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La junta directiva de Ecopetrol sesiona en la tarde de este lunes para intentar resolver, una vez más, lo que tres reuniones previas no han podido: decidir si Ricardo Roa sigue o no al frente de la empresa más grande de Colombia. Lo hace en medio de un nerviosismo creciente y evidente: cuatro de sus nueve miembros que ya han dejado constancia formal de su desacuerdo con la permanencia del presidente de la petrolera, un primer cambio de viento en contra del presidente a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial. El escándalo empieza a convertirse en un flanco incómodo para el oficialismo, que respalda la candidatura de Iván Cepeda.

La presión sobre el órgano corporativo es doble. Roa fue imputado en marzo por tráfico de influencias, en un caso que gira alrededor de la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá y sus vínculos con el expolicía Juan Guillermo Mancera, quien tenía intereses directos en contratos con la empresa. El miércoles debe comparecer de nuevo ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. Según la Fiscalía, los aportes habrían superado los topes legales en más de 5.300 millones de pesos. Roa ha dicho que demostrará su inocencia ante los jueces y que nada ha cambiado en la matriz de riesgo de la empresa que justifique su salida.

La sesión de hoy llega, además, después de un episodio que, en palabras del exministro de Minas Amylkar Acosta, “no tiene antecedentes en la historia reciente de la compañía”. Estaba previsto que siete de los nueve miembros de la Junta se reunieran con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño para consultarle sobre la permanencia de Roa. La reunión se canceló a última hora. Según fuentes consultadas por este diario, Petro optó por hablar a solas con dos de los miembros para transmitirle sus argumentos, que son los que llegan hoy al pleno.

Acosta explica que desde 2006, Ecopetrol dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado para convertirse en una sociedad anónima por acciones, listada en la Bolsa de Nueva York. El Estado es el principal accionista, con el 85,5% de los títulos, pero ese cambio implicó someterse a estándares internacionales de gobierno corporativo. Entre ellos, uno central: la independencia frente al Gobierno. En 2017, durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, el ministro de Minas fue el primero en salir de la Junta. Luego siguió el director de Planeación Nacional, y el último en marcharse fue el ministro de Hacienda, en cumplimiento de una recomendación directa de la OCDE. “Ese proceso tomó años en consolidarse, pero lo que ha ocurrido últimamente lo pone en entredicho”, sostiene Acosta.

Mauricio Téllez, exgerente de comunicaciones de Ecopetrol durante 22 años, apunta en la misma dirección. “Esa reunión es la muestra de que el gobierno corporativo está muy golpeado. La Junta Directiva debe ser independiente y velar por el bienestar de la empresa. No tiene sentido que le consulten [a Petro] sobre la permanencia de Roa”, dice a EL PAÍS. Téllez señala un antecedente que considera clave: el proyecto Oslo, que era una operación para adquirir, junto a la petrolera estadounidense Oxy, una empresa de recursos no convencionales en Estados Unidos. La iniciativa había pasado todas las instancias de aprobación en la junta directiva y se cayó solo tras una reunión con el presidente Petro. “Fue un antecedente nefasto”, dice.

El daño acumulado es medible. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa ubicó a Ecopetrol en el segundo lugar entre las empresas con mejor reputación en Colombia en 2022. Para 2025, la empresa cayó al puesto 17, quince escaños menos en tres años. Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que la expone a la supervisión de la SEC, el regulador estadounidense. La USO, el sindicato de los trabajadores petroleros que por primera vez en la historia tiene asiento en la Junta, ha advertido que convocará una huelga nacional si se ratifica a Roa en el cargo. Hoy, a las 4 p.m., la Junta fijará su posición. Las opciones son tres: mantener a Roa, pedirle una licencia temporal, o exigirle la renuncia. Y el tiempo aprieta en dos frentes: el judicial y el electoral.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este lunes su disposición a “sostener un diálogo bilateral serio y responsable” con Estados Unidos (EE.UU.) en el marco de la visita a la isla de los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson. “Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes”, expresó el mandatario cubano en sus redes sociales.

El pasado 13 de marzo, Díaz-Canel, reconoció un “diálogo” con Estados Unidos, en “fases iniciales”, lo que supuso un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz de la profundización del asedio petrolero impuesto por el Gobierno estadounidense desde enero.

Ambos congresistas realizaron la pasada semana una visita de cinco días a la isla y al finalizar publicaron una declaración en la que pidieron “entablar de inmediato negociaciones reales, que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano y los enormes beneficios para el pueblo estadounidense que se derivarán de una colaboración real”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se reunió con Jayapa ly Jackson, y explicó en redes sociales que les explicó que “la agresión multidimensional que enfrenta Cuba por parte del Gobierno de EE UU, con un gran impacto en la población cubana”, se ha agravado “con el actual cerco energético”. El ministro de exteriores señaló que había transmitido a los congresistas estadounidenses la “amenaza de acciones aún más agresivas” por parte de Washington hacia La Habana y “su constante y hostil campaña comunicacional de descrédito por todos los medios posibles”.

En su declaración, Jayapal y Jackson reclamaron que “el bloqueo ilegal de combustible a Cuba (…) está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano y (…) debe cesar de inmediato”. Describieron a su vez, que escucharon testimonios de “familias, líderes religiosos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil”.

Las tensiones entre Washington y La Habana se intensificaron después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero y el cierre del flujo de petróleo venezolano hacia la isla. Luego Estados Unidos amenazó con aranceles a quienes suministren petróleo a Cuba. El bloqueo petrolero ha elevado a tasas récord los apagones crónico sdel país y paralizado casi totalmente el sector estatal, desde hospitales y transporte público hasta fábricas y oficinas públicas. La medida ha sido calificada por la ONU de contraria al derecho internacional.

El Gobierno de Javier Milei atraviesa un nuevo escándalo por presunta corrupción, esta vez por la concesión de créditos millonarios a altos funcionarios y legisladores de la Administración ultraderechista. Las denuncias judiciales y los pedidos de informes al Ejecutivo ya presentados señalan posibles irregularidades e incompatibilidades en los préstamos, otorgados con fondos de la misma banca pública que, según la prédica oficial, la motosierra de Milei se proponía destruir o privatizar.

Los créditos hipotecarios o prendarios investigados fueron adjudicados por el Banco de la Nación Argentina entre 2024 y 2025, es decir, cuando ya gobernaba Milei. Los montos involucrados oscilan entre los 100 millones y los 527 millones de pesos (entre 71.000 y 376.000 dólares, al cambio actual), a pagar en plazos de hasta 30 años y con una tasa del 4,5%, supeditada, además, a la inflación.

“Los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, plantea una de las denuncias presentadas ante los tribunales, en este caso con la firma de los diputados Esteban Paulón (Partido Socialista) y Mónica del Frade (Coalición Cívica). Las presentaciones judiciales apuntan contra las autoridades del Banco Nación y también contra los receptores de los préstamos por eventual comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público.

Los beneficiarios son al menos 22 personas ligadas al Gobierno. Entre ellos figuran altos funcionarios vinculados directamente con la gestión económica: Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía, con una deuda de 373 millones de pesos; Federico Furiase, secretario de Finanzas nacional, con 367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central de la República, con 510 millones. En otras áreas aparecen Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia; el director de la secretaría privada de la Cámara de Diputados, Sharif Menem; Emiliano José Mongilardi, director de la petrolera YPF; y los diputados de La Libertad Avanza Santiago Santurio, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, entre otros.

El Gobierno de Milei intentó durante las últimas horas defender la legalidad de los préstamos. “Las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. También el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que los beneficiarios “no tienen ventaja respecto del resto” de las personas. “No hay nada ilegal ni inmoral”, añadió.

La solidez de los argumentos del Ejecutivo crujió cuando se conoció el despido de uno de los beneficiados con los préstamos. El jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, fue echado de su cargo el jueves pasado por la ministra Sandra Pettovello, luego de que trascendiera que integraba la lista de quienes recibieron créditos del Banco Nación. Milei y otros voceros oficiales sostuvieron más tarde que su despido no tenía relación con el escándalo, pero el propio Massaccesi defendió en redes sociales la legalidad del préstamo recibido y lamentó su salida intempestiva del Gobierno.

Los cuestionamientos a los funcionarios y legisladores no solo señalan posibles incumplimientos en las condiciones y exigencias bancarias. También destacan que los beneficios del Banco Nación para empleados públicos no deberían extenderse a cargos políticos, que carecen de estabilidad. Además, enfatizan la incongruencia entre un discurso ultra que reniega del Estado y, a la vez, usufructúa sus favores mientras se ejerce la función pública.

“No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”, advirtió Rodolfo Aguiar, el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos de empleados públicos. Como protesta, ATE llamó a sus delegados y afiliados de todo el país a solicitar préstamos similares a los obtenidos por altos funcionarios y legisladores. “Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación”, agregó.

El escándalo llega en un mal momento para Milei. La economía argentina se mantiene estancada en las áreas que sostienen el empleo y el consumo, mientras la inflación, el gran fantasma que asedia al país, vuelve a acelerar a un ritmo del 3% mensual. Las encuestas de opinión coinciden en que la imagen del presidente ultra está en su peor momento, roída por casos de corrupción como la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, difundida por Milei mismo; las irregularidades en la compra de medicamentos para la Agencia de Discapacidad, que involucran a su hermana, Karina Milei; y el posible enriquecimiento ilícito de uno de sus principales colaboradores, Manuel Adorni, jefe del Gabinete de ministros.

El Gobierno de Gustavo Petro no ha podido deshacerse de los escándalos que lo involucran con Diego Marín, alias Papá Pitufo, bautizado como “el zar del contrabando” de Colombia. Hace más de un año se reveló que este empresario con presuntos nexos criminales intentó infiltrarse en la campaña de Petro a través de una donación de 500 millones de pesos que, según el actual mandatario, no se hizo efectiva. Pero los contactos no se detuvieron allí. Un informe de Noticias Caracol, publicado en la noche de domingo, revela que varios funcionarios públicos y emisarios del Ejecutivo mantuvieron reuniones con el abogado de Pitufo para que su cliente se entregara a la justicia. A cambio, le ofrecieron beneficios jurídicos e, incluso, el freno de una posible extradición a Estados Unidos a través de su ingreso en la política de la paz total.

Los audios revelados por el medio televisivo son de encuentros a inicios de 2025 entre Luis Felipe Ramírez, abogado de Pitufo, y Jorge Arturo Lemus, en ese entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La conversación entre ambos evidencia que ambos negociaban los términos para una posible entrega de Marín en Colombia. El contrabandista se encuentra en Portugal —tras haber pasado un tiempo en España—, en donde espera una resolución de su solicitud de asilo y así evitar su extradición a Colombia.

Durante el encuentro, Lemus le pregunta a Ramírez qué requiere Pitufo para que se entregue a la justicia colombiana “¿Qué necesita? De parte nuestra, como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos, de pronto, hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca”, dijo el exjefe de la DNI en la conversación. A su vez, abrió la puerta a que Marín entrase en la política de Paz Total para aliviar la preocupación de su cliente ante una posible entrega a la justicia estadounidense.

Los audios también revelan que el entorno de Pitufo se había reunido hasta entonces con varios “emisarios” del Gobierno, según dice la voz de Lemus. Uno de ellos fue identificado como Ramón Devesa, un ciudadano de origen catalán, quien, supuestamente, servía como vínculo entre el Ejecutivo y el contrabandista. Noticias Caracol también nombra a Isaac Beltrán, el exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), uno de los hombres más cercanos al presidente Petro.

De acuerdo con Lemus, que ya ha dado varias entrevistas este lunes, todos los emisarios tenían el objetivo de convencer a Marín para que se entregase a la justicia colombiana y que pudiera revelar a posible cómplices dentro del Estado, información que Petro ha insinuado conocer en distintas ocasiones. “El abogado nos buscó y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Hay misión de trabajo sobre eso. No fue una cosa por debajo”, respondió en una entrevista radial, aunque también admitió que no se trataban de negociaciones formales.

A preguntas de Noticias Caracol, Presidencia respondió que Petro que tenía conocimiento de estos acercamientos, pero señaló que, supuestamente, “varios agentes de inteligencia” habían tratado de sacar provecho de las negociaciones para pedir dinero. “Por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”.

Rechazo entre los candidatos

Las conversaciones secretas que mantuvo el entorno de Pitufo con el Gobierno le han dado munición a los candidatos presidenciales de la oposición a menos de dos meses de la primera vuelta. La uribista Paloma Valencia calificó la situación de “gravísima”. “Aquí hay que pedirle explicaciones al Gobierno: ¿dónde está el supuesto video en donde devolvieron los 500 millones de pesos?, ¿dónde están las respuestas del presidente Petro sobre todos estos vínculos de Papá Pitufo con gente de su Gobierno?”.

Por su parte, el centrista Sergio Fajardo ha cuestionado el silencio del candidato Iván Cepeda, apoyado por Petro, ante estas nuevas revelaciones. “El que calla otorga y está siendo cómplice por omisión de la corrupción que se viene dando en este Gobierno. Y no es solo lo de Pitufo, hay muchos más [escándalos]. No podemos aceptar que se pueda validar una transformación a partir de la trampa para llegar al poder”, ha manifestado durante un evento de campaña.

En sus conversaciones con medios nacionales, Lemus ha dicho este lunes que, tras su salida del Gobierno, piensa “colaborar en la campaña” de Cepeda. Blu Radio le preguntó al candidato petrista si había considerado esta alianza, pero este ha negado cualquier acercamiento con el exjefe de la DNI y ha asegurado que respondería con un “tajante no” si le llega una propuesta formal.

Todo apunta a que la novela de Pitufo y el Gobierno seguirá dando nuevos capítulos. El abogado del contrabandista se refirió en varias ocasiones durante sus conversaciones con Lemus que su cliente tenía información privilegiada que podría provocar una “hecatombe” si saliera a la luz. Ramírez daba a entender que si Marín confiesa, varios funcionarios estarían salpicados en su red de contrabando. Es un megaescándalo que a ocho semanas de las elecciones, Petro querrá evitar a toda costa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ordenado este lunes endurecer la fiscalización en las gasolineras que vendan combustibles costosos, en medio del alza generalizada de los energéticos mundiales. La mandataria ha dejado abierta la posibilidad de imponer sanciones y multas a los distribuidores que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detecte fuera de los acuerdos logrados para mantener la gasolina y el diésel bajo control.

El Gobierno está tratando de quitarle presión a los precios mediante dos mecanismos paralelos: un creciente sacrificio de cobro al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps) para contener todos los combustibles y un acuerdo con vendedores aguas abajo para mantener el precio de la gasolina magna cerca de los 24 pesos por litro. El descuento del Ieps supone casi 5.000 millones de pesos que deja de percibir el erario cada semana, ha dicho Sheinbaum.

“Estamos dando este apoyo a las familias mexicanas, para que la gasolina no aumente de precio, así que le pedí desde ayer a la Profeco (…) que a partir de hoy estén revisando toda las gasolineras; que en efecto no aumente el precio de la gasolina magna, porque en algunos lugares la están aumentando y no tienen razón los gasolineros de por qué aumentar, ninguna”, enfatizó la mandataria en su programa matinal. “No podemos permitir que los gasolineros se pasen”, zanjó.

El acuerdo “voluntario” para mantener la gasolina magna anclada incluye ganancias de dos pesos por litro para costear salarios y costos en los expendios.

En el caso del diésel, fundamental para los precios de las mercancías que se transportan por carretera, agregó que se ha llegado a un acuerdo para que se venda cerca de 28,28 pesos el litro, aunque este todavía se considera un precio alto. “Estamos viendo si podemos hacer un esfuerzo adicional para poder compensar todavía mas el precio del diésel”, ha agregado la presidenta.

Si bien los estímulos fiscales y las negociaciones con los gremios están funcionando como un amortiguador frente a un aumento mayor de la gasolina y el diésel, afectados a nivel por los problemas de suministros de crudo y derivados por el conflicto en Irán, no están logrando contener del todo los ajustes. Esto ocurre cuando los precios de los crudos internacionales han roto barreras históricas en las últimas semanas y México importa cerca de la mitad de su consumo interno de energéticos. El crudo Brent, marcador del mercado, cotizaba al alza el lunes cerca de los 109 dólares por barril.

Las tensiones recientes entre el Gobierno de Argentina y el de Chile, que hasta el 11 de marzo fue liderado por Gabriel Boric, han quedado por ahora en el pasado. Este lunes, Javier Milei recibió con un afectuoso abrazo al presidente chileno José Antonio Kast, en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. A continuación, celebraron una reunión privada que tuvo como ejes centrales el comercio bilateral, la explotación de recursos naturales y la mejora de los pasos fronterizos. La gran decepción del encuentro fue la frustrada extradición del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza. Señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán en 1991, fundador de la UDI, Apablaza se encuentra prófugo desde el miércoles, cuando la Policía argentina fue a detenerlo a su casa.

La visita de Kast se enmarca en la tradición diplomática de los jefes de Estado chilenos, que suelen elegir Argentina como primer viaje oficial, país con el que comparten una frontera de más de 5.000 kilómetros. Ahora, la elección se ampara también en la profunda afinidad ideológica entre ambos mandatarios, que contrasta con los cortocircuitos que caracterizaron la relación de Milei con Boric, y muestra el avance de los gobiernos de extrema derecha en el continente americano.

Milei considera su “amigo” al líder del Partido Republicano chileno, a quien conoció en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) celebrada en São Paulo en 2022. Manifestó su apoyo por él en las últimas elecciones presidenciales chilenas y Kast le correspondió con una visita menos de 48 horas después de resultar electo.

Esta vez, Kast cruza la cordillera de los Andes a punto de cumplir un mes en el poder y con una gran baja de popularidad, de acuerdo a las encuestas. Su anfitrión tampoco atraviesa un buen momento político, debido al estancamiento de la economía y los escándalos políticos que acechan a su Gobierno.

La reunión con Milei fue el punto álgido de la agenda de Kast, pero no el único. Tras el encuentro, Kast compartió un desayuno con ministros y parlamentarios de ambos países en la Embajada chilena en Buenos Aires. Lo acompañaron su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez MacKenna; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, una exfiscal que ha tenido un complejo aterrizaje en el Gobierno. Primero por el papel poco explicado que la propia Steinert tuvo en la salida de una alta funcionaria de la policía (PDI), Consuelo Peña, y por las altas cifras de homicidios registradas en la capital en los últimos 20 días.

La agenda compartida contemplaba un motivo de celebración que no pudo ser: la extradición de Apablaza. El Gobierno de Milei ofreció el viernes una recompensa de 20 millones de pesos (algo más de 14.000 dólares) a quien brinde información que permita su captura, pero hasta ahora el exguerrillero sigue prófugo. “La justicia va a llegar, tarde o temprano”, dijo Kast este domingo antes de viajar.

Popularidad a la baja

La caída de respaldo de Kast (de 57% a 42% desde que arribó a La Moneda, según el sondeo Cadem) se explica, en buena parte, por la decisión del Gobierno de no contener los precios de los combustibles y aplicar una política de shock para que el alza internacional sea asumida sobre todo por la ciudadanía, aunque con determinadas subvenciones.

Los chilenos que rechazan su gestión superan a los que la aprueban y, además, se observa que la población comienza a desanimarse. Cadem mostraba este domingo que después de 44 semanas, el pesimismo sobre el futuro del país (49%) supera al optimismo (48%). Además, 52% cree que Chile va por mal camino -26 puntos más que el 11 de marzo, cuando arrancó la actual Administración-, mientras el 40% piensa que el país va por buen camino (17 puntos menos).

A su vez, de acuerdo al mismo estudio de opinión, un 78% considera que la economía chilena está estancada o retrocediendo, cuando el crecimiento y la reactivación representan uno de los ejes centrales de Kast, junto con el control de la delincuencia y la migración irregular. La principal preocupación económica, como consecuencia del alza de precios de los combustibles, es el aumento de precios (59%, es decir, 31 puntos en comparación a agosto de 2025, en los últimos meses del Gobierno de Boric).

Milei, mientras, intenta también pasar página de los escándalos políticos que han acechado a su Gobierno en las últimas semanas. Tras recibir a Kast, reunió a su equipo en una nueva muestra de apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por un viaje en avión privado y compras de viviendas que no serían consistentes con su nivel de ingresos.

Delcy Rodríguez es una virreina moderna. No es una metáfora: es una descripción precisa de lo que ocurre en Venezuela hoy. Para entender por qué, hay que volver al siglo XVI, cuando el rey Felipe II ideó el sistema que gobernaría la América hispana durante tres siglos.

Felipe II repartió el continente en virreinatos, desde México hasta Argentina. Sus gestores, los “virreyes” —palabra que significa “en lugar del rey”— eran designados personalmente por el monarca para gobernar vastas tierras lejanas en nombre de la corona y de la Iglesia. Ejercían autoridad civil, militar y judicial en virtud de un único mandato: garantizar que España recibiera los tributos, impuestos y regalías que le correspondían. En la práctica, todo el oro y la plata que se pudiera enviar a la madre patria.

Los virreyes eran plenipotenciarios. Pero Felipe sabía que podían engañarlo o gobernar de manera imprudente. Por eso creó otra figura: los “visitadores”, emisarios encargados del control fiscal sobre los virreyes. En ese sistema de poder piramidal concentrado radica la raíz histórica de gran parte de la corrupción que caracterizó a los caudillos latinoamericanos en el saqueo de la renta y el manejo depredador de los gobiernos. Y es el espejo en el que hoy se refleja Venezuela.

A la luz de esta historia y observando el momento actual, resulta claro que Delcy Rodríguez es la virreina de Trump.

Elegida personalmente por él, es la autoridad plenipotenciaria en Venezuela que está “dirigiendo el lugar”, como el propio Donald Trump ha señalado. No se puede aseverar que Venezuela siga siendo una nación soberana. Sin embargo, existe una estructura de gobierno local, y la virreina Rodríguez se encuentra en su cúspide, solo por debajo de Trump.

Tras la captura del presidente dictador Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses, muchos venezolanos, dentro y fuera del país, esperaban ver el desmantelamiento del aparato represivo que Maduro había utilizado para torturar y reprimir a millares de sus compatriotas, así como una transición inmediata hacia la democracia. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido, a pesar de la insistencia del secretario de Estado Rubio en que está ejecutando un plan de tres etapas. El plan, que nadie ha visto publicado, supuestamente explica cómo los venezolanos pasarán del actual virreinato a un gobierno democrático en un futuro aún indeterminado. Resulta irónico que el propio presidente Trump nunca haya hecho referencia a este plan.

Sin embargo, mientras tanto, la virreina Rodríguez está, según el propio Trump, “haciendo un gran trabajo”. No debería sorprender, entonces, que Trump, el rey moderno de Venezuela, haya decidido que también necesita enviar a su propio visitador a Caracas, encarnado en un encargado de negocios estadounidense.

El 30 de marzo, la embajada estadounidense en Caracas, cerrada en 2019 por Trump, reabrió con gran pompa. La encargada de negocios y su equipo hicieron el anuncio mediante un video pintoresco, casi anacrónico, que recordaba los esfuerzos de diplomacia pública de las administraciones de Biden y Obama. Como si Venezuela fuera una nación soberana normal, sonrientes funcionarios de carrera del Departamento de Estado prometieron una nueva era de amistad y servicios. Pero Venezuela está lejos de ser un país normal, y la embajada no será una plataforma diplomática convencional.

Es poco probable que la embajada emita visas en el corto plazo: Venezuela sigue en la lista de países cuyos ciudadanos no pueden recibirlas. Los servicios para estadounidenses serán mínimos, y la administración mantiene el nivel más alto de alerta de seguridad en el país desaconsejando a sus ciudadanos visitarlo. También es muy improbable que los funcionarios se reúnan con figuras de la oposición política, la sociedad civil o el periodismo independiente. La pregunta obvia es entonces: ¿qué harán allí la encargada de negocios y su equipo? La respuesta es igualmente obvia: la embajada será una fiscalía, la oficina de la visitadora, diseñada para asegurar que la virreina mantenga satisfecho al rey.

Por encima de todo, su trabajo será informar a Washington si el régimen de Rodríguez está siguiendo las órdenes e instrucciones de Estados Unidos al pie de la letra.

Al igual que los virreyes originales, Delcy Rodríguez tiene la autoridad para asegurar que lucrativos contratos del sector petrolero se otorguen a amigos y asociados de Trump. Esto será monitoreado de cerca. En segundo lugar, la embajada servirá como centro de coordinación de visitas para los generales del Ejército, secretarios del gabinete y otros visitantes VIP del gobierno. Para ser justos, esta es una función típica de una embajada tradicional, pero habrá que ver si reciben a legisladores demócratas que lleguen desde Washington o a las delegaciones de derechos humanos de la sociedad civil y de la academia.

En el mundo de la diplomacia, que a menudo se desarrolla deliberadamente en espacios privados donde no todo es —ni debería ser— visible para el público, existen, sin embargo, indicadores que evidencian una relación bilateral normal entre dos naciones soberanas. Más allá de las imágenes listas para TikTok de burócratas sonrientes, habrá que ver si realmente se elaboran los informes tradicionales sobre los derechos humanos o el funcionamiento general del país. Felipe II también recibía informes detallados sobre a quién recibían sus virreyes. Pese al paso de los siglos, algunos mecanismos del poder no cambian. Solo cambian los nombres.

Mientras los venezolanos esperan esos hitos, y reconociendo que nunca se debe decir nunca, “por ahora”, como famosamente dijo Chávez, la apertura de la embajada estadounidense se asemeja más a la oficina de los visitadores que a la sede de una misión extranjera. Trump está complacido y Felipe II, probablemente, también lo estaría.

En Miami se ha instalado en las últimas semanas una expectativa inusual. La captura a comienzos de año de Nicolás Maduro en Venezuela —el que era hasta ese momento el principal aliado de La Habana— y las reiteradas afirmaciones de Donald Trump de que el régimen cubano “va a caer pronto” han reforzado el anhelo de la libertad de Cuba en el corazón del exilio. Con los nuevos bríos, ha reflotado una pregunta que atraviesa a la comunidad desde hace décadas, entre el anhelo y la ambición: ¿quién podría liderar una Cuba poscastrista?

Opositores, empresarios e influencers que se han posicionado, de forma más o menos explícita, como posibles arquitectos de una transición, son observados con atención desde ambas orillas del estrecho de la Florida. Sobre ellos cuelga además la incertidumbre de cuánto de ese futuro liderazgo dependerá de Estados Unidos, en un isla sumida en la peor crisis de su historia reciente y que no ha visto elecciones libres en 70 años.

A lo largo de esas décadas, el exilio ha producido sus propios referentes políticos para representar la aspiración de una Cuba libre. Desde figuras históricas como Huber Matos —el comandante que rompió con Castro— o el líder de Bahía de Cochinos, Manuel Artime, hasta políticos como Lincoln Díaz-Balart y activistas como Jorge Mas Canosa, de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), que organizaron a la oposición por la causa de la democracia. Hoy, una nueva generación de líderes, con distintos perfiles y trayectorias, se ha posicionado en la palestra.

Al margen, sin embargo, el presidente Trump ha llegado a sugerir que le gustaría “poner” al frente de Cuba al secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos nacido en Miami. Y al mismo tiempo, Rubio ha estado negociando con el régimen castrista, lo cual ha puesto sobre la mesa nombres vinculados a la familia Castro, como el de Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl, y el del ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga. Pero estos contactos han generado incomodidad entre los exiliados, que en un mitín la semana pasada en Hialeah, al norte de Miami, rechazaron de plano un diálogo con el régimen.

Un plan diseñado en el exilio

Orlando Gutiérrez-Boronat, de 61 años, quien lidera la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de más de 50 grupos opositores con sede en Miami que asegura ha estado en contacto con la Administración Trump, está convencido de que se está “cerca de un cambio real en Cuba”. Los opositores han elaborado un detallado programa de transición para Cuba desde hace décadas, explica Gutiérrez-Boronat. El mes pasado, la Asamblea se unió con otra coalición, Pasos de Cambio, también integrada por medio centenar de grupos, lanzada en 2019 por Rosa María Payá, hija del histórico opositor Oswaldo Payá, para suscribir un Acuerdo de Liberación. El documento establece un cambio de gobierno en la isla y contempla un consejo provisional de 51 miembros que funcione como Parlamento, y un Ejecutivo compuesto por un presidente y dos vicepresidentes.

La mayoría de los miembros del consejo sería “gente que está dentro de Cuba”, dice Gutiérrez-Boronat. Incluso si participan actualmente en la política bajo el Gobierno comunista, siempre y cuando “no tengan las manos manchadas de sangre y hayan contribuido a la liberación de Cuba”. Bajo este plan, el consejo gobernaría por dos años y los miembros no aspirarían a la reelección, “para demostrar el compromiso democrático”.

Gutiérrez-Boronat evita dar nombres concretos de posibles líderes, pero resalta el papel del exilio en la política estadounidense hacia la isla. En particular, la Ley de Libertad Cubana, conocida como Helms-Burton, “un gran logro del exilio cubano y la oposición”, dice Gutiérrez-Boronat. La legislación, de 1996, condiciona el levantamiento del embargo económico a un cambio político en la isla.

El principal motor de la Helms-Burton fue la FNCA, fundada en 1981 por Mas Canosa, la figura más influyente del exilio en la política estadounidense hasta su muerte en 1997. Su hijo, el multimillonario Jorge Mas Santos, de 63 años, dirige la fundación y ha manifestado recientemente su interés en contribuir a la reconstrucción de Cuba. Tras una visita el mes pasado a la Casa Blanca con el equipo de fútbol del que es propietario, el Inter Miami FC, declaró que que el patrimonio de su familia estaba “al servicio de una Cuba libre”; y que Trump le había dicho que los cubanos podrían regresar “muy pronto” a su país, ya que un cambio era inminente.

Ese protagonismo del exilio, sin embargo, también ha sido objeto de crítica. Ricardo Herrero, del Cuba Study Group, que promueve una transición a través del diálogo entre la isla y la diáspora, afirma que “si tiras una piedra en Miami encuentras a varios que quieren ser presidentes” de Cuba. Además advierte que en el exilio “el tema de Cuba es una moneda que se ha usado para avanzar los intereses personales”. Por ello, “el cambio y los próximos líderes tienen que venir de adentro”, afirma Herrero. “Podemos plantar a un gobernante, pero va a haber una gran desconexión con el cubano de a pie”, agrega.

Las líneas entre el exilio y la oposición interna, sin embargo, no siempre son tan claras. Al tiempo que se gestaba la Helms-Burton en EE UU, el opositor Oswaldo Payá fundó el Movimiento Cristiano de Liberación para impulsar un cambio desde Cuba. Payá murió en 2012 en un choque de autos del que ha sido declarado responsable el Gobierno cubano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero su hija tomó el testigo desde el exilio y fundó Cuba Decide, una iniciativa que pide un plebiscito, y más tarde lanzó Pasos de Cambio. El año pasado fue elegida miembro de la CIDH, nominada por el Gobierno de EE UU.

Payá sostiene que los cubanos deben ser “protagonistas del cambio”, con un liderazgo “cubano y apoyado por la comunidad internacional”. Explícitamente borra la línea entre la isla y el exilio: “El pueblo cubano es uno solo, y cómo tal estamos actuando. Los que por ahora vivimos en el exilio tenemos la oportunidad y la responsabilidad de participar y contribuir en la transición a la democracia”.

“Rosa María Payá y Orlando Gutiérrez-Boronat son líderes que están muy capacitados y pueden llevar adelante una transición real y definitiva en la isla”, opina Alexander Otaola, un influencer de 46 años que se ha convertido en una de las voces más visibles de la oposición, con grandes audiencias en la isla y en Florida para su programa en línea “¡Hola! Ota-Ola!”, donde combina chismes de la farándula cubana con críticas al régimen.

Otaola mismo se postuló en 2023 a la alcaldía de Miami-Dade —quedó en tercer lugar—, creó la Fundación Cubana Anticomunista en Miami el año pasado y organizó el reciente rally en Hialeah. No obstante, asegura que no aspira a ocupar un cargo público en una Cuba futura, aunque quisiera ayudar a “la nueva nación cubana libre”.

Pero sí advierte sobre lo que considera un mal de fondo: la desconexión de los cubanos con la política. “El pueblo cubano no conoce ni siquiera a los comunistas que lo dirigen. La gente no tiene conexión con nadie, ni dentro ni fuera, solo con el dólar y con la remesa que reciben de sus familiares en el exterior”, afirma.

La autoridad del sacrificio

No todos los opositores conciben el liderazgo de igual manera. Para José Daniel Ferrer, de 55 años, quien ha pagado en carne propia el precio de la disidencia, la legitimidad no se construye con acuerdos, sino con la resistencia interna. Ferrer fue uno de los 75 disidentes encarcelados durante la llamada Primavera Negra de 2003, y al salir de prisión, en 2011, fundó la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Después fue detenido en múltiples ocasiones, y pasó los últimos años encarcelado hasta que fue liberado el año pasado con la condición del destierro.

Ferrer se considera parte de los opositores en posición de liderar un proceso de transición, y sostiene que el factor clave para el liderazgo es la legitimidad del pueblo, más que los recursos o la visibilidad. “En democracia al presidente lo elige el pueblo. Por mucho dinero que se pueda tener, por mucha propaganda que se pueda hacer, estoy seguro que el pueblo cubano va a tener presente quién fue el que se esforzó durante mucho tiempo, luchando por la libertad, ya sea desde las prisiones, desde las calles de Cuba o desde el exilio. Nuestra gente tiene buena memoria, y va a saber preguntar ‘dónde estabas cuando me apaleaban, cuando me acostaba sin comer’”, apunta.

El desenlace, reconoce Ferrer, dependerá de si EE UU termina forzando la salida del régimen, como en Venezuela, donde “Trump decidió que Delcy Rodríguez era la persona adecuada para ese tránsito de la dictadura a la democracia”. “Es mejor que ocurra de la manera en que pueda ocurrir a que no ocurra de ninguna”, agrega.

Aún así, Ferrer sostiene que el exilio puede hacer “mucho más que firmar documentos”. La UNPACU hace activismo clandestino dentro de Cuba —con pintadas, cacerolazos y quema de basura— que a su juicio será clave para influir en un escenario de transición. “Debemos demostrar que nuestra lucha se ha mantenido en alto a pesar de la represión. Cuanto más protagonismo tengamos, más podremos exigir y evitar que pase como con [la líder opositora] María Corina Machado en Venezuela, que Trump dijo que la querían mucho, pero no respetaban suficientemente”, dice.

Uno de los líderes de la UNPACU que se exilió en 2020 tras amenazas contra su familia es Carlos Amel Oliva, de 38 años. Oliva cree que el liderazgo de la transición surgirá de las condiciones del momento. Si surge de un levantamiento popular como las protestas masivas del 11 de julio de 2021, lo asumirá “quien esté dentro de Cuba liderando esa resistencia”. “No hay plan que sobreviva al combate. La legitimidad se dará por la fuerza del hecho”, resume.

Oliva considera que Cuba “está preparada para una transición” gracias en parte a que “la brecha entre Cuba y Miami se ha estrechado”. “La gente ya no se informa por el Noticiero Nacional, sino que abre Facebook y está mirando al primo que ayer estaba allá y hoy está aquí. Por eso ya no vemos al cubano protestando por hambre o electricidad. Piden libertad, piden cambio, dicen ‘abajo el comunismo’”.

La oposición, asegura, está lista para formar un Gobierno “muy exitoso” del que quisiera hacer parte, aunque no sabe “qué posición pueda ocupar”, o si lo llamen. “Pero estoy dispuesto a dejarlo todo e irme a Cuba a reconstruir mi país”, asegura.

El riesgo de promocionar una quimera

Pero los analistas ven con cautela los acontecimientos. Ted Henken, profesor de sociología y experto en temas de Cuba de la City University de Nueva York, considera que la crisis en la isla y la política agresiva de Washington ha generado “una expectativa exagerada” que alimenta lo que llama “la industria de ser un líder cubano en el exilio”.

“Algunos tienen muy buenas intenciones, pero también es una especie de industria que no necesita producir resultados porque no gobierna. Es como una campaña electoral donde se promete todo sin asumir responsabilidades, atribuyendo los límites a la dictadura actual. Es, en cierto modo, una postura irresponsable”, sostiene.

Rubio, agrega, parece que está “preparando a la comunidad cubanoamericana para una decepción, para que entiendan que el acuerdo que se logre puede que no sea el que ellos preferirían”, apunta. “​​Es posible que el Gobierno cubano vuelva a resistir, o incluso si se produce un cambio, muchas de las promesas no se cumplirán —o no de inmediato”.

“Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso”, cantaba a principios de los setenta Luis Alberto Spinetta (1950-2012). Su primer hijo aún no había nacido, pero algo de ese desafío vital, criado entre melodías y disonancias, entre poesías, guitarras y ritmos sincopados, se deja escuchar en los pasos con que recorre su propio camino como músico Dante Spinetta. Sobre ese legado de libertad creadora, la trayectoria de Spinetta (49 años, Buenos Aires) lo ha llevado desde una aparición pionera para el rap o hip hop en América Latina –a fines del siglo pasado y como parte del dúo Illya Kuryaki and the Valderramas–, hasta una obra solista que hoy estrena su sexto álbum, Día 3 (Sony Music), un disco donde el mestizaje musical salta muros: en sus canciones, el funk y el soul conviven en armonía con el tango y el bolero. “La música”, dice en esta entrevista, “es un viaje para llegar a distintos territorios mentales y espirituales”.

Dante Spinetta sale a recibir a EL PAÍS a la puerta de La diosa salvaje, el ya mítico estudio de grabación que fue de su padre, en Villa Urquiza, uno de los barrios de casas bajas que componen la heterogénea partitura de Buenos Aires. En una sala colmada de consolas, pantallas e instrumentos, dos presencias parecen dar la bienvenida. Cerca de la entrada, un vinilo: Thieves in the temple (Ladrones en el templo), de Prince. En el otro extremo, después de varias piezas que denuncian fanatismo coleccionista por la serie animada He-Man, una imagen juvenil de Luis Alberto Spinetta, el Flaco en la época de su banda Invisible.

Día 3 fue concebido por Dante Spinetta como el final de una trilogía integrada por sus álbumes anteriores, Mesa dulce (2022) y Puñal (2017). “Puñal es un disco atravesado por el dolor y Mesa dulce es mucho más funky. Día 3 tiene una mezcla de las dos cosas, siento que es un disco de resurrección”, dice. “Narrativamente, lo armé como si fuera una historia de alguien que se separa y se pone soltero. O de cuando yo me puse soltero”, confiesa. “Arranca Pensando en ella [la primera canción], una ruptura con la sensación de ‘vamos a apretar El reset [título del tercer tema] y nos vamos a olvidar de todo’. Empezás a conocer gente y es El plancito [el cuarto tema], algo más sexual. Pero de golpe te encontrás destruido y solo, como Solos en la oscuridad[novena canción]”.

A la vez, el álbum tiene otra veta narrativa: “Es un disco que trata de conectar con el lado humano, con la imperfección de lo humano. Estamos siendo demasiado controlados por los algoritmos, nuestro tiempo en pantalla es cada vez más. Y nos desconectamos como personas”, dice. “Una canción como Maldito frenesí habla de eso, de la epidemia de ansiedad y soledad que hay en el mundo. Con la música pasa lo mismo. Hay discos que están hechos con 15 productores, 15 compositores y son una porquería hecha para vender, nada más. La música tiene que ser alimento para el espíritu”.

Pregunta. ¿Reivindica el trabajo del artista como artesano frente a la industria cultural?

Respuesta. A mí me gustan las visiones personales de los artistas y creo que de a poco eso se está perdiendo… Hay algo de esta industria que atenta contra la creatividad. En los años 90, por ejemplo, en la época de oro del hip hop, también en los 2000, todos los productores trataban de sonar de una manera diferente, todos tenían su sello y la competencia era ver quién era más fresco. Hoy en día todos quieren sonar igual. Es como que la mayoría se quiere subir a una misma ola. Por suerte sigue habiendo también artistas creativos que buscan algo diferente.

En su nuevo álbum, cuenta Spinetta, mezcló “los condimentos” que ya venía usando, ”como el rhythm and blues, el hip hop y el funk, pero en distintas proporciones”, con la esperanza de que “sea un disco que con el tiempo se vaya poniendo bueno, que vaya madurando como un buen vino”, sonríe. Así entran notas de boleros y de tangos, también cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional checa, vientos de Michael B. Nelson, participaciones del estadounidense De la Ghetto y del argentino Juanse, con un homenaje a Charly García incluido. Todo bajo un halo nostálgico o melancólico que recorre varias canciones. “Todos los sueños que tuvimos hoy van a desaparecer”, canta Spinetta en El reset.

P. La mezcla de géneros y de estilos, pero también de músicas antiguas y modernas, ¿supone una postura ideológica?

R. Sí, 100%. Ese concepto de mestizaje musical está conmigo desde siempre y tiene que ver con cómo crecimos acá, escuchando tangos, a Rubén Blades y a Jimi Hendrix… Me gusta ese concepto medio ‘volver al futuro’, de ir para atrás y para adelante en el tiempo con las cosas. Porque la música es mágica y hay magia en todas las épocas. Cuando empezamos en los noventa con Illya Kuryaki nos hemos comido mucha mala onda también, porque para los raperos éramos demasiado rockeros, para los rockeros demasiado raperos. Pero yo siempre creí en eso, en no ponerme límites estilísticos, porque la música también es un viaje para llegar a distintos territorios mentales y espirituales. Quiero seguir siendo un alumno del sonido y de la música, seguir investigando, seguir jugando y divirtiéndome. Cuando algo te conmueve, no importa el estilo, es amor. Si conectas, es real.

P. Día 3 parece pensado como una unidad conceptual, pero hoy la escucha de la música, a través de las plataformas, es más fragmentaria, ya no se acostumbra escuchar un álbum completo.

R. Los formatos van a cambiar siempre… Pero yo sigo pensando la música conceptualmente como una obra, y que cada tema sea como un capítulo de un libro. Es una mirada personal y no está mal que otros quieran hacer un compilado de singles también. Muchas veces las mejores canciones son esas que están dentro de un disco y que no estaban destinadas a ser un hit radial.

La presentación del nuevo disco incluirá una gira que comenzará en junio y recorrerá ciudades de Argentina, Perú, Colombia, México, Chile, Uruguay y España. Durante el mes pasado, Spinetta y Emmanuel Horvilleur llevaron la música de Illya Kuryaki and the Valderramas a distintas ciudades latinoamericanas.

P. ¿Cuál es el presente y el futuro de Illya Kuryaki?

R. Con Emma [Horvilleur] somos brothers y decidimos tocar de vez en cuando, pero sin hacer entrevistas, sin grabar discos, sin hacer nada más que subirnos al escenario cada tanto. Aunque sea más popular que nosotros, Illya Kuryaki es como nuestro acto secundario hoy, nuestra prioridad es ser solistas. Pero, ¿por qué no disfrutar de todo lo que hicimos? Seguimos disfrutando de salir a tocar, sin dar explicaciones. Estamos preparando un documental sobre la banda, tenemos mucho material filmado.

P. ¿Tiene posición tomada sobre las políticas culturales del actual Gobierno argentino? Muchos artistas se han pronunciado contra el desfinanciamiento de programas e instituciones de fomento a la música.

R. La verdad es que ya hace muchos años y muchos gobiernos estoy muy decepcionado. Y en este Gobierno no veo nada diferente. Se han cortado subsidios para un montón de proyectos relacionados con el arte, el cine, la música, pero a mí me preocupa más que veo cada vez más gente recogiendo de la basura, me preocupa que los viejos y los jubilados puedan comer bien, me preocupan la soberanía nacional, los territorios, el trabajo… Yo me considero muy afortunado, estoy haciendo música, que es lo que amo, en un mundo en que en este momento están tirando bombas. Me duele demasiado y mi manera de aportar algo es con la música.