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El fallido proceso de la paz total del presidente Gustavo Petro ha entrado en una múltiple crisis de legitimidad política y legal a pocas semanas de la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo. La derogación de las órdenes de captura solicitada por el Gobierno contra varios de los principales líderes del crimen en Antioquia desató una ola de críticas de distintos sectores de la sociedad en plena campaña electoral. Los cuestionamientos elevan la presión y amenazan con afectar la candidatura del senador de izquierda Iván Cepeda, líder de todos los sondeos y uno de los arquitectos del proyecto de negociación simultánea con los grupos armados.

El último de los problemas para Petro fue el pasado 31 de marzo, cuando la Fiscalía General de la Nación expidió una resolución que suspendía por seis meses las órdenes de captura contra 23 jefes de bandas criminales del Valle de Aburrá declarados gestores de paz por el Ejecutivo. La polémica decisión benefició a cabecillas como Albert Antonio Henao Acevedo, alias ‘Alber’; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias ‘Mundo Malo’; Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’; José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’; Sebastián Murillo Echeverri, alias ‘Lindolfo’, entre otros criminales. El levantamiento de las órdenes se dio después de una solicitud formal de la oficina del comisionado de paz Otty Patiño y en medio de un proceso activo de una mesa de paz urbana en Medellín y sus alrededores.

Sin embargo, pocos días después, en la mañana de este martes, la fiscal general Luz Adriana Camargo derogó la resolución que levantaba las órdenes de captura contra 16 de los 23 delincuentes. Es decir, reactivó sus órdenes de captura. En una entrevista con 6 AM Caracol, Camargo argumentó fallas y errores en la solicitud inicial hecha por el comisionado de paz. “La Fiscalía emitió la resolución 0079, que ayer se informó a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec, anulando la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura para las personas que tenían esa suspensión”, dijo la fiscal. Y añadió: “De verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”. En este momento, la Fiscalía continúa revisando la viabilidad de las siete órdenes de captura que aún siguen suspendidas.

La decisión de la fiscal de reactivar las órdenes de captura, y de poner en evidencia los errores del Gobierno, se suma a las críticas que han hecho en los últimos días el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quienes dicen ser los afectados en sus regiones por la inseguridad generada por los cabecillas.

Rendón, por ejemplo, presentó este lunes una demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado para que se revoque la suspensión de las órdenes. “El presidente Petro y la fiscal liberan criminales, vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, policías y soldados que han arriesgado su vida por capturarlos. Construyen una autopista de impunidad en la que transitan jefes de combos criminales y también bandidos como alias Calarcá de Farc”, escribió el gobernador, que le ha hecho oposición al presidente desde que fue elegido.

El alcalde Gutiérrez celebró la decisión de la fiscal general, pero hizo énfasis en la urgencia de quitarle el beneficio a los otros siete jefes de bandas que aún lo conservan. “La Fiscal (…) saca de la resolución a 16 criminales que hoy están pagando condena por graves delitos. Quedan 7 con el beneficio. El caso de alias El Montañero es muy grave. Inaceptable que el Gobierno Petro le haya solicitado a la Fiscalía que levante orden de captura vigente por homicidio”.

El alcalde, además, presentó este martes un proyecto de ley ante el Congreso de la República que busca tumbar la ley de paz total. Su objetivo, dice, es evitar que sigan saliendo delincuentes de las cárceles. “Colombia está siendo gobernada por unos bandidos. Petro se les entregó a las estructuras criminales para ganar la presidencia. Y con ellos están gobernando. Y lo más grave es que ahora, después de casi un año o dos de haber nombrado voceros de paz a estos criminales, a los cuales les levantan las órdenes de captura, van a tener la posibilidad de salir de la cárcel en algunos momentos, supuestamente a realizar gestiones de paz, pero ¿en plena época electoral a la Presidencia? Se lo advierto al país: todo esto es una estrategia para que los criminales salgan a hacer campaña”, dijo Gutierrez.

El caso de alias El Montañero, llamado Gustavo Adolfo Pérez Peña, también despertó la indignación del alcalde Galán de Bogotá. Pérez Peña aún tiene la orden de captura suspendida y es el jefe de una banda criminal llamada El Mesa, que nació en Antioquia, pero que opera en todo el país. Galán, de hecho, reveló que este martes las autoridades locales habían logrado una captura masiva de miembros de esa banda, mientras que al jefe le levantaban la orden de captura. “Hoy en Bogotá anunciamos que, gracias a la Dijín, a la Fiscalía y a la Policía, fueron capturados 23 miembros de la banda El Mesa, entre ellos 8 sicarios. Mientras tanto, el Gobierno Nacional nombra al cabecilla de esa banda como gestor de paz y le levantó la orden de captura por una negociación que no solo no tiene ningún resultado positivo, sino que es peligrosa e irresponsable”, dijo el alcalde en un video difundido en sus redes sociales. “Es hora de dar la discusión: no más beneficios para delincuentes peligrosos que deberían estar en la cárcel. incoherencias de la política criminal de nuestro país”, concluyó.

A estas voces de protesta contra los efectos de la paz total se sumó el candidato presidencial Roy Barreras, antiguo aliado del Gobierno Petro en esa iniciativa. Barreras dijo en una entrevista el domingo en Los Danieles que la suspensión de las órdenes de captura contra estos cabecillas tenía fines electorales para beneficiar a su contrincante Iván Cepeda. Ante la pregunta de si los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquia tenían como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno, Barreras contestó: “No solo en Antioquia. Estoy seguro de que sí. Los señores que extorsionan en el Caquetá, el señor Calarcá y la señora Érika, que dominan ese territorio. El señor Araña (…) pues deciden la votación, porque conminan y obligan”. Este martes insistió en sus críticas a la paz total: “Las bandas criminales no pueden reemplazar el Estado y menos aún tener pretensiones políticas. Todos los candidatos debemos rechazar que pretendan hacer política con armas”.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y principal rival de Iván Cepeda, también aprovechó para cuestionar los diálogos: “La Corte Constitucional ha sido clara: la Rama Judicial no necesita permiso del gobierno para tramitar la captura de los criminales que, con rótulo de gestores de paz, siguen delinquiendo”. En medio de todos estos ataques contra la paz total, el candidato Cepeda no respondió directamente, pero publicó un mensaje en su cuenta de X en el que rechaza cualquier apoyo que provenga de actores armados: “Un medio de comunicación dará a conocer un supuesto audio de un actor ilegal, anunciando un supuesto apoyo a mi campaña. Se trata de un nuevo montaje: nunca he tenido contactos con grupos armados, ilegales o sus jefes y rechazo de plano cualquier clase de ofrecimiento o apoyo que provenga de la ilegalidad. También rechazo las campañas sucias que se multiplican en contra de mi campaña. Provienen del miedo a nuestro triunfo, que se dará en primera vuelta”.

Lo que surgió en la década los pasados años sesenta como una iniciativa de cooperación se ha convertido con el tiempo —y el deterioro económico en Cuba— en una importante fuente de ingresos para el régimen de La Habana. Las misiones médicas cubanas iniciaron en 1963 con el envío de una primera brigada permanente a Argelia y desde entonces los médicos cubanos son un producto de exportación esencial para las arcas de la isla. Un informe publicado este martes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia violaciones a los derechos laborales de esta mano de obra estatal, incluidos alegatos de “esclavitud moderna” y denuncias de ausencia de retribución justa, extensas jornadas laborales y represalias contra el personal médico y sus familias.

La CIDH expresa en un documento de 200 páginas “su preocupación por las condiciones laborales a las que estarían expuestas algunas personas trabajadoras cubanas que participan en misiones médicas”. Entre las denuncias recibidas por el organismo “destacan la ausencia de una retribución justa para una vida digna, la imposición de extensas jornadas laborales, la presión para incorporarse al programa sin recibir copia de su contrato de trabajo, así como la existencia de represalias contra el personal y sus familias en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas”. Alerta, además, de “vulneración de derechos humanos”, en particular, respecto a las alegaciones de “esclavitud moderna” y de “trata de personas” de quienes laboran en el sistema de salud cubano. El Gobierno de la isla ha negado estos señalamientos, según el documento.

La idea de las misiones es ofrecer cooperación médica a países que la solicitan a través de acuerdos bilaterales. Cifras oficiales muestran que al menos 165 países han abierto sus puertas a personal médico cubano en América Latina, África, Asia y Europa. El Gobierno cubano ha movilizando a más de 600.000 profesionales de la salud a lo largo de seis décadas. “Esta práctica ha experimentado un crecimiento sostenido, hasta convertirse en la actualidad en lo que se estima constituye la principal fuente de ingresos del Estado cubano”, afirman desde la CIDH. “Las misiones, además de considerarse una expresión de solidaridad internacional por algunos países receptores, son reconocidas y valoradas por algunos Estados receptores por contribuir significativamente al fortalecimiento de sus sistemas públicos de salud”, agregan.

El objetivo de estos convenios es, según recoge la CIDH, mejorar la formación médica, fortalecer la educación permanente en salud, ofrecer a la población una atención de calidad, intercambiar experiencias, asistencia técnica, atención en salud a pacientes y capacitación e investigación. Los médicos consultados por el organismo de la OEA advierten, sin embargo, pésimas condiciones de trabajo, tratos diferenciados respecto de las personas trabajadoras de los Estados de acogida y situaciones de explotación laboral.

Una de las denuncias más controvertidas está relacionada con la confiscación del salario por parte del Estado cubano. El informe advierte de la existencia de condiciones laborales precarias “motivadas por la retención de una parte significativa de sus salarios por parte del Estado cubano, severas restricciones a sus libertades fundamentales y una falta generalizada de protección jurídica. Además, se señala la existencia de mecanismos de control sobre su vida privada y profesional, incluyendo sanciones por establecer vínculos personales con personas ciudadanas locales o brindar declaraciones sin autorización previa. En caso de abandonar la misión, el personal médico puede enfrentar represalias graves, como la prohibición de regresar al país, lo que conlleva separaciones familiares forzadas y presiones sobre sus allegados en Cuba”.

Otros organismos de derechos humanos como Human Rights Watch han denunciado también el férreo control ejercido por el Gobierno sobre estas brigadas médicas. HRW ha calificado las condiciones laborales de los médicos cubanos como “draconianas” y ha instado a las autoridades que reciben esa colaboración a exigir a La Habana reformas y cambios en el reglamento de esos programas.

La CIDH ha explicado que recibió “información detallada” sobre graves vulneraciones de derechos humanos, que incluyen “situaciones compatibles con formas contemporáneas de esclavitud o trabajo forzoso, incluyendo prácticas como fraudes contractuales, retención de documentos de identidad, confiscación de sueldos, control y vigilancia de la vida privada”. Estas misiones médicas sufren ahora también la presión de Estados Unidos, cuyo presidente, el republicano Donald Trump, exige un cambio de timón en el liderazgo de la isla. Países como Guatemala, Honduras o El Salvador han expulsado al personal cubano. Incluso aliados del régimen de La Habana, como el nicaragüense Daniel Ortega, han cancelado los contratos. “Esta situación se desarrolla en un contexto de profunda crisis socioeconómica que enfrenta el país, caracterizada por la escasez de bienes esenciales, la inflación sostenida, la precarización de los servicios públicos y la disminución del poder adquisitivo de la población”, destaca el informe de la CIDH.

La organización de la OEA ha instado al Estado cubano y a los países receptores a reformar el modelo de misiones médicas internacionales para erradicar prácticas que vulneran los derechos fundamentales de su personal sanitario. El organismo exige garantizar la voluntariedad de la participación, el pago íntegro y directo de salarios justos, el respeto a la libertad de movimiento y la eliminación de cualquier forma de trabajo forzoso, represalias o restricciones sindicales. Asimismo, recomienda establecer mecanismos de inspección independientes y marcos normativos que aseguren condiciones laborales dignas, seguras y transparentes, “alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos”.

El candidato presidencial de centro, Sergio Fajardo, ha decidido volver a resaltar su perfil como la opción electoral contra la corrupción, y ha escogido la escoba como nuevo símbolo de su campaña. “La escoba es el poder de los que no tienen poder”, dice. En la tarde del lunes el candidato, junto a su fórmula a la vicepresidencia, Edna Bonilla, y el exsenador de izquierdas Jorge Enrique Robledo, reunieron decenas de escobas frente a las oficinas de la empresa de energía Ecopetrol. El lugar no fue escogido a la ligera: en ese momento la junta directiva debatía si el presidente de la compañía, Ricardo Roa, amigo del presidente Gustavo Petro, y exgerente de su campaña presidencial en 2022, debía renunciar tras haber sido imputado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias. La Junta definió sacar a Roa temporalmente, y Fajardo horas antes dió un vuelco a su campaña: el centro de su proyecto político ya no gira solo alrededor de la educación, sino la corrupción que se ha denunciado en el Gobierno Petro.

“Vamos a recorrer el país, mostrar los elefantes blancos que hay, porque en Colombia, se están robando las necesidades de la gente”, dijo el candidato, que no ha logrado liderar la intención de voto en las encuestas para las presidenciales del 31 de mayo, pero busca aún conquistar al votante de centro que no está convencido por las opciones de Iván Cepeda a la izquierda, ni Paloma Valencia o Abelardo de La Espriella a la derecha. De acuerdo a las mismas encuestas, la corrupción está entre los dos primeros problemas que le preocupan a los colombianos. En la encuesta de Atlas Intel publicada en marzo, el 46% de los colombianos dice que la corrupción es el principal problema del país, seguido por 13% que considera que el principal problema es la inseguridad.

“El que calla otorga”, dijo Sergio Fajardo junto a las escobas y frente al silencio del candidato oficialista Cepeda ante un reporte de Noticias Caracol que denunció cómo Jorge Lemus, quien se desempeñaba como director de inteligencia de Gustavo Petro, ofreció beneficios jurídicos al zar del contrabando, Papa Pitufo. “No es solamente lo de Pitufo”, dice Fajardo. “Hay mucha más corrupción y no podemos aceptar que se pueda validar una transformación a partir de la trampa para llegar al poder, ese es el todo vale y nosotros no creemos en el todo vale, son los medios los que justifican el fin y no el fin el que justifica los medios, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero no utilizando medios ilegales”, agregó.

Ese ‘no todo vale’ es un claro eco a la campaña que hizo Fajardo en el 2010 como fórmula presidencial del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, contra el candidato entonces del uribismo que era Juan Manuel Santos, quien representaba el clientelismo. Mockus y Fajardo hicieron una campaña conocida localmente como ‘la ola verde’, contra la corrupción, y lograron pasar a la segunda vuelta presidencial como la opción más transparente de la política. Pero hasta el momento Fajardo no había vuelto a resaltar este aspecto de su campaña este año, sino más el de la educación, especialmente como profesor de matemáticas que escogió como fórmula vicepresidencial a una experta en pedagogía como lo es la académica Edna Bonilla, exsecretaria de educación de Bogotá.

Pero no toda estrategia electoral anticorrupción es exitosa en Colombia. En 2018 fracasó un célebre referendo anticorrupción promovido por dos líderes políticas del partido verde, Claudia López y Angélica Lozano, donde se le preguntaba a la ciudadanía si estaba de acuerdo en recortar los salarios a los congresistas, o endurecer las penas a los corruptos e impedirles volver a suscribir contratos con el Estado. La consulta fracasó porque no obtuvo los votos suficientes: no logró movilizar a suficientes ciudadanos para superar un umbral que le daba validez.

En esta ocasión, Fajardo propone un decálogo anticorrupción: quiere liderar una campaña cívica “sin depender de la maquinaria corrupta”; crear una estrategia de ‘contratistas al tablero’ para hacer seguimiento a los recursos destinados para 30 proyectos de inversión especial; radicar en el Congreso de la ‘Ley Lobby’ para proteger a quienes quieren denunciar a los corruptos; transformar la Secretaría de Transparencia en una Agencia Anticorrupción que “promueva la contratación por medio del mérito y la integridad”.

No todo el mundo celebró el símbolo de las escobas, incluso algunos afines a la campaña de Fajardo. “Lo de la escoba es descachado, pero las propuestas son buenas y sabemos que en Fajardo la intención es real y no simple pose”, reaccionó el congresista Daniel Carvalho, afín al proyecto del profesor de matemáticas.

Las redes sociales tampoco perdonaron a Fajardo haber escogido la escoba como símbolo anticorrupción, y varios usuarios compararon su estrategia con la de Regina 11, una polémica excandidata presidencial y fundadora del Movimiento Unitario Metapolítico, quien se popularizó en los 90s por utilizar una escoba para representar la pureza y limpieza moral. Regina Betancourt de Liska es una exsenadora y maestra esotérica que fue candidata presidencial en 1986, 1990, y 1994, agrupando miles de adeptos que la han seguido hasta la actualidad. Regina 11 terminó condenada por cobrarle parte del salario a los trabajadores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Es decir, su muerte política llegó por lo que prometía barrer: la corrupción.

“Ahora que tengo su atención por la escoba y Regina 11: hablemos sobre nuestra propuesta para barrer la corrupción”, dijo Fajardo, apropiándose del chiste.

Los agricultores y transportistas han levantado el paro indefinido convocado el lunes, apenas 24 horas después de su inicio y entre acusaciones de “represión” en algunos lugares, como Ciudad Juárez y Tlaxcala. Las protestas se han desinflado con rapidez, ante la falta de apoyo de gran parte del sector y bajo la promesa de una reunión con la Secretaría de Gobernación este mismo viernes a las 10 de la mañana a la que también acudirán los responsables de Economía, Hacienda y Agricultura. Ese era, desde el principio, el propósito del Gobierno de Claudia Sheinbaum, que se ha mantenido firme en la defensa de los logros alcanzados estos meses y ha conminado a los manifestantes a volver a la negociación. “Tenemos que ir a todas las mesas de diálogo, pero tenemos que buscar la manera de convencer para ir tomando decisiones que favorezcan a nuestros compañeros. Si eso no se da, tenemos la obligación de volver a salir a las calles”, dice por teléfono Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo.

El Frente estaba, junto con los transportistas de la ANTAC, al frente de las movilizaciones de este lunes, que no han terminado de despegar, a diferencia de las que tuvieron lugar en otoño, en una demostración de fuerza sin precedentes. A pesar de que arrancaron algunas medidas reseñables, como el reparto de 3.412 millones de pesos (unos 192,4 millones de dólares, al cambio actual) a casi 41.000 productores de maíz blanco y amarillo, persiste el desacuerdo en algunas cuestiones peliagudas, como la salida de los granos básicos del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, a punto de entrar en fase de revisión.

La producción mundial de maíz para el ciclo comercial 2025-2026 alcanzará los 1.265,9 millones de toneladas, un 3,9% más respecto al ciclo anterior, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Agricultura, basados en el último informe de sus homólogos estadounidenses. De esa cantidad, 401,8 millones de toneladas provendrán de Estados Unidos, el principal aliado y competidor de México. De ahí, la presión a la baja de los precios y la importancia de esta revisión del TMEC, que se produce en un contexto de por sí crítico para el sector, por el alza del coste de algunos insumos clave como los fertilizantes y los bajos precios de venta.

Ese es uno de los puntos que se abordarán el viernes, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ya advirtió el lunes de que era una demanda difícil de llevar a cabo, pues implicaría torcer el brazo del gigante estadounidense. Además, las organizaciones quieren llevar a la mesa la creación de un banco de desarrollo, la implementación de una política de precios de garantía y, en términos más generales, la ideación de un nuevo modelo de agricultura nacional. Las cuestiones relativas a la inseguridad son, por su parte, las que más preocupan a los transportistas, que se han quejado este martes de que en “los Estados más peligrosos de transitar” es donde el Estado ha reaccionado “con mayor violencia” a las manifestaciones. “Les ofende nuestra protesta y no nuestro dolor”, han expresado en un comunicado en el que anunciaban el levantamiento del paro.

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cifró el lunes a mediodía la participación en menos de 600 personas, muy lejos de las 300.000 a las que hacían referencia los principales voceros de las organizaciones. Contaban, además, la presencia de unos 160 vehículos y 11 bloqueos parciales o totales, de los que solo quedaba uno hacia las 11 de la noche. El mensaje institucional ha sido siempre que “no hay motivos” para movilizarse y para no regresar a la mesa de diálogo, que finalmente se producirá al final de esta semana. “Hasta el límite de lo que se puede, con el presupuesto público, se apoya por los bajos precios del grano, con el apoyo de los Gobiernos de los Estados, incluso con los compradores (…) Pero no vamos a regresar al esquema en el que se da el dinero a las organizaciones”, ha anticipado Sheinbaum este lunes por la mañana.

Esta vez, a la firmeza del Gobierno se ha sumado el deslinde de gran parte de las organizaciones del sector que, lejos de sumarse a las movilizaciones, han conminado al Frente y a la ANTAC a “privilegiar el diálogo constructivo”. El repliegue será, con todo, temporal. La tensión sigue ahí y el campo, o una parte de sus representantes, sigue mirando con recelo las iniciativas del Ejecutivo. La carrera es de fondo y los problemas que atraviesa el campo se mantendrán en su lugar después del viernes.

El Servicio Universal de Salud, la gran apuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum para centralizar la atención médica ofrecida por el Estado en un solo sistema, comienza a tomar forma. Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta anunció que emitirá un decreto para formalizar la creación del sistema que unirá los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, las tres instituciones principales que componen la base de los servicios de salud del Gobierno federal.

Fases del Servicio Universal de Salud

De acuerdo con el cronograma presentado por la Secretaría de Salud, el sistema universal comenzará a funcionar en enero de 2027 con una primera etapa de integración que incluye ocho ejes de eventos y enfermedades que podrán ser atendidos en cualquier unidad de salud: la atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización; la atención a embarazos de alto riesgo; la atención a infartos y eventos cerebrovasculares, la atención y diagnóstico de cáncer de mama; la continuidad de tratamientos para enfermedades como cáncer e insuficiencia renal en el mismo hospital y la universalización de las vacunas en todos los hospitales públicos. “El objetivo es que cualquier mexicano pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido”, explicó Sheinbaum.

La segunda fase del plan contempla que para el segundo semestre de 2027 comience el intercambio de servicios especializados entre instituciones, por ejemplo, de laboratorio, imagen o radioterapia. Se trata de un esquema que pretende aumentar la eficiencia de los recursos de cada institución para agilizar resultados de estudios y diagnósticos. “El servicio universal de salud garantizará que si una persona inicia un ciclo de una enfermedad de este tipo en una institución, pueda permanecer durante todo el ciclo de tratamiento en la misma institución”, afirmó Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.

En la tercera etapa, planeada para arrancar en 2028, la universalización abarcará tres puntos: la entrega universal de recetas médicas en cualquier institución, el intercambio de servicios para consulta de especialidad referenciada y la homogeneización en el primer nivel de atención para tratar padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes.

La creación de un sistema de salud de cobertura universal es un objetivo perseguido por el Gobierno desde la gestión de Andrés Manuel López Obrador, cuyo intento por centralizar la sanidad pública para ampliar su cobertura a los 50 millones de mexicanos que carecen de seguridad social puso fin al Seguro Popular y en su lugar, creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en noviembre de 2019, un proyecto que fracasó por falta de planeación y financiamiento y dio paso al IMSS-Bienestar.

Credencial del Servicio Universal de Salud

El ambicioso plan de universalización de la salud implica empadronar a los más de 132 millones de mexicanos sin importar a qué institución están afiliados y al mismo tiempo, iniciar con la digitalización y el intercambio de información relativa a expedientes clínicos de pacientes entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. La credencial, cuyo trámite comenzó a inicios de marzo y seguirá durante el resto de 2026 en cada entidad, incluirá una app para visualizar la derechohabiencia, las unidades de salud disponibles y en una segunda actualización programada para 2027 la gestión de citas, expediente digital y teleconsultas.

La líder opositora María Corina Machado cumplirá dentro de unos días cuatro meses fuera de Venezuela. Los últimos tres los ha pasado en Washington y ahora ha anunciado un viaje a España en el que se reunirá con Edmundo González y la diáspora venezolana. La dirigente ha anunciado en sus redes sociales, en un video junto con su dupla política, un reencuentro el 18 de abril a las 18:00 horas en Madrid, el segundo acto público de masas que organiza en esta etapa fuera del país.

Desde que salió de Venezuela —donde estuvo más de un año escondida huyendo de la persecución del chavismo luego del fraude electoral de las presidenciales de 2024—, Machado se había concentrado en reunirse con aliados estratégicos para la causa de la oposición venezolana y en tener apariciones en foros y encuentros para promover el respaldo a su proyecto político entre empresarios, inversionistas, académicos y autoridades de distintos niveles.

La dirigente salió de Venezuela en diciembre pasado, durante una compleja operación especial de extracción concretada por una empresa de seguridad estadounidense. Desde hace 12 años, Machado tenía una prohibición de salida. Abandonó el país en una lancha, donde quedó perdida y sin comunicación unas horas, según han contado en medios algunos de los involucrados. Llegó a Europa horas después de que hubiera ocurrido la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que en 2025 se le concedió a ella, por su defensa del voto de los venezolanos.

La misma noche que llegó a Oslo, después de un largo viaje del que todavía no se han revelado todos los detalles, atendió a los seguidores que la esperaban junto con González Urrutia, el ganador de las presidenciales de 2024 —de acuerdo con las actas recogidas por miles de testigos— y quien asumió la candidatura luego de que a Machado le impidieran inscribirse. Luego tuvo una agenda discreta de trabajo en Europa que combinó con visitas al médico y el reencuentro con sus hijos y el resto de su familia.

Machado se instaló en Washington en enero, el mes en que cambió todo en Venezuela luego de la intervención militar en la que fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, a lo que ha seguido una sucesión en el chavismo al mando de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y con el respaldo de la Casa Blanca.

En la capital estadounidense, convertida en la sala de control de la transición en Venezuela, Machado tuvo dos encuentros privados con el presidente Donald Trump y varias llamadas telefónicas, algunas públicas como la que le hizo el magnate republicano mientras estaba reunido en una cena con autoridades locales de Miami. Se ha visto con senadores y congresistas, e incluso con el líder opositor iraní, el príncipe heredero en el exilio Reza Pahlaví. Hace poco tuvo un nuevo encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha liderado la coyuntura luego de los ataques del 3 de enero.

El mes pasado también hizo un viaje a Chile, como invitada a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast. Allí tuvo su primer acto de masas en mucho tiempo, después de meses sola en la clandestinidad. Los migrantes venezolanos reeditaron las enormes concentraciones que logró hacer en Venezuela durante la campaña por Edmundo González, como una demostración de la popularidad que todavía retiene no solo entre los venezolanos que están fuera, sino también adentro, de acuerdo con lo que siguen señalando encuestadores.

En Madrid se calcula que viven unos 200.000 venezolanos, una de las colonias más grandes de la migración de ese país. El acto espera repetir el mismo efecto de cuando estaba en campaña electoral. Machado ha dicho que su regreso a Venezuela está cerca, aunque no le ha puesto fecha. En sus planes está terminar de presionar por una transición política que conduzca a nuevas elecciones.

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María Corina Machado anuncia que visitará Madrid

Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina están recibiendo sus depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril. El calendario de pagos se extenderá hasta el próximo jueves 16 de abril. Los recursos de la beca universal se otorgan exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La ayuda forma parte de los Programas para el Bienestar creados por el Gobierno mexicano y busca garantizar que los alumnos de educación básica puedan continuar y concluir sus estudios. La beca toma su nombre de Rita Cetina Gutiérrez, educadora y escritora yucateca del siglo XIX considerada una pionera de la educación femenina en México.

Cuánto dinero otorga la Beca Rita Cetina

Los montos de la Beca Rita Cetina varían según el nivel educativo y el número de estudiantes por familia.

Para familias con jóvenes en secundaria, la beca otorga 1.900 pesos bimestrales. En los hogares con dos o más alumnos inscritos en ese nivel, se entregan 700 pesos adicionales por cada beneficiario extra. La entrega se realiza en cinco bimestres al año, ya que los meses de julio y agosto quedan excluidos por corresponder al periodo vacacional.

Para las familias con alumnos en primaria, a partir de 2026 la beca establece un pago anual único de 2.500 pesos por estudiante, destinado a la compra de útiles y uniformes. Este depósito se realizará de forma previa al inicio del próximo ciclo escolar.

Por último, las familias con estudiantes de preescolar o primaria que ya contaban con el apoyo seguirán recibiendo 1.900 pesos bimestrales bajo las mismas condiciones establecidas.

El calendario de pagos en abril de 2026

Requisitos y a quién va dirigida la beca

La beca es universal para todos los estudiantes de nivel primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada. En el caso de secundaria, el apoyo se otorga desde 2025. Este año, el programa se ha ampliado para cubrir también a los de primaria.

Los únicos requisitos para que una familia pueda acceder a la Beca Rita Cetina son: tener al menos un hijo o hija inscrita en una escuela primaria o secundaria pública y no recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia de la Administración Pública Federal.

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La presidenta Claudia Sheinbaum ha vuelto a deslindarse del exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. En tono enérgico, ha dicho que ni él, ni sus hijos, ni ninguno de sus conocidos o amigos tienen influencias para el otorgamiento de contratos con el gobierno. A pregunta expresa sobre el papel que juega actualmente el exfuncionario, Sheinbaum ha respondido categóricamente: “No veo a Julio Scherer desde que entré al Gobierno de la República”.

La presidenta ha sido cuestionada en la conferencia matutina de este martes sobre la presunta influencia del exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador en el otorgamiento de algunos contratos y en el trabajo de algunos miembros del Poder Judicial electos en los comicios del año pasado. Al instante, Sheinbaum ha ordenado que la Secretaría Anticorrupción investigue dichas contrataciones y, visiblemente molesta, ha negado categóricamente cualquier influencia en su Administración de quien fuera uno de los hombres más poderosos en el anterior sexenio.

“Sobre si Julio Scherer o cualquier persona tiene alguna influencia para contratar en mi Gobierno, no solo ni Julio Scherer, ni mi marido, ni mis hijos, ni mis amigos, ni absolutamente nadie que sea cercano a mí o haya sido cercano a mí. Tienen instrucción todos los funcionarios públicos de no recibir absolutamente a nadie. Afortunadamente, mis hijos se dedican a otras cosas, mi madre tiene una carrera académica y mis familiares no participan de ninguna manera en acciones de este tipo; pero, si llegara a ocurrir, tienen la instrucción de no recibirlos, nadie, no puede haber ninguna influencia de ningún tipo para ninguna contratación en el Gobierno. Ni lo hago de manera personal, ni oriento a quién se debe contratar, y tiene prohibido todo servidor público hacer alguna contratación vinculada con alguna sugerencia o alguna recomendación. Todo debe hacerse de manera transparente”, ha respondido la presidenta.

El abogado Julio Scherer Ibarra, hijo del periodista Julio Scherer García, fue uno de los hombres más cercanos al expresidente López Obrador, de quien fue su consejero jurídico entre 2018 y 2021. Molesto por la forma en la que fue alejado del primer círculo presidencial, Scherer Ibarra publicó en febrero pasado “Ni venganza ni perdón” (Planeta, 2026), un libro que cimbró al oficialismo por las acusaciones y descalificaciones que hace en contra de personajes que mantienen peso en el Gobierno, el Congreso o Morena, como Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidsenta; el senador Adán Augusto López; la diputada Olga Sánchez Cordero y el exfiscal Alejandro Gertz Manero.

“En algún momento fuimos cercanos”, ha reconocido Sheinbaum esta martes, “pero ahora, como ustedes podrán comprender, hay muchas personas a las que ya no veo, porque una en este puesto tiene pocos amigos, entre otras razones, porque así debe ser”. El deslinde de Sheinbaum ha ocurrido al final de la conferencia, cuando un reportero le preguntó sobre la presunta influencia de un despacho de abogados vinculado a Scherer Ibarra en el otorgamiento de contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta ha pedido que la Secretaría Anticorrupción investigue la denuncia y aclare el caso esta misma semana. “Nosotros no toleramos la corrupción, eso tiene que quedar muy claro, y no hay impunidad”, ha asegurado.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha reiterado este martes que el Gobierno está abierto a continuar el diálogo con los transportistas y agricultores inconformes, que amagaron con desquiciar el lunes las carreteras con bloqueos en 20 Estados. “Realmente no fue lo que habían dicho que iba a ser. Siempre va a haber diálogo”, ha sostenido la mandataria en su conferencia matutina. El Ejecutivo destacó horas antes que los cortes viales se redujeron a la mitad. En ese sentido, Sheinbaum ha advertido de que cualquier apoyo económico para los inconformes solamente podría distribuirse “de forma directa” y no a través del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas en México.

Para la tarde del lunes, el Gobierno de Sheinbaum destacó en un comunicado que quedaban únicamente “11 bloqueos carreteros en nueve Estados [de 32]”. En la mañana del martes la situación había mejorado: según el Gobierno y solo quedan “tres o dos” obstrucciones activas en Guanajuato (centro) y Baja California (norte). “Eso es lo que les decimos a todos los que están manifestándose. Hasta el límite de lo que se puede, con el presupuesto público, se apoya por los bajos precios del grano, con el apoyo de los Gobiernos de los Estados, incluso con los compradores (…) Pero no vamos a regresar al esquema en el que se da el dinero a las organizaciones”, sostuvo la mandataria.

Sin embargo, de acuerdo con la prensa mexicana, los transportistas señalaron que sus integrantes sufrieron una “represión violenta” cuando agentes en Tlaxcala dispersaron un bloqueo que mantenían en una carretera en esa región. La ANTAC denunció que los manifestantes fueron “golpeados brutalmente y, de manera aún más grave, se reporta la desaparición de varios de ellos”. En respuesta, el Gobierno estatal ha asegurado que no hay detenidos y que los policías actuaron “en estricto cumplimiento a la ley”.

Las movilizaciones de los transportistas y agricultores no cuentan con el respaldo de las organizaciones mayoritarias. Las protestas retoman las del pasado otoño, que entraron en pausa después de un acuerdo provisional con el Gobierno federal.

Para los dirigentes de las organizaciones inconformes, el diálogo con el Ejecutivo no ha llevado a ningún lado. Entre las medidas que adoptó la Administración de Sheinbaum está la entrega directa de 3.412 millones de pesos (192,3 millones de dólares) a casi 41.000 productores de maíz.

Pero los dirigentes campesinos consideran que los fondos son insuficientes y que faltan por atender casi cinco millones de trabajadores. Al respecto, Sheinbaum subrayó que para recibir las ayudas económicas, los interesados deben pedirlas de manera individual y no a través de sus organizaciones.

Otro punto de desacuerdo es la salida de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC). El acuerdo entrará este año en revisión, bajo la sombra amenazante del Gobierno de Donald Trump. “[Esas demandas] son mucho más difíciles de cumplir”, ha llegado a reconocer Sheinbaum.