El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, derogó el 20 de agosto de 2026 varias circulares laborales de su antecesor, Gustavo Petro. Tras esa acción, una imagen que afirma que con ello se eliminó el pago de horas extras para vigilantes ha sido compartida más de 35.000 veces en redes sociales. Pero esto es falso. La medida no revocó derechos ni beneficios laborales, sino instructivos que orientaban sobre su aplicación.
“Les tumbaron las extras. Vigilantes pierden horas extras en la patria milagro”, señala la pieza que circula en Facebook ( 1, 2), Instagram ( 1, 2), X ( 1, 2) y TikTok.
“Patria milagro“ es el lema político con el que De la Espriella denominó su programa de gobierno.
Captura de pantalla de publicación en Facebook tomada el 25 de agosto de 2026
El Ministerio de Trabajo emitió el 20 de agosto la resolución 2708 que dejó sin efecto 11 circulares laborales del gobierno de Petro, las cuales giraban directrices sobre la jornada laboral, el trabajo doméstico, la libertad sindical, el pago de horas extras y recargos a empleados de seguridad privada, entre otros temas.
La entidad sostuvo que la derogación forma parte de un proceso de “depuración” de sus lineamientos, ya que encontró en ellos errores de estructura, redacción o competencia.
Sin embargo, no es cierto que la medida quite beneficios a los vigilantes.
En Colombia, las circulares son documentos que las entidades públicas difunden “para transmitir instrucciones y decisiones” sobre la interpretación de alguna norma, según explica el sitio web de Función Pública, entidad adscrita al Ejecutivo para la gestión de funcionarios.
El abogado laboral Daniel López Morales, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó a la AFP que las circulares en ningún caso “crean ni modifican derechos”. “Los derechos laborales son creados por la Constitución, las leyes y los decretos reglamentarios”, señaló el 25 de agosto.
El régimen especial de los vigilantes
En Colombia, las empresas de seguridad privada gozan de un régimen especial, contemplado en la Ley 1920 de 2018, que les permite trabajar hasta 12 horas diarias, previo acuerdo escrito, con un tope de 60 horas semanales.
En el parágrafo del artículo 7 se establece expresamente que los vigilantes tienen derecho al pago de horas extras y recargos a partir de ocho horas diarias de jornada laboral ordinaria.
En la circular 0040 del 16 de abril de 2026, eliminada por el gobierno de De la Espriella, se instruía al sector a implementar la Ley 2101 de 2021. Esta norma ordena la reducción progresiva de la jornada laboral ordinaria, a partir del 15 de julio de 2026, hasta alcanzar las 42 horas semanales, sin reducir el salario.
El documento también indica el pago de horas extras y recargos, con base en el aumento progresivo dispuesto en la reforma laboral de 2025 ( Ley 2466).
Sin embargo, López explicó que la circular “generaba incertidumbre sobre a qué se refería el Ministerio” al afirmar que “el sector de vigilancia y seguridad privada está exceptuado del régimen general de horas extras o tiempo suplementario”, pero aclaró que dicha excepción no aplica a este sector.
El especialista precisó que este tipo de errores de interpretación es precisamente lo que se buscó eliminar con la derogación del documento.
La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada negó en su cuenta de X que se haya suprimido el beneficio de las horas extras por la misma razón: las circulares no tienen capacidad para “crear, modificar o eliminar derechos”.
“Las horas extras y los recargos que correspondan deberán continuar registrándose, reconociéndose y pagándose de conformidad con la legislación laboral vigente”, indicó.
La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, coincidió, en una columna publicada en la revista Semana, en que “no [se] derogó un solo derecho” . “Ninguna circular era la fuente de esos derechos. La fuente es la ley y la ley sigue ahí, palabra por palabra”, recalcó.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha confirmado el fin de las conversaciones con tres grupos armados ilegales iniciadas durante el Gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, al considerar que esas organizaciones no han demostrado una voluntad real de abandonar la violencia.
“He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la Justicia que justifique mantenerlas”, afirmó De la Espriella durante un discurso este domingo.
El Gobierno había revocado el viernes los nombramientos de sus representantes y el reconocimiento de los delegados de la contraparte en tres procesos vinculados a la política de ‘paz total’ impulsada por Petro.
La medida afecta a las negociaciones con dos disidencias de las antiguas FARC: el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). También pone fin al proceso con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), grupo de origen paramilitar.
El EMBF formó parte del Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias surgidas tras el acuerdo de paz con las FARC, pero se separó de esa estructura en 2024 por discrepancias sobre la continuidad de las conversaciones con el Ejecutivo de Petro. La CNEB, por su parte, surgió de una escisión de la Segunda Marquetalia y está integrada por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera.
“Se acabaron las mesas sin resultados”
De la Espriella, que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto, ha apostado desde su llegada al poder por endurecer la respuesta del Estado frente a los grupos armados ilegales. El mandatario calificó las negociaciones heredadas como “la claudicación del ejercicio de la soberanía a favor del narcoterrorismo”.
“No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad. Se acabaron las mesas sin resultados y beneficios, sin que haya contraprestaciones reales“, afirmó.
De la Espriella advirtió además de que quienes continúen recurriendo a las armas y al crimen “encontrarán en frente toda la capacidad legítima del Estado”. “Mi concepción de la paz es clara: la paz se garantiza y se impone con la fuerza legítima de las armas y las leyes de la república, bajo el imperio de la ley, bajo el Estado de derecho”, sentenció.
Tras el estallido de un coche bomba frente a una estación de policía en Ojocaliente, en Zacatecas, México, el saldo inicial de heridos asciende a siete personas. El suceso tuvo lugar el domingo 30 de agosto de 2026
“El explosivo fue colocado en un automóvil particular y generó daños físicos en la comandancia e inmuebles que se encuentran en las inmediaciones”, escribió en Facebook el secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes, que dijo que la situación está “bajo control”.
Protección de un equipo militar
“Se reportan seis civiles heridos, quienes ya se encuentran recibiendo atención médica”, escribió en un reporte previo.
El estallido también dejó a un policía herido, 11 vehículos dañados y dos patrullas afectadas. Un equipo militar especializado en manejo de explosivos resguardó la zona, en caso de que existan otros artefactos sin estallar.
Algunas viviendas quedaron también afectadas por la onda expansiva. El atentado se registró además durante la celebración de las fiesta patronal del pueblo. Las autoridades suspendieron además el inicio de clases, previsto para el lunes, 31 de agosto de 2026.
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Bogotá, 30 ago (EFE).- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se mostró confiado este domingo en que Japón vuelva a mirar a su país como destino de inversión, luego de que esta semana se avanzara en la reactivación de las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral.
“Estamos trabajando para que Japón nos vuelva a mirar como destino de inversión”, dijo en una alocución al señalar que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, visitó en ese país, donde “sostuvo reuniones con importantes compañías japonesas como Toshiba, Toyota y Mazda para explorar inversiones en manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y tecnología”.
En ese sentido, el presidente destacó que su Gobierno trabaja para que Mazda, que cerró su planta en el país en 2014, “pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia y para que Toyota evalúe a nuestro país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos”.
“Acá les vamos a dar todas las garantías”, resaltó.
Gómez Amín se reunió el jueves pasado en Tokio con el ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi, con quien acordó instruir a sus respectivos equipos para buscar la reactivación de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica que busca abrir puertas para la agroindustria, inversión y transferencia de tecnología.
“Después de cerca de 15 años de negociaciones paralizadas, en los primeros 15 días de mi Gobierno logramos dar pasos significativos para destrabar el acuerdo de asociación económica entre Colombia y Japón”, resaltó de la Espriella, que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.
El mandatario añadió que su Gobierno busca abrir mercados para los productos colombianos, “incorporar tecnología y generar nuevas oportunidades para el campo y la industria”.
México representa un terreno fértil para la siguiente etapa de crecimiento de Starbucks. Con cerca de 1,000 tiendas en el país, la marca buscará duplicar su negocio y generar más espacios donde las personas puedan conectar alrededor de una taza de café.
A casi cuatro meses de asumir la dirección general de Starbucks Alsea, Jaime Vasquez busca volver a las raíces de la marca y reposicionarla como la cadena de cafeterías de la comunidad.
Aunque reconoce que su nuevo rol es “más retador”, considera realista mantener el ritmo de aperturas de los últimos tres o cuatro años, cuando la cadena abrió entre 60 y 70 tiendas al año, el equivalente a una nueva tienda cada semana a nivel nacional.
“Mi plan es que podamos continuar con ese ritmo de crecimiento, al menos, y por qué no, acelerar un poquito más”, confió Jaime Vasquez en conferencia en la que se confirmó oficialmente su nombramiento como director general de Starbucks Alsea.
Tras abrir 50 tiendas en 2025, proyecta la apertura de alrededor de 100 nuevas tiendas en los próximos 18 meses.
Para mantener esa expansión, la cadena abrirá distintos formatos de tienda, desde cafeterías pequeñas hasta establecimientos de mayor tamaño, así como drive-thru y tiendas dentro de plazas comerciales.
Actualmente, entre 50 y 60% de las aperturas se realizan bajo el formato drive-thru, mientras que entre 40 y 50% corresponden a cafeterías tradicionales y tiendas dentro de plazas.
En el caso de los drive-thru, la oportunidad es ofrecer una experiencia rápida. “Una bebida en un drive-thru puede estar lista, de verdad, en menos de 35, 40 segundos”, aseguró Jaime Vasquez.
El bajo consumo per cápita de café en México, en comparación con otros países, abundó el directivo, también representa una oportunidad para que Starbucks siga creciendo en el país.
Actualmente, el consumo de café ronda entre 1.3 y 1.5 kilogramos per cápita al año, según datos de Kantar. Mientras que en 2025 el mercado de cafeterías de cadena en México alcanzó un valor de 30,030 millones de pesos.
“Somos una marca global que aprovecha todas esas ventajas, pero yo quiero ser la cafetería de la comunidad y brindar el mejor servicio. Mi ambición es ser la empresa número uno de servicio al cliente del mundo”, enfatizó Jaime Vasquez.
Cada nueva tienda representa alrededor de 120,000 tazas de café servidas al año.
México, mercado prioritario
Para el nuevo director general de la marca, México es un mercado prioritario, con oportunidades de expansión principalmente en la zona norte del país, donde el formato drive-thru tiene un importante potencial, sobre todo en ciudades como Tijuana y Monterrey.
Mientras que la zona centro y la Ciudad de México continúan creciendo con los formatos tradicionales.
“Nos vamos a asegurar de que México se siga desarrollando”, dijo. “Tenemos una oportunidad enorme a nivel nacional. Regiones como el norte y el sureste son muy buenas. Toda la parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México sigue creciendo de manera importante”, acotó.
Jaime Vasquez comentó que ya cuentan con un pipeline importante de oportunidades de desarrollo para seguir abriendo más tiendas en distintos formatos, tales como oficinas, espacios de retail, kioscos, plazas pequeñas y flagships, entre otros.
Por ejemplo, en las oficinas, la dinámica es diferente, ya que muchas personas pasan por su café antes de llegar al trabajo o bajan por uno durante su jornada.
A los formatos físicos se suman los canales digitales, que representan alrededor de 17% de las ventas. Además, de servicios como pickup a través de la aplicación y el servicio de delivery (entrega a domicilio).
“Nos tenemos que asegurar que tanto la experiencia en casa como en ‘pick up’, que es cuando hago un pedido por la aplicación, sea la mejor, ser los más rápidos y los más convenientes para que puedan tener el mejor café y que esté listo cuando lleguen”, comentó.
Renovación de tiendas con espacios más ‘acogedores’
Otra de las estrategias del nuevo director general de la cadena de cafeterías es seguir actualizando las tiendas.
Junto con el plan de aperturas, la marca invierte en el programa para remodelar entre 60 y 80 tiendas cada año.
“Nos aseguramos que sea consistente, que sea de manera alineada a los diseños que están buscando nuestros clientes”, explicó Vasquez.
El objetivo es mantener el concepto de “tercer espacio”, donde cada detalle cuenta para hacer más acogedoras las cafeterías y adaptarlas a las necesidades de los clientes.
“Tengo que asegurar que la silla esté puesta con las condiciones necesarias para los clientes”, acotó.
Esto porque algunos consumidores permanecen varias horas para trabajar, reunirse o cerrar negocios. Mientras que otros solamente pasan por su café antes de llegar a la oficina o van a la tienda durante su jornada laboral.
Vivimos ciclos
Jaime Vasquez llega a dirigir la cadena de cafeterías después de 25 años de trayectoria en Alsea, donde ha estado al frente de marcas como Domino’s Pizza, Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen y P.F. Chang’s para México y Latinoamérica.
Bajo su liderazgo, Vips se transformó con la remodelación de más de 100 restaurantes, cambios en el menú y la experiencia, y un mayor enfoque en sus colaboradores.
Su llegada a Starbucks ocurre en un momento de retos para el consumo, con clientes más cuidadosos con sus gastos, nuevos competidores y presiones por los costos de insumos y laborales.
Aunque son desafíos, Jaime Vasquez aseguró que la marca tiene la fuerza para adaptarse, cuentan con una oferta para distintos tipos y momentos de consumo, desde un café americano hasta un frappuccino, además de opciones más accesibles.
A esto se suma la innovación para atraer nuevas generaciones, generar mayor frecuencia y sumar clientes.
Frente al menor consumo, el director general de la marca aseguró que las cafeterías comenzaron a mostrar una recuperación en julio y agosto, después del Mundial de Fútbol.
Lo anterior, luego de que en el segundo trimestre las ventas mismas tiendas cayeron 2% en México frente al crecimiento de 3.8% registrado en el mismo periodo de 2025.
El retroceso respondió principalmente a “un entorno de consumo desafiante y una reducción deliberada de las promociones”.
Acerca del aumento de costos, la estrategia de la cadena de cafeterías es aumentar la productividad y mejorar la eficiencia de sus procesos, explicó el directivo.
“Creo que son industrias cíclicas, son temporalidades importantes que en algunos casos nos va bien, en algunos otros nos va mal, pero si seguimos siendo consistentes, con la experiencia, la marca sigue consolidándose y sigue desarrollando. Entonces, yo creo que hay que adaptarse porque México tiene retos y seguir siendo relevantes, porque en estos negocios se necesita consistencia”, consideró.
La competencia, agregó, también representa una oportunidad para mejorar. “Yo creo que el que surja la competencia siempre es muy bueno para que todos nos hagamos mejores, para que el cliente tenga siempre más opciones”, resaltó.
Los más de 14,000 Partners también son parte esencial de la marca. En sus primeros meses al frente de la cadena, Jaime Vasquez ha visitado alrededor de 100 tiendas en ciudades como Tijuana y Monterrey, donde ha escuchado y conectado con los colaboradores.
México es el principal mercado de Starbucks Alsea y concentra más de la mitad de las tiendas que opera la compañía. Con 951 establecimientos, el país representa alrededor de 62% de los ingresos de la marca dentro de su operación.
Alsea opera la cadena de cafeterías en 12 países de América Latina y Europa. Además de México, está presente en Chile, Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay, así como en España, Francia, Portugal, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos.
El acuerdo petrolero con Venezuela anunciado este viernes por Donald Trump es una de las medidas más polémicas que el presidente de EE.UU. ha tomado con respecto al país sudamericano.
Y eso no es poca cosa si se considera que en los últimos 12 meses el mandatario estadounidense estableció un bloqueo marítimo sobre Venezuela, ejecutó una operación militar para detener al entonces presidente Nicolás Maduro, para finalmente -en lugar de impulsar una transición democrática- terminar reconociendo a su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como gobernante interina del país.
Esre viernes, Trump informó a través de un mensaje en Truth Social que había logrado “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, a través del cual EE.UU. habría conseguido “el control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano “sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”.
La información fue confirmada poco después por Rodríguez, quien señaló que el acuerdo traerá consigo inversiones por más de US$100.000 millones, así como un ingreso en tributos para el Estado venezolano de unos US$209.000 millones.
Inmediatamente comenzaron a hacerse públicas duras críticas y cuestionamientos procedentes de muy distintos sectores de la vida venezolana.
En un mensaje dirigido al secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los artífices del acuerdo, el economista venezolano Ricardo Haussmann, profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y firme opositor al gobierno venezolano, criticó en términos muy duros lo ocurrido.
“Usted decidió utilizar el poder de Estados Unidos no para liberar a los venezolanos, sino para aliarse con nuestros opresores. Optó por impulsar una apropiación de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno ilegítimo y opresivo, en lugar de utilizar el liderazgo de Estados Unidos para restablecer primero el orden constitucional y la democracia”, escribió Haussmann en X.
En el otro extremo ideológico, Rafael Ramírez, quien fue presidente de la estatal Pdvsa y ministro de Petróleo durante gran parte del gobierno de Hugo Chávez, dijo que el acuerdo pasaría a la historia “por entreguista y por abrir las puertas al nuevo colonialismo de los EEUU”.
“Un acuerdo de espaldas al país, evidentemente inconstitucional, que cede el control del territorio y del petróleo a una potencia extranjera”, escribió en X.
BBC Mundo te explica las claves para entender este acuerdo petrolero y la polémica que ha generado.
¿En qué consiste?
Trump festejó el acuerdo como “el mayor de la historia”. [Getty Images]
El acuerdo prevé entregar a EE.UU. el control mayoritario de 17 yacimientos que representan unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.
Esto equivale aproximadamente al 21,5% de las reservas de Venezuela, que es el país con las mayores reservas probadas del mundo, estimadas en unos 303.000 millones por la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés).
Partiendo de los datos anunciados inicialmente, el economista Francisco Rodríguez comparó el acuerdo con los términos en los que las petroleras internacionales explotaban el crudo venezolano durante la dictadura de Juan Vicente Gómez hace un siglo.
“Presidenta: según sus cifras, este acuerdo generará ingresos fiscales de apenas US$3,22 por cada barril de petróleo venezolano. Ello representa un 4,7 % del precio actual, y menos de la mitad de la tasa de regalías contemplada en concesiones otorgadas por Juan Vicente Gómez”, escribió Rodríguez la noche del viernes en X.
En una alocución televisada la noche del sábado, la gobernante pareció acusar recibo de estas críticas, dijo que los venezolanos tenían derecho a saber más sobre el acuerdo y ofreció nuevos detalles.
Dijo que había sido suscrito por 25 años para el desarrollo de 17 campos estratégicos “con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios”.
“¿Cuánto recibe Venezuela? Tomando como referencia un precio del barril de US$65 -que puede ser más, puede ser menos- los ingresos de nuestro país llegarían a un total de US$209.335 millones para el Estado venezolano”.
“En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de US$19 ingresan directamente a nuestro país”, señaló.
Y aclaró que esa era la meta del acuerdo con EE.UU, pero que la producción será mayor gracias a acuerdos con petroleras internacionales como Repsol, Eni, Shell y BP.
Según Delcy Rodríguez, el acuerdo con EE.UU. buscará el desarrollo de ocho bloques verdes -aquellos en los que ya se identificó la existencia de crudo pero que aún no han sido desarrollados- con un cobro de regalías mínimas de 16% y una tasa de impuesto sobre la renta de 34%.
Además, aseguró que Venezuela mantendrá la propiedad y la soberanía sobre sus recursos.
La presidenta interina justificó este acuerdo argumentando que tener las mayores reservas de petróleo del mundo no era suficiente y que hace falta “inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva” -que es lo que aportaría EE.UU.- para convertir esa riqueza en bienestar.
Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), le comentó a BBC Mundo que esa justificación de Rodríguez era la misma que se había usado en la década de 1990 durante el proceso de apertura petrolera que durante décadas fue satanizado por el chavismo.
“El discurso que ella dio es básicamente el discurso de la apertura petrolera de los años 90. Es un reconocimiento de que la política nacionalista ideológica del chavismo nos hizo perder 35 años, toda una generación”, critica Pacheco.
¿Qué gana Venezuela con este acuerdo?
Venezuela requiere decenas de miles de millones de dólares en inversión para recuperar su industria petrolera. [Reuters]
A pesar de ser el país con las mayores reservas probadas de crudo, la industria petrolera venezolana está quebrada.
En poco más de 25 años, la producción de crudo del país pasó de un récord de poco más de 3 millones de barriles diarios -justo antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- a unos 500.000 barriles diarios en su peor momento en 2019, cuando se ubicó así en niveles similares a los del año 1950.
Ese deterioro es considerado como el resultado de años de desinversión, corrupción y politización vivida durante el chavismo, a los que en los últimos años se sumaron las sanciones de EE.UU.
“El chavismo dejó a PDVSA, a la industria petrolera y a Venezuela, en general, totalmente destruida en su infraestructura, en su industria. El chavismo simplemente acabó con eso, por ideología, por corrupción, por incompetencia”, dice Ricardo Sucre, director de la firma de análisis político de SmartThinkers, a BBC Mundo.
Luis Pacheco estima que para que Venezuela pueda volver a producir aquellos tres millones de barriles diarios de 1998 hace falta invertir unos US$100.000 millones a lo largo de unos ocho años.
Ese es el mismo monto previsto en el acuerdo anunciado por Trump y Delcy Rodríguez y también la cifra de referencia que circuló en enero de este año cuando, poco después de la captura de Maduro, el mandatario estadounidense reunió a los jefes de las principales petroleras de EE.UU. para animarlas a invertir en la recuperación de esa industria en Venezuela.
Más de seis meses después, esa inversión no parece haber empezado a materializarse aún, por lo que Pacheco considera el acuerdo reciente como un segundo esfuerzo de Trump para hacerlo realidad.
Sea como sea, existe un consenso en torno a la necesidad que tiene Venezuela de esas inversiones millonarias -con las que el país no cuenta- para recuperar y modernizar su industria petrolera.
Desde ese punto de vista, ese sería un primer beneficio en caso de llegar a materializarse.
A este se sumaría el impacto que la actividad petrolera tiene sobre la economía venezolana.
“Si invierto US$100.000 millones en petróleo, también voy a vender más empanadas, más electricidad, más ropa, más de todo, porque eso tiene un efecto dinamizador de la economía importantísimo. Entonces, más allá de lo que reciba el gobierno, no es simplemente la actividad petrolera lo que interesa, sino el efecto dinamizador que tiene en todo el resto de la economía”, afirma Luis Pacheco.
Históricamente, la economía venezolana ha dependido de la marcha del negocio petrolero. [Getty Images]
¿Cómo se beneficia EE.UU.?
Los 65.000 millones de barriles en reservas probadas venezolanas a los que tendría acceso EE.UU. equivalen a 141% de las reservas probadas de crudo y condensado con los que cuenta ese país y que ascendían a 46.000 millones de barriles al cierre de 2024, según la EIA.
El mismo Trump destacó este dato al anunciar el acuerdo y dijo que este “más que duplica las reservas petroleras estadounidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente el precio de la gasolina para todos los estadounidenses durante muchos años, al tiempo que ayuda a mantener a Venezuela en el camino hacia un éxito extraordinario y una gran prosperidad”.
En una línea similar, Marco Rubio destacó en un mensaje en X que el acuerdo con Venezuela ayuda a EE.UU. al “asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”.
Ricardo Sucre considera que el gobierno de Trump obtiene un beneficio inmediato, pues el acuerdo le permite enviar un mensaje a los ciudadanos estadounidenses que están preocupados por la inflación y por el aumento del precio del combustible desde que hace seis meses Trump decidiera emprender una guerra con Irán.
“Ahora, Trump le dice a esos ciudadanos que no tienen que angustiarse por esos precios porque hay una visión a largo plazo para el suministro de recursos energéticos”, dice Sucre.
Así, aunque estos son proyectos son a medio y largo plazo, de cara a las elecciones de mitad de periodo de noviembre, Trump al menos podrá enviar a los votantes el mensaje de que está tomando medidas y de que el suministro de combustible a bajo precio estará asegurado en el futuro gracias a él.
Este domingo, en otro mensaje, Trump anunció que va a usar el petróleo venezolano para volver a reabastecer la reserva estratégica nacional de EE.UU., la cual -según han informado los medios de ese país- contiene en la actualidad poco menos de 300 millones de barriles de petróleo, su nivel más bajo desde 1983.
Sucre también cree que Trump logra un beneficio estratégico, de largo plazo, que tiene que ver con su visión geopolítica, pues gracias al acuerdo con Venezuela asegura el acceso de EE.UU. al suministro de unos recursos valiosos en el contexto de su competencia con Rusia y, sobre todo, China.
El experto enmarca esto en la propuesta de Trump de crear el llamado Escudo de Las Américas, con el cual EE.UU. busca blindar el hemisferio ante la influencia de actores externos.
Trump quiere calmar a los ciudadanos preocupados por el incremento de la inflación y del precio del combustible. [Getty Images]
¿Por qué genera tanta polémica?
Las primeras reacciones negativas ante el anuncio del acuerdo petrolero se vinculan con dos cuestionamientos constantes en la relación entre los gobiernos de Trump y de Delcy Rodríguez: la falta de transparencia y la pérdida de la soberanía de Venezuela.
El ejemplo más emblemático de ello es que el gobierno de Trump asumió desde enero el control sobre las ventas del petróleo venezolano y sobre el uso de los recursos que eso genera y, hasta la fecha, los venezolanos no saben ni cuánto se ha vendido, ni cuánto dinero ha ingresado ni cómo se está usando.
De igual modo, el acuerdo petrolero se anunció sin que hubiera ningún tipo de debate público previo entre los venezolanos, ni siquiera en la Asamblea Nacional. Los venezolanos estaban completamente a oscuras y las únicas señales previas de lo que se avecinaba procedieron de filtraciones publicadas unos días antes por la prensa estadounidense.
Dado que el petróleo ha sido durante un siglo la sangre de la economía venezolana, al punto de convertirse en parte de la identidad de sus ciudadanos, no extraña que el hecho de que Trump haya anunciado que EE.UU. va a tener el “control mayoritario” de yacimientos que representan en torno al 20% de las reservas venezolanas generara un escándalo.
En Venezuela, la idea de que los recursos del subsuelo del territorio pertenecen al Estado tiene un arraigo de siglos y dado el rol que ha jugado el petróleo en Venezuela, los ciudadanos de ese país en general consideran que ese recurso es algo que les pertenece.
Durante un cuarto de siglo, el chavismo hizo de la “soberanía petrolera” una bandera política. [Getty Images]
El acuerdo también genera polémica debido a los datos incompletos ofrecidos inicialmente por Trump y Rodríguez, pues quienes se guiaban por los mismos llegaban a conclusiones similares a las mencionados por el economista Francisco Rodríguez: si Venezuela va a recibir US$209.000 millones a cambio de 65.000 millones de barriles, el país estará cobrando en torno a unos US$3,3 por cada barril.
Esto en un contexto en el que el precio del crudo de referencia WTI está por encima de los US$80.
En su mensaje del sábado en la noche, Delcy Rodríguez aclaró que el cálculo se hizo usando como referencia un precio del barril de US$65 y que Venezuela recibirá unos US$19 por cada barril.
Tomando en consideración esos datos, se deduce que el ingreso que obtendrá Venezuela será de poco más de 29% del precio lo que -según explicó Luis Pacheco a BBC Mundo- se ubica dentro del rango más bajo de lo que están cobrando otros países por acuerdos similares.
También ha habido polémicas derivadas de aspectos políticos. Algunos han señalado que se trata de un acuerdo muy importante que afecta intereses vitales de Venezuela y, por tanto, no podía haber sido acordado por Delcy Rodríguez -una gobernante no electa- y, mucho menos, si fue negociado de espaldas al país.
Esta falta de legitimidad de Rodríguez puede dar pie a que el acuerdo sea cuestionado o renegociado en el futuro, según dijo al diario Financial Times el analista Imdat Oner, del Jack D. Gordon Institute de la Florida International University.
En ciertos casos, la crítica ha ido incluso más allá. La congresista republicana María Elvira Salazar publicó un comunicado en el que respalda el acuerdo pero cuestiona que se haya negociado con Delcy Rodríguez.
“Delcy Rodríguez y los restos del régimen de Maduro no pueden ser el futuro de Venezuela (…) No se puede construir una prosperidad duradera con una dictadura. El petróleo de Venezuela debe abrirle las puertas a la libertad”, escribió en X.
Durante el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela vivió una bonanza petrolera que se usó para expandir su influencia política en América Latina y más allá. [Getty Images]
Analistas como Geoff Ramsey, del Atlantic Council, un centro de estudios con sede en Washington, destacaron el impacto en las posibilidades de transición que puede tener la extendida cooperación entre los gobiernos de Trump y Rodríguez.
“Mi preocupación es que, cuanto más invierta Estados Unidos en el statu quo, menos incentivos tendrá para seguir impulsando una transición gradual (incluso ahora que las conversaciones empiezan a dar resultados). ¿Para qué arriesgarse a poner en peligro ‘algo bueno’?”, escribió a propósito del acuerdo.
Y esa es otra de las razones por las que el acuerdo ha encendido alarmas, pues podría estar cementando una relación pragmática entre los gobiernos de Trump y de Delcy Rodríguez que resulte demasiado conveniente como para querer trastocarla con una transición política.
Ricardo Sucre, de hecho, considera que la apuesta de Rodríguez es permanecer en el poder -al menos- hasta terminar el actual periodo constitucional en 2031. Además, indica que no ve a Washington interesado en que Venezuela tenga elecciones antes de 2028.
“Ella (Rodríguez) no piensa irse el año que viene, ni en el 28. Yo sí creo que el chavismo y ella están pensando en hacer una elección en 2030, no antes”, dice.
Considerado desde esa perspectiva, el acuerdo no estaría ayudando a avanzar en el cambio político en Venezuela, sino más bien a postergarlo, con lo que alimenta uno de los mayores temores de la oposición en Venezuela: que por alguna razón EE.UU. deje de tener interés por la transición en ese país y se pierda la oportunidad de recuperar la democracia.
Un elemento final que causa inquietud y sobre el cual no se ha hablado hasta ahora tiene que ver con quién y cómo se administrarán los recursos procedentes de esta explotación petrolera, en caso de que se haga realidad.
“Es importante saber quién va a administrar esos recursos y para qué”, señala Luis Pacheco.
“¿Se van a poner a administrar ese dinero a los mismos que ya desperdiciaron la mayor bonanza petrolera del siglo?”, agrega en referencia al momento de altos precios del barril que vivió Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo este domingo que la recuperación de la industria petrolera venezolana debe traducirse en mejoras para la población, dos días después de que el Gobierno de Donald Trump y el de Delcy Rodríguez anunciaran un acuerdo que, según Trump, dará a Estados Unidos el control sobre unos 65.000 millones de barriles de las reservas de crudo de Venezuela.
“La recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir”, escribió González Urrutia en un mensaje en su cuenta de X.
El líder opositor señaló que Venezuela ha tenido “mucho dinero antes”, y añadió que una cosa “es que los recursos entren al país y otra muy distinta que lleguen a la vida de la gente”.
“Y hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Esta vez el petróleo va a mejorar la vida de todos los venezolanos? ¿O solo la de algunos?”, preguntó.
Asimismo, dijo que recuperar la industria petrolera es necesario pero “recuperar Venezuela es recuperar la vida de su gente”.
El acuerdo, anunciado el viernes por el presidente Trump, prevé el desarrollo de 17 campos petroleros con potencial para producir los 65.000 millones de barriles contemplados, dijo Rodríguez. Según sus estimaciones, el proyecto generará para Venezuela inversiones por US$100.000 millones y más de US$209.000 millones en impuestos para las arcas públicas.
La presidenta encargada defendió el pacto y dijo que Venezuela necesita capital, tecnología y capacidad operativa para recuperar su industria petrolera, aunque aseguró que el país conservará la soberanía sobre sus recursos.
“Agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Rubio, a su Gobierno por el esfuerzo que tanto su Gobierno como nuestro Gobierno, todo el equipo venezolano que dedicó tiempo para alcanzar este acuerdo, pero hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones”, dijo Rodríguez en un mensaje en su cuenta de X.
El nuevo acuerdo se suma a los acercamientos que el Gobierno de Rodríguez ha tenido con Trump desde que asumió como presidenta encargada, luego del operativo militar en el que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.
Aunque Rodríguez criticó la captura de Maduro, desde entonces también dijo estar dispuesta a entablar una relación de colaboración y respeto con Estados Unidos. En esa línea, ambos países restablecieron relaciones diplomáticas en marzo y Rodríguez ha promovido reformas para abrir el sector energético a la inversión extranjera. Además, ha recibido en Venezuela a altos funcionarios del gabinete de Trump.
Venezuela tiene las mayores reservas de crudo extrapesado en el mundo, pero en los últimos años su industria petrolera se ha visto golpeada por problemas como falta de inversión pública y mantenimiento, lo que ha reducido la producción. A esto se suma que el país está en proceso de reconstrucción después del doble terremoto del 24 de junio, que hasta la fecha ha causado la muerte de más de 6.500 personas, afectaciones en miles de viviendas y millonarios daños materiales en infraestructura.
Con información de Kit Maher y Mauricio Torres
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Ciudad de México, 30 ago (EFE).- Fotografías, fichas de búsqueda y carteles con los rostros de personas desaparecidas ocuparon este domingo el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de Ciudad de México, donde familias y colectivos reclamaron mantener visibles a quienes faltan en un país con más de 130.000 personas desaparecidas y no localizadas.
Bajo la consigna ‘Hagámosles visibles’, familiares y organizaciones se concentraron desde la mañana en la Glorieta de las y los Desaparecidos, un espacio de memoria y denuncia situado en el corazón de la capital mexicana.
La jornada comenzó con una ceremonia ecuménica y la colocación de alrededor de 2.300 fichas con fotografías y datos de personas desaparecidas en las vallas que rodean la glorieta, además de actividades artísticas, culturales y políticas programadas durante doce horas.
“Hay muchas personas que aún no se acercan al tema de desaparición por lo doloroso que es”, explicó durante un conversatorio Jorge Verástegui, quien busca a su hermano y a su sobrino.
El activista destacó que las familias quieren mostrar que son “mucho más que dolor” y que en su lucha también existe “esperanza y amor” por sus seres queridos, en una jornada que incluye música, baile y otras actividades dirigidas también a quienes se solidarizan con las búsquedas.
La movilización ocurre con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en medio de una crisis que ha llevado a las propias familias a organizar durante años búsquedas en campos, montes, fosas clandestinas y servicios forenses ante lo que denuncian como insuficiencia de las autoridades.
Este domingo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigió al Estado pasar de “administrar la crisis a erradicarla” y reclamó prevención, búsquedas inmediatas, investigaciones eficaces, identificación digna y justicia.
“No buscamos cifras. Buscamos personas”, expresó la organización, que también alertó sobre los riesgos que enfrentan quienes buscan después del ataque a balazos sufrido el sábado por Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, en Culiacán, Sinaloa.
Las protestas se producen además dos días después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentara nuevas acciones para reforzar la búsqueda e identificación de desaparecidos, entre ellas garantizar que cada reporte tenga una carpeta de investigación y ampliar el rastreo de personas en hospitales y cárceles.
Las autoridades informaron también que detectaron 40.628 coincidencias de personas reportadas como desaparecidas con trámites o actividades posteriores a su desaparición, aunque solo 6.939 cuentan hasta ahora con un reporte formal de localización.
La jornada de este domingo no se limita a la glorieta. Colectivos de búsqueda convocaron movilizaciones desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para exigir verdad, justicia y la localización de sus familiares.
Entre fotografías y nombres colocados sobre Reforma, las familias volvieron así a llevar al espacio público su principal reclamo: que detrás de cada registro existe una persona a la que alguien sigue esperando.
Esto implica que el Gobierno estadounidense se asegura el acceso y el control sobre 65 000 millones de barriles de petróleo y el gas natural asociado, durante un período de al menos 25 años. Un logro notable considerando que las reservas probadas de petróleo en EE. UU. son de 46 000 millones de barriles y sus reservas estratégicas ascienden a 727 millones de barriles.
La información sobre los detalles del acuerdo aún es muy limitada. Se conoce que el acuerdo compromete el desarrollo y la explotación de 17 campos petroleros que contienen unos 90 000 millones de barriles de las reservas probadas del país. De estos campos, 9 están localizados en la zona norte de la Faja Petrolífera del Orinoco. Se trata de yacimientos de petróleo pesado (entre 10° y 22,3° API) y extrapesado (menos de 10° API) y son campos que, en su mayoría, deben ser desarrollados desde cero (greenfields). Los 8 campos restantes, son campos maduros que contienen crudos medianos (entre 22,3° y 31,1° API) que han sido ya explotados pero que requieren de importantes inversiones para reactivarlos después de décadas de abandono.
Para Venezuela, de poderse implementar y desarrollar el acuerdo, la producción petrolera podría incrementarse en 1,5 millones de barriles por día. A este ritmo de producción, extraer el petróleo y el gas natural involucrado en estos campos podría tomar un lapso de al menos 120 años. No es por casualidad que el presidente Trump ha anunciado que el acuerdo con Venezuela le otorga a EE. UU. el control de las reservas venezolanas por una centuria.
Desarrollar, poner en capacidad de producir y operar estos campos requiere cuantiosas inversiones y financiamiento. Las estimaciones iniciales suponen que se requerirán unos 90 000 millones de dólares en inversiones, financiamiento por unos 10 000 millones y recursos para cubrir los costos de operación por unos 140.000 millones de dólares. Desde luego, ni PDVSA (la empresa estatal petrolera venezolana), ni el gobierno del país ni el sector privado local disponen de estos recursos.
¿Cómo se podría implementar el acuerdo anunciado?
El presidente Trump ha sido enfático al declarar que la concreción de este acuerdo no implicará compromisos financieros para el Gobierno Federal. Todo ello implica que el programa solo será posible con la participación de las empresas petroleras, especialmente las grandes corporaciones internacionales, con preferencia de origen estadounidense.
Lo que ha trascendido es la creación de una empresa conjunta (joint venture) que establece una alianza entre la Office of Strategic Capital (OSC), una dependencia del Pentágono creada para atraer la inversión privada en áreas esenciales para la seguridad de los EE. UU., y un grupo privado local que aún está por definirse. La empresa recibiría concesiones del Gobierno de Venezuela para explotar los campos petroleros ya señalados por un lapso suficiente para garantizar la viabilidad económica de las inversiones. En principio, 25 años (renovables).
Esta empresa estaría en condiciones de firmar contratos de participación productiva (CPP) –figura prevista en la Ley Orgánica de Hidrocarburos que entró en vigencia a partir de enero de 2026–, que permitirían a las empresas petroleras seleccionadas extraer y comercializar los hidrocarburos.
Se estima que estos CPP, dados los parámetros establecidos en el marco legal que regula los aportes fiscales al Gobierno de Venezuela (government take), garantizarían un ingreso fiscal equivalente a 19 dólares por barril producido bajo el acuerdo. Esta estimación supone un precio de referencia de 65 dólares por barril, una tasa de regalía del 16 % y una tasa de impuesto sobre la renta del 34 %. Bajo estos parámetros, se ha calculado que el acuerdo podría representar un ingreso adicional para el Estado venezolano de 209 000 millones de dólares.
Un acuerdo de largo plazo como este, en el contexto político-institucional que prevalece hoy en Venezuela, supone retos legales importantes ya que, en principio, se estarían violando disposiciones constitucionales y jurídicas relevantes asociadas con el ejercicio de la soberanía nacional.
Además, y no es un detalle menor, la administración actual del gobierno en Venezuela está ejercida por personas que adolecen de legitimidad interna y externa. De aquí que surgen las preguntas: ¿puede el gobierno interino comprometer a largo plazo estas reservas petroleras?, ¿puede garantizarse a las empresas e inversionistas que las decisiones tomadas por un gobierno con un piso político tan endeble serán respetadas por un gobierno futuro, con mayor legitimidad?
Las respuestas a estas preguntas involucran aspectos de máxima relevancia ya que la viabilidad del acuerdo, en cuanto a inversión y financiamiento (privados), requiere de magnitudes considerables de dinero e involucra lapsos de muy largo plazo. Por tanto, la seguridad jurídica pasa a ser una variable determinante en el proceso de toma de decisiones.
Tampoco hay que olvidar que hay un ciclo político-electoral en marcha en los EE. UU. No es casual que el anuncio de este acuerdo se haga en los meses previos a las decisivas elecciones de medio mandato del próximo noviembre, tomando en cuenta los problemas que están confrontando el presidente Trump y el Partido Republicano para garantizarse la victoria en esos comicios. Mostrar un éxito económico como el que se supone que está implícito en este acuerdo daría a la debilitada administración Trump algunas ventajas que, cabe esperar, mejorarían sus posibilidades electorales.
Para Venezuela volver a un régimen de concesiones, a casi cinco décadas de la nacionalización del petróleo, es un tema controversial, con implicaciones que exceden, por mucho, las consideraciones meramente económicas. La soberanía sobre el uso de los recursos minerales ha sido, a lo largo de la historia del país como república, un asunto de la máxima trascendencia.
Que un acuerdo de esta naturaleza ocurra en momentos de elevada incertidumbre y tensión política no es, con certeza, una buena noticia para muchos.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.
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Luis Zambrano-Sequín no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
México registró una disminución interanual de 23.2% en sus importaciones de 1,463 fracciones arancelarias desde países sin tratados de libre comercio (TLC) de enero a mayo de 2026, informó este domingo Marcelo Ebrard, secretario de Economía.
Al participar en la quinta reunión plenaria del partido Morena, Ebrard detalló además que las importaciones mexicanas de este grupo de productos originarios de China bajaron 28.4% durante el mismo lapso.
El 1 de enero de 2026 entraron en vigor los ajustes arancelarios para importaciones provenientes de países como China, Corea del Sur, India, Indonesia y Brasil.
Estos bienes forman parte de los sectores automotriz, textil, calzado, acero, productos químicos, muebles, plásticos, juguetes y otros bienes de consumo. Ebrard dijo que el objetivo fue proteger cerca de 350,000 empleos ante prácticas comerciales desleales.
En particular, el funcionario indicó que las importaciones mexicanas desde China de vehículos de empresas sin producción en México tuvieron un descenso de 65.4% en el primer semestre de 2026, a tasa anual.
Con la reforma, el Congreso de México impuso aranceles de entre 5 y 50% a 1,463 productos de países, una medida que impacta 52,000 millones de dólares de importaciones (8.6% del total de las compras foráneas).
Los cambios incluyen un arancel de 50% impuesto a las importaciones de autos, lo que implica uno de los mayores impactos por producto.
Las importaciones mexicanas de automóviles fabricados en China alcanzaron un máximo en noviembre de 2025, subiendo hasta 1,061 millones de dólares. En ese mes, México se ubicó como el primer destino de las exportaciones chinas de estos vehículos a nivel mundial.
A finales de marzo del año en curso, China amagó con aplicar represalias a México por aumentar aranceles y aplicar medidas no arancelarias a las importaciones del grupo de productos referidos, afectando a más de 30,000 millones de dólares de exportaciones chinas, según sus propias estimaciones.
En forma desglosada, de enero a mayo de 2026 y a tasas interanuales, México importó autopartes por 899 millones de dólares, una caída de 46.9%. El sector de autos ligeros importó 2,159 millones, descendiendo un 35.4%, y la industria del vestido alcanzó 980 millones, reduciéndose 28.7% anual.
A su vez, las importaciones mexicanas del sector calzado alcanzaron 135 millones de dólares, registrando una baja interanual del 59.1%. Por su parte, el sector de remolques reportó 47 millones con un descenso del 48.1%, mientras las motocicletas importadas fueron de 70 millones, bajando un 48.0% anual.
Dentro del segmento de electrodomésticos, las compras sumaron 527 millones de dólares, un retroceso del 27.2%. El sector siderúrgico sumó 494 millones con una reducción de 18.5%, en tanto que el rubro textil generó 448 millones, bajando un 13.9 por ciento.
Finalmente, la industria del plástico reportó 1,503 millones de dólares, marcando una contracción interanual del 9.6%. En tanto, el sector de juguetes registró 271 millones con una baja del 6.6%, y la industria del papel y cartón totalizó 190 millones, 6.2% menos.
Sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum argumentó en su momento que la medida arancelaria cumple con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al quedar las nuevas tarifas en los rangos permitidos de los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF). Estos son impuestos a la importación que cada miembro negoció para establecer los topes máximos al resto de la membresía.
Quizá por este razonamiento, el gobierno chino amplió una investigación propia a las barreras no arancelarias, con la que calculó las pérdidas por los aranceles mexicanos, tomando en cuenta una encuesta a empresas y visitas de funcionarios chinos a México. Hasta ahora, China no ha tomado acciones relacionadas con la indagación.
