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El campo mexicano ha vuelto a las calles, pero la fuerza exhibida este lunes no es la de octubre. Tampoco ha habido en esta jornada la unión que se demostró entonces, pues gran parte de las organizaciones del sector se han deslindado de la cita, convocada en 20 Estados por el Frente Nacional por el Rescate del Campo y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC). El resultado, por el momento, es un saldo blanco en incidentes graves y un paisaje desigual en cada Estado. Tlaxcala y Zacatecas encabezan la lista de entidades donde se han producido más bloqueos parciales o totales, que la Secretaría de Gobernación cifraba a mediodía en 11 en total, con 161 vehículos y una participación de algo menos de 600 personas, a la espera del balance final. Hacia las seis de la tarde, se mantenían solo cinco bloqueos en cinco entidades, según la dependencia: Baja California, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Morelos. La titular, Rosa Icela Rodríguez, mantiene el llamado al diálogo, pero desde las agrupaciones convocantes elevan la cifra hasta las 300.000 y aseguran: “Aquí vamos a resistir”.

Las protestas de agricultores y transportistas de este lunes se retoman donde se dejaron en otoño, después de un acuerdo provisional con el Gobierno de Claudia Sheinbaum que ha saltado por los aires para una parte del gremio. La sensación en el Frente Nacional es de “decepción”, en palabras de uno de sus dirigentes, Eraclio Rodríguez, que lamenta por teléfono el “total abandono” de parte del Gobierno federal. “No ha habido ninguna comunicación, no ha habido ningún llamado al diálogo que pregonan sostener con todos los grupos”.

Rodríguez asegura que las conversaciones sostenidas hasta ahora no han llegado a ningún lado y espera la formación de una “comisión de funcionarios que atienda el problema con capacidad resolutiva y toma de decisiones” como condición para levantar el paro indefinido inaugurado este lunes. Frente a la denuncia del incumplimiento de los acuerdos que hacen desde la agrupación, el Ejecutivo se ha mantenido firme en la defensa de los logros obtenidos en estos meses, el escudo bajo el que justifican que “no hay motivo” para tales movilizaciones. “Hay algunos agricultores que no están de acuerdo, pero son pocos realmente”, ha dicho la propia presidenta este lunes. Entre las principales medidas adoptadas está la entrega directa de 3.412 millones de pesos a casi 41.000 productores de maíz blanco y amarillo.

En el Frente lo califican de insuficiente ―“somos cinco millones de productores, cuándo van a atender a los otros 4,96 millones”― y se centran en uno de los principales puntos de desacuerdo: la salida de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC). En vísperas de su revisión, el acuerdo comercial tiene a todos los sectores económicos en vilo y ávidos por convertir sus preocupaciones en la prioridad para las próximas negociaciones al más alto nivel. “[Esas demandas] son mucho más difíciles de cumplir”, ha reconocido la mandataria, que impulsa un acuerdo voluntario entre los grandes compradores nacionales de grano para que prioricen el producto mexicano frente al extranjero. “Eso se logró, o se está logrando. Todavía no tenemos la firma”, ha manifestado.

Muchas de las organizaciones del sector “reconocen” esos esfuerzos del Ejecutivo por acercarse a los productores mexicanos, que atraviesan un momento crítico por los bajos precios de venta y el alza del coste de algunos insumos clave como los fertilizantes, a los que se suma la fuerte competencia internacional y muy especialmente la del vecino del norte. La producción mundial de maíz para el ciclo comercial 2025-2026 alcanzará los 1.265,9 millones de toneladas, un 3,9% más respecto al ciclo anterior, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Agricultura, basados en el último informe de sus homólogos estadounidenses. De esa cantidad, 401,8 millones de toneladas provendrán de Estados Unidos, el principal aliado y competidor de México. De ahí, la presión a la baja de los precios y la importancia de la próxima revisión del TMEC.

El contexto es claro para todas las organizaciones, donde difieren es en la forma de abordarlo y la lectura de la posición del Ejecutivo. “Reconocemos la legítima preocupación de los productores del país y coincidimos en la urgencia de atender esta problemática de manera integral”, ha expresado este lunes en un comunicado el Consejo Nacional Agropecuario, que se ha desmarcado de las movilizaciones: “Esta apertura al diálogo, que no se tenía en años anteriores, representa una oportunidad relevante para alcanzar acuerdos”. Otras agrupaciones, como la Confederación de Cámaras Industriales, también han hecho un llamado a “privilegiar el diálogo constructivo” y la “coordinación con las autoridades”.

Los responsables del Ejecutivo han empleado fórmulas similares para referirse a las negociaciones y han enarbolado la bandera de los resultados. Por ejemplo, la ampliación de los volúmenes de acopio del programa de Alimentación para el Bienestar, que ha sumado hasta la fecha 150.000 toneladas de frijol y 654.000 toneladas de maíz blanco. Juntos suman casi 9.000 millones de pesos de inversión en beneficio de unos 54.000 pequeños productores, según los datos del Gobierno.

Las agrupaciones convocantes mantienen, no obstante, el pulso a la presidenta, a la que esperan arrancarle medidas más contundentes frente a los problemas que encara el campo en el largo plazo. Algunas de las casetas quedaron liberadas hacia la mitad de la jornada, como la de la Marquesa, a la entrada de la capital mexicana. La intención de este sector del agro mexicano, con todo, es aguantar. El paro indefinido se mantiene el martes.

La presión acumulada durante semanas en la junta directiva de Ecopetrol culminó este lunes en una salida que dice mucho sobre el nerviosismo que vive la empresa: Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, no fue destituido ni se le pidió la renuncia. Pero la junta pidió que salga transitoriamente, y se vaya de vacaciones. A partir del martes, el presidente de la empresa más grande de Colombia tomará un período de descanso que se extenderá hasta el 28 de mayo, y que luego se convertirá en licencia no remunerada hasta el 28 de junio —es decir, después de la segunda vuelta presidencial, el 21 de junio—. Cuando regrese, será únicamente para coordinar el empalme con quien designe como su reemplazo la nueva junta directiva, aquella que el próximo Gobierno elegirá cuando asuma el poder en agosto.

El acuerdo, filtrado primero por el diario Portafolio, no le da gusto a quienes pedían la renuncia de Roa. Este sigue siendo presidente de Ecopetrol, solo que ahora una cabeza ausente de la empresa. Para el experto en energía Mauricio Téllez, en todo caso, esta salida transitoria de Roa no resuelve el problema de fondo. “Seguramente dejarán a un vicepresidente o algún directivo” a cargo, dice, pero advierte que “se requiere mucho más que el cambio de una persona para mejorar las cifras, reducir costos, subir producción y reservas y recuperar un gobierno corporativo sólido”. Y es que Ecopetrol viene de capa caída en cuanto a rentabilidad se refiere, cerrando 2025 con ganancias que se desplomaron un 40% respecto de las de 2024.

El presidente Gustavo Petro criticó la decisión con un trino en el que reveló que los miembros que él delegó en la junta son mayoría, y que su mayoría quiere apartar a Roa “transitoriamente”. El mandatario los tildó de “asustados” ante las presiones de sectores uribistas y del partido Cambio Radical, y ya había acusado al sindicato de trabajadores petroleros, USO, de aliarse con ese mismo uribismo. “Tengo representantes míos en las juntas directivas de las empresas públicas que se asustan, no con los gritos de los gringos sino de los uribistas. ¡Ay Dios!, cómo se les ocurre ofrecer en bandeja al presidente de la mayor empresa del país y al mismo presidente de la República a la extrema derecha solo por susto”, escribió el presidente.

Fue precisamente el sindicato el que terminó siendo decisivo: César Eduardo Loza, exlíder de la USO, se convirtió en el primer representante de los trabajadores en la historia de Ecopetrol cuando fue elegido para integrar el directorio en febrero de este año, tras una reforma estatutaria que abrió ese espacio por primera vez en 74 años de la empresa. Desde esa silla inédita, Loza fue uno de los cuatro miembros que dejaron constancia formal de su desacuerdo con la permanencia de Roa, rompiendo la alianza que hasta entonces existía entre el movimiento sindical y el gobierno, y añadiendo una presión que el directorio no pudo ignorar.

Natalia Name, abogada experta en temas reputacionales, explica que la figura adoptada equivale a un permiso del contrato laboral de Roa. “Es una decisión que lo separa del cargo por licencia”, dice. La junta ya anunció que a Roa lo reemplazará temporalmente el ingeniero electricista Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos, y quien lleva 28 años en el sector energético, la mayoría de esos en Ecopetrol.

Hasta este punto pesan sobre Roa dos imputaciones por parte de la Fiscalía. La primera de ellas, resuelta el 11 de marzo, es por tráfico de influencias en torno a la compra de un apartamento en el norte de Bogotá. Según reveló el periodista Daniel Coronell, las versiones de Roa sobre ese negocio acumulan al menos seis contradicciones: dijo haber conocido al coronel Juan Guillermo Mancera —quien aparece como el verdadero pagador del inmueble— en fechas distintas según a quién le contara; cambió en tres ocasiones el valor que dice haber pagado por la remodelación; y afirmó haber hecho una transferencia de 450 millones de pesos al día de cerrar el trato, pero seis investigadores de la Fiscalía registraron las oficinas de Serafino Iacono —el propietario original— y no encontraron pagos provenientes de Roa. Los únicos registros son seis movimientos del coronel Mancera, cinco de ellos realizados cuando Roa ya era presidente de Ecopetrol.

A ese expediente se suma el testimonio del constructor Johny Giraldo, quien dijo haber recibido cerca de 2.000 millones de pesos en efectivo, transportados en cajas de cartón. Y el del exjefe de una filiar de Ecopetrol, Hocol, Luis Enrique Rojas, quien declaró que Roa y su pareja lo presionaron para entregarle a una empresa de Mancera una concesión de regasificación valuada en 1.400 millones de dólares anuales. El miércoles, Roa afrontará la segunda imputación por presunta violación de topes en la campaña Petro Presidente 2022, de la que Roa fue gerente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la agencia antilavado del Gobierno mexicano, de congelar cuentas bancarias en los casos en que sospeche de actividades ilícitas de blanqueo de recursos, ya sea de personas o compañías. Con ello, la UIF no tendrá que promover una orden judicial previa al bloqueo de cuentas sospechosas. Esta decisión en materia de combate al lavado de dinero se suma a otra medida aprobada con la reforma a la Ley de Amparo, el año pasado, que prohibió a los jueces conceder suspensiones a los sujetos afectados por los congelamientos de la UIF.

El proyecto avalado por mayoría, y que fue presentado por la ministra Loretta Ortiz, asienta que la facultad de bloqueo de cuentas de la UIF no es una sanción penal, sino una medida cautelar administrativa y un acto de molestia temporal. La distinción es importante porque, de ser considerada una sanción penal, se requeriría del control judicial previo. El abogado fiscal Luis Pérez de Acha ha señalado que esta medida es congruente con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que México forma parte. “México está obligado a congelar activos de forma inmediata y a actuar con rapidez ante sospechas de lavado de dinero”, ha apuntado en X.

La decisión del Supremo se aleja de la jurisprudencia de la Corte anterior, según la cual, el bloqueo inmediato de cuentas —es decir, sin orden judicial— únicamente era procedente a petición de una autoridad extranjera. “Restringir el bloqueo a una petición expresa [de autoridad extranjera] genera un obstáculo innecesario para la UIF, que contraviene la función de facilitar el ejercicio de atribuciones investigatorias, al crear barreras que dificultan o imposibilitan la prevención de ilícitos”, indica la resolución.

A partir de esta resolución, las personas bloqueadas contarán con derecho de audiencia en la UIF para reclamar la legalidad de los fondos inmovilizados. También podrían acudir a la justicia para revocar el congelamiento de cuentas y el juez dictará de fondo si esa medida se mantiene o no. Es decir, el control judicial vendrá después de la acción de la UIF. En este punto se separaron algunos ministros, que consideraron que la medida atenta contra el derecho a la propiedad del ciudadano. “Se impone una práctica propia del proceso penal sin las garantías que lo rigen. Es una privación de la propiedad, en tanto impide por tiempo indefinido el uso de los recursos en las cuentas bloqueadas”, ha señalado el ministro Giovanni Figueroa.

Tras más de dos meses de incertidumbre, este lunes han sido identificados los cuerpos de otros dos trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver secuestrados en Sinaloa. Se trata de Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 35 años, y Miguel Tapia Rayón, de 40. Con esta actualización, nueve de los diez mineros desaparecidos han sido localizados sin vida, mientras continúa la búsqueda de un último trabajador.

Los mineros fueron raptados el 23 de enero en el municipio de Concordia, en un episodio que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha atribuido a un grupo de criminales vinculados al Cartel de Sinaloa. La región se ha convertido en un foco de violencia desde la caída de Ismael El Mayo Zambada en 2024, que desató una sangrienta guerra interna en la organización.

Ochoa y Tapia, originarios de Chihuahua y del Estado de México, respectivamente, fueron secuestrados junto a otros ocho compañeros: Javier Guillermo Vargas Valle (Concordia, Sinaloa, 40 años), José Ángel Hernández Vélez (Zacatecas, 38 años), José Manuel Castañeda Hernández (Guerrero, 35 años), Antonio de la O Valdez (Chihuahua, 30 años), Ignacio Aurelio Salazar Flores (Zacatecas, 37 años), José Antonio Jiménez Nevárez (Sonora, 32 años) y Javier Emilio Valdez Valenzuela (Concordia, Sinaloa, 40 años). El único minero aún pendiente de reconocer es el mayor de todos: Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 67 años.

“Este es un desenlace profundamente doloroso. Nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias que hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos”, ha señalado en un comunicado Michael Konnert, presidente de la empresa canadiense, quien afirmó que la compañía mantiene el acompañamiento a los familiares.

La búsqueda derivó en un operativo inédito con más de 1.000 militares, incluidos elementos de fuerzas especiales, que recorrieron comunidades como Pánuco y Copala, muchas de ellas prácticamente abandonadas por familias que huyeron de balaceras y ataques con drones. Como resultado, las autoridades detuvieron a cuatro jóvenes que, según la versión oficial, admitieron haber participado en la desaparición.

La investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República, ha clasificado el caso como un hecho relacionado con el crimen organizado. La principal línea apunta a que los agresores, presuntamente del grupo de los Chapitos, habrían confundido a los mineros con integrantes de la facción rival, leal al Mayo. Según la pesquisa, ese grupo habría desaparecido, asesinado y enterrado a los trabajadores en fosas clandestinas.

De acuerdo con ese relato, los detenidos confesaron que los mineros fueron asesinados para enviar un mensaje a un grupo rival, una versión cuestionada por los pobladores de Concordia. Los habitantes señalan que el secuestro ocurrió en una zona donde la presencia y los logotipos de la empresa Vizsla Silver eran visibles.

Las fosas clandestinas fueron localizadas en la comunidad de El Verde, a unos 15 kilómetros del fraccionamiento de donde fueron raptados los trabajadores. En el lugar también se exhumaron los cuerpos de otras cinco personas que no están relacionadas con el caso.

La ofensiva de Estados Unidos en contra de la migración desde México ha dinamitado un sitio sagrado que comparten ambos países. De acuerdo con denuncias de ciudadanos en Baja California y recogidas por medios nacionales, este fin de semana se registraron detonaciones en el cerro Cuchumá como parte de las obras para la construcción del muro fronterizo. Los explosivos fueron utilizados por personal estadounidense. Según las denuncias, un monolito de 35 metros de altura que data de entre 60 y 120 millones de años ha sido dañado. Al momento de esta publicación, no se sabe a qué grado.

Miguel Olmos Aguilera, doctor en Etnología, Etnografía y Antropología Social, y profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte, explica por teléfono que el cerro es un centro religioso con un alto valor sagrado para el pueblo kumiai, también transfronterizo. Dice que algunas personas de la comunidad le han comentado sobre las labores de construcción que se realizan allí: del impedimento para pasar, de las destrucciones a su sitio ceremonial. Él también desconoce qué tan grave ha sido el daño del monolito.

El cerro Cuchumá es una zona arqueológica y sitio ceremonial yumano —una familia de tribus indígenas como los cucapah, halyiikwamai, alakwisa, kamai, yuma, mojave, entre otros— que se extiende y se eleva unos 12 kilómetros desde sus faldas hasta la cima, a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar. El inmenso monte quedó partido en dos durante el siglo XIX por una frontera, y esa línea imaginaria también partió al pueblo kumiai, que habitaba esta zona: se dispersaron entre el sur de California, Estados Unidos, y las ciudades de Ensenada y Tecate.

“Aunque el cerro está dividido por la frontera, antes los kumiai podían acceder. Ahora me parece que ya no pueden”, dice Olmos Aguilera. Los kumiai son considerados una cultura binacional, pero la administración trumpista es reacia con el cruce fronterizo. Los kumiai, por ende, están muy molestos con la situación. “Hacen manifestaciones constantes en la frontera”, dice Olmos.

La lengua de los kumiai pertenece a la familia linguística hokana (seri, yumano-cochimí, entre otros). En una publicación del Colegio de la Frontera, de 2018, se lee que había unos 200 hablantes. “Sí, son pocos. Pero su fuerza vital es mucho más que eso. Los pueblos son muy fuertes”, dice Olmo, y resalta que la pérdida de su lengua no es un reflejo de existencia.

En octubre de 1992, la montaña fue reconocida oficialmente como Sitio histórico y sagrado dentro del Registro Nacional de Sitios Históricos (NRHP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. En la base de datos, el registro queda con el nombre de Kuchamaa, ubicado en Tecate Peak. “Se extiende en su mayor parte por el territorio de Estados Unidos, entre las localidades de Dulzura y Potrero. Tecate, en México, se extiende a lo largo de varios kilómetros por la base sureste del pico”, se lee en el documento. En México, el sitio es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial.

La frontera de Baja California no es la única que ha visto volar sus laderas por los aires en los primeros días de abril de 2026. Como lo informó este diario, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU (CBP) publicó un vídeo en redes sociales de las detonaciones en Nuevo México. En él decían que el monte Cristo Rey, ubicado entre El Paso y Ciudad Juárez, estaba siendo sometido a un procedimiento estético. Levantar un muro en áreas binacionales y de alto valor histórico y cultural, parte de la promesa original trumpista, sigue en marcha en su segundo mandato.

Después del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ninguna figura del Gobierno de Brasil atesora más proyección internacional que Marina Silva, que acaba de dejar el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático para concurrir al Senado en las elecciones de octubre. La veterana política de 68 años puede presumir de haber cumplido la misión que Lula le encomendó al reclutarla para su regreso al poder en 2022: la deforestación ha caído a la mitad, ha reconstruido la capacidad de fiscalización del ministerio tras los catastróficos años Bolsonaro y Brasil acogió la cumbre del clima de la ONU en Belém, en la Amazonia. Sin embargo, la antigua activista ambiental también ha sufrido algunos reveses importantes y un ataque abiertamente machista.

Silva ha dejado el ministerio por exigencias de la ley, que impone un plazo de seis meses fuera del Gobierno para concurrir a los comicios. Una senda que ha tomado la mitad del Gabinete de Lula. La ya exministra, que dejó el cargo hace unos días, es precandidata al Senado por São Paulo con el partido Rede, que cofundó hace una década. Participará en la campaña para la reelección de Lula. La ambientalista era cortejada por varios partidos, incluido el Partido de los Trabajadores, al que perteneció años atrás, pero ha preferido no mudarse de sigla.

Ella personifica sin duda la política medioambiental de Brasil en este siglo XXI, siempre de la mano de Lula. La ambientalista estuvo al lado del mandatario en su primera etapa en el poder hasta que en 2008 dio un portazo y dimitió en protesta por la construcción de Belo Monte, una central hidroeléctrica en la Amazonia que ha causado notables estragos ambientales. Después de aquello fue senadora e incluso candidata a la presidencia de la república. Su biografía recuerda a la de Lula. Creció en una plantación de caucho y aprendió a leer de adolescente.

Al regresar al ministerio, Silva también tuvo que moverse entre las dos almas de los Gobiernos Lula, que defienden la protección del medio ambiente, con la Amazonia como la jota de la corona, pero al mismo tiempo tiene un arraigado carácter desarrollista y es una potencia petrolera que no renuncia a buscar nuevos pozos.

Marina Silva y Lula volvieron a hacer equipo en este mandato. Ella exigió y logró que la cuestión medioambiental fuera prioritaria para el presidente y que otros ministerios también se participaran además de más medios y fondos tras el desmantelamiento del ministerio por parte del expresiedente Bolsonaro, que eliminó la cartera, envalentonó a los que explotan ilegalmente la selva tropical y no demarcó un centímetro de tierra indígena. La deforestación aumentó a un ritmo acelerado hasta alcanzar en 2021 el pico de los últimos 15 años.

Con Silva de vuelta al Ministerio de Medio Ambiente, en los últimos tres años han aumentado las inspecciones y las multas, de modo que la tala ilegal ha caído a la mitad en la Amazonia y se ha frenado notablemente en el Cerrado, otro ecosistema que sufre por la expansión del pujante sector agropecuario. También han convertido a los bancos en fiscalizadores ambientales. “Los resultados en el control de la deforestación son su mayor triunfo (…) En Brasil tiene un impacto climático directo porque la deforestación es la primera causa de la emisión de gases de efecto invernadero”, explicó Suely Araujo, del Observatorio del Clima, una coalición de ONGs, al diario Folha de S.Paulo.

En estos años el Gobierno también logró reforzar los mecanismos de financiación de proyectos ecológicos y retomó la demarcación de tierras indígenas con la protección de 13 nuevas áreas, cuidadosamente seleccionadas para evitar controversias.

La principal derrota política que ha sufrido Marina Silva fue la aprobación en el Congreso en 2025 de una ley que fragiliza notablemente los procedimientos para obtener una licencia ambiental. El lobby agropecuario es uno de los más poderosos del Parlamento. También durante una sesión parlamentaria fue atacada con comentarios machistas como que “las mujeres merecen respecto, pero la ministra no” o “sepa cuál es su lugar”. Abandonó la sesión ante semejante falta de respeto.

Otro pulso que perdió es la apertura de una nueva frontera petrolera mar adentro frente a la Amazonia con la autorización para que Petrobras perfore frente a la desembocadura del río Amazonas. El presidente Lula abrazó de inmediato el proyecto que finalmente, tras una riada de informes y contrainformes, avalaron los técnicos del Ministerio Brasileño de Medio Ambiente. Petrobras aún no ha confirmado si hay petróleo y si la explotación es económicamente viable.

El permiso para buscar petróleo en frente a la costa amazónica fue otorgado a las puertas de la COP30, que reunió en Belém a mandatarios de todo el mundo y a los que diseñan la política ambiental de los países.

Seis personas han muerto y una más está hospitalizada en estado grave tras recibir sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo, en Sonora. La investigación de las autoridades sanitarias y la Fiscalía del Estado apuntan a la solución que fue prescrita, mezclada y administrada por un mismo médico, identificado como Jesús Maximiano N. Otras dos personas han sido dadas de alta, por lo que hasta ahora hay nueve casos sospechosos relacionados con el mismo tratamiento en la última semana.

Todas las víctimas acudían a consulta con el médico general Jesús Maximiano, de 65 años, quien ofrecía tratamientos conocidos como vitamin drip, un procedimiento que consiste en un cóctel de vitaminas y minerales administrado vía intravenosa. Esta práctica se popularizó como terapia de bienestar, detox o de recuperación rápida para resacas o jet lag. El médico trabajaba en la clínica Medicina Biológica Regenerativa Celular, en la colonia Jesús García. “Todos recibieron solución intravenosa suministrada por el médico que la prescribía, mezclaba y administraba”, señaló la Secretaria de Salud en un comunicado. La Fiscalía abrió seis carpetas de investigación, correspondientes a las denuncias que han sido presentadas. Las muestras de la solución han sido enviadas a Ciudad de México donde son evaluadas por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Las víctimas identificadas son Jesús Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida, Catalina Figueroa, de 38 años, Zahid Alberto Castro Lagarda, de 22, y Dinora N. Algunos de sus familiares han compartido los síntomas previos a los fallecimientos. Zulema Yazmín, madre de Zahid, describió en una entrevista en Imagen el deterioro que sufrió su hijo: “Se sentía muy mal, mareado. Se había desmayado en el baño, se abrió la cabeza. Vomitaba… Al momento que lo quiso levantar, mi hijo se desangró. Evacuó, pero no era popó lo que hizo, era sangre”.

Diego Figueroa, hermano de Catalina, dijo que su familiar acudió luego de que sus padres también recibieran el tratamiento, sin síntomas adversos. “En la noche estaba pálida, se empezó a sentir mal y el doctor le inyectó otra cosa, otro suero”. Finalmente la llevó al Hospital General, donde murió: “A mi hermana se le quemó todo”. “Los riñones, el hígado… Era algo sumamente letal y en todos los casos pasó igual”, relata.

El perfil del médico en el portal Multiestetica.mx lo describe como especialista en tratamientos contra la obesidad, enfermedades metabólicas y nutrición, además de procedimientos estéticos como hilos tensores, liposucción y homotoxicología estética. El sitio también destaca su trayectoria profesional y asegura que la “calidad de la atención sanitaria” ofrecida se respalda en su formación y diplomados. Estudió la licenciatura de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Los sueros vitaminados se han popularizado en clínicas privadas y spas médicos, pese a que los especialistas han advertido sobre sus riesgos. Algunas celebridades como como Cindy Crawford, Madonna, Cara Delevingne o Rihanna han compartido imágenes recibiendo estas terapias. En 2017, la hospitalización de Kendall Jenner tras una reacción adversa a una infusión vitamínica volvió a poner el foco en los posibles efectos secundarios.

La junta directiva de Ecopetrol sesiona en la tarde de este lunes para intentar resolver, una vez más, lo que tres reuniones previas no han podido: decidir si Ricardo Roa sigue o no al frente de la empresa más grande de Colombia. Lo hace en medio de un nerviosismo creciente y evidente: cuatro de sus nueve miembros que ya han dejado constancia formal de su desacuerdo con la permanencia del presidente de la petrolera, un primer cambio de viento en contra del presidente a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial. El escándalo empieza a convertirse en un flanco incómodo para el oficialismo, que respalda la candidatura de Iván Cepeda.

La presión sobre el órgano corporativo es doble. Roa fue imputado en marzo por tráfico de influencias, en un caso que gira alrededor de la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá y sus vínculos con el expolicía Juan Guillermo Mancera, quien tenía intereses directos en contratos con la empresa. El miércoles debe comparecer de nuevo ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. Según la Fiscalía, los aportes habrían superado los topes legales en más de 5.300 millones de pesos. Roa ha dicho que demostrará su inocencia ante los jueces y que nada ha cambiado en la matriz de riesgo de la empresa que justifique su salida.

La sesión de hoy llega, además, después de un episodio que, en palabras del exministro de Minas Amylkar Acosta, “no tiene antecedentes en la historia reciente de la compañía”. Estaba previsto que siete de los nueve miembros de la Junta se reunieran con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño para consultarle sobre la permanencia de Roa. La reunión se canceló a última hora. Según fuentes consultadas por este diario, Petro optó por hablar a solas con dos de los miembros para transmitirle sus argumentos, que son los que llegan hoy al pleno.

Acosta explica que desde 2006, Ecopetrol dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado para convertirse en una sociedad anónima por acciones, listada en la Bolsa de Nueva York. El Estado es el principal accionista, con el 85,5% de los títulos, pero ese cambio implicó someterse a estándares internacionales de gobierno corporativo. Entre ellos, uno central: la independencia frente al Gobierno. En 2017, durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, el ministro de Minas fue el primero en salir de la Junta. Luego siguió el director de Planeación Nacional, y el último en marcharse fue el ministro de Hacienda, en cumplimiento de una recomendación directa de la OCDE. “Ese proceso tomó años en consolidarse, pero lo que ha ocurrido últimamente lo pone en entredicho”, sostiene Acosta.

Mauricio Téllez, exgerente de comunicaciones de Ecopetrol durante 22 años, apunta en la misma dirección. “Esa reunión es la muestra de que el gobierno corporativo está muy golpeado. La Junta Directiva debe ser independiente y velar por el bienestar de la empresa. No tiene sentido que le consulten [a Petro] sobre la permanencia de Roa”, dice a EL PAÍS. Téllez señala un antecedente que considera clave: el proyecto Oslo, que era una operación para adquirir, junto a la petrolera estadounidense Oxy, una empresa de recursos no convencionales en Estados Unidos. La iniciativa había pasado todas las instancias de aprobación en la junta directiva y se cayó solo tras una reunión con el presidente Petro. “Fue un antecedente nefasto”, dice.

El daño acumulado es medible. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa ubicó a Ecopetrol en el segundo lugar entre las empresas con mejor reputación en Colombia en 2022. Para 2025, la empresa cayó al puesto 17, quince escaños menos en tres años. Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que la expone a la supervisión de la SEC, el regulador estadounidense. La USO, el sindicato de los trabajadores petroleros que por primera vez en la historia tiene asiento en la Junta, ha advertido que convocará una huelga nacional si se ratifica a Roa en el cargo. Hoy, a las 4 p.m., la Junta fijará su posición. Las opciones son tres: mantener a Roa, pedirle una licencia temporal, o exigirle la renuncia. Y el tiempo aprieta en dos frentes: el judicial y el electoral.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este lunes su disposición a “sostener un diálogo bilateral serio y responsable” con Estados Unidos (EE.UU.) en el marco de la visita a la isla de los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson. “Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes”, expresó el mandatario cubano en sus redes sociales.

El pasado 13 de marzo, Díaz-Canel, reconoció un “diálogo” con Estados Unidos, en “fases iniciales”, lo que supuso un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz de la profundización del asedio petrolero impuesto por el Gobierno estadounidense desde enero.

Ambos congresistas realizaron la pasada semana una visita de cinco días a la isla y al finalizar publicaron una declaración en la que pidieron “entablar de inmediato negociaciones reales, que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano y los enormes beneficios para el pueblo estadounidense que se derivarán de una colaboración real”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se reunió con Jayapa ly Jackson, y explicó en redes sociales que les explicó que “la agresión multidimensional que enfrenta Cuba por parte del Gobierno de EE UU, con un gran impacto en la población cubana”, se ha agravado “con el actual cerco energético”. El ministro de exteriores señaló que había transmitido a los congresistas estadounidenses la “amenaza de acciones aún más agresivas” por parte de Washington hacia La Habana y “su constante y hostil campaña comunicacional de descrédito por todos los medios posibles”.

En su declaración, Jayapal y Jackson reclamaron que “el bloqueo ilegal de combustible a Cuba (…) está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano y (…) debe cesar de inmediato”. Describieron a su vez, que escucharon testimonios de “familias, líderes religiosos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil”.

Las tensiones entre Washington y La Habana se intensificaron después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero y el cierre del flujo de petróleo venezolano hacia la isla. Luego Estados Unidos amenazó con aranceles a quienes suministren petróleo a Cuba. El bloqueo petrolero ha elevado a tasas récord los apagones crónico sdel país y paralizado casi totalmente el sector estatal, desde hospitales y transporte público hasta fábricas y oficinas públicas. La medida ha sido calificada por la ONU de contraria al derecho internacional.