Los centros de datos crecen a toda velocidad en México, pero el siguiente paso -generar o almacenar modelos y datos de IA-, choca con una red eléctrica que ya opera al límite.
Estas instalaciones facilitan servicios digitales, desde el correo electrónico hasta las compras en línea. El auge comenzó el año pasado con millonarias inversiones de grandes tecnológicas.
Amazon, Cloud HQ, Equinix, Microsoft y Ascenty levantaron imponentes naves de concreto en el estado de Querétaro, que concentra el 72% de la capacidad instalada de estos centros en el país.
La región es atractiva por su baja sismicidad y cercanía con la capital. Aquí opera también, por ejemplo, el sector automotriz y aeroespacial.
Pero la vetusta red eléctrica es insuficiente para el desarrollo industrial y los pueblos vecinos, que a veces se quedan sin energía durante días.
Y para algunos de sus habitantes como Antonio Gómez, de la localidad de El Blanco, es cuestión de vida o muerte.
“Duramos dos, tres días sin luz. Pues ya no me la puse”, recordó sobre la insulina que perdió por no poder refrigerarla.
“Falta potencia”
Expertos y la asociación del sector, MEXDC, sostienen que los apagones no responden a la operación de los centros de datos, como sospechan algunos vecinos.
Las casas y la industria se abastecen de distintas fuentes de electricidad y no compiten entre sí por el suministro.
Se trata “de cuestiones distintas que parten del mismo problema, que es la falta de infraestructura eléctrica suficiente“, explicó Oscar Ocampo, especialista del centro de análisis Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Los centros de datos intentan paliar este déficit y construyen subestaciones.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en diciembre pasado una central eléctrica a base de gas natural en Querétaro, la red sigue siendo insuficiente. La Secretaría de Energía reconoció que el crecimiento industrial presiona el suministro.
El IMCO reportó en 2025 que el gobierno ejecutó solo 11% del gasto aprobado para transmisión eléctrica, lo cual generó “un cuello de botella estructural”. “Se está subestimando el crecimiento de la demanda o la necesidad de infraestructura”, indicó Ocampo.
La MEXDC descarta por ahora avanzar a centros de almacenamiento o generación de datos y modelos de IA.
“Nos falta potencia”, dijo a la AFP su directora Adriana Rivera.
“La panacea”
México es uno de los principales polos industriales de América Latina, muy atractivo por su cercanía e integración con Estados Unidos.
Sheinbaum ha matizado su postura sobre las inversiones en centros de datos en el país.
“No es que sean la panacea”, dijo recientemente en rueda de prensa, al responder una pregunta de la AFP. “No necesariamente México debe ser el centro de datos de otros lugares del mundo” porque “requieren mucho consumo de energía, mucho consumo de agua”.
Querétaro también enfrenta estrés hídrico, aunque la MEXDC sostiene que las nuevas tecnologías precisan menos agua para operar.
Microsoft por ejemplo dijo a AFP que utiliza agua el 5% de las horas del año para enfriar servidores, para el resto usa aire exterior.
El secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro es a su vez optimista. Dijo a la AFP que la infraestructura en desarrollo será suficiente para satisfacer la demanda. Destacó por ejemplo tres subestaciones que construyen capitales privados para abastecer “no solo a los ‘data centers’ sino a la industria en general”.
Pero en los pueblos más pobres de Querétaro se respira frustración por los cortes constantes de luz.
“Coraje”
El ambulatorio de El Blanco dijo que desde 2025 sus vacunas se han estropeado seis veces por los apagones. Lo mismo pasó en un pueblo vecino, por lo que los medicamentos refrigerados fueron enviados a un hospital a 50 km.
Antonio Gómez lleva su insulina ahora a una farmacia cercana que instaló un generador a base de gasolina.
Otra habitante, Neri Carillo, se llevó un susto cuando un apagón cortó el oxígeno que requerían sus hijas. Despertó por casualidad en medio de la noche, saltó de la cama al darse cuenta que no había luz y rápido activó un tanque que compró para emergencias.
Las niñas quedaron unos 10 minutos sin oxígeno. “Primero fue un susto y después fue coraje (rabia)”, recordó. “Imagínense si yo no me hubiera despertado”.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela; Donald Trump, presidente de Estados Unidos; y Xi Jinping, presidente de China, en medio de las tensiones geopolíticas por el futuro del petróleo venezolano. FOTO: Getty.
China elevó la presión diplomática sobre Estados Unidos y Venezuela después del acuerdo anunciado entre Washington y Caracas para desarrollar 17 campos petroleros venezolanos con reservas probadas de 65.000 millones de barriles.
El pacto, impulsado por el Gobierno de Donald Trump, contempla una vigencia de 25 años y un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, según explicó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Además, del eventual control estadounidense de reservas y pozos petroleros en Venezuela, la preocupación de China está en el impacto que la nueva estructura podría tener sobre las inversiones de compañías chinas y, especialmente, sobre losmiles de millones de dólares que Caracas todavía adeuda a bancos de China y que históricamente han estado vinculados a entregas de petróleo.
China reaccionó, aunque cuidadosamente: “Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados”, afirmó el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun.
El funcionario no confirmó que empresas estadounidenses vayan a asumir el control de campos que anteriormente estaban vinculados con compañías chinas como Sinopec y CNPC, pero señaló que Beijing había tomado nota de esas informaciones.
Guo insistió además en que la cooperación económica entre China y Venezuela está protegida por las normas internacionales y por las leyes de ambos países. “La cooperación entre China y Venezuela está amparada por el derecho internacional“, afirmó, al tiempo que defendió que las relaciones económicas y comerciales deben basarse en la igualdad y el beneficio mutuo.
El vínculo entre Beijing y Caracas se construyó durante los gobiernos chavistas y alcanzó su mayor intensidad durante la presidencia de Hugo Chávez. Desde 2007, bancos estatales chinos comenzaron a financiar grandes proyectos de infraestructura y energía en Venezuela. Los créditos estuvieron respaldados, en buena medida, por petróleo venezolano.
Para 2015, los bancos estatales chinos habían concedido al país más de US$60.000 millones en préstamos respaldados por crudo, de acuerdo con los datos públicos disponibles.
China se convirtió posteriormente en uno de los principales compradores del petróleo venezolano y en el mayor acreedor extranjero de Caracas, mientras empresas estatales como China National Petroleum Corp. (CNPC) y China National Offshore Oil Corp. participaron en proyectos de exploración y producción.
También hubo participación de compañías privadas chinas, entre ellas Concord Resources, en activos de exploración y producción. Pero la relación se fue deteriorando a medida que la economía venezolana colapsaba, la producción petrolera disminuía y las sanciones estadounidenses golpeaban al sector energético.
Venezuela dejó de publicar información detallada sobre sus obligaciones con China después de la cesación de pagos de su deuda soberana en 2017. Sin embargo, las estimaciones disponibles calculaban que la deuda con Beijing ascendía a por lo menos US$10.000 millones en 2025.
Aunque esa obligación es considerablemente menor que el máximo alcanzado años atrás, continúa siendo un elemento importante dentro de la relación económica entre ambos países.
El nuevo escenario petrolero genera dudas sobre si Estados Unidos controla parte de la nueva producción venezolana, ¿qué ocurrirá con los ingresos que históricamente podían destinarse al pago de la deuda con China?
Por su lado, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló que Beijing no tendrá derecho a reclamar los ingresos derivados de la nueva producción venezolana. De concretarse esa posición, se cerraría una de las vías que Caracas podría utilizar para atender sus obligaciones con los acreedores chinos.
Michal Meidan, director de investigación sobre energía en China del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, aseguró: “El acuerdo disminuye la probabilidad de que la deuda se pague pronto”.
El especialista también planteó dudas sobre si el asunto será discutido durante la próxima reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. “Será interesante ver si este tema se aborda a finales de este mes durante la reunión entre Trump y Xi, pero lo dudo”, agregó.
Para Estados Unidos, Venezuela se posicionó como un escenario estratégico dentro de una política más amplia para recuperar influencia estadounidense en el hemisferio y reducir la presencia de potencias como China y Rusia.
La administración Trump señaló que el control de recursos estratégicos es parte de sus intereses de seguridad nacional y ha definido a determinadas potencias extranjeras como “actores extranjeros malintencionados”.
En ese contexto aparece la denominada “Doctrina Donroe”, incorporada a la estrategia de seguridad nacional estadounidense, que plantea que Washington tiene derecho a impedir que potencias rivales posean o controlen activos considerados estratégicamente vitales en el hemisferio.
Desde esa perspectiva, recuperar influencia sobre los campos petroleros venezolanos tiene una dimensión que va mucho más allá del crudo. El objetivo sería evitar que China y Rusia consoliden posiciones estratégicas en un país que posee algunas de las mayores reservas petroleras del planeta.
Christian Reyes, analista de riesgo político radicado en Beijing, para medios internacionales, consideró que el caso venezolano podría establecer un precedente para la relación entre Estados Unidos y las inversiones chinas en América Latina.“Venezuela no es necesariamente un precedente de expropiación directa, pero sí podría serlo de exclusión forzosa”, afirmó.
Según el analista, Estados Unidos está empezando a considerar determinados vínculos económicos de los países latinoamericanos con China como asuntos relacionados con la seguridad nacional.
“Estados Unidos está cada vez más dispuesto a considerar ciertos aspectos de la relación económica de la región con China como una cuestión de seguridad y a ejercer una considerable influencia para imponer esas líneas rojas”, agregó.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron un acuerdo que, según los términos divulgados por Caracas, permitirá a Washington participar en el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo. La meta de producción planteado supera los 1,5 millones de barriles diarios.
La magnitud de las reservas explica buena parte del interés estadounidense. Venezuela posee una de las mayores concentraciones de reservas de crudo del mundo, aunque durante años su producción estuvo muy por debajo de su potencial debido al deterioro de la infraestructura, la falta de inversión, las sanciones y la crisis económica.
Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, Washington ha ejercido una fuerte influencia sobre el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas después de más de dos décadas de distanciamiento.
En este nuevo escenario, el petróleo se convirtió en uno de los principales instrumentos de la relación entre ambos países.
Aunque el acuerdo representa un desafío político para Beijing, el impacto sobre las compañías chinas podría ser menor de lo que inicialmente parece. China ha reducido su exposición a Venezuela durante los últimos años.
El petróleo venezolano representó apenas 4% de las importaciones totales de crudo de China en 2025. Además, no se registraron cargamentos venezolanos con destino a China desde que la administración Trump asumió el control de activos tras la captura de Maduro a comienzos de este año.
Las empresas chinas también habían disminuido su actividad en Venezuela debido al deterioro de las condiciones operativas y las dificultades para mantener los niveles de producción.
Por eso, la eventual pérdida de algunos campos petroleros podría tener un impacto limitado sobre las operaciones actuales de las compañías chinas.
El problema más importante está en otra parte, los acreedores chinos y la recuperación de la deuda venezolana. “Sudamérica ha sido durante mucho tiempo una encrucijada geopolítica donde los intereses de China y Estados Unidos confluyen y, en ocasiones, chocan”, afirmó Liao Na, fundador de GL Consulting, firma especializada en investigación energética, para medios internacionales.
“Dada la importancia que ambas potencias otorgan a Venezuela, la fricción es prácticamente inevitable cuando sus intereses coinciden”, añadió.
La nueva situación puede generar además consecuencias para el mercado energético chino. En particular,las refinerías independientes de la provincia de Shandong han utilizado durante años crudo pesado venezolano como materia prima para producir betún.
La interrupción de esos suministros contribuyó a una escasez de betún en el mercado interno chino y a un fuerte incremento de los precios de los contratos de futuros. Este problema interesa porque las refinerías chinas también están enfrentando interrupciones en el suministro de petróleo proveniente de Irán.
Así, aunque Venezuela representa una proporción relativamente pequeña de las importaciones totales de crudo de China, determinados segmentos de la industria sí pueden sentir con mayor intensidad la pérdida de ese petróleo pesado.
Para Beijing, el episodio ocurre además en un momento diplomático particularmente sensible. Xi Jinping tiene prevista una visita de Estado a Estados Unidos, la primera en más de una década, mientras funcionarios de ambas potencias intentan evitar una escalada en otros frentes de conflicto, desde los desequilibrios comerciales hasta el respaldo económico de China a Irán.
A comienzos de esta semana, además,el Gobierno estadounidense negoció una participación del 35% en North American Blue Energy Partners, empresa privada del empresario venezolano Alejandro Betancourt, lo que le proporciona acceso a los 17 campos petroleros locales incluidos en el acuerdo.
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La política en Colombia se vive con vértigo. Los acontecimientos suceden a una velocidad tal que quien parpadee puede perderse entre el mar de desinformación de las redes sociales, los titulares de los medios tradicionales, la batalla por imponer una narrativa entre la derecha y la izquierda, la disputa cultural y los egos de los protagonistas de una agenda política que cambia permanentemente.
Hace tan solo 20 días, el país se despertó con un terremoto de 7,4 que golpeó con fuerza a cinco departamentos y dejó más de 153.000 familias damnificadas, 319 fallecidos, 4.506 heridos, 260 desaparecidos y 31.461 viviendas destruidas, además de cientos de edificios en lista para ser demolidos. Después de la tragedia, las réplicas ya suman 332.
A pesar de la magnitud de la catástrofe y de la responsabilidad que tiene el Gobierno nacional con las víctimas, la atención de la opinión pública pareciera haberse desplazado nuevamente hacia el acontecer político.
El dolor de las víctimas, el heroísmo de los sobrevivientes, la respuesta inmediata de los empresarios, la solidaridad de los colombianos, la cooperación extranjera y la gestión del Gobierno han quedado relegados en la agenda mediática por un tema que domina el interés nacional desde hace más de seis décadas: el conflicto armado interno.
A este escenario se suma el debate en el Congreso sobre el proyecto de reforma económica que impulsa el ministro de Hacienda, una iniciativa que ha despertado la atención de los expertos por el inusitado incremento de las cifras del Presupuesto General de la Nación.
En la Patria Milagro está cerrada la puerta de la paz negociada y la Paz Total quedó sepultada. Después del fracaso de esa política implementada durante la administración de Gustavo Petro, la narrativa que busca imponerse es la de la victoria militar sobre los grupos armados ilegales, ahora calificados como terroristas.
“La paz en la que cree este Gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, señaló el mandatario en Riohacha. Una tesis que ha repetido en varias ocasiones y que, para el jefe de Estado, constituye el camino para establecer una paz “verdadera y duradera”.
Los golpes a los cabecillas de las estructuras armadas ilegales le han dado más alas al Ejecutivo para consolidar una estética de poder militar que pasó de los anuncios a los hechos. El jefe de Estado se esfuerza en mostrarse como un hombre cercano a la tropa, un comandante que conduce a las Fuerzas Militares hacia una hipotética victoria, cuyo ideal sería el sometimiento de los actores armados ilegales sin mayores concesiones por parte del Estado.
Abelardo de la Espriella y Jorge Eduardo Mora López, reciben honores militares, y el reconocimiento como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, en Cali, Colombia. Ernesto Guzmán Jr (EFE)
Con su nueva vestimenta de tropero, el mandatario construye la puesta en escena de los grandes anuncios: bombardeos a campamentos guerrilleros y bajas de integrantes de organizaciones armadas ilegales. Ese presidente tropero, en un país que continúa en guerra, parece dispuesto a imponer la narrativa de que la única salida es militar y a desechar los caminos exitosos de negociaciones de paz anteriores.
El país tendrá que acostumbrarse a un presidente que alienta la ofensiva militar en los territorios, presenta resultados de operaciones y busca apoyarse en Estados Unidos para escalar la confrontación contra las organizaciones armadas ilegales. Un mandatario que, además, tampoco pareciera dispuesto a ceder ante la protesta social que se anuncia y que podría manifestarse con fuerza en las zonas históricamente afectadas por el conflicto.
Colombia parece repetir algunos elementos de los años del gobierno de Álvaro Uribe y su política de Seguridad Democrática y mano dura, aunque esta vez sin el lema del “corazón grande”, cuando el entonces presidente era recibido en el rancho de su homólogo estadounidense, George W. Bush.
Durante esos ocho años de gobierno, el incremento de las acciones bélicas, los bombardeos y los ataques produjo una presión permanente por mostrar resultados militares. La degradación de la guerra contra las Farc terminó degradando también la democracia hasta desembocar en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente: los llamados falsos positivos.
La política del body count se impuso y algunos miembros de la Fuerza Pública recibieron incentivos para producir “positivos”, es decir, resultados operacionales medidos en bajas de integrantes de grupos armados. Las cifras de guerrilleros muertos terminaron convirtiéndose, en numerosos casos, en un engaño a la opinión pública y en una vergüenza para la Fuerza Pública.
En la Jurisdicción Especial para la Paz, una instancia de justicia transicional que sectores de la derecha han planteado cerrar o reformar profundamente, se han conocido testimonios de altos oficiales y soldados procesados por ejecuciones extrajudiciales. Los falsos positivos continúan siendo una herida abierta en Colombia y un episodio que algunos sectores se empeñan en negar o minimizar, mientras arremeten contra la JEP y buscan desprestigiarla.
Lo que ha visto el país durante este primer mes del mandato del presidente Abelardo no son falsos positivos, sino combatientes de organizaciones ilegales muertos en operaciones militares que el Gobierno presenta como legítimas. Sin embargo, la imagen del mandatario mostrando los cadáveres de guerrilleros muertos tras un bombardeo, introducidos en bolsas blancas, desató una tormenta política y mediática y le dio la vuelta al mundo.
Los sectores más belicistas aplauden los bombardeos contra los campamentos guerrilleros y celebran la muerte de los jefes de esas organizaciones. Pero que mueran menores de edad en esos operativos no puede ser motivo de celebración. Precisamente porque la guerra tiene límites y esos límites están establecidos, entre otras normas, por el derecho internacional humanitario.
Esos bombardeos, que podrían multiplicarse con el paso de los días, pueden marcar el comienzo de una nueva espiral de guerra que acompañará los cuatro años del Gobierno, con el respaldo de Estados Unidos. Colombia mantiene un papel estratégico en la cooperación internacional contra el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales en la región.
La ilegalidad, por su parte, está respondiendo a la ofensiva del Estado. El ataque con un carro bomba contra una estación de Policía en Los Patios, Norte de Santander, ocurrido el pasado 31 de agosto, constituye una muestra de esa respuesta violenta. Cada acción genera una reacción y el Estado tendrá que estar preparado para las consecuencias de una nueva escalada del conflicto.
La nueva estrategia de seguridad —mano dura, cero negociación, sometimiento y control territorial— parece haberse sellado con el cierre de tres mesas de negociación que habían sido abiertas durante el Gobierno Petro: con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
A los integrantes de esas organizaciones ya no se les ofrece una mesa para negociar, sino la posibilidad de una desmovilización bajo presión militar. La fórmula parece simple: sometimiento o muerte.
Ese mensaje quedó ilustrado con la muerte de Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y su esposa, Rosa Angélica Tarazona. Naín, de 26 años, era señalado como máximo cabecilla de un frente de las ACSN. La muerte lo sorprendió durante un operativo de la Policía Nacional, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, en Riohacha, La Guajira, en la madrugada del pasado viernes.
El resultado de esa operación constituye un triunfo político y militar para el nuevo Gobierno, que busca demostrar que va en serio en su ofensiva contra los cabecillas de las organizaciones armadas ilegales. La noticia fue presentada en el Batallón Cartagena de Riohacha, acompañada del ritual de los cuerpos introducidos en bolsas blancas y del jefe de Estado vestido con uniforme militar.
Es un protocolo que ya había generado enorme rechazo cuando el mandatario recorrió la fila de 23 bolsas blancas que contenían los cuerpos de los integrantes de las disidencias de las FARC muertos durante un bombardeo en el Guaviare.
“Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, señaló el pasado viernes el presidente en Riohacha, quien no pierde oportunidad para atacar los procesos de paz desarrollados durante el Gobierno Petro.
Para él, durante los últimos años Colombia estuvo arrodillada ante el crimen. Ahora comienza una nueva fase de la guerra interminable que el país vive desde hace más de seis décadas.
El Tigre está de cacería. Pero los lobos de la guerra saben que este nuevo capítulo apenas comienza.
El “mayor acuerdo petrolero del siglo” entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, a través del cuestionado empresario Alejandro Betancourt, es un hito crucial en la historia de Venezuela. Y lo es por las peores razones: la dimensión de lo negociado, la opacidad del proceso, la falta de legitimidad democrática de quienes lo negociaron y los poderes extraordinarios que otorga a Washington sobre Venezuela.
Pese a que muy probablemente generará una inyección de inversiones multimillonarias, es un mal acuerdo. Tanto que, por primera vez en más de dos décadas, la oposición y el chavismo disidente han coincidido en repudiarlo. Porque, con lo poco que ya ha transpirado, se puede llegar a una conclusión inquietante: entregar a Estados Unidos 35% del 55% del petróleo venezolano y otro 20% con grandes descuentos, “sin costo para los contribuyentes estadounidenses”, y por el lapso de un siglo, es un despropósito y una hipoteca que pesará sobre muchas generaciones.
Han vendido Venezuela con los venezolanos adentro.
Más que un acuerdo petrolero, se trata de un pacto fáustico. El chavismo gobernante obtiene lo que más necesita: supervivencia política. Washington gana lo que más desea: acceso privilegiado a una de las mayores reservas de petróleo del mundo y un poder de supervisión sin precedentes sobre la economía venezolana. El beneficio inmediato puede ser la recuperación de un país devastado. El costo histórico, sin embargo, es mucho más difícil de calcular: una cesión de soberanía de dimensiones extraordinarias.
Esa parece ser la lógica íntima del acuerdo. El secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó esta semana que Estados Unidos debe controlar los ingresos petroleros venezolanos para evitar que gobernantes y élites vuelvan a robarse la renta. La ironía se cuenta sola: esos gobernantes y esas élites son los mismos que llevan casi tres décadas en el poder. Pero Rubio no busca romper esa continuidad, sino administrarla. Porque para controlar la riqueza petrolera venezolana, la Administración Trump necesita controlar las condiciones políticas, y eso exige estabilidad, no cambio.
Es un acuerdo espurio de cabo a rabo y debe ser denunciado por lo que es: la contracara de la tutela que Estados Unidos ejerce sobre Venezuela y que permite controlar sus riquezas desde la extracción de Nicolás Maduro.
Pero hay más. Es la cabeza de playa de la entrada al país de un conjunto de empresas, petroleras, financieras y de comunicaciones ligadas a Trump, una red de aliados y socios que han formado parte de su administración y han donado a sus campañas. Es el caso de las empresas Sable y Primavera, como reveló The Financial Times.
Esa tutela solo ha sido posible porque la troika chavista ha garantizado su funcionamiento en el terreno. La cara oculta del acuerdo petrolero es otro acuerdo, de naturaleza política, que permite al chavismo permanecer en el poder con la aprobación de la Casa Blanca. En otras palabras: el Rodrigato entrega el país a cambio del poder.
Alejandro Betancourt ocupa un lugar singular en esta historia. El más prominente de los llamados “bolichicos” no es un simple intermediario: es el puente entre la corrupción del viejo chavismo, la supervivencia de un orden post-Maduro y los intereses de Washington. Según Marc Caputo en Axios, fue Betancourt quien conectó a Delcy Rodríguez con Marco Rubio la madrugada del tres de enero, mientras tropas estadounidenses asaltaban Fuerte Tiuna. Otras fuentes venezolanas aseguran que su relación con el entorno de Trump es mucho más antigua. Si las conversaciones en Catar de fines de 2025 ya habían revelado que Delcy figuraba como sustituta de Maduro en una salida negociada, ahora sabemos también quién ayudó a cerrar el círculo —y quién se asegura de que ese círculo no se abra con unas elecciones.
Trump lo ratificó cuando, consultado sobre elecciones presidenciales en Venezuela, respondió que “el país no está preparado”. La frase es cínica y reveladora: la inmensa mayoría de los venezolanos apoya elecciones a corto plazo, pero éstas introducirían justo la incertidumbre que la nueva arquitectura del poder en Venezuela fue diseñada para evitar.
Ahí está la paradoja del acuerdo: puede atraer las inversiones que la economía venezolana necesita para salir de la ruina mientras consolida un sistema que priva a los venezolanos de decidir su propio destino y profundiza la dependencia de Washington bajo el chavismo.
Trump ha mostrado desdén por la democracia venezolana. Lo que le importa son los negocios y las ventajas que pueda extraer de ellos. Si los venezolanos ya están felices bailando en la calle, como ha repetido, ¿para qué necesitan elecciones y democracia? Los pactos fáusticos siempre ofrecen algo deseado —por eso seducen. Los venezolanos podrían obtener una mejora económica a corto plazo. Pero el precio oculto es existencial porque se ha logrado a través de alianzas con fuerzas antidemocráticas y se pagará con soberanía, instituciones y capacidad de autodeterminación.
La cúpula gobernante venezolana ya lo firmó. Abandonó la defensa de la soberanía nacional y la lucha antiimperialista que durante años sirvieron de justificación a su proyecto político. A cambio, recibió un bono de supervivencia.
Después de varios días de silencio, María Corina Machado rechazó la opacidad de una negociación realizada en las sombras por un gobierno sin legitimidad democrática, pero evitó cuestionar el papel de la Administración Trump como contraparte del acuerdo. Esa cautela es comprensible. También es un error: denunciar solo a uno de sus firmantes equivale a aceptar al otro.
Por eso, Machado corre el riesgo de quedar atrapada dentro de la lógica del pacto fáustico. Si el chavismo ha intercambiado soberanía por permanencia en el poder, ella no puede limitarse a esperar que Washington corrija el problema el día que le venga en gana, puesto que a Trump solo le interesa la estabilidad de una arquitectura de poder que le permite avanzar sus intereses.
Conviene que Machado comprenda que de una relación con Trump solo se puede salir ileso de dos maneras: mediante la sumisión absoluta o teniendo tanto poder como él –y la primera atrae favores pero no ofrece garantías. Machado ya intentó la diplomacia de la pleitesía al entregarle a Trump su diploma del Nobel de la Paz tras el desplante del tres de enero, cuando el líder MAGA la humilló al calificarla de débil y carente de respeto. No funcionó porque Trump no la quiere. Y porque no la quiere, no la ve como la protagonista de su proyecto venezolano.
Hay una tercera opción para lidiar con Trump: darse su lugar. El mejor ejemplo reciente es el de Mark Carney, primer ministro canadiense, quien respondió a los aranceles de Trump, aun sabiendo que el costo económico para Canadá sería elevado. Los canadienses entendieron que ciertas concesiones tienen un precio demasiado alto y han premiado a Carney con su respaldo.
Machado no dispone del poder necesario para medirse con Trump en ningún campo. Pero conserva algo que nadie más tiene: el respaldo mayoritario de los venezolanos. Por eso debe desobedecerlo, regresar al país de inmediato, reagrupar a una oposición fragmentada, energizar la política y movilizar a la población para exigir la renovación del CNE y elecciones presidenciales libres. Tiene que desafiar simultáneamente al Rodrigato y a la tutela que lo sostiene.
Pero primero, debe entender su papel en lo que está en juego y darse cuenta de que puede ser su última oportunidad. Solo así Venezuela conservará viva la esperanza de conquistar su libertad y renegociar el acuerdo petrolero del siglo, sin quedar para la historia como una colonia de facto que ni siquiera llegue a ser el estado 51 de la Unión. Y solo así seguirá siendo digna de la responsabilidad que los venezolanos le confiaron al elegirla como líder opositora con el 93% de los votos. La tarea que tiene por delante no es simplemente derrotar al chavismo: es impedir que el pacto fáustico se convierta en el destino permanente de Venezuela.
El minúsculo cerebelo de Donald J. Trump ha declarado que su país podría interrumpir el comercio con México con una más de sus delirantes justificaciones en su necio afán por elevar su ínfimo coeficiente infantil nada intelectual y su irrefrenable deseo genético por clonarse con Adolf Hitler. Según el diminuto cacahuate que habita su cráneo, el comercio con México sólo se reduce a “tomates y tamales picantes” y asumo el deber ciudadano de envolverme en la bandera tricolor, acariciar al águila y enroscarme a la serpiente como collar de fina joyería para intentar responder directamente a la peluca rubia, piel naranja, abultado pañal y desmedida estupidez del susodicho mandatario con la siguiente lista de exportaciones mexicanas ya indispensables para el mercado norteamericano:
Te faltan aguacates (vocablo náhuatl que significa testículos), lechuga desinfectada, carne limpia (no de Millei), tuna cardona, axiote, ajolotes (para SeaWorld), sarapes de Saltillo (complemento ideal para banderas LGBT), chorizo en cajas (que lo traen de fuera habitantes de Toluca), toneladas de plátano (cada uno con setecientas calorías) y se nota a leguas que te gusta el chile pa’silla. Te quedarás sin frijol bayo negro (verdadero armamento de destrucción masiva), camote en barras de Puebla, queso Badón de camote, camote Sientes, longaniza de Metepec y Cacahuamilpa, piña-cacahuate-zapote prieto-jitomate-epazote y otros milagros enlistados por Diego Rivera en uno de los murales de Palacio Nacional.
Añado que quiénsabeporqué la Coca-Cola mexicana es mejor que la gringa, que los tacos de suadero, pastor, nana, buche, nenepil y ojo podrían aliviar tu falso matrimonio con Melania y que falta averiguar de veras que aquí los chicharrones truenan y más aún si se bañan con Valentina. Te falta Miguelito en polvo y jícama con limón y piquín, por no aventarte a la carachiles en nogada, mole poblano, coloradito, negro, verde y rojo, así como pozoles tricolores. Te vas a quedar sin chongos zamoranos, jericallas de Guadalajara y charamuscas de Guanajuato; crearás un masivo síndrome de abstinencia ante la escasez de tequilas, mezcales, pulques y aguas de jamaica, horchata, tamarindo, etc., así como paletas de pétalo de rosas, guanábana y limón abajeño.
Llorarás por tus pinches tacos de tortilla tostada tiesa y pre-doblada, así como por las tortillas de a deveras (de maíz y de harina), las cebollitas asadas con salsa Maggi, la propensión posclásica por la Michelada y los discos de Armando Manzanero. Vas a ladrar por escuchar la versión mariachi de Y.M.C.A. y no pocas baladas de Juanga, por no mencionar las grandes obras de artistas, arquitectos, escultores, escritores, poetas, novelistas, ensayistas y cuentistas (que en realidad no sabes de qué te hablo)que podrían inundar las librerías de tu país con ediciones revolucionarias del Fondo de Cultura Económica, impresas en papel higiénico y encuadernaciones engrapadas (para minimizar costos y maximizar ganancias) y echarás de menos algunas mexicanadas y mexicanismos heterodoxos y conflictivos como por ejemplo: no pocas formas de la mexicanísima corrupción política y económica, las variedades narco-inventivas del lavado de dinero, los beneficios polifacéticos de la mordida, la etimología poliédrica y empírica del huachicol y las ganas de llorar para celebrar lo que sea.
Síguele jugando a la Gestapo con tu ICE (Fascismoontherocks) y te quedarás sin jardineros que podan arbustos como garzas, la dulce ciencia de secar un auto recién lavado con una jerga mojada y samaritanos capaces de entenderse con perros callejeros, afanadoras incansables, sirvientas monárquicas de inmensa dignidad y la película entera de Coco. Te faltará atole (mexicanísimo brebaje que también sirve para gobernar con el dedo) y pajaritos que te dan la suerte con su piquito, marimbas maravillosamente chiapanecas y voladores de Papantla capaces de limpiar ventanas de Manhattan sin cuerdas… ¿de veras quieres cortar el flujo del fentanilo, el comercio de la coca, los mercados de la mariguana?
En fin, ya sin miel de maple y maderas canadienses (y no pocos bienes que vienen de Vancouver, Ottawa y Ontario) vas cavando el ya infinito pozo de tu pútrido olvido, mas deseo que mi listita sirva de anhelo: ojalá te llegue el día en que regodeándote en tu aislamiento, ufano contra nuestras exportaciones, caigas en la dolorosa cuenta de que a miles de mexicanos ni nos importas.
Escribo estas líneas desde Vancouver, Columbia Británica, donde la disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá se observa con una perspectiva cotidiana. Lo que hasta hace unas semanas podía parecer otra amenaza arancelaria de Donald Trump se ha convertido en un conflicto abierto entre los dos mayores socios de México. Y nuestro país está justo en medio.
Estados Unidos impuso aranceles de 50% sobre unos 20 mil millones de dólares de importaciones canadienses, que respondió con gravámenes de entre 15% y 50% sobre productos estadounidenses, bajo una lógica de represalia “dólar por dólar”. No hace falta revisar producto por producto para advertir el problema: cuando dos economías integradas durante décadas comienzan a encarecer deliberadamente su comercio, se altera la lógica económica de América del Norte.
Una nota reciente de Jeff Lagerquist para CBC me llevó a mirar el conflicto desde la perspectiva canadiense. El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, decidió mantener la tasa de referencia en 2.25% por séptima ocasión consecutiva. La economía recuperó dinamismo en el segundo trimestre, con un crecimiento de 0.8% respecto al trimestre anterior —equivalente a 3.3% a tasa anualizada—, aunque las perspectivas para el conjunto del año siguen siendo modestas. La inflación anual alcanzó 3% en julio y los riesgos volvieron a aumentar. A los mayores precios del petróleo se suma el efecto de los aranceles y las represalias comerciales. Canadá enfrenta así una combinación difícil: recuperación todavía frágil, presiones inflacionarias y un choque comercial con su principal socio.
Para México el riesgo puede ser mayor. Cerca de cuatro quintas partes de nuestras exportaciones se dirigen a Estados Unidos y la industria manufacturera funciona mediante cadenas regionales construidas durante décadas. Si Washington y Ottawa mantienen su escalada, las empresas enfrentarán mayores costos y podrían posponer inversiones mientras esperan saber qué reglas sobrevivirán a la revisión del T-MEC.
Además, el encarecimiento del petróleo complica el panorama mexicano: puede mejorar temporalmente los ingresos petroleros, pero también elevar combustibles, transporte y costos industriales. El margen fiscal es reducido: los requerimientos financieros del sector público pasaron de 5.7% del PIB en 2024 a 4.3% en 2025 y se estiman en 4.1% este año. Un nuevo choque terminaría trasladándose, directa o indirectamente, a precios y actividad económica y reduciría el margen de Banxico para seguir bajando la tasa de interés.
México debería evitar una reacción automática. Si Canadá responde dólar por dólar, no significa que México deba hacer lo mismo. Nuestra posición económica es diferente y una guerra arancelaria con Estados Unidos tendría costos desproporcionados. La mejor estrategia, por ahora, puede resumirse en una expresión poco heroica pero útil: wait and see.
Eso no significa pasividad. México debe negociar intensamente con Washington y recordar algo elemental: a Estados Unidos también le conviene mantener estable al menos uno de sus dos grandes socios norteamericanos. Abrir simultáneamente frentes comerciales con Canadá y México elevaría costos para sus empresas, afectaría cadenas automotrices, energéticas y manufactureras y debilitaría la competitividad regional frente a China.
Trump parece estar jugando, parcialmente, el conocido juego de la gallina: elevar la amenaza esperando que el adversario ceda primero. La estrategia puede funcionar cuando la otra parte considera demasiado costoso resistir. Canadá, sin embargo, ha decidido demostrar que también está dispuesto a soportar costos. Cuando ninguno gira el volante, el problema deja de ser quién gana la negociación y pasa a ser cuánto daño ocurre antes del choque.
Para México hay tres escenarios. Una desescalada entre Washington y Ottawa permitiría preservar la integración regional y llegar a la revisión del T-MEC con daños limitados. Una confrontación prolongada frenaría inversión, complicaría el nearshoring y añadiría presión sobre inflación, tipo de cambio y crecimiento. El peor escenario sería que Estados Unidos extendiera la misma lógica de confrontación hacia México y nuestro gobierno respondiera simétricamente.
Por eso conviene no entrar al fuego cruzado. México debe defender sus intereses, negociar excepciones y reglas claras y presentarse como el socio estable de América del Norte. Canadá puede resistir una guerra comercial con enormes costos. Estados Unidos puede absorberlos mejor. Para México, convertir una negociación difícil en una guerra de represalias sería mucho más peligroso.
Desde Vancouver, esa diferencia se aprecia con mayor nitidez: cuando dos colosos deciden medir fuerzas, al país que está en medio le conviene no demostrar quién golpea más fuerte, sino quién sabe mantenerse fuera de la pelea.
La Casa de Moneda de México (CMM) presentó su nueva serie de medallas conmemorativas Dinosaurios de México, una colección que ya se perfila como una opción llamativa para el coleccionismo, la numismática y el ahorro, según especialistas consultados.
La colección cuenta de seis piezas, que tienen un costo de entre 800 y 4,200 pesos, dependiendo el material de producción. A pocos días de que se lanzó, en plataformas como Mercado Libre estos precios se dispararon más de 100 por ciento.
“La colección de medallas Dinosaurios de México rinde homenaje a las extraordinarias especies que habitaron nuestro territorio hace millones de años, con diseño de gran detalle y un acabado excepcional que las convierte en verdaderas piezas de colección”, señaló la CMM.
¿Cuánto cuestan las medallas de Dinosaurios de México?
Los precios son los siguientes:
Set de seis medallas de latón rosa: 800 pesos.
Set de seis medallas doradas (CuALNi): 800 pesos.
Set de seis piezas de plata pura (.999): 4,200 pesos.
¿Dónde comprar las medallas de dinosaurios de la Casa de Moneda?
Las medallas se venden únicamente en las tiendas físicas de la institución, en un horario de 9:30 a 15:00 horas:
Tienda Matriz: Avenida Paseo de la Reforma 295, colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Tienda en Planta: Avenida Comisión Federal de Electricidad 200, manzana 50, Zona Industrial 1ª Sección, San Luis Potosí.
¿Son una buena inversión? Esto dice un experto en numismática
Para Pablo Casas Rábago, expresidente de la Sociedad Numismática de México, la colección “es un buen punto de partida” para quienes buscan iniciarse en el ahorro y la inversión a través del coleccionismo.
El especialista explica que el valor futuro de las piezas depende de dos factores principales: el material de acuñación y el valor numismático, este último ligado a la demanda del mercado y al estado de conservación de cada medalla.
Según Casas Rábago, las medallas acuñadas en metales industriales son ideales para iniciar a niños y aficionados a los dinosaurios en el hábito del ahorro, mientras que las de plata representan “un gran producto y una alternativa atractiva” para generar rendimiento, gracias al valor intrínseco del metal precioso.
El experto advierte que un factor clave para el valor futuro es el tiraje: cuántas piezas se acuñaron o se acuñarán, ya que a menor oferta y mayor demanda, el precio tiende a subir. Como referencia, cita el caso de las medallas del Zoológico de Chapultepec, que tuvieron un éxito similar en el mercado secundario.
Se disparan precios en marketplace
En plataformas como Mercado Libre, las medallas de Dinosaurios de México alcanzan precios impensables. Por ejemplo, la colección acuñada en plata se comercializa hasta en 22,599 pesos, mientras que las de metales industriales, alrededor de 2,500 pesos.
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El huracán Mariese mantiene como categoría 1 en el océano Pacífico y continúa alejándose gradualmente de las costas mexicanas; sin embargo, sus efectos todavía provocarán oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el aviso emitido a las 09:15 horas de este sábado 5 de septiembre, Marie se localizaba a 1,085 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.
El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 km/h, con una presión mínima central de 970 hectopascales.
Aunque el sistema se mantiene lejos del territorio nacional, el SMN advirtió que todavía generará condiciones adversas en zonas costeras.
¿Qué estados serán afectados por el huracán Marie?
El principal efecto asociado con Marie este sábado será el oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.
En contraste, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que el huracán no generará lluvias en México durante las próximas 24 horas.
Ante el oleaje elevado, las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones, particularmente en las zonas costeras, así como a la navegación marítima, y mantenerse atenta a las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.
Marie perderá fuerza en las próximas horas
El pronóstico del SMN indica que Marie comenzará a debilitarse mientras continúa internándose en el Pacífico, cada vez más lejos de las costas mexicanas.
Para las 18:00 horas de este sábado todavía se prevé que permanezca como huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h, aproximadamente a 860 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.
Durante la madrugada del domingo 6 de septiembre, el sistema se degradaría a tormenta tropical, condición que mantendría durante los siguientes días mientras continúa desplazándose hacia el noroeste.
La previsión señala que para la mañana del miércoles 9 de septiembre Marie podría debilitarse a depresión tropical, cuando se encuentre a unos 1,175 kilómetros al oeste de Cabo San Quintín, Baja California. Un día después podría convertirse en un sistema postropical o remanente, ya a unos 1,300 kilómetros al oeste de Ensenada.
La trayectoria prevista que aparece en el mapa del SMN también muestra al ciclón avanzando sobre aguas abiertas del Pacífico y alejándose progresivamente de la península de Baja California.
Marie alcanzó vientos de hasta 195 km/h
Marie se formó como tormenta tropical el 1 de septiembre, cuando se encontraba a 760 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.
El sistema se fortaleció hasta convertirse en huracán durante la noche del 2 de septiembre, cuando se ubicaba a unos 600 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas.
Durante el 3 y 4 de septiembre llegó a registrar vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de hasta 195 km/h, antes de comenzar a perder intensidad. Para las 09:00 horas de este sábado, sus vientos habían disminuido a 150 km/h, aunque todavía permanecía como huracán.
El SMN informó que continuará vigilando la evolución de Marie y prevé emitir una nueva actualización a las 15:15 horas de este sábado, o antes en caso de que se registren cambios significativos.
Al menos dos personas murieron tras dos explosiones registradas en el interior de un cuartel militar en Bolivia, aunque las autoridades temen que el número de víctimas aumente.
La información fue confirmada por el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, quien indicó que otras 81 personas resultaron heridas luego de que material pirotécnico y explosivos detonaran en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 “Libertador Simón Bolívar”.
En el lugar del siniestro, ubicado en la localidad de Viacha, a unos 22 kilómetros de La Paz, se realizan entrenamientos de tiro y labores de mantenimiento y reparación de armamento, según informó la prensa local.
Las explosiones, que desencadenaron un voraz incendio, ocurrieron alrededor de las 14:30 hora local (18:30 GMT) del viernes y dejaron además siete personas desaparecidas, según las autoridades militares y policiales.
Videos difundidos por medios locales y en redes sociales mostraron el impacto de las explosiones. Las imágenes registraron daños en puertas y ventanas de viviendas cercanas al cuartel.
Aunque el balance oficial se mantiene en dos fallecidos, Rita Nebraska, funcionaria del área de salud, afirmó a la televisión local que la cifra podría elevarse a entre 10 y 15, según informó la agencia Reuters.
La prensa local también reportó que, entre los heridos, al menos ocho se encuentran en estado crítico.
Por su parte, Roger Roca, subcomandante general de la policía, reveló que decenas de viviendas resultaron dañadas por los estallidos y que los servicios de emergencia estaban buscando personas entre los escombros.
Aunque las investigaciones apenas han comenzado, el ministro Justiniano confirmó que fue la segunda explosión, a la que calificó de “enorme”, la que causó la mayor parte de los daños.
“La causa y el material involucrado en esta segunda explosión todavía están siendo determinados por los equipos especializados y por la investigación correspondiente”, declaró el funcionario, según publica el diario El Deber.
Las primeras indagaciones indican que la primera deflagración habría sido provocada por pólvora negra.
Las inmediaciones del cuartel Bolívar permanecían acordonadas por las fuerzas de seguridad ante el temor de nuevas explosiones. [Claudia Morales/Reuters]
Sobre las víctimas
Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas. Sin embargo, confirmaron que se trataría de militares pertenecientes al cuartel afectado, al igual que las personas reportadas como desaparecidas.
“(Entre) las personas desaparecidas hay conscriptos y soldados del centro de mantenimiento”, declaró Justiniano, según recogió el diario boliviano La Razón.
Al ser consultado sobre los fallecidos, señaló: “También está confirmado que son miembros del personal del centro de mantenimiento”.
En un primer informe sobre la situación, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, José Martín Carrasco, informó que entre los heridos había civiles, militares y policías, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de las ciudades de La Paz y El Alto.
Asimismo, decenas de vecinos fueron desalojados y trasladados a una escuela cercana, donde pasaron la noche ante el temor de nuevas explosiones. La zona permanecía bajo resguardo policial este sábado.
“Los vecinos que han tenido que abandonar sus viviendas están siendo trasladados temporalmente a la Escuela de Música, donde estamos haciendo llegar frazadas, alimentos y todo lo necesario para atenderlos durante estas horas”, aseguró el ministro de Defensa.
“Por razones de seguridad, todavía no es prudente que todas las familias regresen a sus hogares”, agregó.
De acuerdo con un reporte de Delapaz, la empresa que suministra energía eléctrica, una veintena de barrios de Viacha quedaron sin servicio eléctrico debido al incidente.
Las explosiones provocaron unas enormes columnas de fuego y humo visibles desde distintas partes de Viacha. [Reuters]
Prometen una investigación seria
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su “más profunda solidaridad” con las familias de los fallecidos y los heridos.
Asimismo, el mandatario prometió que la indagatoria que ordenó que se realizará con “seriedad, transparencia y responsabilidad”.
“He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido”, escribió en X (antigua Twitter).
“Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, afirmó.
Por su parte, las autoridades de Viacha han declarado tres días de luto.
“Ante los lamentables hechos sucedidos en el municipio de Viacha y en solidaridad con las familias afectadas y dolientes, el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha declara tres días de duelo”, señala el comunicado.
*Con información de Danny Aeberhard y Toby Mann
El ministro Justiniano informó que los fallecidos y desaparecidos son uniformados. [Jorge Mateo Romay Salinas/Anadolu via Getty Images]
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó haber transferido todas las reservas de bitcoin del país a un operador privado como parte de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La cuestión del bitcoin ha sido un elemento central del acuerdo desde que Bukele suscribió con el FMI la línea de crédito por 1.400 millones de dólares, que prevé varios desembolsos. En el marco de esas negociaciones, el gobierno retiró el bitcoin como moneda de recurso legal en enero de 2025.
El jueves (03.09.2026), el FMI anunció un acuerdo preliminar para desbloquear casi 140 millones de dólares en nuevos fondos, como parte de un programa de austeridad. La decisión se produjo después que el gobierno demostrara que sus continuas compras de bitcoins se financiaban con donaciones privadas y no con dinero público.
Operador privado tras bitcoin
El FMI informó que “la participación pública en la billetera Chivo se ha reducido sustancialmente y continúan los esfuerzos para mejorar la transparencia de las tenencias de bitcoin”. “La propiedad mayoritaria y el control operativo han sido transferidos a un operador privado, mientras que el gobierno ha mantenido una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos de los clientes”, añadió el organismo en un comunicado.
Al desmentir versiones de prensa, Bukele aseguró en X que “lo único que se transfirió fueron las acciones de Chivo (…) y NO la Reserva Estratégica de Bitcoin”. La reserva asciende a 618 millones de dólares.
El plan del FMI exige que El Salvador reduzca el experimento con el bitcoin, que lo convirtió en un favorito de la industria de las criptomonedas y en una curiosidad en las finanzas mundiales. “En adelante, no se prevé una acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones documentadas”, subrayó el FMI.
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