Ante la falta de un procedimiento claro y la resistencia del gobierno mexicano, existe el riesgo de que la crisis de desaparición de personas por las que atraviesa México no sea discutida ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) tal y como lo propuso el Comité contra la Desaparición en marzo pasado, indicó Edith Olivares Ferreto , directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México
A días de que arranque el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), familiares de personas desaparecidas así como organizaciones sociales han alertado que no hay claridad sobre cuál es el procedimiento que se debe seguir una vez que se activa el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por lo que existe el riesgo de que el caso mexicano no sea discutido a nivel mundial.
Antecedentes
Cabe recordar el pasado 19 de marzo, en un informe el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU llamó a activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el fin de someter urgentemente ante la Asamble General de la ONU el tema de la crisis de desapariciones en México.
Lo anterior al considerar que existen indicios suficientes de que en México las desapariciones se cometen de manera generalizada o sistemática y que, ello pudiera constituirse como crímenes de lesa humanidad. Actualmente, en México hay más de 135,000 personas desaparecidas y más de 72,000 restos humanos pendientes de identificación forense.
Fue así que el CED, elevó el caso al secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres y pidió que éste fuera considerado en la próxima sesión de la Asamblea General que arranca el próximo 8 de septiembre, con el objeto de que ésta resuelva: “Brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
“Y establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.
Riesgos
Sobre este asunto, Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional —quien junto con otros 250 colectivos, activistas y demás organizaciones, enviaron una propuesta de procedimiento a la ONU para abordar el tema de las desapariciones—, señala que el riesgo justamente es que no se aborde este tema en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Explicó que lo único que se sabe es que a pesar de que el secretario general envió desde el pasado 12 de mayo una nota a todos los estados que son miembros de Naciones Unidas sobre la solicitud del CED, a la fecha, en la agenda no está el tema de la discusión de la activación del artículo 34 frente a México.
“¿Se puede discutir en Asamblea? Sí, sí se puede discutir en Asamblea General. Lo que tiene que suceder es que algún estado miembro de Naciones Unidas, incluyendo el Estado Mexicano, diga, ‘Yo quiero hablar’. Levante la mano y diga: ‘yo quiero que en esta Asamblea se hable de la situación de la desaparición forzada en México y la activación del artículo 34′”, indicó.
En este sentido, añadió que el riesgo justamente es que no se aborde, a pesar de que es una oportunidad histórica para que se establezca formalmente el camino para activar el artículo 34 y que sea ejemplo de cómo abordar la crisis de desaparición forzada en cualquier otro país del mundo.
“Esto no se trata de un ataque al Estado Mexicano, no se trata digamos de desprestigiar al Estado Mexicano, se trata de ponerse al lado de las víctimas”, enfatizó.
No obstante, lamentó que “muy desafortunadamente, la respuesta del Estado mexicano, por lo menos la respuesta pública del Estado mexicano hasta este momento ha sido sumamente a la defensiva y además ha sido una respuesta negando lo que no se puede negar que es que en México existe desaparición forzada.
“La respuesta que ha tenido, por lo menos públicamente, el Estado mexicano ha sido de mucha resistencia y negación frente a lo que señala el Comité, pero podría ser que el Estado mexicano en Asamblea General aproveche la oportunidad”.
Tercera Comisión
Olivares Ferreto también explicó que si no se aborda en este momento ante la Asamblea General, el tema se analizará ante la Tercera Comisión de la ONU, donde el presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada presentará entre octubre-noviembre de 2026 su informe al secretario General de Naciones Unidas. Y esa sería otra oportunidad en donde también se puede abordar el tema del artículo 34.
Sin embargo, insistió en que presentar el caso mexicano ante la Asamblea General no deja de ser una oportunidad histórica, inédita para México ya que reconoce que quiere cooperación y asistencia técnica internacional.
Propuesta
La organizaciones también plantean que debido a que esta es la primera ocasión en que el CED activa el artículo 34 y no existe un procedimiento claro para darle seguimiento en la Asamblea General, sería conveniente primero establecer dicho proceso.
Ante ello sugieren que en la Tercera Comisión de la ONU, -órgano encargado de examinar temas en materia de derechos humanos- uno o varios Estados adopten y promuevan el asunto, en principio mediante mociones para acordar un procedimiento para la aplicación del Artículo 34 de la Convención, para después ser enviado a la Asamblea General de la ONU.
“Dicho procedimiento podría definirse por una comisión o una persona experta independiente designada, que elabore una propuesta en seguimiento a la solicitud del Comité contra las Desapariciones Forzadas”, se propuso.
Asimismo, piden que la Tercera Comisión adopte la propuesta de la comisión independiente, asignando los recursos suficientes para ser implementada de manera urgente.
