La Policía de Perú capturó este sábado (29.08.2026) a un delincuente venezolano que identificó como líder del Tren de Aragua en Chile, en el marco de un operativo tripartito con apoyo del FBI y de la policía chilena de investigaciones (PDI), informó el gobierno.
El detenido es Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, de 48 años. Era buscado por estar presuntamente involucrado en el secuestro de un ciudadano venezolano en Chile, entre otros delitos.
“Ha sido capturado con la intervención de un equipo de la policía con el apoyo del FBI de Estados Unidos y de la PDI de Chile”, anunció el ministro del Interior, el general César Astudillo, en conferencia de prensa.
El ministro señaló que “este delincuente va a ser expulsado hacia Chile”.
El funcionario precisó que Adon Colina “pertenece a la organización transnacional conocida como Tren de Aragua”.
La captura ocurrió por la mañana en una calle del populoso distrito de San Martín de Porres, en el norte de Lima. Tenía documentos falsos, según la policía peruana.
“Interacción entre las tres fuerzas”
El jefe de Investigación Criminal de la policía, general Manuel Lozada, dijo a la prensa que “su ingreso (desde Chile a Perú) ha sido irregular”. Indicó que “en Chile ha estado cerca de cinco a seis años”.
El FBI y la policía de Perú firmaron en mayo un convenio para “enfrentar el crimen organizado transnacional, mediante la cooperación y la investigación especializada”.
El jefe de la policía, general Óscar Arriola, evitó dar mayores detalles de la partipación del FBI y la PDI y se limitó a indicar que se trató de una “interacción entre las tres fuerzas”.
La captura del líder del Tren de Aragua en Chile se produce luego que el jueves en Bogotá la policía colombiana detuvo a uno de los supuestos cabecillas de esa organización criminal en Perú, identificado como Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi.
El Tren de Aragua, designado como una organización terrorista por Washington, se conformó en 2014 en el estado venezolano homónimo y, según informes de inteligencia, se ha extendido a ocho países sudamericanos.
La banda criminal está acusada de trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, tráfico de drogas y extorsión.
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La policía de Perú capturó este sábado en Lima a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias “R15“, un ciudadano venezolano señalado por las autoridades como presunto líder del Tren de Aragua en Chile, durante un operativo realizado con apoyo del FBI de Estados Unidos y la Policía de Investigaciones (PDI) chilena.
El hombre, de 48 años, era buscado por su presunta participación en el secuestro de un ciudadano venezolano ocurrido en Chile, además de otros delitos, informó el gobierno peruano.
“Ha sido capturado con la intervención de un equipo de la policía con el apoyo del FBI de Estados Unidos y de la PDI de Chile”, informó el ministro del Interior, general César Astudillo, durante una conferencia de prensa.
El funcionario adelantó que Colina Maldonado será expulsado hacia territorio chileno.
“Este delincuente va a ser expulsado hacia Chile“, afirmó Astudillo, quien precisó que el detenido “pertenece a la organización transnacional conocida como Tren de Aragua”
¿Cómo fue capturado alias “R15”?
La detención ocurrió durante la mañana en una calle del distrito de San Martín de Porres, en el norte de Lima.
De acuerdo con la policía peruana, el sospechoso tenía documentos falsos y habría ingresado irregularmente a Perú procedente de Chile.
El jefe de Investigación Criminal de la policía, general Manuel Lozada, señaló que Colina Maldonado había permanecido entre cinco y seis años en territorio chileno.
Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre la participación de los agentes estadounidenses y chilenos en la captura. El jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola, se limitó a señalar que existió una “interacción entre las tres fuerzas”.
El operativo ocurre después de que el FBI y la policía peruana firmaran en mayo un convenio para fortalecer la cooperación y las investigaciones contra el crimen organizado transnacional
Otro presunto cabecilla fue detenido en Colombia
La captura de alias “R15” se produjo apenas dos días después de que autoridades colombianas detuvieran en Bogotá a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, señalado como uno de los presuntos cabecillas del Tren de Aragua en Perú.
La organización criminal surgió en 2014 en el estado venezolano de Aragua y, de acuerdo con informes de inteligencia, extendió sus operaciones a ocho países de Sudamérica.
El Tren de Aragua está acusado de participar en actividades como trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, tráfico de drogas y extorsiones. Estados Unidos lo tiene designado como organización terrorista
La Selección Mexicana de basquetbol encara un 2025 en el que el gran objetivo es la clasificación al siguiente Mundial. Tras un 2024 marcado por la no clasificación al los Juegos Olímpicos a través del Repechaje, México busca meterse en la cita máxima de los torneos FIBA.
México ya transita su camino en las Eliminatorias para el Mundial 2027 y, a continuación, repasamos toda la información sobre su próximo partido.
Bogotá, 29 ago (EFE).- Colombia extraditó a Estados Unidos al dominicano Erick Randhiel Mosquea Polanco, supuesto líder de la organización criminal desarticulada con la operación Falcón en República Dominicana, informaron este sábado las autoridades.
Radiel, explicó la Policía colombiana, es el “presunto cabecilla de la organización criminal conocida como Red Falcón, quien utilizaba múltiples identidades y documentos falsificados.
De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría acumulado ganancias ilícitas cercanas a los 166 millones de dólares producto de actividades relacionadas con el lavado de activos y el narcotráfico”, por lo que fue capturado en Colombia en 2024.
Según las autoridades colombianas, a Mosquea Polanco “se le atribuye el envío de aproximadamente 2.500 kilogramos de cocaína semanales hacia Estados Unidos, Europa y Puerto Rico desde el año 2012”.
Entre tanto, la Justicia dominicana señaló el año pasado que Mosquea Polanco, al estilo de las mafias italianas, se rodeó de un clan familiar para conformar la red y redistribuir entre ellos roles y compromisos de sus múltiples actividades ilícitas.
La desarticulación de esta red criminal dominicana se produjo en 2021 tras una investigación que se ha extendió varios meses, durante los que los equipos del Ministerio Público analizaron el modus operandi de sus integrantes, la multiplicidad de delitos que cometían y el alcance económico de sus actividades.
El órgano investigador logró identificar, detener y someter al escrutinio judicial a 33 miembros de la red, recibiendo la mayoría prisión preventiva como medida de coerción.
Otras extradiciones
Colombia también anunció la extradición de ocho ciudadanos del país a Estados Unidos y Austria, entre los que está Óscar Iván Morón Ramos, alias Supervisor, acusado de ser parte de un grupo criminal dedicado a contaminar buques comerciales mediante la adhesión de cargamentos de droga con dispositivos magnéticos con destino a Puerto Rico.
Igualmente fueron enviados a Estados Unidos Elkliver López Jusayu, Juan Rafael Fuenmayor Barros, Elvis Giovanni Guevara Quintero y Jaime Torres Castiblanco.
Entre tanto, fueron extraditados a Austria Daniela García Vanegas y Jorge Elkin Ríos Ortiz, acusados de pertenecer a una red trasnacional de explotación sexual.
“Según las investigaciones, esta estructura captaba mujeres a través de redes sociales mediante falsas ofertas laborales en Europa y posteriormente las sometía a condiciones de explotación sexual, obligándolas incluso al consumo de sustancias ilícitas”, agregó la información policial.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmó el viernes que desde el 7 de agosto, cuando asumió el cargo, ha firmado 41 extradiciones.
“He firmado 41 extradiciones en 19 días de gobierno. Vamos a seguir firmando más, porque la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se detiene: los vamos a derrotar”, añadió el mandatario en X.
Ciudad de México, 29 ago (EFE).- El Gobierno mexicano confirmó este sábado que los tres drones derribados esta semana por el Ejército de Estados Unidos cerca de la frontera con México eran utilizados por traficantes de migrantes para vigilar a las autoridades y precisó que fueron neutralizados en territorio estadounidense.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte estadounidense notificó al Ejército mexicano sobre la detección e inhabilitación de los tres aparatos durante las noches del 25 y 26 de agosto.
Los dispositivos, “con características comerciales”, eran “utilizados por traficantes de indocumentados para la vigilancia de autoridades”, indicó la dependencia en un comunicado.
La Defensa precisó que los hechos ocurrieron en “territorio soberano” de Estados Unidos y en el contexto de las denominadas operaciones concurrentes o “espejo” que realizan las fuerzas de ambos países en la frontera.
Estos despliegues, que comenzaron el 5 de febrero de 2025, consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, pero con las fuerzas de cada país actuando dentro de su propio territorio, para combatir principalmente el tráfico de armas y drogas.
La información mexicana complementa la difundida el viernes por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) y el Comando Norte de Estados Unidos, que revelaron que los aparatos fueron derribados mediante el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL) del Ejército estadounidense.
La operación, realizada cerca de la frontera entre Texas y México, marcó la primera ocasión en que Estados Unidos utilizó ese sistema para neutralizar drones vinculados con organizaciones criminales en su frontera sur.
Las autoridades estadounidenses habían clasificado los aparatos como una amenaza para su personal militar y para agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, advirtió entonces de que las organizaciones criminales utilizan cada vez más aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y vigilar las actividades de militares y agentes fronterizos.
Taylor agradeció además la cooperación del Ejército mexicano en el operativo.
La precisión de Defensa sobre el lugar donde fueron derribados los drones ocurre en un contexto de especial sensibilidad en México ante las operaciones estadounidenses contra los carteles.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rechazado reiteradamente cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de territorio mexicano y ha advertido de que supondría una violación de la soberanía nacional, al tiempo que defiende la cooperación bilateral en seguridad siempre que respete la territorialidad de ambos países.
La colaboración fronteriza se ha intensificado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, en medio de las presiones de Washington a México para frenar el tráfico de fentanilo y la migración irregular hacia Estados Unidos.
Estados Unidos necesita el petróleo venezolano, probablemente más que en cualquier otro momento desde la crisis petrolera de la década de 1970.
Sin embargo, el presidente Donald Trump ha tenido dificultades para convencer a las compañías petroleras estadounidenses de que realicen inversiones significativas en las operaciones petroleras de Venezuela después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en enero y lo arrestara bajo cargos de conspiración. Las tácticas de presión pública contra los ejecutivos petroleros no funcionaron. Tampoco prosperaron varios acuerdos con la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez —quien anteriormente había liderado la industria petrolera del país—, destinados a reformar dicho sector.
Remover al líder venezolano mediante una compleja operación militar resultó ser la parte fácil.
No obstante, el sorprendente anuncio del viernes, según el cual Estados Unidos ha cerrado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en una empresa conjunta con una compañía energética venezolana, podría cambiar las reglas del juego. A largo plazo, podría resultar beneficioso tanto para la industria petrolera estadounidense como para la economía venezolana.
Es posible que, por fin, esto ofrezca a las escépticas empresas estadounidenses la seguridad que buscaban para invertir sin riesgos en Venezuela.
Por qué lo necesita Estados Unidos
Venezuela es fundamental para la seguridad energética de Estados Unidos.
Este año, Estados Unidos ha más que cuadruplicado sus importaciones de crudo procedente de Venezuela, alcanzando el mayor volumen de petróleo de ese país (aproximadamente 600.000 barriles diarios) desde que la primera administración Trump impuso sanciones en 2019. Actualmente, Venezuela es la segunda fuente de petróleo importado para Estados Unidos, solo por detrás de Canadá, según la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés).
El acuerdo anunciado por Trump el viernes podría reforzar considerablemente esa relación: Estados Unidos adquirirá una participación del 55 % en una nueva empresa conjunta con un operador privado venezolano, según un funcionario de la Casa Blanca. La concesión del yacimiento petrolífero con una duración de 100 años dará lugar a la creación de la segunda compañía petrolera más grande del mundo por volumen de reservas totales, situándose justo detrás de Saudi Aramco.
Venezuela cuenta con 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, y la nueva empresa controlará 65.000 millones de esos barriles. Esta cifra más que duplicaría los 46.000 millones de barriles de reservas petroleras que Estados Unidos ya controla, según datos de la EIA.
Aunque Estados Unidos es un exportador neto de petróleo y combustibles, y el mayor productor de crudo del mundo, sigue importando cantidades significativas de petróleo. Esto se debe a que el petróleo estadounidense es de la variedad ligera y dulce, adecuada para producir gasolina pero no los combustibles más pesados. El petróleo venezolano, en cambio, es un crudo pesado y ácido —una especie de lodo denso— que puede destilarse más fácilmente para obtener asfalto, aceites industriales, diésel y combustible para aviones.
Muchas refinerías estadounidenses están diseñadas específicamente para procesar petróleo venezolano. La mayoría se construyó en la década de 1970, cuando Venezuela era una de las principales fuentes de crudo para Estados Unidos. Por ello, un aumento en las importaciones de petróleo venezolano permitiría que las refinerías estadounidenses operaran con mayor eficiencia.
Este aspecto cobra especial importancia tras la guerra con Irán, que interrumpió cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Estados Unidos se ha convertido en un proveedor de último momento para muchos países, especialmente para aquellos que no podían obtener de manera fiable combustible para aviones o diésel desde Medio Oriente.
Asimismo, esto podría desempeñar un papel clave en la reposición de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que la administración Trump ha ido agotando para contrarrestar la falta de exportaciones petroleras desde el golfo Pérsico. Actualmente, dicha reserva se encuentra en su nivel más bajo desde 1982, año en que la administración Reagan se dedicaba a llenarla. Esta situación dejaría a Estados Unidos en una posición precaria si tuviera que hacer frente a otra crisis energética.
Convencer a las compañías petroleras
Un buque petrolero se encuentra anclado cerca de la refinería de Cardón en Punta Cardón, Venezuela, el 6 de mayo de 2026. – Gaby Oraa/Reuters
Venezuela ha logrado avances significativos en el aumento de su producción petrolera desde que el Gobierno de Estados Unidos capturó a Maduro. El país produce alrededor de 1,2 millones de barriles diarios —unos 150.000 barriles más al día que a principios de año—, según Luisa Palacios, expresidenta de Citgo y actual directora general del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
No obstante, esa cifra es considerablemente inferior a los 3,5 millones de barriles diarios que el país producía antes de la llegada del socialismo al poder a finales de la década de 1990. Los regímenes de Hugo Chávez y Maduro permitieron que la infraestructura petrolera del país se deteriorara hasta un punto de no retorno.
Para recuperar los niveles de producción petrolera que Venezuela tenía anteriormente, serán necesarios miles de millones de dólares en inversión extranjera a lo largo de al menos una década, señaló Palacios.
A excepción de Chevron, la única gran petrolera estadounidense que ha mantenido una presencia constante en Venezuela durante las últimas décadas, ninguna otra compañía energética de EE.UU. ha estado dispuesta a destinar recursos allí. El Gobierno sigue siendo corrupto, como lo demuestra su pésima respuesta ante el reciente y devastador terremoto que causó miles de muertes. La delincuencia sigue descontrolada y la estabilidad política del país continúa siendo precaria.
Sin embargo, el hecho inusual de que Estados Unidos posea directamente un yacimiento petrolífero privado en el extranjero podría enviar una señal a las grandes petroleras estadounidenses de que es seguro volver a invertir en Venezuela.
“Esto podría ser positivo, ya que, presumiblemente, las grandes petroleras operan ahora bajo un marco jurídico estadounidense, lo que podría acelerar las inversiones”, afirmó Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.
Es posible que Chevron esté en una posición privilegiada para aprovechar la participación del Gobierno en Venezuela. No obstante, las inversiones de Chevron por sí solas —incluso si aumenta el gasto en el país— serán insuficientes para que Venezuela recupere su pico de producción, señaló Rob Thummel, gestor sénior de carteras en Tortoise Capital. Además, otras compañías ya cuentan con inversiones importantes en otras partes del mundo.
“Una inversión en Venezuela tendrá que competir por el capital con otros proyectos que las grandes petroleras tienen en cartera”, comentó. “Probablemente pasarán años, y no meses, antes de que se produzca petróleo adicional en Venezuela”.
Lo que esto significa para Venezuela
A Venezuela le vendría muy bien este impulso económico. El devastador terremoto y décadas de mala gestión gubernamental han dejado al país en la ruina. Una participación del 45 % en el acuerdo no resolverá esos problemas, pero podría servir como argumento de venta ante una opinión pública venezolana escéptica.
El nuevo Gobierno de Venezuela abrió su industria petrolera a la participación del sector privado. Sin embargo, ante la falta de garantías suficientes para los inversores, pocos han estado dispuestos a asumir el riesgo.
El trágico terremoto agravó la inestabilidad política y empresarial del país. Aunque la infraestructura energética venezolana resultó prácticamente ilesa —solo la refinería más pequeña del país sufrió algunos daños—, la respuesta deficiente de Venezuela puso de manifiesto profundas fracturas en el Gobierno y apenas generó confianza en una posible estabilidad política, señaló Palacios en un pódcast de la Universidad de Columbia a principios de este mes.
No obstante, Venezuela necesita una industria petrolera próspera para superar la crisis humanitaria, afirmó. Requiere esos ingresos para reconstruirse.
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1985. Londres, una ciudad que va creciendo, más cosmopolita que nunca. Frances Wu inicia aquí su gran aventura: vivir de la mano del arte. Estudia Historia del Arte en el Courtauld Institute, especializándose en influencias no occidentales en arte occidental y arte europeo desde 1900 hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Con un interés por el arte sembrado por su madre, dibujaba, pintaba y tomaba clases de arte desde pequeña. Se interesó en la observación y el placer de vivir rodeada de arte. Su madre reacciona frente a esa actitud tan particularmente positiva hacia lo artístico, llevándola a visitar todo tipo de exposiciones. Su interés va en aumento; sale del colegio a los 16 y estudia psicología. Al terminar sus estudios, viaja a Londres, en donde fue aceptada en el London School of Economics para psicología, pero luego de un año desiste y se pasa al Courtauld Institute of Art. Luego, ya como galerista, considera muy importante el haber estudiado historia del arte. Gracias a estos conocimientos adquiere su gran capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando ve composiciones mal hechas, dice: vayan a ver a Poussin. ¡Quien hace cosas malas es porque no sabe leer del pasado!
Desde entonces ya se inicia en el mundo del mercado del arte con el grabado, representando a los talleres Dos Gráficos de Bogotá y Mixografía de Los Ángeles, vendiendo grabados en Londres y Suecia.
Tres años después vuelve al Perú
Hacia fines de 1990 presentó el libro de arte RAMIRO LLONA con un nuevo sello editorial, en edición de tapa dura, con una sobrecubierta serigrafiada y textos de Blanca Varela y del crítico de arte estadounidense Donald Kuspit, impreso y diseñado en Colombia. Decide entrar con el pie derecho al medio artístico limeño comprando un local en Miraflores, en donde, luego de limpiarlo con ayahuasca, inaugura un taller de serigrafía, ofreciendo al mercado local una variedad de ediciones de grabados de artistas que representan la contemporaneidad de la oferta en el mercado del momento. Era el año de 1996, pero desde 1994 ya se movía en eso de la difusión del arte como consultora privada, vendiendo y armando colecciones.
Identificaba artistas montando esquemas teóricos que sustentaban las selecciones que ofrecía, apoyándolas genuinamente y comprando la obra que proponía. Artistas activos y destacados que defendía y que participaron en 1996 en la primera producción del taller: Ramiro Llona, Mariella Agois, Alberto Grieve, Alberto Casari, Rhony Alhalel, Maria Cecilia Piazza, Sonia Prager, Venancio Shinki, Ricardo Wiesse, el chileno Arturo Duclos y quien escribe. E invitó posteriormente a artistas más jóvenes y produciendo serigrafías en ediciones de 100, ofreciendo accesibilidad comercial e invitando al coleccionismo. Produce luego la carpeta Playa 1997 en la que participaron Casari, Grieve, Ángel Valdez, Wiesse y otros más.
No piensa en montar una galería hasta que identifica en sus intentos de venta y difusión una necesidad de educar al público proponiendo a los artistas como se debe. Y surge el espacio de exhibición divulgando propuestas diferentes y más de vanguardia. Desde antes de fundar su galería ya le hervía el deseo de mediar: identificaba artistas, seleccionaba sus obras y las proponía, y luego vendía. Con Wu Ediciones se anticipa a la oferta de Wu Galería, ya que la programación de exposiciones en el taller de la obra producida se lleva a cabo hasta su clausura.
Fundada en 1998 en un local de Barranco, la galería apostó desde su lanzamiento por impulsar una actitud experimental. Así, difundió de forma temprana y regular manifestaciones como la instalación y el video, haciendo eco de lo propuesto en las bienales. Representa la contemporaneidad de los lenguajes artísticos locales y es, quizás, precursora en reflexionar sobre la delgada línea entre la artesanía y el arte. Como parte del proyecto QONAKUY, exhibió en su sala a un destacado grupo de artistas materos de Cochas, quienes trasladaron sus diseños a las técnicas del grabado, llevando sus imágenes del mate burilado al papel. La muestra incluía, como parte de la propuesta, los mates burilados expuestos en pedestales.
Pero cierra todo y se va: “Porque en mis últimos viajes a Uzbekistán e India se me ha despertado una enorme curiosidad por saber sobre la ruta de la Seda, la historia y el desarrollo del área del Asia Central, ver sus manifestaciones culturales. Después de 30 años de galería y un posgrado en Londres, suena a una renovación neuronal y emocional que será enriquecedor hacer”.
Con el placer de la observación y de vivir rodeada de arte.
Buenos Aires, 29 ago (EFE).- La tragedia en Nepal por el colapso de una masa de hielo en el Himalaya ha reactivado los reclamos en Argentina contra la reforma de la ley de protección de glaciares aprobada este año a propuesta del Gobierno de Javier Milei, que incrementa los riesgos para los campos de hielo andinos y para el agua de la que dependen millones de personas.
“Los ecosistemas son completamente distintos y no podemos decir que vaya a pasar en Argentina, pero lo que ocurrió en Nepal es una advertencia de lo que está pasando a nivel mundial con los glaciares y su retroceso, un fenómeno que ya se da en Argentina”, dijo a EFE Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace.
Argentina, donde hay 16.968 cuerpos de hielo que cubren 8.484 kilómetros cuadrados, reconoció en 2024 de manera oficial que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares andinos de la Patagonia sur durante las últimas décadas, incluido el emblemático Perito Moreno, declarado en 1981 Patrimonio de la Humanidad.
El país suramericano fue pionero en Latinoamérica al aprobar en 2010 una ley de protección de glaciares como reservas estratégicas de agua, pero la reforma de esta legislación, en abril pasado y por impulso del Gobierno de Milei, ha añadido la presión de actividades extractivistas a los efectos que ya causa el cambio climático sobre los glaciares.
El impacto minero sobre los glaciares
La reforma, a la que se opusieron unos 900.000 argentinos en una recogida de firmas, habilita a las provincias a autorizar proyectos mineros en áreas periglaciales (zonas aledañas a los glaciares) si consideran que no tienen reservas estratégicas de recursos hídricos, lo que abre las puertas a decisiones discrecionales, según los ambientalistas.
El cambio en la legislación fue aprobado por el Parlamento en medio de una ola de nuevas inversiones mineras, principalmente en litio, cobre y oro, impulsadas por los beneficios fiscales que está otorgando el Gobierno actual a las empresas.
“Permitir la minería en estos ecosistemas puede generar muchos problemas. Vuelan la montaña con dinamita y arman un dique de cola, donde vierten agua y sustancias químicas como cianuro, con el peligro de que se filtre hacia las napas subterráneas y contamine acuíferos que conectan con ríos. Además, estos diques artificiales pueden colapsar”, afirmó a EFE Cristian Fernández, coordinador del área legal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Rossi Serra, de Greenpeace, remarcó que los glaciares conservan el 70 % del agua dulce del planeta, cumplen un rol fundamental de regulación de los ciclos hídricos y hay muchas comunidades que dependen del agua de deshielo para el consumo humano, riego y generación de energía.
“Entre el 18 % y el 20 % de los argentinos depende de manera directa del agua de deshielo de glaciares y ambientes periglaciales”, advirtió la experta.
Cruzada judicial contra la reforma de la ley
La provincia de La Pampa (centro) y varias organizaciones de la sociedad civil, como Greenpeace y FARN, presentaron una solicitud de amparo colectivo contra la reforma de la ley de glaciares, en la que exigen que no se aplique hasta que la Justicia se pronuncie sobre si la nueva norma es o no inconstitucional.
“El trámite judicial es lento. El juzgado tiene paralizada la resolución. Estamos bastante preocupados con la ausencia de respuesta”, dijo a EFE Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, una de las organizaciones que lidera la demanda.
La causa judicial tiene un antecedente de peso: en 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan (oeste) contra esa norma.
En aquella sentencia, el Supremo reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos -como el acceso al agua-prevalecen sobre otros intereses.
“La reforma es inconstitucional a todas luces y, más allá de la estrategia judicial, buscaremos que este tema esté en la agenda pública de cara a las elecciones de 2027 en Argentina, impulsando una ley que restablezca la protección de los glaciares”, afirmó Fernández sobre el golpe que el Parlamento dio hace unos meses a la legislación que cuidaba los campos de hielo en Argentina.
“Tragedias como las de Nepal deben abrir los ojos de todos”, concluyó.
“No es justo que la gente sufra en sus últimos momentos, tienes que morir con dignidad”, sostuvo Cristina Llamas, quien este viernes marchó —junto con unas decenas más de personas— por las calles del Centro Histórico para exigir la legalización de la eutanasia en México.
“No tenemos que sufrir para morir, tenemos que luchar por nuestra dignidad que es lo único que nos vamos a llevar”, agregó la mujer quien compartió se enteró por las redes sociales de la movilización y no dudó en sumarse a la misma.
Encabezadas por Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, pacientes, familiares, personas cuidadoras, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, activistas y ciudadanía urgieron a las autoridades que se avance en el reconocimiento y garantía del derecho a una muerte digna.
Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende. Foto: Dalila Sarabia
Con pancartas y una batucada, los participantes en la movilización visitaron el Congreso capitalino, el Palacio Nacional y la Jefatura de Gobierno en donde entregaron un paquete de iniciativas legislativas para la legalización de la eutanasia, así como 200 mil firmas de apoyo recolectadas a través de la plataforma change.org.
“El día de hoy hacemos compromiso con el Congreso local de la Ciudad de México para que avance, no solo en lo federal, sino también en lo local —como en muchas otras libertades—, y la Ciudad de México tenga una de las últimas libertades y más importante: decidir sobre nuestro cuerpo enfermo al final de nuestra vida“, dijo Martínez en las escalinatas del Recinto de Donceles.
El paquete de iniciativas, encuestas y documentos académicos fueron recibidos por la diputada de Morena, Xóchilt Bravo, quien personalmente se pronunció por respaldar la propuesta.
“De manera personal yo les digo que estoy de acuerdo (…) no solo como un tema que tenga que ver con el asunto legislativo, es un derecho de dignificación de cómo queremos terminar”, explicó la legisladora.
En su mensaje, Bravo adelantó que estarán analizando la propuesta —y otras más que otras organizaciones y agrupaciones han presentado— para poder presentarla en el Pleno.
Actualmente la asociación se encuentra en proceso de recolección de firmas a fin de poder presentar la propuesta en el Congreso capitalino para su análisis.
“No se trata de una opinión, es un derecho”, señaló Fátima Gama, otra de las asistentes a la movilización convocada por La Coalición Muerte Digna ¡Ya!
“Yo estoy aquí porque es muy triste necesitarla y no tenerla. Que cada quien decida, pero que se tenga la opción de morir con dignidad y con el dolor que cada quien decida si quieren morir con mucho, poco o nada, pero la ley debe ser”, agregó la mujer.
Después de hacer la entrega del paquete de iniciativas en el Congreso capitalino, el contingente caminó rumbo al Zócalo capitalino; sin embargo, no pudieron llegar a Palacio Nacional debido a las vallas y cortes viales, pero el contingente logró entregar la documentaciín a Heidi Brito, de la dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia.
La última parada de su recorrido fue en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento en donde una pequeña comisión encabezada por Samara Martínez fue recibida por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Tras la reunión que tomó alrededor de 20 minutos, Martínez celebró no solo la apertura de la mandataria capitalina a recibirlos, sino a respaldar la propuesta de eutanasia en la CDMX.
“Básicamente nos dijo que no solo ella, sino todo el Congreso local, todo el Gobierno local está a favor de que sea un tema prioritario en este periodo legislativo”, compartió la activista.
Incluso, dijo, Brugada les compartió encuestas que ellos han levantado sobre la muerte digna y los resultados revelan que el 85% de las personas están a favor de que se legalice la eutanasia en la Ciudad de México.
“Ella está consciente que estamos contra tiempo porque el siguiente año se vienen elecciones por lo que el compromiso está y como siempre lo digo: los tiempos de la enfermedad no son los tiempos legislativos y ella sabe que si no avanza a más tardar a marzo este tema se va a ir hasta incluso después de que haya un nuevo Congreso”, advirtió Martínez.
Entre los datos presentados a las autoridades se encuentra el estudio hecho por Altazor Intelligence y Data for World en el que de mil 200 entrevistas en línea y entrevistas a profundidad con pacientes y personas cuidadoras, 7 de cada 10 personas en México dijeron estar a favor de regular la asistencia médica para morir.
Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), en su encuesta nacional de 2022 con más de 4,000 entrevistas, el 72.7% pidió cambiar la ley para permitir la ayuda médica para morir, cifra que llega a 80% entre las personas de 18 a 34 años.
¿Qué es la Ley Trasciende?
La Ley Trasciende, impulsada por Samara Martínez y la Coalición Muerte Digna ¡Ya!, busca la legalización de la eutanasia en México, a través de dos iniciativas.
La primera es una reforma constitucional que adiciona los artículos 4 y 73 para reconocer que la protección de la salud abarca la vida digna y la muerte digna, obligar a la Federación y a las entidades a garantizar el acceso universal y gratuito a los cuatro medios que la hacen posible —cuidados paliativos, rechazo de tratamientos y prohibición de la obstinación terapéutica, voluntad anticipada y asistencia médica para morir— y facultar expresamente al Congreso de la Unión para legislar en la materia.
La segunda iniciativa, conocida como Ley Trasciende, reforma la Ley General de Salud, su Reglamento y el Código Penal Federal para incorporar los servicios de muerte digna al Sistema Nacional de Salud; ampliar los cuidados paliativos más allá de la enfermedad terminal; crear el Registro Nacional y la Plataforma Unificada de Voluntad Anticipada, gratuitos y sin necesidad de notario; y regular la asistencia médica para morir —eutanasia y suicidio médicamente asistido— con requisitos clínicos verificables, plazos y una comisión nacional de supervisión.
Además, ordena la objeción de conciencia individual con la obligación institucional de contar siempre con personal no objetor; y deroga el homicidio por piedad y los tipos penales que hoy criminalizan a pacientes, familiares y personal de salud.
A nivel local, la estrategia consta de tres iniciativas al Congreso capitalino. Dos son las federales ya descritas, presentadas como iniciativa de iniciativas para que la Ciudad de México las envíe al Congreso de la Unión en ejercicio de su facultad constitucional.
La tercera es una iniciativa local que reforma la Ley de Salud, el Código Penal y el Código Civil de la Ciudad para separar con claridad los cuidados paliativos, la voluntad anticipada y la asistencia médica para morir; hacer la voluntad anticipada gratuita y universal, con registro, plataforma y módulos en hospitales y juzgados del Registro Civil; crear el Servicio de Asistencia Médica para Morir en hospitales de segundo y tercer nivel, con plazos máximos de atención y un órgano supervisor; y dar certeza jurídica a pacientes, familiares y equipos de salud.
Sin avances
Las dos iniciativas federales se presentaron a finales de octubre de 2025 con respaldo de legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios (Morena, PT, MC, PVEM, PRI). A diez meses, ninguna comisión del Senado de la República ni de la Cámara de Diputados las ha dictaminado.
Un vendedor ambulante de Bogotá decidió entregar gratuitamente las bebidas que comercializaba a las personas que se preparaban para participar como voluntarias después del terremoto. El gesto ocurrió frente al Estadio El Campín y quedó registrado en un video de TikTok que generó pedidos para ayudar económicamente al hombre.
El hombre se encontraba cerca del estacionamiento del Estadio El Campín, en Bogotá, y comenzó a entregar tinto y aromática gratis alrededor de las 6 hs (hora local). Cuando algunas personas intentaron pagarle por lo que habían recibido, rechazó el dinero y explicó que también quería colaborar con la emergencia.
“Este es mi aporte, soy voluntario así, desde lo que puedo dar”, dijo el vendedor, según el video difundido en TikTok por la usuaria Lu. Las imágenes mostraron al hombre mientras ofrecía sus productos a quienes se acercaban al lugar.
“Eso define la Colombia que yo conozco”, comentó Lu sobre el video que rápidamente se volvió viral. La publicación provocó una respuesta inmediata entre los usuarios, que destacaron que el vendedor había decidido compartir parte de lo que tenía para trabajar, aun cuando esa actividad representa su fuente de ingresos.
“No dio de lo que sobró, dio desde lo único y más valioso que tiene“, escribió una persona. La reflexión fue replicada dentro de la conversación generada por el video.
A partir de allí, varias personas comenzaron a preguntar cómo podían localizarlo y solicitaron su número de Nequi, una plataforma utilizada en Colombia para realizar transferencias de dinero. La intención era enviarle una ayuda económica o comprarle sus productos como una forma de devolverle el gesto.
Según el relato, el hombre se negó a recibir el pago de las bebidas que ofrecía – Créditos: @TikTok @dimelu__
La creadora del video explicó que el número de Nequi no estaba visible en el carro del vendedor. Además, contó que cuando intentó pagarle, el hombre no quiso proporcionarle sus datos, según la explicación compartida en la publicación.
“Voy a intentarlo, no sé si siempre se ubica al frente del estacionamiento de El Campín. Intentaré conseguirlo (su Nequi)“, respondió Lu.
El episodio ocurrió en medio de las tareas de asistencia posteriores al terremoto de magnitud 7.4. El sismo produjo daños y víctimas en diferentes departamentos del país latino, mientras en Bogotá se registraron evacuaciones preventivas y se activaron protocolos debido a la intensidad con la que fue percibido.
El USGS explicó las condiciones que causaron el terremoto en Colombia – Créditos: @Santiago Saldarriaga
Según la información disponible sobre el fenómeno, el terremoto estuvo relacionado con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Frente al Pacífico colombiano, la placa oceánica se desplaza hacia el este y se introduce bajo el continente a una velocidad aproximada de 65 milímetros por año.
Durante ese proceso, la fricción puede impedir temporalmente el desplazamiento normal de las placas. Esa resistencia provoca acumulación de tensión y deformaciones hasta que la energía almacenada supera la resistencia de la estructura y se produce una ruptura.
El análisis del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ubicó la ruptura a unos 110,3 kilómetros de profundidad, dentro del propio sistema de Nazca. Se trató, por lo tanto, de un sismo intraplaca de profundidad intermedia. El mecanismo fue asociado a una falla de rumbo dentro del bloque, con distintas posibilidades respecto del desplazamiento de la estructura.
La intensidad del movimiento varió según la ubicación. El USGS estimó que unos 10.5 millones de personas estuvieron expuestas a niveles de sacudida considerados fuertes o muy fuertes.
Pereira, Armenia y Cartago fueron ubicadas en el nivel VII de la Escala de Mercalli Modificada, correspondiente a una sacudida muy fuerte que puede ocasionar daños en construcciones con deficiencias. La misma categoría alcanzó a poblaciones como La Tebaida, Condoto, La Victoria y Nóvita.
Cali y Buenaventura fueron clasificadas con intensidad VI, asociada a una sacudida fuerte capaz de provocar, entre otros efectos, caída de objetos y daños menores. Aunque el epicentro se encontraba aproximadamente a 240 kilómetros al oeste de Bogotá, el movimiento fue percibido en la capital. Las alarmas se activaron y numerosos edificios residenciales y de oficinas fueron evacuados de manera preventiva.
