Category: Actualidad

El Gobierno de Javier Milei ofrece 20 millones de pesos (unos 14.100 dólares) a quien brinde información que permita localizar y detener a Galvarino Apablaza, un exguerrillero chileno que integró el Manuel Rodríguez (FPMR), un movimiento que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que es buscado hace más de dos décadas por su presunta responsabilidad como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, un partido de la derecha tradicional chilena. La recompensa, difundida en las redes del Ministerio de Seguridad de Argentina, se ofrece dos días después del fracaso de un operativo que iba a concretar la extradición de Apablaza desde Buenos Aires.

El miércoles, justo cuando se cumplió el aniversario 35 desde el asesinato del senador chileno, la policía argentina llegó hasta la casa del exfrentista en la localidad de Moreno, en la periferia oeste de Buenos Aires, pero no lo encontró.

La detención de Apablaza era vista como un gesto del Gobierno del ultra Javier Milei hacia su par chileno, el conservador José Antonio Kast, que viajará este lunes a Buenos Aires en su primera visita oficial como mandatario en ejercicio. Jaime Guzmán es uno de los referentes ideológicos de Kast, que lo considera como un amigo y mentor. Está previsto que la extradición de Apablaza sea uno de los temas que se pongan sobre la mesa en el encuentro bilateral.

El abogado de Apablaza en Argentina, Rodolfo Yanzón, explicó a EL PAÍS que el Ejecutivo argentino se presentó en el proceso judicial de extradición mientras el juez del caso, Ariel Lijo, está de licencia y consiguió que la jueza María Servini, a cargo del juzgado hasta la próxima semana, firmara la orden de detención. “La policía fue hasta a la casa de Apablaza, rompió la puerta y entró, pero no estaba Apablaza, porque no tiene ninguna restricción para salir o moverse”, dijo. El defensor de Apablaza sostiene que, si finalmente la justicia da por caída su condición de refugiado, Chile “tendrá que pedir una nueva extradición” y reiniciar el proceso.

Días antes de que que el exguerrillero se diese a la fuga, Yanzón había denunciado también que policías de Interpol habían estado siguiendo los pasos de la mujer y los hijos de Apablaza, lo que consideró “una maniobra de hostigamiento”. Yanzón calificó de ilegal la orden de detención y anticipó que su defendido no iba a presentarse en comisaría. “Como el lunes viene el señor Kast a Argentina, el Gobierno quería hacerle un regalo”, ironizó Yanzón.

El proceso de extradición del exguerrillero, que no logra concretarse, se produce luego de un fallo de mediados de febrero de la Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa Federal de Argentina, que le revocó su calidad de refugiado político en Argentina.

Galvarino Apablaza vive en Argentina desde 1993. En 2010, bajo el Gobierno de la peronista Cristina Kirchner (2007-2015), recibió el refugio político, un estatus que fue retirado durante la Administración del conservador Mauricio Macri (2015-2019). Ese mismo año la Corte Suprema argentina autorizó la extradición. Desde entonces las autoridades chilenas han avanzado en las gestiones para que el exfrentista sea enviado a su país natal para que enfrente a la justicia por su rol en el crimen del gremialista.

Apablaza, que al interior de la organización armada era conocido como el Comandante Salvador, es considerado como el autor intelectual del crimen contra Jaime Guzmán. Dos de los autores materiales del asesinato, Ricardo Palma Salamaca y Raúl Escobar Poblete, se fugaron en 1996 en un helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) en Santiago, junto a Mauricio Hernández Norambuena y Patricio Ortiz Montenegro.

Palma estuvo prófugo por 22 años, y en 2018 consiguió asilo político en Francia. Escobar está en un penal en México, sentenciado a 60 años por el secuestro de la francoestadounidense Nancy Michelle Kendall en 2017. Hernández está detenido en un penal de máxima seguridad en Santiago: en 2019 fue extraditado desde Brasil, donde cumplía una condena por el secuestro en 2001 del publicista Washington Olivetto.

El programa de Devolución del IVA en Colombia, administrado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), inicia su primer ciclo de pagos de 2026 en marzo, tras ajustes en el cronograma oficial. Este subsidio busca compensar el impacto del impuesto al valor agregado en los hogares más vulnerables del país.

Fechas clave

De acuerdo con información oficial de Prosperidad Social, el primer ciclo de pagos de 2026 se realizará:

• Inicio de pagos: 20 de marzo de 2026
• Fin del ciclo: 5 de abril de 2026

Este ciclo corresponde tanto a la Devolución del IVA como al programa Renta Ciudadana, que se entregan de forma conjunta a los hogares beneficiarios. El Gobierno había previsto inicialmente pagos en febrero, pero estos fueron reprogramados para marzo debido a ajustes en la operación del sistema de transferencias.

¿Quiénes pueden reclamar el subsidio?

Para este primer ciclo de 2026:

• Está dirigido a hogares en pobreza y pobreza extrema, identificados en el Sisbén IV;
• no habrá inclusión de nuevos hogares en este primer pago, la actualización se hará en ciclos posteriores.

¿Cuánto dinero entrega la devolución del IVA?

La transferencia se entrega junto con Renta Ciudadana y puede alcanzar hasta 500.000 pesos por hogar en cada ciclo, dependiendo del esquema vigente.

¿Cómo cobrar la devolución del IVA?

El pago se realiza de dos formas:

• Hogares bancarizados: reciben el dinero directamente en su cuenta
• Hogares no bancarizados: deben retirar el subsidio mediante giros en operadores autorizados

El DPS informa oportunamente los puntos de pago y modalidades en cada región.

¿Cómo saber si se es beneficiario?

Para verificar si el hogar recibe el subsidio:

1. Ingresar al portal oficial de Devolución del IVA
2. Seleccionar “Consultar beneficiario”
3. Introducir tus datos personales

Suscríbase aquí a la newsletter Ola Mundial para recibirla antes en su bandeja de entrada.

México empieza a oler a Mundial. El ambiente mundialista florece poco a poco y, en la última semana se dejó ver con los estadios que se llenaron de aficionados cargando banderas de países que ni siquiera conocían, o conocían muy poco. Cuando se anunciaron los cuatro encuentros en México, algunos se preguntaron con ironía: ¿quién va a ir a un Nueva Caledonia vs. Jamaica en Guadalajara? La respuesta: más de 40.000 personas. En El Gigante de Acero, como se conoce al Estadio BBVA de Monterrey, la FIFA esperaba más de 15.000 aficionados y llegaron 33.000. El repechaje, la antesala del Mundial que empieza en menos de dos meses, fue el gran examen de México rumbo a convertirse en anfitrión del torneo por tercera ocasión. Y, al menos en entusiasmo, aprobó con nota alta.

Los tapatíos y los regios fueron al estadio la tarde de un jueves laborable y volvieron con emoción el martes de Semana Santa. A Monterrey llegaron aficionados de Bolivia y Surinam, que dejaron postales surrealistas y entrañables al mismo tiempo. La barra oficial de hinchas bolivianos esperó fuera del hotel a su equipo con banda, cánticos, gritos y saltos frente a un Oxxo. Unas horas después, en Guadalajara, los locales entraron al estadio Akron con playeras de los Reggae Boyz y pelucas de rastas, aunque la afición tricolor terminó poniéndose del lado del más débil. Nueva Caledonia no avanzó en las eliminatorias, pero se llevó el cariño del público, que los apoyó hasta el final y les regaló sombreros, camisetas y otros recuerdos. En los partidos donde se definió todo, el apoyo se volcó a Bolivia y fue más neutral en el Jamaica vs. República Democrática del Congo. Los mexicanos tienen hambre de fútbol, y se nota.

La clave de ese éxito fue el precio. Las entradas se vendieron por 200 pesos (unos 11 dólares), y cualquier oportunidad de ir a un encuentro internacional en las sedes del torneo tenía que aprovecharse. El contraste es palpable: los boletos para los partidos mundialistas son los más caros de la historia. Los mexicanos que irán serán aquellos con alto poder adquisitivo o quienes hayan ahorrado durante años para permitírselo. El fútbol es un negocio, y en ese negocio quedan fuera quienes no pueden pagarlo.

Ciudad de México también tuvo su gran momento esta semana, aunque con un tono distinto al de Guadalajara y Monterrey. La selección volvió el sábado a la capital para reabrir las puertas a los aficionados en el renovado Estadio Azteca. Regresaron las camisetas verdes, las banderas, los penachos y los disfraces del Chapulín Colorado. Para este juego, las entradas alcanzaron hasta los 20.000 pesos. Finalmente, el encuentro contra Portugal quedó marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo, la muerte de un aficionado en estado de ebriedad y un fuerte operativo. Desde la muerte del Mencho, la seguridad en México se ha puesto sobre la mesa. La selección lusa fue una de las primeras en alzar la mano sobre el tema, que incluso puso en duda su asistencia.

El Azteca, aún con grúas, abrió sin estacionamiento para los asistentes, aunque solo algunos invitados especiales lograron estacionar sin problema su Suburban o su Audi. Los dueños del estadio tuvieron que ser auxiliados por las autoridades de Ciudad de México para cerrar vialidades en un perímetro de un kilómetro. Hubo que tirar de transporte público especial y aplicaciones de taxi. El caos, anunciado y esperado, imperaba en cada arista del sur de la capital, rodeado de policías. En el interior del Azteca había decenas de miembros de la Guardia Nacional.

Es probable que el torneo, una vez que arranque el 11 de junio, se parezca más a la experiencia de fútbol premium del Azteca que a la de Guadalajara o Monterrey: precios inflados, protestas, operativos de seguridad y caos vial. Sin embargo, la pasión por el fútbol y de ser el incansable anfitrión, también estará ahí.

A dos meses de las votaciones a la Presidencia de la República, el departamento del Cauca, históricamente más asociado a las dinámicas del conflicto armado que a las disputas electorales, empezó a ganar visibilidad en la contienda. La cuna de la candidata uribista Paloma Valencia —quien disputa el segundo lugar en las más recientes encuestas e hizo presencia en la tradicional celebraicón de la semana santa de la capital del departamento, Popayán— y de la lideresa indígena Aída Quilcué, fórmula del puntero Iván Cepeda, es ahora también escenario de tensiones internas en la campaña del ultra Abelardo de la Espriella. El peso simbólico ha cobrado relevancia en esta contienda. Es uno de los departamentos con mayor diversidad étnica de Colombia, y tiene una agenda local atravesada por problemas de seguridad, gobernabilidad y pobreza.

La aparición de la uribista Valencia y de la izquierdista Quilcué en el tarjetón para el 31 de mayo recuerda un profundo contraste, la tensión histórica que enfrenta a quienes han concentrado el poder desde la colonial ciudad de Popayán con las comunidades que han vivido bajo su dominio. Quilcué es oriunda del montañoso municipio de Páez y fue la primera dirigente mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la organización étnica regional más significativa del país, que representa a las comunidades más vulneradas de Colombia. Valencia creció en la capital departamental, es nieta de un expresidente y biznieta de un fallido candidato presidencial, los dos conservadores, y proviene de las élites políticas y las viejas familias terratenientes de la que fuera una de las ciudades más ricas y poderosas de la Nueva Granada durante la colonia, pero ha pasado a ser una ciudad intermedia que medra a la sombra de la más industrial Cali.

En 2015, cuando Valencia apenas tomaba relevancia en la escena pública como senadora recién elegida del entonces nuevo partido Centro Democrático, propuso dividir el departamento. Su idea era convocar un referendo para trazar una frontera interna entre los territorios indígenas y los que llamó mestizos, con el argumento de que eso permitiría una mayor autonomía a los pueblos étnicos y reduciría las confrontaciones. La idea ubicó a Valencia, desconocida para muchos en ese momento, en el centro de una discusión profundamente racista y clasista.

El Cauca se ha convertido en la última década en un bastión electoral de una izquierda que ha pasado de ser pequeña a gobernar el país. En los comicios de 2022 fue una de las regiones donde la fórmula del veterano político Gustavo Petro y la lideresa afro Francia Márquez obtuvo algunos de sus resultados más altos: en segunda vuelta alcanzó el 79 % de los votos, con 516.614 apoyos. A esa victoria ayudó que la ahora vicepresidenta de Colombia también sea oriunda de esta región: nació, creció y su familia aún vive en el municipio de Suárez, un pequeño poblado sobre la cordillera occidental de Los Andes, que vive la guerra entre por lo menos tres grupos ilegales que disputan el control de las economías ilícitas.

El escenario caucano, en principio favorable para la fórmula de Cepeda – Quilcué, no ha pasado desapercibido para la derecha, que busca abrirse espacio y pellizcar votos en una región donde tradicionalmente ha tenido menor presencia electoral, y también debilitar. Esta semana, el columnista Yohir Ackerman reveló la renuncia del equipo de campaña del ultraderechista De la Espriella en el Cauca. Según la columna, la salida de los 11 miembros responde a desacuerdos con la conducción de la campaña desde la dirección nacional y a cuestionamientos sobre la estrategia en el territorio.

Uno de los nombres que más generó molestia en el grupo fue el de Andrés Nazarith Vidal, un afro de 33 años designado por De la Espriella como coordinador departamental, pues los demás consideraron una imposición centralista y cuestionaron su falta de trayectoria en las estructuras políticas de la región. El equipo nacional emitió este lunes un comunicado en el que defienden el nombramiento y aseguran que la renuncia revela prácticas racistas y clasistas por loa salientes colaboradores.

El episodio, que parece menor, dejó al descubierto no solo las fracturas internas de esa campaña, sino también las dificultades de las candidaturas para adaptarse a las dinámicas políticas del Cauca, un departamento en el que pesan fuertemente las trayectorias comunitarias, los liderazgos locales y las redes organizativas que no siempre responden a las lógicas de los partidos nacionales. En ese panorama, el departamento de 1,6 millones de habitantes, un 3% de la nacional, se perfila como un escenario retador para que las candidaturas construyan legitimidad, en buena medida por las agendas cruzadas entre los liderazgos indígenas, los afro, los campesinos y los habitantes urbanos.

Quilcué, que acompañó al sonado acto en plaza pública Cepeda este fin de semana en Medellín, ha comenzado sus recorridos en su natal Cauca esta semana y prepara nuevos actos de campaña. Así, la izquierda busca sostener con liderazgo local los respaldos que viene construyendo, mientras la derecha intenta abrirse espacio en medio de tensiones internas y resistencias locales. Lo que ocurra allí en las próximas semanas no solo medirá las fuerzas políticas, sino también hasta qué punto las campañas logran traducir sus apuestas nacionales en apoyos concretos en uno de los departamentos más complejos del país.

México ha navegado con ventaja en la era de los aranceles de Trump. La integración de América del Norte, a través del tratado de libre comercio (TMEC), ha sido una herramienta virtuosa para el país latinoamericano que todavía padece los cambios del giro comercial global. México se ha colocado en el último año como el principal socio comercial de Estados Unidos, rebasando en el camino a Canadá y a China, a pesar de que continúa enfrentando tarifas en diversos sectores clave para la economía mexicana. Anclado en profundizar esta alianza, el Gobierno mexicano se ha sentado a la mesa con sus socios estadounidenses para revisar el TMEC, en una cita que tiene como fecha crucial el 1 de julio.

Hace un año, Donald Trump anunció desde la Casa Blanca la imposición de aranceles a todas las economías con las que intercambia bienes. El republicano argumentó entonces que buena parte de los países mantenían un importante déficit comercial con Estados Unidos. Con esa justificación bajo el brazo, el presidente estadounidense echó mano de diversas disposiciones legales para revertir la balanza. Este jueves, datos del Buró de Análisis Económico de Estados Unidos muestran que el diferencial comercial no ha disminuido y que en muchos casos ha aumentado. El déficit con México, por ejemplo, aumentó en 4.100 millones de dólares hasta alcanzar los 16.800 millones de dólares en febrero. Los efectos nos han sido los esperados por Trump.

México ha estado sujeto a dos tipos de aranceles en los últimos meses: el gravamen por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional que impuso tarifas del 25% a todos los productos que no estaban amparados por el TMEC; y los aranceles de la llamada Sección 232 que impactan en sectores clave como el acero, el aluminio, el cobre y el sector automotriz. En ambos casos, la Administración Trump ha argumentado la necesidad de imponerlos por razones de seguridad nacional. La decisión de la Suprema Corte estadounidense de suspender una buena parte de las tarifas ha alentado a diversas economías que ya habían comenzado a sentir los efectos del muro arancelario.

La medida provocó en México un efecto de reorganización que alentó a diversas industrias: una buena parte de empresas comenzó a registrar sus productos como parte de aquellos que cumplían con las reglas del TMEC, para beneficiarse del paraguas que protegía a las mercancías de tarifas. Banamex estima un salto notable: el 48,6% de las exportaciones cumplían con las reglas del acuerdo comercial y tras las medidas arancelarias de Trump la cifra llegó hasta un 75,1% de las exportaciones. Tan pronto como se conocieron las nuevas reglas de juego, la Secretaría de Economía impulsó entre diversos sectores el registro de bienes bajo el TMEC. Actualmente, el 82% de los bienes que llegan a Estados Unidos desde México están libres de tarifas por el tratado.

Tanto México como Canadá, socios en el TMEC, han pugnado ante Trump por liberarse de cualquier tipo de tarifa. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha señalado en diversas ocasiones que el escenario ideal es aquel del cero arancel. La mandataria ha sostenido negociaciones directamente con el republicano en las que ha conseguido algunas rebajas en los gravámenes que ha posicionado a México con una buena ventaja frente a otros países que también competían para exportar al mercado estadounidense. “La clave de este éxito, en principio posiblemente paradójico, radica en un dato revelador: mientras México pagó un arancel efectivo de apenas 3,7% sobre sus exportaciones totales, China enfrentó tasas de 29,2%, una diferencia de 25 puntos porcentuales que transformó la competitividad relativa de ambos países. Esta brecha arancelaria, combinada con la proximidad geográfica y tres décadas de integración bajo el TLCAN y el TMEC, creó una ventaja competitiva que ni siquiera aranceles agresivos para México en algunos sectores pudieron erosionar”, explican desde Banamex.

La factura arancelaria para México está concentrada en el acero y el aluminio, que paga una tarifa de hasta 50%. Los empresarios acereros padecen la presión que estas tarifas han provocado en el sector. El Comité de Acero de la OCDE, que se reunió en marzo en París, apuntaba que el aumento de los costes ya empezaban a dañar significativamente al sector y que una ruta hacia el libre comercio para sus productos. “Si las tendencias actuales persisten, los costos aumentarán, se perderán más empleos y la viabilidad a largo plazo de este sector”, advirtieron entonces. El Gobierno mexicano ha asegurado que es una de sus prioridades en las mesas de negociación del TMEC para recuperar el dinamismo en el sector. “El acero y el aluminio enfrentan una decisión aún más difícil: con tasas efectivas que superan el 12% para los sectores en general y productos individuales pagando más del 40% bajo la Sección 232, muchas empresas podrían concluir que es más rentable producir en Estados Unidos que exportar desde México”, señala el estudio de Banamex.

El presidente Gustavo Petro ha encontrado en su primer ministro de Hacienda un blanco perfecto para descargar las responsabilidades de los problemas financieros de su Gobierno. El mandatario de izquierda ha arremetido contra José Antonio Ocampo con ataques personales y políticos durante varios días de esta Semana Santa. “Creí en usted y me arrepiento. Le pido perdón al pueblo por cometer una ingenuidad tan estúpida como creer que en el centro había gente de verdad del centro y me encontré con personas a la derecha de Uribe”, llegó a decirle Petro este miércoles a quien fuera durante los primeros meses de Gobierno uno de sus funcionarios más leales, responsable de la aprobación de la única reforma tributaria que ha logrado el Ejecutivo.

La rabia del presidente se da después de que la junta directiva del Banco de la República votó este martes para aumentar las tasas de interés pese a su insistencia en bajarlas. Petro responsabiliza a Ocampo de sugerirle designar en la junta a Olga Lucía Acosta, una experimentada economista que ha mantenido la independencia y no ha cedido ante los deseos del presidente que la nombró. Petro insiste en que Acosta fue “su peor nombramiento” porque le ha impedido tener una mayoría obediente en la banca central. En un artículo reciente, la agencia de noticias especializada en temas económicos Bloomberg defendió la labor de Acosta: “El ‘peor error’ de Gustavo Petro salva a Colombia de repetir el desastre económico de Turquía”, se titula el texto sobre ella.

La subida en la tasa de 100 puntos básicos, hasta el 11,25%, busca domar una inflación que empieza a crecer tras el aumento del 23% en el salario mínimo. La decisión desató la furia de Petro, al punto de que su ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la junta y anunció que el Gobierno rompía relaciones con el Banco. Este hecho inédito que pone en cuestión la independencia del emisor generó cuestionamientos de cientos de economistas de distintas ideologías que publicaron una carta en respaldo al banco. Uno de los firmantes fue el exministro Ocampo. “Manifestamos nuestra profunda preocupación por los recientes acontecimientos relacionados con la Junta Directiva del Banco de la República y reiteramos nuestro firme respaldo a la institucionalidad que esta representa. El respeto por las instituciones independientes del Gobierno y por sus decisiones constituye un pilar esencial para el adecuado funcionamiento del Estado, la estabilidad macroeconómica y el bienestar de los ciudadanos”, se lee en el documento.

El presidente aprovechó la publicación de la carta en las redes de Ocampo para arremeter contra él: “Usted sabe, ministro Ocampo, que no solo es responsable del déficit primario creado innecesariamente al pagar del presupuesto nacional el subsidio a la gasolina de Duque y que alcanzó en tres años un gasto de 70 billones de pesos, ese sí un gasto exagerado. Generó usted, con Restrepo, un subsidio a los hidrocarburos que el mundo rechaza y que es hoy mayor que el déficit primario de 63 billones”, escribió el mandatario en su poderosa cuenta de X, que se ha convertido en su principal canal de comunicación. “Si usted no comete tal torpeza, el país estaría en equilibrio fiscal y con un costo de la deuda muy bajo”, concluyó Petro.

Culpar a sus exfuncionarios de las dificultades y los inconvenientes de su Gobierno se ha vuelto una jugada común para no asumir las responsabilidades. A los exministros de Educación, Alejandro Gaviria y Aurora Vergara, les ha dicho que es por causa de su mala gestión que no ha logrado crear los 500.000 nuevos cupos universitarios que prometió en campaña; al director de la Dian y exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, lo cuestionó por el bajo recaudo y por mantener la exportación de carbón a Israel. Ha hecho lo mismo con decenas de exfuncionarios nombrados por él.

El periodista y analista político Lucas Pombo resumió la situación: “Nada es culpa del presidente Petro. No le sirve Ocampo, ni Alejandro Gaviria, ni Cecilia López, ni Jorge Iván González, ni Álvaro Leyva, ni Mauricio Lizcano, ni Laura Sarabia, ni Diego Guevara, ni la fiscal que ternó, ni el procurador que ternó, ni los codirectores del Banco de la República que nombró, ni su comandante de la Fuerza Aérea, ni los interventores de las EPS que designó”. El expresidente de derecha Álvaro Uribe, némesis de Petro, también reaccionó a la disputa: “Es más peligroso trabajar con esclavistas como Petro o Cepeda que con Idi Amín, el dictador ugandés, quien mataba a los ministros para comerse el hígado. José Antonio Ocampo es un académico respetable, transparente, hoy está en desgracia con Petro, no obstante que impuso esa reforma tributaria confiscatoria”, escribió el exmandatario en referencia a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso durante la gestión de Ocampo y fuertemente cuestionada por la oposición de derecha.

Las críticas de Petro contra Ocampo continuaron en un tono más agresivo: “Usted generó el déficit primario sin siquiera avisar a su jefe, el presidente de la República”, escribió en un mensaje en X. Lo acusó, de nuevo, de ser responsable de que “el gobierno nacional no tenga mayoría en la junta al sugerir una integrante completamente adversa al gobierno y héroe de los grandes tenedores de títulos de la deuda pública”. El presidente insiste en que el objetivo del banco es “quebrar al gobierno y al país, como intentó hacer el Banco Central Europeo con el gobierno de izquierda de Grecia, y terminó llevándola al fascismo”. Concluyó su arremetida recordándole a Ocampo su derrota electoral en las presidenciales anteriores como parte del equipo programático de Sergio Fajardo: “Usted perdió las elecciones en el año 2022 y nunca debió burlarse del mandato del pueblo al ser acogido por mi gobierno”.

Ocampo le respondió a su antiguo jefe y defendió la labor de Acosta. “La sugerencia de nombrar a Olga Lucía Acosta como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República fue muy apropiada y aprobada por usted. Ha hecho una excelente labor. Por lo demás, los miembros que nombra un presidente en la junta no son funcionarios del gobierno. Deben actuar con total independencia en sus decisiones”, ha escrito en respuesta a Petro. Más allá del debate técnico y político sobre la decisión monetaria del Banco, la reacción del presidente ha dejado sobre la mesa la tendencia del mandatario a señalar a otros por los problemas que encuentra en el gobierno que él lidera.