde muy temprano y siempre se ha querido asociar con un actor prepotente internacional para que los rescate.
Creo que Delcy Rodríguez se da cuenta de que este vínculo con EE.UU. beneficia más a EE.UU. que a Venezuela, pero los beneficia mucho dado el punto de partida donde se encontraba el gobierno.
Entonces no lo veo como un sometimiento. Aquí, económicamente, estamos viendo la posibilidad de la mejor bonanza económica que tiene el chavismo desde la época dorada de Hugo Chávez a finales de los 2000, cuando el precio del petróleo estaba muy alto y Chávez en todo su apogeo.
Lo que yo no veo es que necesariamente esto traiga democracia y libertad para Venezuela.
Marco Rubio debió haber entendido que el acuerdo con Venezuela se presta a una “interpretación histórica radical de izquierda en Latinoamérica”, afirma Corrales.
Algunos argumentan que, con la invasión de EE.UU. a Venezuela en enero para detener al presidente Maduro, se terminó la soberanía del país sudamericano para decidir su propio destino en cosas como estas. ¿Estás de acuerdo?
No, en el sentido de que creo que el chavismo entregó la soberanía de los recursos nacionales hace muchos años.
Desde la época de Hugo Chávez, el gobierno de Venezuela, de modos muy poco transparentes, fue concediendo enormes prerrogativas a actores internacionales.
Hubo acuerdos con China para venderle petróleo exclusivamente en términos muy favorables. Luego pusieron a la empresa petrolera Citgo como colateral para préstamos de Rusia.
Venezuela, prácticamente desde el principio del gobierno de Chávez, le dio a Cuba grandes partes de la seguridad nacional y la inteligencia.
Ahora, en la época del oro, se asoció con Turquía, dándole concesiones muy grandes al gobierno.
Mi punto es que el gobierno de Venezuela, bajo el chavismo, viene desde hace muchos años entregando soberanía a actores internacionales de modos muy poco transparentes.
Venezuela no ha pasado de ser soberano a no serlo. Lo que ha cambiado es la superpotencia con la cual se ha aliado.
¿Y cómo analizas la reacción que hemos visto hasta ahora de la oposición venezolana a este acuerdo?
La oposición venezolana ha caído en una especie de shock, que hasta cierto punto fue parte de su desespero en un momento.
La oposición venezolana se sintió muy contenta cuando EE.UU. sacó a Maduro: consideró que fue el acto en contra de la dictadura más grande que se haya podido dar. Pero acto seguido tuvieron que darse cuenta de que hasta ahí iba a llegar EE.UU., en lo que para ellos era el principio de una transición.
“El gobierno de Delcy Rodríguez siente que esta es la mejor oportunidad que ha tenido el chavismo de tener un actor extranjero que los rescate”, dice Corrales.
Hasta cierto punto se están dando cuenta de que su aliado principal, EE.UU., los está abandonando. Y les está costando asimilar esto.
Si se desvinculan mucho de EE.UU., se van a quedar completamente desamparados. Pero hasta cierto punto ya están desamparados, porque EE.UU. sigue ignorando las demandas principales de la oposición.
Una pregunta es si este acuerdo puede verse como parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para avanzar en la democratización de Venezuela. ¿Qué piensas?
El argumento sería que EE.UU., al aumentar su presencia económica en Venezuela, adquiere cada vez más capacidad de influir en Venezuela. Esto es casi innegable.
Lo que pasa es que en muy pocas ocasiones he visto a EE.UU. tener tanta capacidad de incidencia en un país, pero a la vez usarla para tan poquito.
Lo único que se ha pedido es acceso a estos recursos económicos, pero no se están usando esos hilos de influencia para exigir una transición a la democracia, cambios en los modos en que el gobierno de Venezuela opera o reforma de instituciones.
Y encima EE.UU. está bloqueando el acceso al poder del partido político que verdaderamente ganó las elecciones del 2024, el partido de María Corina Machado.
El gobierno de México definió una postura firme de “no se aceptará ninguna modificación o ajuste al Capítulo 23 ni a sus anexos laborales” si antes no se corrige el desequilibrio en la aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), en el marco de las conversaciones preparatorias para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo con lo expuesto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Segundo Informe de Gobierno, la posición oficial del país responde al consenso alcanzado durante un proceso de consulta pública que incluyó diálogos con más de 50 organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones en las 32 entidades federativas.
El diagnóstico elaborado por la dependencia federal indica que, aún cuando las herramientas del tratado han permitido detectar y remediar violaciones en materia de libertad sindical y negociación colectiva en México, su instrumentación ha resultado desproporcionada al aplicarse de manera casi exclusiva hacia los centros de trabajo ubicados en territorio nacional.
Por ello, la autoridad laboral sostiene que cualquier eventual renegociación del acuerdo comercial debe guiarse bajo un principio estricto de reciprocidad; esto implica establecer condiciones equivalentes para que las autoridades mexicanas puedan promover revisiones ante presuntas afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores nacionales que se desempeñan en Estados Unidos y Canadá.
Asimismo, la postura vertida en el informe contempla candados operativos para evitar que el mecanismo sea utilizado con fines de proselitismo sindical o como una vía de injerencia externa en los asuntos internos de las organizaciones gremiales.
Por ello, se plantea revisar y delimitar el margen de actuación de los agregados laborales extranjeros para garantizar que se mantenga dentro de los marcos diplomáticos y de los compromisos bilaterales pactados.
Como parte de las acciones preventivas para respaldar el cumplimiento de las obligaciones del Capítulo 23 previo a la revisión del acuerdo, la STPS confirmó además el arranque, en septiembre de 2026, del programa piloto del Mecanismo contra el Trabajo Forzoso, enfocado prioritariamente en el sector agroexportador de la región occidente del país.
Caracas, 2 sep (EFE).- Venezuela firmó este miércoles acuerdos petroleros con la empresa estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, y del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, quien visita Caracas menos de una semana después del anuncio del histórico convenio petrolero entre ambos países.
El Gobierno venezolano y Chevron firmaron un documento para el reconocimiento de los contratos de conversión de las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar y Petroindependencia, constituidas entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la compañía norteamericana, a los términos de la nueva ley de hidrocarburos, reformada el pasado enero.
Ese acuerdo también reconoce las adaptaciones de los planes de negocio de estas empresas mixtas “bajo el nuevo marco legal y fiscal del sector hidrocarburos”, según la información oficial de Venezuela.
Ambas partes suscribieron igualmente un “acuerdo integral de pago del bono” por “concepto de acceso a las reservas de hidrocarburos de las áreas delimitadas” a Petroindependencia.
Entretanto, PDVSA firmó con Eni un contrato de participación productiva de hidrocarburos en el bloque Junín 5 de la venezolana Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, así como un “acuerdo de transición” de esa área.
De igual forma, la estatal venezolana firmó un contrato de participación productiva en el oriental bloque Budare-Elotes con la empresa Primavera.
Chevron anunció este miércoles que ampliará sus operaciones en Venezuela para llegar a invertir 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y que duplicará su producción en ese país.
En un comunicado, la petrolera detalló que ha alcanzado acuerdos con Venezuela que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país y que respaldarán inversiones superiores a 7.000 millones de dólares en cinco años.
Según Chevron, los planes de estas sociedades contemplan duplicar la producción en ese periodo, hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios en comparación con la de 2026.
Su anuncio llega días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara sobre un acuerdo para desarrollar las reservas petroleras de Venezuela y otorgar al Pentágono una participación en los beneficios obtenidos.
La sala de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado este miércoles la creación de una comisión investigadora para indagar en la huella del consultor de ultraderecha argentino Fernando Cerimedo en la política chilena, luego que fuera detenido en Bolivia por tentativa de femicidio en contra de su expareja, la abogada Nadia Beller, y se le encontrara, en un allanamiento a su domicilio, una “mini granja de bots”. La oposición ha pedido revisar si cumplió un papel en los últimos procesos electorales y el eventual uso en el país sudamericano de esta herramienta digital, que consiste en que varios dispositivos son unidos por una red de software que comenta, comparte y genera acciones automáticas en redes sociales. Los representantes de la izquierda han apuntado en contra del Gobierno de José Antonio Kast, aunque el mismo mandatario ha negado cualquier vínculo de Cerimedo con sus campañas a pesar de admitir que lo conoce. “Nos hemos cruzado”, dijo, justificando que el asesor acompañaba a distintos líderes políticos en instancias en que él también estuvo presente.
Esta es la segunda vez que la Cámara vota por crear una comisión que investigue al consultor argentino, investigado además por enriquecimiento ilícito y por supuestos vínculos con el narcotráfico, ya que el pasado martes se rechazó la primera propuesta por falta de quórum. En esta oportunidad, la iniciativa logró los 69 votos necesarios para prosperar. Entre los votos favorables aparecieron los de los parlamentarios de la izquierda y la centroizquierda opositora, mientras que los rechazos, con 43 en contra, llegaron desde la derecha y extrema derecha oficialista. Hubo una abstención.
El diputado José Montalva, del PPD, ha destacado que los diputados puedan indagar en la eventual llegada a Chile de los fenómenos de manipulación digital que inciden en el debate público y los procesos democráticos. “Podemos, en definitiva, tener la tranquilidad de que el Estado de Chile se va a hacer cargo de los antecedentes que hemos tenido sobre la mesa y que están amenazando la democracia, no solamente en Chile, sino que en varios países de Latinoamérica”, ha dicho. Montalva también ha cuestionado la negativa de la derecha para crear la comisión. “Nos preocupa que todo un sector en bloque, la derecha, o se abstuvo, o no votó, o simplemente votó en contra de esta comisión. Ahí la pregunta que cae de cajón es, ¿qué se esconde?, ¿qué no quieren que se investigue?, ¿qué no quieren transparentar frente a los chilenos?”, ha expresado.
La izquierda ha arremetido en contra del oficialismo tras los antecedentes que han surgido a partir de la detención de Cerimedo, el fundador del sitio web La Derecha Diario y exasesor del presidente de Argentina, Javier Milei, y también del mandatario de Bolivia Rodrigo Paz. La semana pasada el diputado socialista chileno, Juan Santana, pidió al Servicio Electoral (Servel) aclarar si hay nexos de alguna empresa de Cerimedo en recientes campañas en Chile. Recordó que en julio de 2025 la excandidata presidencial, Evelyn Matthei, de la derecha tradicional, “denunció que la atacaban con bots y anunció una querella contra el Partido Republicano”, que fundó el mandatario José Antonio Kast. Y añadió que tras esos ataques fue identificada una cuenta de X llamada Neuroc, que “desapareció de X”, según el parlamentario, en los mismos días de la detención del argentino.
El vínculo de Fernando Cerimedo con Chile quedó en evidencia en 2020, durante el primer plebiscito para el cambio de la Constitución. Numen, una de las empresas del argentino, lanzó una cuestionada encuesta que señalaba que solo un 42,3% estaba a favor de la idea de reemplazar la Carta Fundamental de 1980, en circunstancias que todos los estudios de opinión pública en Chile promediaban que un 70% de los chilenos estaba por tener un nuevo texto. Tanto era así, que cuando se realizó el referéndum el 78.28 % votó de esa manera. En julio de 2023, el medio LaBot publicó un artículo en Ciper Chile titulado El argentino que desinforma en Chile y su vínculo con uno de los árbitros de la Constitución. En el reportaje se develó que la encuesta de Numen “fue utilizada por la Casa del Rechazo para intentar cambiar el ánimo electoral, pues a esas alturas el país tenía completamente asumido el triunfo del Apruebo”.
El presidente Kast ha intentado aclarar las dudas sobre su vínculo con Cerimedo, las que crecieron cuando Nadia Beller, la denunciante por el intento de femicidio, aseguró este fin de semana a radio Biobío que el exasesor de Javier Milei se jactaba de haber trabajado con el “equipo de K”, en supuesta alusión al entorno de Kast, y de haber contribuido a la llegada de un “nuevo presidente”. El mandatario chileno, sin embargo, desestimó en una entrevista con radio Cooperativa, tener vínculos con el consultor. “En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”, aunque sí reconoció conocerlo. “Nos hemos cruzado”, justificando que Cerimedo acompañaba a distintos líderes políticos en instancias en que él también estuvo presente.
El pasado jueves, Matthei, que fue atacada por diversas cuentas de redes sociales durante su campaña a La Moneda en 2025, con información falsa que la mostraba como si padeciera Alzheimer, denunció que, tras la detención de Cerimedo, desparecieron de las redes sociales “las dos cuentas principales de troleo de republicanos”. “A mi me parece muy raro que se hayan bajado Neuroc y Drestrump justo cuando toman a Cerimedo preso en Bolivia. Y uno dice ¿por qué se bajaron? ¿Temen que de alguna manera los vinculen, o perdieron la caja de resonancia, que era a lo mejor esa granja de bots? No sabemos aún, pero yo creo que finalmente se va a ir sabiendo todo. Pero es muy raro que se hayan bajado ahora”.
Seis meses después del asesinato de Gustavo Aponte y de su escolta, el 11 de febrero de este año, la Fiscalía ha empezado a ordenar las piezas del rompecabezas. La muerte del empresario había dejado múltiples dudas, pues su familia no lograba entender cómo un ciudadano trabajador, padre ejemplar y propietario de una reconocida compañía de arroz se había convertido en blanco de los criminales. Su hipótesis de que solo podía tratarse de un error fue confirmada este 27 de agosto, cuando la Fiscalía señaló que el objetivo de los sicarios era otra persona, el empresario del oro Olimpo Antonio Oliver Peñaranda. Ese mismo día, las autoridades legalizaron la captura de uno de los presuntos responsables, Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, capturado el 26 de agosto en Villavicencio. Este miércoles se dio a conocer una segunda captura: Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam, fue detenido en el Aeropuerto El Dorado, cuando intentaba salir del país con un pasaporte falso.
Llanos y Contreras son señalados por la Fiscalía de ser parte de la banda de sicarios a la que se le pagó por asesinar a Oliver Peñaranda. Luego de que Tony revelara el error, el empresario ha contado que desde 2020 puso en conocimiento de las autoridades que era objeto de amenazas. Según explicó a través de un comunicado, empezó a ser víctima de intimidaciones tras desarrollar un proyecto de formalización de mineros ilegales en el sur del departamento de Bolívar, en el Caribe colombiano, un proceso que perjudicaba a los grupos armados que se habían lucrado por años de la extracción de metales; las intimidaciones, dice, provenían de la extinta guerrilla de las FARC y del ELN.
“Está plenamente acreditado por prueba testimonial, documental y técnica que de lo que se trató fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendían asesinar al señor Oliver Peñaranda”, confirmó Mario Iguarán, exfiscal general y abogado de las víctimas del ataque, en el que también murió Luis Gabriel Gutiérrez, escolta de Aponte. La banda hacía un seguimiento de Peñaranda, pero el sicario confundió a la víctima. Al parecer, Aponte y Peñaranda compartían características físicas; ese 11 de febrero llevaban una vestimenta similar y habían ido a entrenar al mismo gimnasio, en el sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá, pese a que Aponte no acostumbraba acudir a esa hora.
Llanos Paternina fue enviado a la cárcel, imputado de los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte y tenencia de armas de fuego. Según la policía judicial, habría participado en el seguimiento, vigilancia y coordinación logística previa al ataque, que se informaba a través de un grupo de WhatsApp llamado “Gladiadores”, del que hacían parte siete personas. Mediante esa plataforma de mensajería, los implicados intercambiaban información sobre las rutinas y esquemas de seguridad de Peñaranda. La fiscal del caso, Elsa Reyes, sostiene que Tony también habría conducido la motocicleta de placas XCC-62G en la que se transportó y luego se facilitó la huida del sicario, conocido con el alias de Moncayo, y quien no ha sido detenido.
Por su parte, alias Bambam, capturado cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Lima, es señalado de ser el segundo cabecilla de la organización y el creador del grupo de WhatsApp. La Fiscalía ha confirmado que un tercer hombre vinculado al crimen fue asesinado el 30 de mayo en el municipio de Tibirita, a unos 100 kilómetros de Bogotá. Con los testimonios de los dos capturados, la Fiscalía busca seguir avanzando para esclarecer quién dio la orden de asesinar a Peñaranda, y qué hechos llevaron a que Gustavo Aponte y su escolta resultaran siendo las víctimas fatales.
