QUITO, 10 sep (Reuters) – Un tribunal de Ecuador condenó el miércoles al expresidente Abdalá Bucaram a una pena de nueve años y 4 meses de prisión, acusándolo de colaborar con una estructura delictiva para comercializar de manera fraudulenta insumos médicos durante la pandemia del COVID-19, dijo la Fiscalía del país andino.
Bucaram, de 74 años que gobernó el país entre agosto de 1996 y febrero de 1997, debería cumplir su condena bajo arresto domiciliario debido a su edad, de acuerdo con la ley ecuatoriana.
Uno de los hijos de Bucaram, Jacobo Bucaram, también fue condenado en el mismo caso.
“Los acusados conformaron una estructura delictiva organizada que, de forma reiterada y concertada, cometió delitos”, dijo la Fiscalía General del Estado en un comunicado sobre el fallo.
Los abogados de Bucaram no comentaron la sentencia, pero él aún tiene la posibilidad de apelar.
La Fiscalía General del Estado acusó a un total de cuatro personas de haberse beneficiado económicamente al negociar la compra de unas 21.000 pruebas rápidas para la detención del COVID-19 y otros suministros médicos entre marzo y agosto de 2020, mientras Ecuador vivía uno de los peores brotes de la pandemia en la región.
El hijo de Bucaram fue condenado a la misma pena que su padre. Un exagente de tránsito fue condenado a 13 años y 4 meses, mientras que un ciudadano israelí obtuvo una condena reducida de dos años y 8 meses por su cooperación durante el juicio.
La audiencia se logró instalar luego de varios intentos fallidos. El tribunal ordenó a la policía acudir a una clínica en la ciudad costera de Guayaquil, donde Bucaram se recupera de una cirugía debido a problemas cardíacos, para obligarlo a participar vía telemática en la lectura de la sentencia.
LAS COMPLEJIDADES DEL CASO
Los fiscales dijeron que agentes de tránsito brindaron seguridad a dos ciudadanos extranjeros, quienes movilizaban los insumos al domicilio de Bucaram en la ciudad costera de Guayaquil. Mientras que su hijo, Jacobo, habría pagado 321.600 dólares por los insumos médicos.
Según la investigación, los implicados fingieron ser “agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA por sus siglas en inglés) o personal diplomático”, dijo la fiscalía en un comunicado.
Uno de los extranjeros acusados -identificado por la fiscalía como Shy D- fue asesinado en la cárcel de Guayaquil en agosto del 2020, días después de rendir su versión en el caso.
La justicia de Ecuador condenó este miércoles (09.09.2026) a nueve años y cuatro meses de cárcel al expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por la venta irregular de pruebas para detectar el covid-19 cuando el país enfrentaba lo peor de la pandemia.
Ambos fueron señalados como “colaboradores” del delito de delincuencia organizada, señaló la Fiscalía en X al anunciar el fallo en primera instancia.
El expresidente escuchó la resolución vía telemática desde una clínica en Guayaquil (suroeste), donde permanecía bajo cuidados médicos por problemas cardíacos. El lugar estuvo con resguardo policial.
El juicio por la venta irregular de al menos 21.000 pruebas para diagnosticar covid-19 duró seis años.
Los autores directos identificados como Leandro B. y Sheinman O. fueron condenados a 13 años y 4 meses como autores directos del delito, según la Fiscalía.
Otro de los implicados en el caso fue asesinado dentro de una prisión en agosto de 2020.
Más temprano, Bucaram publicó un mensaje en X indicando que había solicitado el alta médica “a pesar de estar en peligro de muerte súbita” y que estaba seguro de que recibiría una condena de cárcel.
“Podré defenderme y el país (sic) conocerá las cosas horrorosas de este proceso”, agregó.
En 2021, un juez sobreseyó al expresidente y su hijo, pero tras una apelación de la Fiscalía a ese fallo, el juicio continuó.
Bucaram fue destituido del cargo durante una revuelta popular en febrero de 1997, seis meses después de haber tomado posesión. Vivió exiliado en Panamá durante dos décadas.
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Quito. El secretario de Estado Marco Rubio anunció ayer 09 de septiembre, que Estados Unidos intensificará aún más la guerra contra las mafias del narcotráfico que operan en Ecuador, a las que describió como “ejércitos” con gran capacidad de fuego.
Rubio se reunió con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en el marco de la gira que empezó en Colombia y terminará en Perú, y le prometió más ayuda en la cruzada contra el tráfico de drogas por mar y tierra.
Los tres países, hoy con gobiernos de derecha afines a Washington, son piezas claves en el negocio de la cocaína que se consume en Estados Unidos, Europa y Asia.
Rubio informó que Washington designó como organización terrorista extranjera a Los Tiguerones, una de las múltiples bandas que operan en Ecuador, lo que le permitirá intensificar la persecución de los líderes, las finanzas y los socios del grupo.
“No estamos hablando de una mafia normal, no estamos hablando de criminales, estamos hablando de terroristas que realmente en muchos casos tienen armas y equipo que se parece a un ejército nacional”, dijo luego de su encuentro con Noboa.
Los Tiguerones son una de las bandas más temidas en la guerra interna que libran por el control del narcotráfico en Ecuador, convertido en 2025 en el país más violento de la región con 51 homicidios por cada 100,000 habitantes: un homicidio cada hora.
Esas organizaciones están aliadas con diversas mafias como la albanesa y la de México. Se estima que el 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú pasa por Ecuador.
Desde 2025, el Departamento de Estado también designó organizaciones terroristas a los grupos ecuatorianos Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers.
“No tenemos mejor aliado en la región en términos de enfrentarse a lo que es la amenaza criminal transnacional”, expresó Rubio dirigiéndose a Noboa.
El secretario Rubio indicó que gestionará para Ecuador nuevas ayudas por 55 millones de dólares destinadas a la lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal.
Además, Estados Unidos cederá un buque de la Guardia Costera para la vigilancia marítima y completará la entrega de 12 naves que reforzarán la cacería de narcolanchas.
Los dos países realizan operativos militares conjuntos contra barcos pesqueros cargados de combustible supuestamente al servicio de las mafias en el Pacífico.
En las últimas semanas seis embarcaciones han sido hundidas, en medio de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Nicaragua y Cuba
El martes, Rubio se reunió en Medellín con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
En entrevista con RCN Rubio dedicó unas palabras a la situación en Nicaragua y Cuba.
“Obviamente, nosotros no estamos a favor de lo que están haciendo en Nicaragua y hemos puesto sanciones en contra de individuos y personas que están contribuyendo a la situación que existe y que está viviendo en este momento Nicaragua”.
“En el tema de Cuba, lo que no vamos a seguir permitiendo es que una compañía militar llamada Gaesa se siga robando el dinero de Cuba. Por eso le hemos puesto las sanciones más fuertes en la historia de la relación que hemos tenido con Cuba”.
Marco Rubio asistió a una cena privada en la casa del presidente De la Espriella. A la mesa también se sentaron sus respectivas esposas y los hijos de la pareja colombiana.
Cuando hablamos de México y Brasil, hablamos de dos países que se conocen bien, que se observan desde hace décadas y que comparten mucho más de lo que a veces reconocemos. Somos las dos mayores economías de América Latina, contamos con mercados internos de gran escala, sectores industriales sofisticados y empresas con presencia global. Sin embargo, durante años nuestra relación económica ha avanzado por debajo de su verdadero potencial.
En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 15,992 millones de dólares, consolidando a Brasil como nuestro primer socio comercial en la región. Lo más relevante es que esta tendencia favorable continúa fortaleciéndose hasta hoy: entre enero y julio de 2026, las exportaciones brasileñas a México crecieron 3.2%, mientras que las exportaciones mexicanas con Brasil como destino aumentaron 29.6%.
Estas cifras son importantes, pero detrás de ellas hay algo igualmente relevante: empresas que están encontrando nuevos clientes, proveedores que se están integrando a cadenas productivas y sectores que comienzan a mirar al otro país no como un mercado lejano, sino como un socio natural.
Ese espíritu estuvo presente durante la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, celebrada a inicios de agosto en Brasilia. La amplitud de los temas abordados durante este encuentro confirma que la relación ya no puede entenderse únicamente desde el comercio. Hoy hablamos también de energía, salud, ciencia, tecnología, agricultura, educación e innovación.
Entre los avances destacan la cooperación entre Pemex y Petrobras, el intercambio de experiencias en biocombustibles y una agenda científica que incluye inteligencia artificial, semiconductores, supercómputo, biotecnología y el sector espacial.
La pregunta ahora es: ¿cómo traducimos esa voluntad política en más negocios, inversión y empleo? Una parte fundamental de la respuesta está en la modernización de los instrumentos comerciales que regulan nuestra relación. La visita a México del Vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, en agosto del año pasado permitió reactivar la conversación sobre los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) 53 y 55.
Actualizar estos acuerdos no debe concebirse simplemente como una negociación de aranceles. Para las empresas, muchas veces los mayores obstáculos están en otra parte: reglas de origen complejas, trámites aduaneros, certificaciones, regulaciones sanitarias o procesos administrativos que elevan costos y restan competitividad.
El ACE 53 fue firmado hace más de dos décadas. Desde entonces, el mundo cambió profundamente. También cambiaron nuestras economías. Hoy México y Brasil tienen capacidades industriales mucho más sofisticadas y enfrentan un entorno internacional en el que diversificar mercados y construir cadenas regionales de valor ya no es únicamente deseable: es estratégico.
A esto debemos sumar los sectores que definirán la economía de los próximos años: inteligencia artificial, semiconductores, tecnologías digitales, servicios financieros, bioeconomía y energías renovables.
Desde el Consejo Empresarial Brasil-México (CEBRAMEX), impulsado por la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (CNI) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), hemos trabajado precisamente para que esta agenda no dependa únicamente de las visitas presidenciales o de encuentros ocasionales.
La relación empresarial requiere continuidad: reuniones constantes, identificación de obstáculos, seguimiento puntual y diálogo directo con ambos gobiernos. Si logramos mantener el diálogo, modernizar nuestros acuerdos comerciales y, sobre todo, escuchar a las empresas que todos los días construyen esta relación, podremos convertir una buena relación en una verdadera asociación estratégica.
Porque México y Brasil no sólo tienen mucho que vender el uno al otro. Tienen mucho que construir juntos.
*El autor es presidente del Comité Bilateral México-Brasil del COMCE
La Secretaría de Economía sostuvo este miércoles que México ganó el caso contra la filial de Vulcan Materials Company ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), negando versiones en sentido contrario de la empresa, tras la publicación del laudo final.
En un comunicado de prensa, refirió que el Laudo final emitido por el Tribunal Arbitral en el caso iniciado por Legacy Vulcan LLC, filial de Vulcan Materials Company, ante el CIADI, ya es público y puede consultarse en la página oficial de dicho organismo.
“Con ello, cualquier persona interesada tiene acceso a la decisión, sin intermediación ni interpretaciones parciales”, dijo.
Desde finales de julio pasado, la Secretaría de Economía afirmó que el CIADI falló en general a favor de México en un caso de arbitraje internacional interpuesto por Vulcan Legacy LLC, tras la clausura de sus operaciones y el veto a la extracción de piedra caliza en la costa de Quintana Roo por daños ecológicos.
“El Gobierno de México es enfático en que no comparte la visión expresada por la empresa en su comunicado de prensa y remite al texto público del Laudo como la única fuente que refleja fielmente lo resuelto por el Tribunal. Resulta incorrecto afirmar que la controversia resuelta por el Tribunal vaya ‘más allá’ del caso Vulcan. Como simple ejemplo, tal afirmación desconoce el hecho de que México es el principal destino de inversión proveniente de los Estados Unidos de América”, argumentó la dependencia en el comunicado.
En cualquier caso, expuso que el Laudo Arbitral habla por sí mismo. Y reiteró que de las medidas reclamadas por Legacy Vulcan, únicamente una fue considerada incompatible con el TLCAN y, por tanto, susceptible de generar una obligación de compensación. El monto reconocido por el Tribunal representa menos de 1% de la cantidad máxima reclamada por la empresa.
“En todo caso el Gobierno de México mantiene abierto el diálogo con la empresa, en el marco del respeto mutuo y de la legalidad. Al mismo tiempo y con independencia de las acciones legales que pudieran presentarse con posterioridad a la emisión del Laudo, México continuará defendiendo con firmeza su soberanía y sus recursos naturales”, añadió
La empresa afirmó que el tribunal determinó que México había infringido el TLCAN en varios aspectos. “México es culpable al 100 por ciento”, declaró el presidente de Vulcan, Tom Hill, en una entrevista.
“La decisión del tribunal confirma que las autoridades mexicanas actuaron de forma arbitraria e ilegal contra Vulcan Materials Company y que las acusaciones del Gobierno sobre daños medioambientales eran falsas”, dijo.
El CIADI ordenó a México pagar 15.9 millones de dólares más intereses. La resolución determinó que el gobierno mexicano incumplió el trato justo y equitativo garantizado a las inversiones de Vulcan bajo el TLCAN.
La venta directa mueve cerca de 89,000 millones de pesos en México, con lo que se coloca entre los ocho mayores países de esta industria a nivel mundial y uno de los principales motores de la economía nacional, a pesar del avance del comercio electrónico y a los nuevos hábitos de consumo.
En 2024, las ventas de la industria de venta directa en México ascendieron a 88,574 millones de pesos, reflejando un crecimiento de 1.2% respecto a 2023, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Ventas Directas (AMVD).
A nivel global, la industria generó alrededor de 163,900 millones de dólares durante el mismo año, según la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA).
Los datos fueron presentados por Gustavo Prado, director y fundador de Trend, durante el evento por el Día de la Consultora y el Consultor de Belleza que se celebra el 22 de septiembre, en donde se presentó el estudio “Evolución de la venta directa en México”.
Destacó que la belleza es la categoría más importante dentro de la venta directa, la cual está por encima de otras industrias como la moda, nutrición y productos para el hogar.
Lo anterior está en línea con el gasto de los hogares, que destinan en promedio 834 pesos al mes al cuidado personal en 2025.
De este monto, 50% corresponde a productos de higiene, equivalente a 417 pesos mensuales, mientras que 16% se destina al cuidado del cabello, con 133.4 pesos.
En tanto la categoría de perfumes y fragancias, cuidado de la piel y maquillaje representan 11% cada uno, equivalente 91.7 pesos mensuales por categoría.
Gustavo Prado agregó que el modelo de venta directa representa una alternativa para complementar los ingresos familiares, toda vez que el 35% de las consultoras de Natura mantiene esta actividad para complementar el gasto y aumentar el ingreso familiar.
“Entonces, hoy por hoy la belleza es un gran motor de la economía familiar a través de estos mecanismos de venta”, sostuvo.
Frente al avance del e-commerce, dijo Fernando Prado, la venta por catálogo y el contacto directo con consultoras mantienen una oportunidad de crecimiento por la cantidad de puntos de venta que representan.
Este modelo permite al consumidor acceder a productos de cuidado personal de manera inmediata, sin esperar los tiempos de entrega de plataformas digitales y con la recomendación de una persona de confianza.
“Más que competir con el eCommerce, este modelo responde a la característica del consumidor mexicano que es la preferencia por una compra inmediata, acompañada y basada en la confianza. La ventaja no está en el canal online, sino en la inmediatez de la decisión de compra y en la cercanía de quien recomienda el producto”, añadió.
Mujeres dominan la venta directa en México
La composición de quienes participan en esta industria también muestra una fuerte presencia femenina. De acuerdo con el estudio, actualmente presenta una proporción de 74% de mujeres frente a 26% de hombres.
“La fuerza de venta directa en México muestra una proporción de 74% a favor de las mujeres que siempre están en la fuerza de venta y, hoy por hoy, tenemos un mayor peso de la edad de las consultoras en la parte alta de la generación millennial y la generación X”, explicó.
No obstante, actualmente empieza a observarse una mayor participación de las generaciones más jóvenes, por ejemplo, la generación Z es una fuerza que está creciendo.
“En TikTok hay una parte muy importante que es el emprendimiento (y está teniendo un auge)”, expuso Gustavo Prado.
Un dato que destaca del estudio es que Chiapas, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Tabasco, Oaxaca, y otros estados del sur aparecen entre los lugares donde más se busca información para emprender como consultora de Natura.
“Son los estados que tienen sintonía en nuestro propio México con vegetación silvestre”, dijo al mencionar que la marca habla de la Amazonia y de componentes presentes en la naturaleza.
Durante el evento organizado por Natura Avon, Fernando Echeverría, director del canal de venta directa de Natura México, explicó que actualmente, la empresa cuenta con más de 420,000 consultoras y consultores en México.
Agregó que el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en venta directa, una industria que, además, se estima que para los próximos años seguirá creciendo y llegará a los 300,000 millones de dólares para el 2030, a escala global.
Destacó la relevancia de este canal tanto a nivel internacional como en México, donde alrededor de tres millones de personas se dedican a actividades de distribución, representación, asociación o consultoría de belleza.
“Cuando vemos la relevancia que tiene la venta directa en el mundo sin duda nos habla de cómo construyendo redes uno logra tener un alcance mayor y la venta directa es una de las mayores industrias… incluso más que la industria cinematográfica, la industria de la música”, aseguró.
Del total de personas que participan en la venta directa en el país, alrededor de la mitad se ubican en el segmento de belleza, mientras que la participación de los hombres también ha comenzado a crecer dentro de Natura.
“Hoy más del 10% de nuestro canal de consultores de belleza también son hombres”, aseguró.
El crecimiento de la red de consultores también ha sido parte de la evolución de Natura en México, ya que hace dos décadas la empresa contaba con alrededor de 1,500 consultores, mientras que actualmente supera los 420,000.
“México es sin duda uno de esos países que adoptó, arropó, abrazó la venta directa muchos años atrás”, dijo Fernando Echeverría.
Música, solo música programada desde Bogotá. Eso es lo que se escuchó en Radio Nacional de Colombia desde el 18 de agosto, cuando Inravisión, el revivido nombre del sistema de medios públicos, ordenó la suspensión de la programación hablada, mientras se diseñaba la nueva parrilla de contenidos. El 7 de septiembre volvieron al aire con otro nombre: Emisoras de Reconciliación, y, por ahora, se eliminó el informativo diario.
Fuentes que piden el anonimato explicaron a France 24 que uno de los cambios que más preocupa es que las radiodifusiones de las emisoras ya no tendrán eco nacional, solo emitirán en el ámbito local, lo que impedirá compartir experiencias y testimonios de sus regiones.
La orden afectó a las 74 frecuencias de la emisora, incluidas las 20 Emisoras de Paz, creadas por el acuerdo de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el objetivo de incluir a las comunidades de los territorios más afectados por el conflicto.
Desde el 7 de septiembre, la renovada programación incluye los términos bandera de De la Espriella, como “Patria” o “Milagro”.
La estatal Inravisión asegura que las emisoras ahora ofrecerán “contenidos enfocados en la pedagogía del Acuerdo y su implementación, con especial énfasis en las realidades” de cada territorio. “Las voces de los territorios siguen al aire, con una oferta fortalecida, en el entendido de que la reconciliación también se construye en la radio”, sostiene.
Pero, más allá de la transitoriedad de la orden, diversas organizaciones de Derechos Humanos y defensoras de la libertad de expresión advirtieron que dejó a los pobladores de estas zonas sin voz y ha puesto en riesgo a periodistas y operadores comunitarios.
El artículo 6.5 del acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016 estableció la creación de 20 emisoras de frecuencia modulada con un enfoque de desarrollo territorial en municipios que históricamente vivieron el conflicto armado y donde aún hoy persiste la violencia. La responsabilidad de ponerlas en funcionamiento es del sistema de medios públicos, a través de Radio Nacional de Colombia.
Jessica Molano Vivas es periodista formada en la Universidad Nacional del Cauca. Desde hace cinco años se traslada periódicamente desde su ciudad de residencia, Popayán, a la conflictiva localidad de El Tambo para realizar su labor cotidiana como líder de una de estas emisoras. Las radios “tienen una misión muy grande, que es hacer pedagogía sobre el acuerdo de paz en nuestro país”, cuenta a France 24 en Español en el marco de una llamada telefónica.
Impulsar este objetivo implica “contarle a la gente qué es el acuerdo de paz y, a través de víctimas, organizaciones sociales y firmantes de paz, dar cuenta de cómo se implementa ese acuerdo en nuestro país y en las distintas regiones donde nosotros hacemos presencia”, explica.
En la reflexión sobre su propio trabajo, Jessica repara en el aporte que hacen estas señales radiales al pluralismo informativo: “Contrarrestamos el estigma de guerra que tienen otros medios de comunicación, que, por línea política y económica, pues tienen otros intereses”. Una labor que se cumple con la visibilización de proyectos productivos, iniciativas de turismo, acciones comunitarias y propuestas de paz. “Somos el único medio de información que está al rescate del tejido social para todos estos habitantes en regiones apartadas y golpeadas por el conflicto”, sostiene.
Un soldat monte la garde après l’attaque d’un péage à Santander de Quilichao, dans le département du Cauca, en Colombie, le 8 août 2026
Desde la emisora de Paz de Florida (92.0 FM), también en el Valle del Cauca, Angie Góngora Rozo, comunicadora social, periodista y contratista de Inravisión, confirmó los cambios en la parrilla y a la vez dio cuenta del recorrido realizado: “Hemos acompañado en muchos lugares del país procesos de comunicación popular para enseñarle a las comunidades cómo pueden narrarse y cómo pueden contarle al mundo desde sus propias visiones y cosmovisiones”.
En comunicación con este medio, agrega que las radios también cumplen una función de intermediación “para que la implementación del acuerdo de paz se dé a conocer y se puedan entender todos los puntos del acuerdo”.
En el marco de su experiencia, reflexiona que las Emisoras de Paz – ahora Emisoras de Reconciliación- tienen un rol muy importante porque “llegan a suplir esa necesidad comunicativa de darse a conocer, de visibilizar los territorios, de contar lo que pasa en el territorio, pero también es una manera de colocar la lupa en esos procesos que nadie conoce… Y lo que no se nombra no existe”.
El contexto de trabajo de Jessica, Angie y todas las personas que realizan su labor en estos medios de comunicación marca una diferencia con respecto al que tienen sus colegas en otras ciudades colombianas. Antes del acuerdo de paz, los municipios donde se desempeñan eran considerados zona roja. “´Probablemente siguen siendo disputados por diferentes grupos al margen de la ley y son lugares donde el conflicto arrasó con muchísimas cosas: no solamente las dinámicas económicas, sino sociales”, enfatiza Góngora.
Esos territorios, hoy, tienen programas especiales porque están priorizados para recuperar y transformar los territorios afectados por el conflicto armado a través de planes de desarrollo.
southwestern Colombia, Wednesday, August 14, 2024.
Una voz suspendida
El 18 de agosto se estableció una suspensión provisional del contenido hablado de las 20 emisoras de paz bajo el argumento de reestructurar la parrilla de programación. Se trata de una acción que fue implementada en otras oportunidades por parte de la gerencia de medios públicos ante un cambio de gobierno, pero es la primera vez que se hace con un silenciamiento del contenido hablado. En todo caso, las modificaciones se hacen de forma paulatina mientras continúan las emisiones de los programas.
Según un comunicado difundido por Inravisión, el sistema de medios públicos de Colombia, 16 de las 20 señales volverán al aire el próximo lunes 7 de septiembre con una nueva programación. Además, se les cambiará el nombre: ahora llevará la denominación de “Emisoras de Reconciliación” y se modificará la intensidad horaria.
Al mismo tiempo, la nueva gerente del Sistema de Medios Públicos, Ángela María Mora Soto, anunció el cese temporal de las emisiones de cuatro Emisoras de Paz, ubicadas en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta, porque “fueron puestas en funcionamiento durante 2024 sin que hubiera culminado el trámite de las concesiones requeridas para operar legalmente”. Según el comunicado difundido por la entidad, esta medida no será definitiva, sino que se impulsará “mientras culminan los procedimientos correspondientes y se obtienen las respectivas concesiones”.
Jessica Molano entiende las razones de esta decisión, pero le preocupa el lenguaje utilizado para explicarla. “Es completamente irresponsable”, dice y agrega: “En los territorios donde ejercemos este oficio confluyen actores armados y decir oficialmente que una emisora pública operaba ‘clandestinamente’ alimenta la percepción de que quienes trabajamos aquí estamos vinculados con una actividad ilegal”.
Más allá de la reapertura de las emisoras, los días de silencio hablado no pasaron desapercibidos. Con la creación de las 20 emisoras de paz, el artículo 6.5 del acuerdo se convirtió en el único que tuvo pleno cumplimiento, pero la normativa establece que, además de su instalación, se debe garantizar su funcionamiento. La reciente decisión de Inravisión de suspender su parrilla de programación generó un punto de quiebre y el correspondiente incumplimiento.
Esta medida le impidió a los gestores y periodistas de las radios cumplir con los indicadores establecidos en una matriz de seguimiento. Tampoco lograron acompañar los procesos comunitarios y garantizar el acceso a la información a municipios que están muy desconectados.
“Independientemente de la gerencia o del gobierno de turno que se encuentre, nosotras y nosotros, como periodistas de las emisoras de paz, nos ceñimos muy claramente al acuerdo de paz. No tenemos líneas editoriales dadas por un gobierno de turno. Cumplimos con el acuerdo de paz independientemente de quién esté”, destaca Angie Góngora.
“No podría avalarse como una decisión transitoria porque el tiempo que estamos fuera del aire es el tiempo en que se está incumpliendo ya el acuerdo de paz. Con esta decisión también se vulneró el derecho a la información y a la libertad de expresión de las comunidades y de la ciudadanía”, resalta su colega de El Tambo.
Un integrante del Ejército de Colombia vigila en el puente internacional Simón Bolívar que une a las ciudades de Cúcuta y Villa del Rosario (Colombia) con las ciudades de San Antonio y San Cristóbal del Estado Táchira (Venezuela).
“Temor” por defender las emisoras
Muchos de los periodistas e integrantes de las emisoras de paz dieron su opinión luego de la suspensión provisoria de la programación hablada de las radios. Su exposición fue objeto de diversas reacciones, algo que generó temor en muchos de ellos.
Por un lado, advierten discursos de odio y estigmatización que consideran “muy peligrosos” porque ponen en riesgo el trabajo de los periodistas en los territorios. Los senadores de derecha Enrique Gómez y Sara Castellanos calificaron a las emisoras en sus redes sociales como “megáfonos de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.
“En estos territorios donde nosotros ejercemos nuestra labor, en medio de la disputa de estos grupos armados no estatales, pues estigmatizar públicamente nuestro oficio, nuestra labor, tiene consecuencias que están relacionadas directamente con nuestra seguridad y nuestras vidas. Yo habito un departamento donde nos han asesinado a dos firmantes de paz, a dos líderes sociales, una lideresa y un líder”, asegura Molano.
Otro de los temores se vincula con la estabilidad laboral. “Yo llevo más de cinco años trabajando acá sin ningún llamado de atención en mi hoja de vida, cumpliendo con mi labor”, enuncia Jessica y da lugar a sus preocupaciones: “No sé si alzar la voz frente a esto pueda generar ciertas molestias y pueda llegar a acabar con el contrato de muchas personas que hemos podido hablar con medios”.
¿Cómo queda el acuerdo de paz en Colombia?
En cuanto al acuerdo de paz, las principales observaciones aparecen con relación al contexto. Consultado por France 24 en Español, Camilo Posso, presidente del Instituto para la Paz y el Desarrollo (INDEPAZ), recuerda que, en momento de campaña electoral, el presidente Abelardo de la Espriella prometió suprimir todos los mecanismos acordados en La Habana entre el Gobierno y las FARC.
Desde su mirada, a partir de esta afectación a las emisoras comunitarias, “esa promesa se está cumpliendo”. Incluso, agrega, hay “otras señales” que van en el mismo sentido, como la supresión de algunas instancias, como la Oficina de la Presidencia de la República para los procesos de paz, o la no asignación de presupuesto 2027 para la Unidad de Implementación del acuerdo de paz de 2016.
Al mismo tiempo, las observa como parte de un proceso en tensión: “Es un forcejeo porque todavía solamente lleva tres semanas este gobierno y, por eso, pues, son pasos que hay que entender como sujetos a pruebas de fuerza”.
En ese sentido, destaca las reacciones “muy importantes” de comunidades “que sienten que se les está coartando en sus derechos de expresión” y de organismos vinculados con los Derechos Humanos y la libertad de expresión.
“Suspender de manera generalizada su programación informativa y territorial no resulta idóneo, necesario ni proporcional para revisar los contenidos que se han venido emitiendo”, señala un comunicado conjunto de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
“El nuevo Gobierno tiene la facultad de revisar y ajustar la programación de los medios públicos. Sin embargo, cualquier decisión que afecte a las Emisoras de Paz debe considerar su naturaleza especial y su enfoque informativo, territorial y diferencial, así como los compromisos derivados del Acuerdo Final”, reclama un documento de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Diversos organismos presentaron tutelas ante la Justicia porque consideraron que con esta medida se violentaron Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la paz. De hecho, su carácter constitucional es cosa juzgada a partir de una sentencia de la Corte Constitucional que establece que todo gobierno debe cumplir con lo acordado en 2016.
Con base en estas consideraciones, Posso visualiza un conflicto con la aplicación de estos derechos fundamentales: “existe una tradición de formalismos constitucionales y normativos y de desconocimientos prácticos. Una gran distancia entre una letra que se reclama de la democracia liberal o representativa y unas prácticas que muchas veces han caído en los niveles del autoritarismo y de lo dictatorial”.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el miércoles (09.09.2026) que la lucha de México contra los cárteles de la droga “no es ni de lejos suficiente” y advirtió que su país enfrentará “de una forma u otra” a esos grupos.
“Hay territorios, vastos territorios en México que no están gobernados por el Estado”, expresó Rubio en Quito en el marco de una gira por Ecuador, Colombia y Perú.
El diplomático de origen cubano elogió los esfuerzos de México contra los cárteles pero insistió en que aún queda mucho más por hacer, y manifestó que la intención de Estados Unidos es actuar conjuntamente con las autoridades mexicanas para combatirlos.
“Nuestra esperanza y nuestra intención es hacerlo en asociación con México. Ese es el ideal. Pero, eventualmente, esa amenaza tendrá que ser enfrentada de una forma u otra”, declaró.
La presidenta izquierdista de México, Claudia Sheinbaum, ha tenido una relación irregular con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha planteado en repetidas ocasiones la idea de una intervención militar de Estados Unidos al otro lado de la frontera.
Washington ha incrementado la presión sobre su vecino incluso imputando al gobernador del estado de Sinaloa, miembro del partido gobernante, por supuestos vínculos con narcotraficantes.
Rubio dijo que los cárteles tienen la capacidad de desafiar la autoridad del Estado con asesinatos de candidatos, políticos, jueces y periodistas.
También advirtió que estos grupos representan una amenaza transfronteriza creciente con el uso de drones y sofisticadas redes de tráfico para trasladar drogas y migrantes.
gs (afp, ap)
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Nicaragua cerró el miércoles su embajada en República Dominicana, en medio del conflicto diplomático entre ambos países tras el anuncio del presidente nicaragüense Daniel Ortega de una reforma que impide la participación de opositores en elecciones.
El 23 de julio el gobierno dominicano llamó a consultas a su embajadora en Managua y desde entonces la legión diplomática quedó bajo la responsabilidad de un encargado de negocios. Lo mismo sucedió en la representación nicaragüense en Santo Domingo.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana toma nota de la decisión del gobierno de la República de Nicaragua de cerrar su embajada en Santo Domingo”, dijo la cancillería dominicana en un comunicado.
Las diferencias entre los dos países iniciaron con el anuncia del gobierno de Ortega en julio de esta reforma que amplía el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes participen en “actos golpistas, traición a la patria” o soliciten “intervención militar”.
La medida apunta a asegurar la sucesión presidencial en la familia del octogenario exguerrillero y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.
El gobierno de derecha del presidente dominicano Luis Abinader se ha distanciado también de Cuba, al expulsar a mediados de agosto a nueve miembros de la embajada cubana y a sus familias, sin dar a conocer los motivos de este retiro.
El secretario de Estado, Marco Rubio, designó este miércoles a la banda ecuatoriana Los Tiguerones como organización terrorista extranjera, al tiempo que elogió al Gobierno de Ecuador como “el socio más comprometido y activo” en los esfuerzos de lucha contra el tráfico ilícito.
“En este preciso momento, nuestras fuerzas de élite operan conjuntamente persiguiendo a grupos criminales, desmantelando redes de narcotráfico y llevando ante la justicia a personas que nunca antes habían sido procesadas”, declaró Rubio en Quito junto al canciller Roberto Kury.
La designación de Los Tiguerones se suma a una serie de medidas similares contra bandas y organizaciones criminales en toda América Central y del Sur, incluidas otras dos bandas con sede en Ecuador: Los Choneros y Los Lobos. El Gobierno de Trump ha emprendido acciones contundentes y letales contra presuntos traficantes, causando la muerte de más de 150 personas en operaciones contra embarcaciones en la región.
Este miércoles, Rubio anunció que el Gobierno de Trump solicitaría al Congreso US$ 45 millones adicionales para colaborar con Ecuador y que pondría en marcha “una iniciativa con proyectos aprobados por valor de US$ 10 millones para combatir la minería ilegal de oro, el reclutamiento por parte de bandas, las finanzas ilícitas y el narcotráfico tanto terrestre como marítimo”.
Como parte de esa iniciativa, dijo Rubio, Estados Unidos enviará a Ecuador un patrullero de 33,5 metros de los Guardacostas de Estados Unidos y transferirá otras cinco embarcaciones interceptoras el próximo mes.
Asimismo, el Gobierno planea sancionar a siete exfuncionarios del Gobierno ecuatoriano por presuntamente aceptar sobornos de organizaciones terroristas, indicó Rubio sin ofrecer más detalles.
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