Category: Actualidad

Desde hace años se viene observando en todas partes una crisis del intelectual público, esa crisis que afecta a los agentes que han hecho del trabajo intelectual un oficio y se afanan en divulgarlo, poniendo a prueba su propia reputación en público al involucrarse en las causas de nuestro tiempo. Hace tiempo que no vemos a los intelectuales chilenos, tampoco españoles y en algunos pocos casos estadounidenses (Judith Butler, Angela Davis o Noam Chomsky, por ejemplo) involucrándose de modo público, corriendo riesgos, asumiendo costos. Lo normal de los intelectuales, y qué decir de la academia, es refugiarse en su torre de marfil, publicando papers para mini-públicos, y rara vez libros para lectores no especializados: de modo excepcional, y con pudor, incursionan en la esfera pública, mediante una columna de opinión o un ensayo, cuya existencia desprecian. Es el signo de estos tiempos aciagos, tecnológicos y violentos. Hace pocos días partió a los 96 años Jurgen Habermas, ese último gran filósofo defensor de la ilustración, quien también ofició como intelectual público: aun tengo en la retina su disputa en la década del ochenta con los historiadores revisionistas alemanes (Ernst Nolte y Klaus Hildebrand) obsesionados por hacer del episodio nazi una excepción (exculpatoria) de la historia alemana. Al saber de su muerte, solté una lágrima: junto a él partía un gran defensor de la ilustración y de la emancipación en nombre de la razón. Su partida es aun más chocante en la medida en que nos vemos expuestos a ingenieros (Marc Andreesen), blogueros (Curtis Yarvin), oligarcas (Peter Thiel) y un filósofo (Nick Land) que promueven la anti-ilustración, eso que se conoce como la “ilustración oscura”, una corriente tan influyente por estos días en la Casa Blanca. Los “académicos” no tienen idea de esto, y si algo saben de esta anti-ilustración, la desprecian por inculta: estrictamente hablando, tienen razón, es la ignorancia en el pináculo del pensamiento de internet, popular en ese sentido. Pero están profundamente equivocados al no tomar en serio un mundo que se propone destruir la “catedral”, ese conjunto de instituciones en las que se produce conocimiento sofisticado (las universidades), se difunde a través de los medios de comunicación también ellos sofisticados (desde el New York Times hasta Le Monde, pasando por EL PAÍS), pero que no captura la atención popular.

Lo sabemos. Los partidos de izquierda y progresistas ya no son lo que fueron: defensores de las causas emancipadoras con fundamentos y justificaciones. Sus programas suelen ser eslóganes. En el mundo de derechas también: solo tienen a su favor el orden establecido, reformable, modificable para restaurar sus fundamentos originarios. Tampoco cumplen esa función los intelectuales de izquierdas o progresistas (que de “orgánicos” no tienen nada, salvo una vaga y obligada referencia a Gramsci)… cuando existen. Pero allí están: ensayando lo que cada vez más se parece a una lengua muerta, como el latín. Su lenguaje políticamente correcto, a veces teñido por esa corriente extraña que es el movimiento woke que no promueve el universalismo sino la gloria de causas particulares, ha generado un hastío generalizado. La hiper-corrección política, esa que se expresa en cosas tan absurdas como hablar de “las y los medicamentos”, o del abuso del “les” y de los X para reunir al mundo entero en un gran acto comunicativo (que es mi crítica a Judith Butler) no solo movilizó a los segmentos más conservadores que rápidamente transitaron a lo reaccionario, sino también a los grupos moderados, patriarcales pasivos o feministas renegados, que terminaron en la derecha más extrema, sin percatarse ni tomar conciencia de ese tránsito. Ante este estado de cosas, los intelectuales de izquierdas y universalistas tienen poco que hacer: el daño es enorme, y su incursión en el espacio público tardará muchos años en producir efectos en algún tipo de modo sartreano.

Pues bien, esa función que era cumplida por los intelectuales públicos está siendo desempeñada por los artistas, especialmente por uno de ellos, proveniente del corazón de Hollywood: Robert de Niro. El papel que este actor de cine viene jugando desde hace años es notable, y está cumpliendo una función supletoria a lo que los intelectuales públicos de izquierdas, progresistas y universalistas no pueden hacer: movilizar a las masas, al electorado o derechamente al pueblo. Hace pocos días atrás, el 28 de marzo, de Niro encabezó una de las tantas marchas en contra del Gobierno de Trump: No Kings se les llamaba, y reunieron a varios millones de personas en más de 3 mil ciudades de los Estados Unidos. Es cierto, también participaron del llamado a movilizarse el cantante popular Bruce Springsteen y la actriz Jane Fonda. Pero hay algo singular en Robert de Niro que lo coloca aparte. En primer lugar, lleva años desafiando a Trump, desde su primer mandato: el presidente republicano le resulta insoportable, y ha argumentado sobre su antipatía en innumerables ocasiones (últimamente en defensa de los buenos vecinos de origen inmigrante). En segundo lugar, porque de Niro ha utilizado un lenguaje práctico, ofreciendo combos y una paliza al inquilino de la Casa Blanca, es decir un idioma que puede conectar con lo que personas comunes y corrientes pueden experimentar como agravio generado por el gobierno de Trump. No es mi idioma, pero convengamos que tiene más chances de conectar con la opinión popular que lo que yo pueda opinar en el mismo sentido que de Niro. En tercer lugar, involucrándose en cuerpo y alma en las movilizaciones, marchando en primera fila.

Todas estas cosas configuran una definición de la autenticidad del intelectual público: Robert de Niro no es un productor de ideas, tampoco reivindica ese rol, pero cumple esa misma función. Su pasión es evidente: no tiene nada que ganar en estas luchas, algo muy relevante para formar la autenticidad y no ser acusado de cinismo interesado.

Los productores de ideas deben tener a la vista que su producción necesita trascender el grupo enano de especialistas: en tal sentido, se les debe exigir transitar a la esfera pública, asumiendo costos que ponen en entredicho su reputación. Desde mi punto de vista, son los riesgos del oficio. Las ideas deben importar y generar consecuencias. Para que esto ocurra, los intelectuales públicos deben utilizar todos los soportes que se encuentran a su disposición, incluso los más vulgares, esos que no pasan por el juicio de pares: desde blogs a posteos, con textos cortos redactados en lenguaje humano e imágenes que facilitan la difusión por la vía de la simplicidad, tomando posición, luchando.

Las ideas no circulan a partir de su propia fuerza: no hay en ellas una fuerza intrínseca que, por sí sola, dinamiza el debate político, social e intelectual. Es lo que Habermas hubiese deseado. Cuando las ideas tienen éxito, es porque se produjeron las condiciones de fuerza, forma y contenido, las que convergieron en una coyuntura. Esto quiere entonces decir que el poder de las ideas no solo reside en ellas.

De Niro dio una muestra de lo que se debe hacer: ofició como intelectual público de modo fantástico, en una coyuntura en la que los intelectuales públicos se encontraban notoriamente ausentes.

Ahora, los intelectuales públicos deben ocupar la esfera pública: tienen todo por ganar, cuando la opinión de los partidos políticos y de quienes hablan en nombre de ellos es cada vez más irrelevante.

Durante 67 años se ha sedimentado en Estados Unidos, y específicamente al sur de Florida, una comunidad de cubanos marcada por el signo político del exilio. Como todo pueblo encerrado en sí mismo y obligado a sobrevivir en otro país, los “cubanoamericanos” tienen en su imaginario su propio mito fundacional, que no es más que el sueño americano aderezado con cierta camaradería de gueto. Y tienen, por supuesto, una promesa postergada, también fundacional: la del regreso a la tierra prometida, es decir, la tierra libre.

Las expresiones de esa promesa acercan su cumplimiento en el tiempo y hablan de una restauración rápida de Cuba. Así sucedió a inicios de la década de 1990 con “Nuestro día (Ya viene llegando)”, la canción de Willy Chirino que vaticinaba el fin del castrismo tras la caída del muro de Berlín y que se convirtió en un himno del exilio cubanoamericano. O con los videos hechos con IA que muchos cubanos comparten ahora en redes sociales, donde el desvencijado Malecón de La Habana se convierte en una copia caribeña del paseo marítimo de Miami Beach y el Teatro Karl Marx es rebautizado como Teatro Celia Cruz. O con las gorras de Make Cuba Great Again que muchos anticastristas usan, en un claro juego con el lema del MAGA.

Pero ahora que las viejas crisis que Cuba arrastraba han implosionado, el fin del castrismo parece más cercano que nunca. El tutelaje estadounidense sobre el gobierno y el petróleo venezolanos y el bloqueo energético impuesto por Washington a la isla desde enero de 2026 plantean un contexto desfavorable que sirve de catalizador del colapso.

Donald Trump, quien se ha propuesto “tomar” Cuba (lo que sea que eso signifique), no parece saber mucho del nuevo país que busca someter. Ha dicho, por ejemplo, que no está en zona de huracanes, cuando es precisamente lo contrario, y que los cubanos necesitan calefacción para vivir, cuando se trata de una isla caribeña donde el calor húmedo alcanza niveles infernales. No obstante, sí tiene algo muy claro: que en Estados Unidos existe una amplia y antigua comunidad de cubanos que comparten un mito fundacional y una promesa.

“Conozco a mucha gente de Cuba que fue tratada muy mal y que vino aquí [a Estados Unidos] y se hizo rica. Son personas muy emprendedoras y muy inteligentes”, dijo el presidente estadounidense durante una conferencia de prensa a inicios de marzo de 2026. A lo largo de ese mismo mes, mencionó en sus declaraciones a algunos cubanoamericanos que cumplían con estos criterios: la familia Fanjul, dueña de uno de los emporios azucareros más grandes del mundo; Jorge Mas Santos, hijo del fallecido líder histórico del exilio cubano (Jorge Mas Canosa), empresario próspero y dueño de la franquicia del Inter de Miami; y un cubano que llegó a Estados Unidos “con nada” y ahora es “el mayor propietario de estaciones de gas en el país”, quien seguramente es Máximo Álvarez, presidente de la Sunchine Gasoline Distributor y trumpista devoto. “Ustedes van a regresar. Será un gran día”, remató Trump.

Cabe preguntarse si, en el hipotético caso de que el castrismo cayera, estos millonarios serían la avanzadilla de una comunidad ávida de invertir en la isla y desarrollarla, cumpliendo así la vieja promesa del exilio cubanoamericano. “Tenemos decenas de miles de personas que fueron expulsadas de allí. Quizás quieran regresar”, dijo Trump en febrero de este año. Por su parte, desde La Habana, el régimen parece apostar por lo mismo sin que ello no solo no comprometa su supervivencia, sino que la garantice. A mediados de marzo, tras reconocer que sostenía un diálogo con la Casa Blanca, el Gobierno cubano anunció que estaba abierto a “mantener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses” y “con los cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes”.

Según Jorge Duany, exdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas y catedrático emérito de Antropología en la Universidad Internacional de Florida (FIU), aunque los cubanoamericanos mantienen un interés sustancial en relacionarse con Cuba, este tiende a disminuir entre los miembros de segunda generación nacidos en Estados Unidos y los que llevan más tiempo residiendo fuera de la isla. Para entender este fenómeno, escribe mediante correo electrónico desde Florida, es necesario remitirse a una encuesta de la FIU realizada desde 1991 a cubanoamericanos de Miami, ciudad que durante más de sesenta años ha concentrado buena parte de esta comunidad.

“Entre 1991 y 2007, entre el 27% y el 38% de los encuestados manifestó interés en regresar a vivir a Cuba si se restableciera un gobierno democrático. Lamentablemente, no se han reportado resultados para los años subsiguientes”, dice Duany. Sin embargo, atendiendo a la fórmula que plantea un mayor interés en quienes llevan menos tiempo como migrantes, estima que hoy deben ser más los que volverían a la isla. Solo entre 2022 y 2023 la población cubana cayó en un 18%, en gran medida por el éxodo masivo hacia Estados Unidos.

Aunque a ambos lados del estrecho de Florida los relatos defiendan una separación infranqueable entre el exilio y la isla, la realidad es muy distinta. “La encuesta de 2024 reveló que el 42% de los cubanoamericanos en el sur de Florida enviaban remesas a familiares en Cuba, y que el 52% había visitado la isla, sobre todo quienes emigraron más recientemente”, explica Duany. Seis años antes, durante el segundo mandato de Obama, cuando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos mejoraron, y se abrió cierta esperanza de un cambio económico y político, la mitad de los cubanoamericanos apoyaba la inversión de residentes estadounidenses en la isla (no se les preguntó si ellos mismos lo harían). Pero en 2024, tras el congelamiento de las relaciones y el freno impuesto por el régimen a sus propias reformas, solo lo hacía el 34%.

“No obstante, muchos cubanoamericanos ya invierten de manera informal en pequeños negocios independientes en Cuba para apoyar a sus familiares. En estos momentos, es difícil medir el deseo y la disponibilidad de los grandes empresarios cubanoamericanos para invertir en Cuba. Este asunto probablemente dependerá del levantamiento del embargo comercial de Estados Unidos y de la apertura al capital extranjero en condiciones favorables. En todo caso, la mayoría de los cubanos residentes en Estados Unidos visitaría la isla, pero no se mudaría allí de manera definitiva”, afirma Duany.

Respecto a Cuba hay dos asuntos tan poco probables a corto y mediano plazo que resultan difíciles de imaginar objetivamente: un relevo democrático para el castrismo y un país próspero económicamente. Frente a la ausencia de una oposición organizada y de estructuras estatales y de la sociedad civil funcionales, el primero parece imposible. El segundo, para muchos, descansa en la posibilidad de que las grandes y pequeñas fortunas cubanoamericanas decidan invertir su capital en la isla. Sin embargo, para Elías Amor, economista cubano y profesor universitario radicado en España, no tiene sentido pensar en estos “salvadores”.

“Lo que hace falta es que en la isla se produzca realmente un cambio de modelo económico y del sistema de economía de mercado y derechos de propiedad en línea con lo que existe en el mundo”, explica a través de un mensaje telefónico desde Valencia.

Sin embargo, aclara Amor, este cambio dista mucho de la apertura a la inversión extranjera recientemente anunciada por el régimen cubano. Para ser realmente efectiva, la transformación económica debería ir acompañada de un cambio político que lleve al establecimiento de una democracia:

“Transición económica y política deben ir cogidas de la mano en Cuba. Una vez logrados estos objetivos, la economía cubana se abrirá naturalmente al capital extranjero. Estados Unidos puede ser un participante destacado, pero igual otros muchos países interesados en apostar por una economía que podrá funcionar sin ataduras. Para el gobierno democrático cubano dará igual que inviertan los magnates cubanos del exilio o los de Brasil, Argentina, México, España, Italia o de donde sea. La salvación de Cuba dependerá de que en esta etapa democrática se acierte con el diseño de las instituciones, la estabilidad social y el modelo económico y político. Con ello, la aportación de capital extranjero o de cubanos exiliados puede estar garantizada, como ha ocurrido en otros procesos de transición”.

De momento, el castrismo apunta hacia otra dirección: transformar la economía sin afectar el sistema político, una apuesta que en cierto modo fracasó durante el llamado “deshielo” de las relaciones con Estados Unidos entre 2015 y 2017. En aquel entonces, las reformas no solo se estancaron, sino que muchas de ellas retrocedieron.

Ahora, ante el asedio de Trump, el régimen cubano ha vuelto a poner sobre la mesa la carta de una apertura económica. A finales del pasado mes de marzo, en una entrevista ofrecida al diario mexicano La Jornada, el presidente Miguel Díaz-Canel insinuó que la isla avanzaba hacia un modelo económico con “elementos de los modelos chino y vietnamita”. Es decir, capitalismo sin democracia. El anuncio ha incomodado a parte de la oposición cubana, que teme la posibilidad de que, en las negociaciones en curso Estados Unidos, Washington termine aceptando una variante del tutelaje aplicado en Venezuela, en el que la élite castrista se mantenga en el poder.

El economista Elías Amor, sin embargo, opina que un cambio así estaría condenado al fracaso de antemano. “El modelo vietnamita (Doi Moi), por ejemplo, no se puede aplicar en Cuba porque el régimen político ha fracasado y no tiene continuidad ni solvencia. Aunque el castrismo busca una transformación económica sin cambios políticos, que deje inalterado el sistema, eso en la isla es imposible porque la democracia y la libertad son innegociables y forman parte de las demandas sociales. Además, Estados Unidos no puede aceptar este tipo de contexto dictatorial desde que se firmó la Ley Helms Burton, a mediados de los años noventa del siglo pasado. En la ‘época Obama’, el castrismo jugó muy bien sus cartas con la complacencia del entonces presidente de Estados Unidos, pero todo salió mal. Democracia y libertad política en Cuba no se puede separar de economía de mercado y derechos de propiedad. Los maquillajes estéticos no sirven”.

México es el país con el marco jurídico e institucional más completo que existe en materia de desaparición forzada y es parte en los tratados que se refieren a las desapariciones forzadas. Al haber sido ratificados por el Senado, son ley suprema.

Otros países no tienen el gran número de normas e instituciones que tiene México, por la sencilla razón de que no se han visto en la necesidad de crear un aparato para dar solución a un problema que vergonzosamente se presenta en México, pero del que carecen esas naciones.

México se distingue, desde tiempo atrás, en participar en los mecanismos previstos en los tratados sobre derechos humanos universales y regionales, de manera casi siempre puntual, además de mostrar disposición de colaboración cada vez que es llamado a comparecer ante ellos.

En el caso del Comité contra las desapariciones forzadas (CED), el órgano vigilante de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Convención), México cumplió con la presentación del informe sobre la implementación de la Convención, por lo que el CED lo llamó a sustentar dicho informe en febrero de 2015. Al final, el CED concluyó que en México existía un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podían caracterizarse como desapariciones forzadas.

La desaparición forzada requiere que en su comisión hayan participado directa o indirectamente agentes del Estado. Por directamente se entiende que la privación de la libertad la cometan agentes del Estado, de cualquier sector o nivel, es decir, no importa si son federales, estatales o municipales, y no importa el rango que el servidor público tenga, ni a cuál de los tres poderes federales o locales pertenezca. Por indirectamente se entiende que la desaparición forzada ha sido cometida por agentes no estatales, por ejemplo, por integrantes de organizaciones criminales, pero que han recibido autorización, apoyo o aquiescencia de agentes estatales de cualquier sector o nivel.

En 2018, ya siendo presidente electo Andrés Manuel López Obrador, México compareció nuevamente ante el CED, donde presentó significativos avances, especialmente legislativos. El CED elogió tales avances, pero le dijo que en el país todavía existía un contexto de desapariciones generalizadas.

López Obrador tomó la acertada decisión de extender una invitación al CED para que visitara México, lo que sucedió en 2021. Un año más tarde se emitió un extenso informe en el que el CED reiteró que en México existe un contexto de desapariciones generalizadas. Las cosas no mejoraron con el Gobierno de López Obrador.

El CED volvió a llamar al Estado mexicano en 2023 para revisar los avances respecto a las recomendaciones que había realizado en 2022. El Estado mexicano acudió al llamado.

El CED se percató de que, no obstante el colosal aparato legislativo e institucional existente en México (recientemente robustecido con más reformas legales, protocolos, instituciones, etc.), sus recomendaciones relacionadas con el establecimiento de una política de prevención de las desapariciones, que incluya el abandono del modelo militar de seguridad, la impunidad casi absoluta prevaleciente en México en materia de desapariciones y la crisis forense, con más de 70.000 cuerpos sin identificar, y otras recomendaciones de diversa índole, no habían sido debidamente instrumentadas. Por todo esto, las desapariciones no se habían prevenido, sino que habían aumentado. La impunidad seguía siendo casi absoluta y la crisis forense estaba peor que cuando el CED visitó México.

Ante tal situación, el CED decidió hace un año abrir el procedimiento para considerar si sometería la situación a la atención de la Asamblea General (AG) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El jueves hizo pública su decisión. El caso de México irá a la AG. El CED propone al máximo órgano de la ONU que adopte medidas para dar solución a la crisis. Además, recomienda establecer mecanismos con apoyo internacional, incluyendo financiamiento y asistencia técnica.

El Gobierno mexicano, en lugar de interpretar la decisión del CED como una oportunidad dorada para intentar remediar una tragedia humanitaria que no muestra mejoría significativa, tomó la decisión del CED como un ataque que fue respondido con agresiones e insultos, muy semejante a la manera como solían reaccionar los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El Gobierno niega que hoy se cometan desapariciones forzadas “desde el Estado”, que haya aquiescencia de agentes estatales en muchísimos casos (porque no está de acuerdo en la definición de ‘aquiescencia’ establecida por el CED), que la magnitud de las desapariciones en México sea tal como para haber llegado ya a un nivel en el que existan indicios bien fundados de que estas constituyan crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo dice que el CED es tendencioso, sesgado, ligero en sus premisas y que no se condujo con rigor jurídico al llegar a sus conclusiones.

Cuando se niega un problema, no se adoptan las medidas para corregirlo. ¡Qué medidas, ni qué medidas! ¡Si no tenemos el problema que esos “expertos” sesgados, ligeros, tendenciosos y carentes de rigor jurídico dicen que tenemos! Entonces… ¡ni pa’ que preocuparnos!

Como era de esperarse, diversos colectivos de familias han deplorado la respuesta del Gobierno, pues consideran que no conduce a solucionar los problemas que padecen. Les indigna que las autoridades golpeen a un aliado internacional de las víctimas y rechacen un diagnóstico que ellas respaldan y con el que están de acuerdo.

Al margen de las improductivas discrepancias que pudiera tener el Gobierno con el CED (que si la definición de aquiescencia se extralimita, que si la aplicación del artículo 5 de la Convención y su relación con el artículo 7 del estatuto de Roma está mal en el caso de México, etc.), hagamos votos porque esta Administración enmiende su actitud y la reconduzca hacia la aceptación y solución de los problemas que no ha podido resolver, pese a la extraordinaria cantidad de leyes, protocolos, instituciones y demás cosas que el Estado presume haber construido y que dice que el CED no tomó en cuenta. Todo este entramado, en la realidad, no ha solucionado los problemas que viven, día a día, las víctimas de desaparición de nuestro México lindo y herido.

Gustavo Petro cada día se parece más a Mao Tse Tung y no por lo que él quisiera –hecho que demuestra su ignorancia sobre la historia de los movimientos de izquierda–, sino por lo malos líderes que resultaron. Así como a Mao no se le puede negar haber sido el líder de un ejército revolucionario que llevó a China a abrazar el comunismo, a Petro nunca se le negará que fue quien logró que la izquierda lograra llegar a la presidencia de la República tras casi 90 años de sequía. Empero ni el uno ni el otro fueron buenos para sus países.

Mao fue responsable de decenas de millones de muertes por dos programas absurdos que no fueron más que el reflejo de su ignorancia, su incapacidad de dejarse guiar por personas más educadas que él y un profundo sectarismo que disfrazaba de una supuesta defensa de los intereses del “pueblo”. Los ejemplos más dramáticos están en “El Gran Salto Adelante” y “La Revolución cultural”.

El primero fue una campaña de Mao para industrializar a la China a las malas, poniendo a los campesinos a producir acero – que resultó de pésima calidad – destruyendo a su paso la producción agrícola, hecho que llevó a una terrible hambruna que mató a entre 15 y 55 millones de personas. El segundo fue una campaña para purgar a sus rivales políticos y radicalizar a la sociedad china movilizando a jóvenes en las llamadas “Guardias Rojas” que sembraron una década de terror, destrucción del patrimonio, persecución a los intelectuales y cientos de miles de muertos en juicios populares donde la justicia no era la prioridad.z

A la muerte de Mao, la China en vez de ser un país modelo era uno de los países más pobres del mundo, con un aparato estatal, universitario y científico desmantelados, una sociedad rota y traumatizada por décadas de delatores, persecuciones y castigos con trabajos forzados a aquellos que no se alineaban con el líder. En pocas palabras, las tres décadas de Mao en el poder fueron un absoluto desastre para los chinos y el hecho de que aún hoy le rindan homenaje en la China está más relacionado con la necesidad de mantener la ficción de un “padre de la patria” antes que la admiración por tanta cosa que hizo mal.

Mao desconfiaba de los técnicos e intelectuales porque ellos le decían verdades incómodas, por ejemplo, durante “El Gran Salto Adelante” silenció y persiguió a aquellos que le señalaban que su proyecto de acero era un fracaso. Mao no quería una clase técnica competente acompañándolo en el gobierno pues esta hacía contrapeso a su autoridad. Al final terminó rodeado de personas sin experiencia, altamente ideologizadas, que tomaban decisiones claves para el país sin conocimiento real de lo que hacían. Mao prefería rodearse de aduladores. Mao y su ego dejaron a la China sumida en un desastre.

Petro detesta a los técnicos y menosprecia a las universidades que gradúan a los mejores profesionales del país. Petro se rodea de aduladores y estos saben que por esa vía consiguen manipular las decisiones del presidente. Petro vive hablando del “pueblo” como si este fuera rector de su visión de país, pero no piensa en el “pueblo” cuando sin acompañamiento técnico o sin argumentos concretos y responsables decide avanzar en absurdas decisiones como la de ahogar el sistema de salud, cuestionar el trabajo del Banco de la República, destrozar la diplomacia o radicalizar a los jóvenes para llevarlos a promover una guerra civil.

Petro quiere convertir a Colombia en China, pero en la China de Mao, muy diferente de la de Deng Xiao Ping, quien fue censurado por Mao por decir la verdad. Otro parecido con Petro a quien le encanta señalar y condenar sin pruebas, criticar a empresarios e industriales por igual, potencializando el dogmatismo, condenando a los más capaces de sus colaboradores. Mao no quiso a los chinos. Quiso a su sueño de la China. Un sueño que con él jamás se habría alcanzado. No fue Mao quien hizo de China la segunda economía del mundo, ni quien acabó con la pobreza. Pero Petro no lo sabe porque su sueño es ser grande como Mao.

Alcanzar el poder, bajo el paraguas institucional de la democracia, presupone que la voluntad popular de una manera o de otra está presente. El sufragio universal valida el proceso de (s)elección de gobernantes en cualquier nivel, sea de forma directa o indirecta, a través de candidaturas uninominales o plurinominales, con una sola vuelta o a doble vuelta, con criterios de representación mayoritaria o proporcional. Si el condicionante del origen procedimental es claro dentro de esa variada casuística no lo es tanto en lo atinente a las condiciones de la persona que quiere acceder al usufructo del poder sea en el ámbito que sea. Hoy, solo la edad mínima y la nacionalidad constituyen una traba universal, además de la condena que prive del ejercicio de derechos políticos, pues otras limitaciones derivadas de la incompatibilidad por poseer un fuero militar o eclesiástico solo se dan en un escaso número de constituciones.

El ejercicio de la política requiere, por tanto, de candidaturas listas para competir en un determinado marco institucional que habitualmente están ungidas por una mezcla de ambición y de vocación y que resultan electas gracias al apoyo popular. La legislación puede incorporar limitaciones referidas a su inclusión en formaciones políticas con personería jurídica determinada prohibiendo expresamente las fórmulas independientes o no. Puede asimismo obligar a que, en su caso, la configuración de las listas sea paritaria. También puede prohibir la reelección inmediata o incluso la alterna. La vieja consideración del sufragio censitario que influyó en las condiciones letradas ya desapareció. Por otra parte, la profesionalización de la política hizo que las campañas electorales se nutrieran de flujos de capital insólito a pesar de que algunas legislaciones imponen controles severos a los gastos.

Sin embargo, se omitió cualquier tipo de disposición sobre el tope de edad y no se consideró regular la salud de quienes estaban en la liza democrática por el poder. En algunas ocasiones, como ocurrió en Ecuador en 1997, la Constitución al uso permitió al Congreso destituir al presidente en ejercicio bajo la figura de incapacidad mental sin que recabara intervención de especialista alguno que lo certificara. La puerta de entrada en la política estuvo siempre abierta a prácticamente todo el mundo al ignorarse el nivel de la condición física o psicológica de quienes aspiraban a un cargo. Lo que se da como mecanismos de control en otras profesiones cuya responsabilidad es significativa, piénsese en los pilotos de avión, no existe en la política, aunque la persona concernida pueda llegar a tener en sus manos el botón nuclear.

Ahora bien, al tratarse del manejo del poder requiere siempre de instituciones que lo frenen para evitar su discrecionalidad y la tentación de perpetuarse indefinidamente. Más aún por el hecho de gestarse en la era digital, un escenario donde lo que impulsa el interés y la participación son los algoritmos y el entretenimiento, no la experiencia validada constantemente, ni la deliberación. Una dislocación social que parece no tener límite en la que, además, se cree que el poder no debiera residir en instituciones —que pueden violentarse a voluntad—, colectivos —que se pervierten en una confrontación agónica amigo-enemigo—, ni iguales —al triunfar la lógica de la exclusión—; todo el poder tiene que emanar y girar en torno al propio individuo que lo alcanza por un mecanismo u otro.

Este escenario se ve matizado en la actualidad por dos aspectos que no son nuevos en la historia, pero que en la política espectáculo de hoy en día cobran un significado dramático por tratarse de fenómenos que afectan a cierto número de países cuya relevancia en el panorama mundial de uno de ellos es mucha. Son la enfermedad y la edad. La actividad política requiere de energía y de unas capacidades de atención, discernimiento y equilibrio que disminuyen cuando el sujeto está afectado por ambas. De hecho, su habitual correlación puede llegar a ser una combinación nefasta.

No se trata del complejo asunto de la calidad de los políticos cuya determinación es siempre complicada y sobre la que no hay un consenso determinado ni por la academia ni por la opinión pública. Es algo que desde el nivel de la capacidad se liga a la responsabilidad en base a unos principios éticos que respetan la legalidad y que asumen las consecuencias de los actos en un ejercicio permanente de rendición de cuentas.

La enfermedad, sobre todo la que tiene un componente neurológico, no es fácil de diagnosticar y más si no hay contacto físico con la presunta persona afectada que debe examinarse para determinar su estado. Además, aspectos habituales en la política como el narcisismo, la inconsistencia, la paranoia, la bipolaridad, la falta de autocontrol, la amnesia, el delirio, las alucinaciones, las manías y las obsesiones configuran una frontera nebulosa entre el individuo sano y aquel que ha rebasado todos los límites. El ejercicio del poder bajo esas circunstancias de prepotencia conduce al caos, al triunfo del capricho y al descrédito. Los casos actuales son de sobra conocidos y no se libra el juicio de su deterioro mental por el hecho de que algunos cuenten con tasas elevadas de aprobación y simpatía popular.

Por su parte, la edad acompaña en una clara correlación al desgaste neurológico. El Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, la psicosis y los trastornos disociativos son una prueba de ello. Sin caer en la fijación de un tope preciso y habida cuenta de las numerosas excepciones de personas de edad avanzada que gozan de una salud mental impecable es siempre un elemento para tener en cuenta en la consideración de la carrera política.

Dentro de los numerosos factores que irrumpen en la política, la salud mental de quienes la ejercen en su más alto nivel, como cada día hay una clara evidencia de ello, es uno que no debiera soslayarse. Es un imperativo abordar esta traba en el marco de sociedades que deben tomar conciencia del riesgo que supone estar gobernadas por individuos enfermos cuyas decisiones megalomaníacas sin cortapisa alguna pueden generar desastres inconmensurables.

Todas las cartas del Gobierno mexicano para impulsar el crecimiento del país están en invertir en infraestructura. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado en las últimas semanas al Congreso la iniciativa para la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con ella busca empujar la inversión pública y privada en los próximos cuatro años. La propuesta define un marco legal para que las empresas colaboren con el Gobierno como socios en proyectos en el sector energético, el ferroviario, las carreteras y los puertos. Durante 2025, el PIB de México creció un 0,8%, lo que mostró un importante rezago en el impulso de la inversión. Con la nueva ley, la Administración de Sheinbaum busca elevar la inversión y empujar el crecimiento nacional, sin aumentar los impuestos y sin afectar las finanzas públicas.

La relación entre la iniciativa privada y el Gobierno mexicano sufrió una importante ruptura durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). El entonces presidente canceló en el arranque de su administración la construcción del aeropuerto de Texcoco, que ya se encontraba en construcción, por lo que los empresarios comenzaron a ser escépticos sobre la certeza jurídica y financiera que podrían tener sus proyectos en México. Sheinbaum, con esta nueva ley, busca restablecer la confianza del sector privado y acelerar la inyección de capital. El objetivo es que de 2026 a 2030 la inversión sume 5,6 billones de pesos a través de contratos mixtos, contratos a largo plazo y esquemas de partición con instrumentos financieros.

En todos los casos el Estado sería un socio más para las empresas privadas. “La inversión privada es el principal motor de formación de capital, por lo que fortalecer la certeza jurídica es fundamental para evitar que se desincentive”, señalan desde el think tank México ¿cómo vamos? La iniciativa ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, pero está pendiente del visto bueno del Senado, que retomará sus actividades la próxima semana. “Lo que estamos buscando es movilizar miles y miles de millones de pesos que están inactivos en fondos, en fideicomisos, en ahorros, en bancos, para trasladarlos de manera directa a los privados”, ha explicado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados de Morena, el partido en el Gobierno.

Mientras la legislación queda resuelta, el Gobierno ha adelantado que la distribución de la inversión estará enfocada en 54,15% al sector energético, 15,63% a trenes, 13,94% a carreteras y 6,48% a puertos. La Secretaría de Hacienda publicó esta semana su estimación macroeconómica para los meses por venir, en ella mostró un panorama optimista para el crecimiento de la economía y colocó su estimación del crecimiento del PIB mexicano entre 1,8% y 2.8% para 2026 y entre 1,9% y 2,9%, en 2027. “La inversión será uno de los principales motores del crecimiento. La participación privada repuntará conforme las empresas se adapten al nuevo entorno regulatorio y avance el proceso de revisión del TMEC. A su vez, la inversión pública y mixta contribuirá a ampliar la capacidad productiva, mejorar la conectividad y reducir cuellos de botella en sectores estratégicos, a través del Plan México y del Plan de Inversión”, ha argumentado la dependencia.

En la práctica el Gobierno mexicano ya utiliza estos esquemas para financiar infraestructura. Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró recientemente siete contratos mixtos para la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, en ellos actúa como socio y posee una participación por encima del 40%. En otro caso, Hacienda participó a través de un fideicomiso privado en la adquisición de activos de la firma española Iberdrola en 2023. La inversión al cierre de 2025 se ubicó en 22,9% del PIB, de esta un 19,5% es privada y el 3,4% restante es pública.

Aunque la propuesta fortalece el marco legal y establece condiciones financieras para que las empresas participen, algunos sectores dudan sobre aquellos resquicios que la ley no cubre y que serán decididos por el Gobierno sobre la marcha. “El principal riesgo de la iniciativa no radica en la estructura financiera, sino en la falta de claridad respecto a aspectos clave: deja margen para la discrecionalidad en la determinación de qué proyectos son estratégicos, no ofrece protección jurídica ante actos de autoridad, ni establece cómo se deducen los costos operativos antes de distribuir beneficios”, apunta un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La iniciativa privada ha comenzado el análisis sobre los sectores en los que el Gobierno emprenderá los proyectos y le ha pedido a la Administración de Sheinbaum ser parte de la toma de decisiones. “Los constructores queremos participar más para apoyar. Existe la comunicación con el Gobierno y podemos pasar la información de los proyectos en diferentes sectores que hemos definido. Queremos estar adentro con voz y voto”, ha manifestado el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled.

Diversos organismos multilaterales han advertido al Gobierno mexicano sobre la necesidad de una reforma fiscal que le puede permitir al Estado ampliar su base de recaudación. Sheinbaum ha buscado el espacio fiscal en otros rincones y, por ahora, ha apostado toda la baraja a la inversión privada. “El plan [de inversiones] busca que no pasemos a grandes endeudamientos que afecten a la economía o al presupuesto nacional o a la situación financiera del país y, al mismo tiempo, que haya participación privada en algunas áreas. También garantizaría, por ejemplo, que no hubiera aumentos desmedidos en las tarifas de luz o abusos por parte de empresas privadas”, ha mencionado la presidenta sobre su plan de inversión.