Category: Actualidad

  • La ovación que merece la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles

    La ovación que merece la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles

    Hubo un tiempo, no hace tanto, en que una ovación de pie era todavía una excepción. Se reservaba para esas raras ocasiones en que lo ocurrido sobre el escenario parecía exigir una forma distinta de agradecimiento; cuando el aplauso, por sí solo, se volvía insuficiente. Hoy, en cambio, las ovaciones se prodigan con tal facilidad que casi han perdido su significado. Tal vez por eso convenga prestar atención cuando aparece una que se justifica plenamente.

    El 24 de agosto, en el Teatro Municipal de Las Condes, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile —conocida afectuosamente como la FOJI— celebró sus 25 años junto a la Fundación Beethoven. Su Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, dirigida por Paolo Bortolameolli y acompañada por el violonchelista estadounidense Zuill Bailey, ofreció una función brillante en la que fue difícil conciliar la edad de quienes estaban sobre el escenario con la madurez de lo que se escuchaba desde las butacas. Al final llegó una larga ovación que nada tuvo de cortesía inmerecida.

    Detrás de esos músicos hay una historia aún más extraordinaria que la del concierto. En 1964, Jorge Peña Hen formó en La Serena la primera orquesta sinfónica infantil de Chile y Latinoamérica, trabajando con niños de escuelas vulnerables. Tras su temprana y trágica muerte, aquella experiencia quedó truncada. Para nuestra fortuna, el visionario Fernando Rosas recogió ese legado en 1992 y, nueve años más tarde, junto a la primera dama Luisa Durán, dio origen a la FOJI. La idea era sencilla pero radical: que talento y vocación, antes que los recursos familiares, determinaran quién podía acceder a un instrumento, recibir formación y encontrar un lugar en una orquesta.

    Un cuarto de siglo después, la FOJI mantiene 19 orquestas a lo largo del país y apoya cada año a más de 1.200 niños y jóvenes. Su principal conjunto ha trabajado con músicos como Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Juan Pablo Izquierdo o Maximiano Valdés. Pero sería un error buscar en esos nombres la medida de su éxito. Su logro más importante ocurrió lejos de los grandes escenarios, al convertir una idea generosa en una oportunidad concreta para miles de niños y jóvenes. En ello, conviene precisar, el azar se ha confrontado a través de una política pública bien diseñada, combinando becas, acompañamiento psicosocial, formación de profesores, fondos para crear y fortalecer orquestas comunales, adquisición y reparación de instrumentos, además de encuentros y giras.

    Hay, además, algo excepcionalmente poco chileno en toda esta trayectoria: su continuidad. La FOJI sobrevivió a sus fundadores, a cambios de gobierno y coaliciones ideológicamente muy diversas, cada una de ellas obnubilada por modas, prioridades y entusiasmos pasajeros. En un Estado demasiado habituado a confundir políticas públicas con programas de gobierno y a inaugurar instituciones como si cada administración comenzara la historia desde cero, la FOJI ha conseguido en estos 25 años algo excepcionalmente meritorio: dejar de ser la obra de un gobierno para convertirse en una obra del Estado.

    Precisamente por eso resultó tan desconcertante la señal enviada hace algunos meses desde el ministerio de Hacienda. Mientras decía preparar el Presupuesto de 2027, sus equipos incluyeron los programas de orquestas propias y comunales de FOJI entre aquellos que recomendaba descosí,ntinuar. Luego de la esperable crítica, vino la exégesis. Se dijo que era apenas una orientación preliminar, que ninguna decisión estaba tomada y que ‘descontinuar’, al parecer, no significaba necesariamente descontinuar. Que el gasto público deba revisarse es evidente; ninguna institución, tampoco FOJI, puede reclamar inmunidad frente a ese examen. Lo difícil de explicar es otra cosa: que una política que tardó 25 años en levantar una red nacional apareciera, siquiera por un momento, entre aquello de lo que el Estado podía prescindir. Para una institución que celebra sus bodas de plata, cuesta imaginar un regalo más fiel a esa antigua tradición nacional conocida como el pago de Chile.

    Pero el episodio importa por algo que trasciende el destino presupuestario de la propia fundación. Una ovación auténtica exige primero una obra capaz de merecerla. Y esas obras rara vez se improvisan. Necesitan tiempo, perseverancia, aprendizaje y algo que la política contemporánea parece llevar especialmente mal: pensar en décadas, sabiendo plantar árboles bajo cuya sombra seguramente se sentarán otros.

    La FOJI es precisamente eso. Es una política cultural exitosa bajo cualquier métrica, pero que necesitó décadas para mostrar de lo que era capaz. La pregunta incómoda, entonces, no es solo por qué alguien pensó en descontinuarla. Es cuál será la próxima. ¿Qué política educacional o cultural se está construyendo hoy que pueda aspirar, dentro de 25 años, a una ovación semejante? ¿Cuál dejó encaminada el gobierno anterior? ¿Y el que lo precedió? La dificultad para encontrar respuestas parece demostrar que, desde hace demasiado tiempo, la política reparte aplausos con mucha mayor facilidad que legados.

    Tal vez allí esté el verdadero problema. En cultura, como en tantas otras materias, la política se ha vuelto demasiado hábil para anunciar, inaugurar y rebautizar, pero mucho menos para perseverar. FOJI demuestra que las políticas que perduran suelen exigir justamente lo contrario: encontrar una buena idea, resistir la tentación de apropiársela, protegerla de los cambios de gobierno y darle el tiempo necesario para madurar.

    La ovación del lunes 24 de agosto fue, por eso, algo más que el reconocimiento a una gran interpretación. Fue también el aplauso a una manera de hacer política pública que se ha vuelto demasiado inusual. Conviene no confundir las cosas. Las ovaciones pierden su valor cuando se regalan. Lo mismo ocurre con las buenas políticas cuando se descuidan.

  • El temor de la reescritura de la historia del Perú

    El temor de la reescritura de la historia del Perú

    Eran las 10:30 de la mañana de un domingo reciente y, en Lima, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) había sobrepasado su capacidad de aforo. Los guardias, un tanto nerviosos, trataban de contener a la multitud de adultos mayores, adultos, pero sobre todo jóvenes que se habían reunido para recorrer las salas del lugar bajo la guía del sociólogo e historiador Guillermo Nugent, una actividad convocada por la diputada del Partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza. Si alguien hacía un poco de bulla, otros emitían unos firmes “shhh” “shhh”. La gente quería escuchar.

    No es que el LUM —el lugar dedicado a la conmemoración y aprendizaje sobre el periodo de la violencia entre 1980 y el año 2000 en Perú— sea un páramo sin visitantes, pero esa mañana era distinta. Días antes, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, había propuesto, a través de una carta firmada por un par de decenas de excongresistas, exministros y otras personalidades, que la dirección del LUM pasase a su cartera. En resumen, porque hoy su “sentido pedagógico está completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados”.

    El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, respondió escuetamente que esta era “la opinión del ministro” de Justicia y que el “museo” al que hacía referencia pertenecía al sector de la cultura. Días más tardes declaró que, si bien no hay intenciones de cerrarlo, había que hacer cambios en él, pues era “un punto de desencuentro, desunión y de permanente enfrentamiento entre los peruanos”.

    La profusa visita al LUM y las discordias en torno a este espacio se enmarcan, además, en un asunto mayor que ha sido nombrado, discutido y temido desde incluso antes que la presidenta Keiko Fujimori asumiera el cargo: la posibilidad de la reescritura de la historia.

    ¿De qué se habla cuando se habla de la reescritura de la historia en el Perú de hoy?

    Para el politólogo José Alejandro Godoy, autor de un par de libros sobre el clan Fujimori, tiene que ver con dos periodos que se intersecan. Uno es, ciertamente, el periodo del conflicto armado interno de 1980 al año 2000 y las acciones de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El otro es la década del régimen de Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y de violación de los derechos humanos.

    La lectura sobre estos acontecimientos que defiende cierto sector de derecha y conservador, señaló Godoy, no es aquella amplia y compleja que propone la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en su informe final (para el cual, entre otras tantas acciones, se visitaron 129 provincias y 509 distritos del Perú, muchas de ellas, las más vulneradas y vulnerables). Una lectura en la que se reconoce y condena los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por los grupos terroristas, pero también los perpetrados por los agentes del Estado. Para dicho sector, el Estado dirigido por Alberto Fujimori venció el terrorismo y, por lo tanto, hizo ante todo el bien. Criticar sus acciones o compararlas con las de los terroristas es, prácticamente, vejatorio e indecoroso.

    Esta versión parcial, por supuesto, también es defendida por los partidarios de Alberto Fujimori y los miembros del partido Fuerza Popular, cuya lideresa, Keiko Fujimori, ahora gobierna el país. Y aunque ella desde hace un tiempo no se pronuncia al respecto, su silencio más bien parece ser una suerte de equidistancia propicia que no la indispone, sobre todo ahora que casi la mitad del país no la apoya.

    Guillermo Nugent, que al final de su visita guiada por el LUM estuvo conversando con varios jóvenes por largo rato, explicó que la “idea de reescribir la historia siempre ha sido un instrumento de poder”. En Perú, no es una maniobra desconocida ni mucho menos. Uno de sus ejemplos más antiguos, dijo Nugent, podría ser cuando el virrey Francisco de Toledo le encargó a Pedro Sarmiento de Gamboa escribir la historia de los incas como la de unos tiranos sanguinarios, para justificar y legitimar la conquista española.

    Por otro lado, la administración de la memoria también es ansiada por las clases dominantes, señaló Nugent. Pero la memoria, al ser un recuento o reconstrucción de los hechos, resulta plástica y más pasible de modificación.

    En cualquiera de los casos, eventos tan intrincados necesitan de reflexión y esta, según el sociólogo e historiador, nunca es plana. Puede ser incluso contradictoria. “Si hay reflexiones, hay una cosa heterogénea”, dijo. Habrá distintos puntos de vista y estos son “saludables para nuestra cultura pública”, para acostumbrarnos a la diversidad.

    En eso coincide Godoy. Los eventos traumáticos de una sociedad siempre traen tensiones relacionadas con cómo los recordarnos. Hay distintos tipos de memoria, dijo Godoy, porque, para empezar, hay distintos lugares de enunciación de las víctimas. “Puedes tener una memoria desde distintas regiones, desde distintos tipos de víctima y de distintos tipos de perpetrador”, dijo.

    Precisamente por eso es importante recordar que, en cuanto al conflicto armado interno, la CVR no solo recogió los testimonios de las víctimas, sino que también escuchó la versión de distintos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.

    Hay que “recordar que estos no han sido procesos aislados; han sido procesos participativos donde han estado involucrados las Fuerzas Armadas y las víctimas”, dijo Vanessa Cuentas, coordinadora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú. “No han sido espacios donde no se haya dado la oportunidad de escuchar otras voces”.

    Por supuesto, la propensión a controlar el relato del pasado violento no es una novedad en la región. Movimientos similares se están viendo en Chile y Argentina con José Antonio Kast y Javier Milei, respectivamente. Y si bien es cierto que el reacomodo del pasado no solo lo ejerce la derecha, en América Latina, los gobiernos derechistas, que a estas alturas ya son mayoría, sí están especialmente interesados en hacerlo.

    En Perú no solo está la reinterpretación de la época de la violencia política y del régimen de Alberto Fujimori. También existe la negación del pasado más reciente a través de la indiferencia y/o la defensa de los más de 50 asesinatos cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas durante las protestas de los gobiernos de Manuel Merino, Dina Boluarte y José Jerí.

    Rossana Alayza, desde que comenzó como diputada, se ha reunido con las víctimas del conflicto armado interno, así como las víctimas de las más recientes protestas. En sus testimonios dijo haber reconocido cómo aún persiste el sentimiento perenne del vivir en la impunidad y el agotamiento ante la espera por la justicia.

    Ahora bien, la reciente visita guiada al LUM que ella impulsó no era precisamente una respuesta al desencuentro de los ministerios, según dijo. La convocatoria, señaló, fue pensada desde antes. Pero su éxito quizá sí tuvo que ver con la coyuntura actual, que despierta en un sector de la población cierto ímpetu de protección de lo que se entiende como memoria.

    Para Alayza, el éxito de iniciativa demuestra “la necesidad que tienen los ciudadanos por estos espacios”, que lejos de ser lugares de desunión o conflicto, como afirmó Beingolea, pueden llegar a ser unificadores.

  • La economía chilena sufre su mayor caída en tres años

    La economía chilena sufre su mayor caída en tres años

    El Banco Central de Chile ha entregado este martes el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio de 2026, que ha mostrado una caída de 1,5% en comparación al mismo mes del año pasado. Esta es la baja más pronunciada de la economía chilena desde marzo de 2023. Con este resultado el Imacec ha acumulado seis de los siete meses medidos del año en curso con derrumbes, y ha dejado atrás la excepcional alza que se ha mostrado en junio. Los sistemas frontales que han afectado a prácticamente todo el territorio chileno, y que han llegado con intensas lluvias que han perjudicado el funcionamiento normal de varias actividades, han incidido directamente en el débil desempeño de varias áreas.

    El organismo emisor ha detallado que esta caída en la actividad económica se explica, principalmente, por un debilitamiento de la minería y, en menor medida, por los servicios y la industria. En la serie desestacionalizada -sin considerar las variaciones propias del calendario- el Imacec ha disminuido un 1,7% respecto del mes precedente y 2,1% en 12 meses.

    La producción de bienes ha caído un 3,2% en términos anuales, un resultado que ha sido determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre, el que se ha visto afectado por menores leyes del mineral, mantenciones y las condiciones climáticas adversas. El factor del tiempo también ha explicado la caída de la industria, que ha presentado una menor elaboración de combustibles y productos químicos. La producción de otros bienes ha sido beneficiada con los temporales, ya que han crecido un 3,4% debido a un aumento en el valor agregado de la generación eléctrica, incidido por una mayor disponibilidad de agua. En términos desestacionalizados, la producción de bienes ha registrado una disminución de 3,4% respecto del mes precedente, explicada por la minería.

    El comercio ha registrado un crecimiento de 0,7% en términos anuales. Este aumento se ha explicado por el comercio minorista, lo que ha sido compensado por menores ventas mayoristas. En el primero se han destacado las mayores ventas realizadas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online. En tanto, la caída del comercio mayorista ha sido incidida principalmente por las menores ventas de materiales de construcción. Por su parte, el comercio automotor ha crecido marginalmente debido a un aumento en los servicios de mantención y a una caída en las ventas de automóviles.

    En los servicios, la caída ha sido del 0,7% en términos anuales. Este resultado se ha explicado por el desempeño de los servicios personales, empresariales, de transporte y restaurantes y hoteles. Los primeros se han visto afectados por menores servicios de educación debido a suspensiones de clases por las malas condiciones climáticas.

    Chile enfrenta un complicado panorama económico, que ha estado marcado por un prolongado estancamiento económico y una profunda crisis laboral que mantiene el desempleo al borde del 10% desde hace varios meses. A ello se agrega el pesimismo generalizado de la ciudadanía sobre su panorama financiero, que se ha agudizado desde marzo pasado cuando el Gobierno decidió traspasar por completo el alza del precio de los combustibles provocada por el conflicto en Irán.

    La Administración de Kast ha intentado revertir el mal momento. Su gran apuesta ha sido la megarreforma económica y tributaria, la que ha logrado aprobar en tiempo récord y que, de acuerdo a las autoridades del Ejecutivo, permitirá atraer inversiones al país por la disminución impositiva y de regulaciones. También se han puesto las fichas en el denominado Modo Empleo, una iniciativa del ministerio de Economía que busca dinamizar el alicaído mercado laboral con medidas que incentiven la contratación de mujeres, personas mayores y jóvenes, los grupos que han sido más afectados con la cesantía.

  • FMI renueva línea de crédito a Chile pero reduce aforo

    FMI renueva línea de crédito a Chile pero reduce aforo

    El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que aprobó un acuerdo de dos años para Chile en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto de aproximadamente 11,800 millones de dólares.

    Estos recursos son equivalentes a 500% de la cuota del país con el organismo internacional e implica la cancelación del acuerdo anterior suscrito con el país, que fue renovado en el 2025.

    Según explicó el fondo a través de un comunicado, las autoridades chilenas manifestaron su intención de considerar el nuevo acuerdo como una medida de precaución y continuar reduciendo gradualmente el acceso, en función de la evolución de los riesgos externos.

    Este es el cuarto acuerdo firmado entre el país y el fondo de esta naturaleza desde 2020, con el acceso reduciéndose de forma gradual. Por ejemplo, el convenio de mayo de 2020 era equivalente a 1,000% de la cuota del país; en agosto de 2022, la línea representaba 800%; mientras que el tercer acuerdo, de agosto del 2024, representaba 600% de la cuota del país. El subdirector gerente del FMI, Kenji Okamura, explicó que el crecimiento económico de Chile se ha “moderado”, con una desaceleración “temporal” de la actividad minera, compensada por los mayores precios del cobre.

    “La guerra en Medio Oriente ha afectado aún más a la actividad a través de precios más altos del petróleo. La economía chilena se mantiene expuesta a elevados riesgos internos, con una perspectiva dependiente de las sostenidas hostilidades en el Medio Oriente, las continuas tensiones comerciales, una desaceleración en el crecimiento de los principales socios comerciales, o correciones desordenadas relacionadas con la reconsideración de ganancias de productividad impulsadas por la inteligencia artificial”, señaló el ejecutivo.

    El directivo agregó que el “muy fuerte” marco de política institucional apoya la resiliencia de su economía y su capacidad de responder a shocks: “Esto incluye un marco de política de metas de inflación creíble con un tipo de cambio flexible, una ancla de deuda y una regla de balance fiscal estructural, y una regulación y supervisión efectiva del sector financiero”, lo que será complementado -dijo- con la nueva línea otorgada por el fondo.

    Luego del anuncio del FMI, el Banco Central también entregó una bajada más específica de la línea flexible, explicando que la LCF es de “carácter precautorio y temporal” y que es otorgada a países que tienen fundamentos y marcos de políticas macroeconómicos “muy sólidos”, que dan cuenta de la “resiliencia de la economía y de su capacidad para responder a shocks externos”.

    “La suscripción de la LCF no está sujeta a condicionalidades de ningún tipo por parte del FMI”, agregó el instituto emisor.

    Esta línea, junto con otros buffers precautorios de liquidez que mantiene el Banco Central de Chile, fortalece la posición externa de la institución, consignó el organismo. Estos complementan las reservas internacionales, las que actualmente alcanzan 53,523.7 millones de dólares.

    En el caso de Chile, esta es la cuarta vez que se subscribe la LCF, siendo previamente en mayo del 2020, agosto de 2022 y agosto de 2024. En cada una de las renovaciones el monto de la línea se ha ido reduciendo. Asimismo, en ninguna oportunidad el Banco Central ha utilizado esta línea de crédito.

    “Cabe señalar, además, que en esta oportunidad la reducción del monto de la línea se enmarca en el objetivo del programa de acumulación de reservas internacionales de ir cambiando la composición de las fuentes de liquidez internacional del banco, aumentando la proporción de reservas propias. Desde los inicios de dicho programa, el Banco Central ha acumulado reservas internacionales por 5,805 millones de dólares”, cerró el instituto emisor. Desde su creación en 2009, México, Polonia, Colombia, Perú, Costa Rica, Marruecos y Chile han contado con acceso a esta línea, la que provee un “respaldo significativo no sólo para enfrentar shocks externos más severos y elevar la confianza de los mercados, sino también para ampliar el conjunto de herramientas de que dispone el Banco Central”.

  • El impuesto criminal de América Latina

    El impuesto criminal de América Latina

    CIUDAD DE MÉXICO—Es casi seguro que América Latina paga el precio económico más alto del mundo por el crimen organizado. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen le cuesta a América Latina y el Caribe (ALC) un promedio de 3.44% del PIB anualmente, equivalente al 78% de todo el gasto público en educación de la región. Pero hay discrepancias significativas dentro de ALC. Brasil, Colombia y México destacan tanto por la magnitud del problema como por la forma en que opera el crimen organizado.

    Antes de pasar a las cifras, es indispensable una advertencia. Este análisis cubre únicamente los costos económicos —inversión, productividad y crecimiento perdidos— y no el costo humano de las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias destrozadas, ya que ninguna cifra podría capturarlo sin trivializarlo. Los números que siguen son un piso, no un techo, del daño real.

    Durante más de 40 años, Colombia ha sido frenada por redes criminales construidas en torno a un solo producto ilícito: la cocaína. La “industria” de la cocaína en Colombia equivale a un cuasi-sector exportador, y el negocio está en auge. Un estudio estima que solo en 2024, el narcotráfico de cocaína generó cerca de 16,500 millones de dólares para las organizaciones criminales—alrededor del 4.4% del PIB, más de lo que el país obtiene por sus exportaciones petroleras.

    A esto se suman los costos más amplios del crimen y la violencia—estimados por el BID y Fedesarrollo en 3.6% del PIB en 2022—y el lastre sobre el crecimiento se vuelve aún mayor. Colombia ha padecido durante mucho tiempo un conflicto armado que involucra a grupos paramilitares de extrema derecha, organizaciones guerrilleras de extrema izquierda y carteles criminales, en el que la industria del narcotráfico juega un papel clave. El gobierno combatió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante más de medio siglo, antes de alcanzar un acuerdo de paz en 2016.

    Un estudio calculó que eliminar por completo el conflicto armado en Colombia entre 1988 y 2009 podría haber sumado hasta 4.4 puntos porcentuales al crecimiento económico anual. Cuando el cultivo de coca se dispara en una zona determinada, los homicidios le siguen de cerca, junto con el desplazamiento forzado y los ataques de grupos armados. Y el daño se agrava también a nivel empresarial.

    Una investigación sobre empresas colombianas encontró que los secuestros dirigidos contra negocios específicos—a diferencia de la violencia generalizada en sus alrededores—hacen que los gerentes reduzcan la inversión durante años después, pues el propio miedo se convierte en un impuesto sobre hacer negocios.

    El acuerdo de 2016 con las FARC no trajo consigo ese dividendo de paz. La economía criminal que el pacto buscaba desmantelar ha seguido prosperando, con el cultivo de coca alcanzando un récord de 253,000 hectáreas en 2023. Además, los grupos de crimen organizado se han diversificado hacia la extorsión y la minería ilegal—los principales obstáculos al crecimiento en México y Brasil, respectivamente.

    En México, las organizaciones criminales cobran, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, un impuesto ilegal—eufemísticamente llamado derecho de piso—solo por poder operar. Como cada eslabón de la cadena de distribución está sujeto a este tipo de cobros, los precios se inflan progresivamente: los limones que salen de la finca a 13 pesos ($0.77) el kilo pueden llegar a costar 85 pesos para cuando alcanzan al consumidor. Mientras que los ingresos de la cocaína colombiana al menos traen divisas a la economía, la extorsión en México representa una pérdida pura.

    México Evalúa calcula que la extorsión le cuesta al país alrededor del 2% del PIB anualmente. De manera similar, el economista en jefe para México de la OCDE estima que el crimen le resta entre 1 y 2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB de México. Esto ayuda a explicar por qué el crecimiento se ha mantenido obstinadamente débil, pese a unos fundamentos macroeconómicos en general sólidos. Los costos se ven agravados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que ahora trata a los carteles mexicanos como un asunto de comercio y seguridad. Las amenazas arancelarias, las sanciones y la amenaza implícita de una acción militar unilateral aumentan la incertidumbre y socavan la confianza de los inversionistas.

    En Brasil, el crimen organizado opera cada vez más como un actor financiero sofisticado, en lugar de un depredador territorial. Organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se han diversificado mucho más allá del narcotráfico hacia la distribución de combustibles, la minería, los bienes raíces y los fondos de inversión. La reciente Operação Carbono Oculto destapó un esquema que utilizaba más de 1,000 gasolineras y empresas de fachada para lavar ganancias ilícitas a través del sistema financiero formal.

    Cabe destacar que los homicidios en Brasil cayeron aproximadamente una quinta parte entre 2013 y 2023, pero el costo económico del crimen organizado siguió aumentando—una señal de la profesionalización y financiarización de los grupos criminales. En 2025, el Instituto Igarapé situó el valor total del crimen organizado en 10.24% del PIB—cerca de R$1.3 billones ($250,000 millones). Si Brasil redujera su tasa de criminalidad al promedio mundial, el Fondo Monetario Internacional estima que su PIB podría crecer 0.6 puntos porcentuales más rápido cada año.

    La creciente presencia del crimen organizado se está convirtiendo en un tema político central en los tres países. En Colombia, Abelardo de la Espriella acaba de ganar la elección presidencial más reñida en la historia reciente del país, con la promesa de desmantelar la economía criminal. Tiene un mandato para hacerlo, pero es muy estrecho.

    En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha pasado gran parte de su actual presidencia evitando el tema de la seguridad pública, incluso cuando la policía de Río de Janeiro llevó a cabo un operativo de gran escala contra el CV y Estados Unidos designó al PCC y al CV como organizaciones terroristas. Ahora, Flávio Bolsonaro, el rival de Lula en la elección de octubre, busca capitalizar esta debilidad, posicionándose como el candidato de mano dura. Aunque Lula ya firmó un paquete propio contra el crimen organizado de R$11,000 millones—y aún lidera en la mayoría de las encuestas—, este es un terreno en el que preferiría no estar peleando.

    Lo que está en juego es mayor para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. La creciente evidencia de que el crimen organizado no solo infiltró su coalición de gobierno, sino que ayudó a financiarla, ha dañado su reputación de cara a las elecciones intermedias de 2027. Esto también ha provocado un mayor escrutinio por parte de Estados Unidos, que en abril acusó a diez funcionarios mexicanos por cargos de conspiración con carteles. El gobierno ha respondido no con una investigación independiente, sino con una enmienda constitucional que permite anular elecciones por motivos de “injerencia extranjera”, lo cual ha dado más municiones a sus críticos. Más recientemente, al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (Andy) le fue cancelada la visa estadounidense, lo que marca un aumento significativo de la presión de Estados Unidos, que ya alcanza el círculo más cercano.

    Incluso sin contar las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias destrozadas, los costos económicos del crimen organizado dibujan un panorama sombrío, restando entre 0.5 y 2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB en los países más afectados. A lo largo de dos décadas, esto deja a estas economías entre un 15% y un 30% más pequeñas de lo que podrían haber sido. Eso, también, representa un alto costo humano.

    El autor

    Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda y Crédito Público de México y exgobernador del Banco de México, es Tesorero del G-30.

    Copyright: Project Syndicate,1995 – 2026

    www.project-syndicate.org

  • Drogas hacia EU, armas hacia México

    Drogas hacia EU, armas hacia México

    El domingo un vehículo con explosivos fue detonado a distancia frente a instalaciones policiales en Ojocaliente, Zacatecas. El ataque dejó 10 heridos, entre ellos dos policías, afectó 17 viviendas y dañó 13 vehículos oficiales.

    El gobierno de Zacatecas atribuyó el atentado al CJNG y lo relacionó con una detención realizada el sábado. Las autoridades de ese estado han evitado llamarlo “coche bomba”, pero el hecho es que a distancia se detonó un vehículo con explosivos para atacar a una corporación policial.

    El uso de explosivos no es nuevo. Los grupos criminales utilizan desde hace años drones para arrojarlos, minas artesanales y otros artefactos, especialmente en zonas donde disputan territorios y rutas. Lo ocurrido en Zacatecas obliga a preguntar si están aumentando el uso y la sofisticación de estos artefactos y si las policías locales están preparadas para enfrentarlos.

    Mientras esto ocurre, buena parte de las armas de los cárteles continúa llegando desde Estados Unidos. Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó que en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, se interceptaron 210 armas procedentes de Texas y presuntamente destinadas a organizaciones criminales: 195 largas y 15 cortas. Tres personas fueron detenidas.

    El origen no sorprende. En 2024 México envió 25,884 armas a las autoridades estadounidense para su rastreo y 18,249, el 70.5%, fueron identificadas como de origen estadounidense. Texas sobresale: entre 2017 y 2021, 14,216 armas recuperadas en México y rastreadas hasta un comprador estadounidense habían sido adquiridas en ese estado: 43% del total.

    García Harfuch también informó que durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado más de 30,000 armas. Parece una cifra enorme hasta compararla con el tráfico estimado. El gobierno mexicano calcula que cada año entran ilegalmente desde EU más de 200,000. Si ese ritmo se mantuvo durante los casi 23 meses de este gobierno, habrían cruzado unas 383,000. Los 30,000 decomisos equivaldrían a cerca de 8%. Por cada arma asegurada podrían haber entrado otras 12. La comparación no es exacta porque enfrenta decomisos registrados con una estimación, pero permite apreciar la magnitud del problema.

    Para reunir las 210 armas alguien tuvo que comprarlas, pagarlas, almacenarlas y transportarlas. Si procedían de Texas, ¿quién las compró?, ¿en cuántas armerías?, ¿se utilizaron prestanombres?, ¿qué controles fallaron?, ¿cuántos responsables serán procesados en EU? Los números de serie deberían permitir que el gobierno de EU reconstruya al menos parte de esa cadena y determine dónde y cuándo fueron vendidas.

    Donald Trump exige que México impida que fentanilo y otras drogas crucen hacia su país. Tiene razón. Pero la responsabilidad compartida funciona en ambas direcciones. Su gobierno también debe impedir que las armas lleguen a las organizaciones criminales que exige que México combata.

    México debe explicar qué está haciendo para impedir que los cárteles acumulen armas y explosivos. EU debe informar cuántos traficantes de armas hacia México detiene, procesa y condena. Trump exige resultados contra las drogas que llegan a su país. México debe exigirle lo mismo respecto de las armas que cruzan en sentido contrario.

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    Sitio: ruizhealytimes.com

  • Nissan estima aumentar sus ventas a 500,000 unidades anuales en América Latina

    Nissan estima aumentar sus ventas a 500,000 unidades anuales en América Latina

    Impulsada por la inercia positiva de mercados como Brasil y México, Nissan acelera en América Latina y perfila comercializar 500,000 unidades anuales para el año fiscal 2027, que representaría incremento del 17% respecto al 2026.

    Al cierre del año fiscal 2025, correspondiente al periodo de abril de 2025 a marzo de 2026, Nissan LATAM alcanzó más de 427,000 unidades comercializadas, una participación acumulada de mercado de 7% y una producción superior a las 600,000 unidades.

    Durante su reciente visita a México, Iván Espinosa, presidente y director ejecutivo de Nissan Motor Company, en el marco de la presentación de la estrategia Nissan Vision LATAM, señaló que América Latina está posicionada no solo como un mercado consumidor clave, sino como un pilar industrial de alto impacto para las aspiraciones globales de la compañía.

    Actualmente, Nissan América Latina abarca 39 mercados y representa aproximadamente el 15% de las ventas globales de la corporación, así como el 25% de su producción mundial.

    La nueva ambición de alcanzar 500,000 vehículos anuales para el 2027 representa un salto estratégico significativo frente a los volúmenes reportados al cierre del año fiscal 2025 (abril 2025 – marzo 2026), cuando la firma comercializó 427,000 unidades en la región.

    Para respaldar la meta proyectada hacia 2027, Nissan desplegará una estrategia basada en la diversificación y renovación de su oferta. Actualmente, la marca cuenta con una gama de más de 15 modelos y 105 versiones en la región, abarcando desde vehículos comerciales e industriales hasta tecnologías electrificadas.

    En este último rubro, la compañía reporta haber superado las 40,000 unidades vendidas con tecnología e-POWER en América Latina. Este sistema de propulsión electrificada —que utiliza un motor a gasolina exclusivamente para generar energía eléctrica sin requerir conectores ni infraestructura de carga externa— se ha consolidado como la respuesta ideal para las condiciones actuales del mercado latinoamericano.

    México, clave

    Un factor determinante en la competitividad de la marca es su integración industrial local: del total de las unidades comercializadas en la zona, el 87.4% fue producido en América Latina. En este esquema, México y Brasil operan como hubs estratégicos de manufactura y exportación, abasteciendo tanto la demanda interna regional como diversos destinos internacionales.

    Tres mercados clave —México, Brasil y Argentina— concentraron el 85% de las ventas acumuladas de la firma. Destaca de manera sobresaliente el mercado mexicano, donde Nissan ha mantenido el liderazgo ininterrumpido de ventas por 18 años consecutivos.

    A nivel de portafolio, el crecimiento se mantiene apoyado en modelos de alta demanda como la pickup Nissan Frontier, el sedán Nissan Versa y la gama de SUVs Nissan Kicks.

  • México: senador acusado por EE.UU. niega nexos con el narco

    México: senador acusado por EE.UU. niega nexos con el narco

    El senador mexicano Enrique Inzunza reapareció el lunes (31.08.2026) en el Senado, donde negó los señalamientos que lo vinculan con el narcotráfico en Estados Unidos y dijo no tener “ningún temor”.

    En una conferencia de prensa, Inzunza rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que desde hace más de cuatro meses enfrenta una “embestida mediática” de “calumnias” y “diatribas”.

    El parlamentario del gobernante partido Morena calificó como “un instrumento de guerra judicial” el señalamiento que le hiciera una oficina del Departamento de Justicia estadounidense.

    Inzunza sostuvo que hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba en su contra y recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación propia.

    “No he sido narco nada”

    El senador aseguró que, pese a contar con fuero constitucional y tener la prerrogativa de no acudir a citaciones, compareció voluntariamente y lo hará nuevamente cuando sea requerido.

    También rechazó que pueda ser considerado un “narcolegislador”. “Nunca he sido narco nada”, declaró, y negó conocer personalmente a Joaquín “el Chapo” Guzmán o a Ismael “el Mayo” Zambada.

    Sin embargo, defendió al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien calificó como un hombre honorable, al tiempo que destacó su trayectoria como profesor y escritor.

    El parlamentario confirmó que acudió el pasado 21 de agosto al Palacio de Gobierno de Sinaloa para visitarlo después de que Rocha retomara momentáneamente sus funciones.

    Dijo que Rocha Moya le pidió un consejo y él se lo ofreció, aunque rechazó revelar el contenido de esa conversación.

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    gs (efe, afp)

  • Aeroméxico incrementará vuelos entre Ciudad de México y La Paz

    Aeroméxico incrementará vuelos entre Ciudad de México y La Paz

    A partir del 25 de octubre, Aeroméxico incrementará las frecuencias en la ruta Ciudad de México–La Paz–Ciudad de México, con tres vuelos por sentido, informó la secretaria de Turismo y Economía (Setue) de Baja California Sur, Maribel Collins Sánchez.

    La titular de Setue precisó que dos de los horarios tendrán operación diaria y uno cinco frecuencias semanales. Durante la temporada alta, comprendida del 17 de diciembre del 2026 al 3 de enero del 2027, los tres vuelos operarán diariamente, con lo que aumentará la disponibilidad de asientos entre ambos destinos.

    “Este incremento permitirá ampliar las opciones de viaje hacia La Paz y facilitar la llegada de visitantes, lo que contribuye al desarrollo turístico y beneficia a los distintos sectores vinculados con los servicios que ofrece nuestro destino. Seguiremos trabajando para generar mejores condiciones de conexión con el resto del país”, expresó Collins Sánchez.

    Durante julio, el Aeropuerto Internacional de La Paz registró un crecimiento de 11% en el movimiento de pasajeros, respecto al mismo mes del 2025.

    Los servicios desde Ciudad de México tendrán salidas a las 08:15, 12:30 y 16:15 horas, mientras que desde La Paz partirán a las 10:38, 14:58 y 19:22 horas.

  • Brasil y Estados Unidos retoman diálogo por aranceles

    Brasil y Estados Unidos retoman diálogo por aranceles

    Brasil y Estados Unidos retomaron este lunes (31.08.2026) el diálogo sobre los aranceles comerciales impuestos por Washington, informó el gobierno brasileño, días después de una llamada telefónica entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.

    Los ministros brasileños de Relaciones Exteriores y Comercio, Mauro Vieira y Márcio Elias Rosa, respectivamente, se reunieron de forma virtual con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, informó Brasilia.

    “Hay un hecho objetivo: a partir de la llamada telefónica del presidente Lula, ellos están de nuevo en la mesa de negociación”, dijo Rosa a periodistas luego de la conversación con Greer.

    El izquierdista Lula, que a sus 80 años aspira a la reelección en octubre, habló el 21 de agosto durante más de una hora con Trump en un tono “amistoso” y “cordial”, según el gobierno brasileño.

    “Sin avances concretos”

    Lula afirmó luego haberle dicho a Trump que los aranceles “tienen base en la mentira” y que el republicano “reconoció” sus argumentos.

    Los ministros Vieira y Rosa “reiteraron que el gobierno brasileño no está de acuerdo con las medidas unilaterales impuestas contra el país, siendo injusto el tratamiento discriminatorio adoptado contra Brasil”, señaló Brasilia este lunes.

    Ambas partes acordaron volver a reunirse “a nivel ministerial en fecha oportuna”, sin avances concretos por ahora.

    Lula ha acusado a Estados Unidos de buscar interferir en las presidenciales brasileñas, en las que enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

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    mg (afp, reuters)