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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha celebrado este miércoles el alto al fuego anunciado la víspera por Estados Unidos e Irán después de casi 40 días de hostilidades. La mandataria ha resaltado en su conferencia matutina que “el mundo entero está buscando que haya paz” tanto en el país persa como “en el Medio Oriente”. De igual forma, también ha dado importancia a los resultados económicos inmediatos tras la pausa de dos semanas en los ataques: “Es algo bueno para el país también porque han bajado los precios del petróleo”.

Sheinbaum se ha sumado al aluvión de jefes de Estado que aplaudieron el anuncio del martes en la noche. Aunque la posición del país latinoamericano es delicada por su cercanía con Estados Unidos, su primer socio comercial y con quien comparte más de 3.000 kilómetros de frontera, el Gobierno de la mandataria ha mantenido una posición firme contra la guerra y se ha posicionado a favor de una salida dialogada.

La presidenta también ha sido crítica por la falta de acción de organismos internacionales en este conflicto, como la ONU, a quien señaló en marzo de haber dejado de “cumplir con su labor” y ha respaldado posiciones más frontales, como la del presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha repudiado la guerra y ha impedido que Washington emplee las bases estadounidenses de Morón y Rota.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán establece una pausa en la guerra de dos semanas en lo que ambos países intentan concretar una salida diplomática. El anuncio se dio a conocer una hora y media antes de la conclusión del ultimátum fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que Teherán aceptara reabrir el estrecho de Ormuz. De lo contrario, amenazó el republicano, el país persa enfrentaría a la muerte“de toda una civilización”.

La guerra acumulaba ya un alto coste humano: más de 5.000 fallecidos en una docena de países de Oriente Próximo, con Irán y Líbano concentrando el mayor número de muertes.

Durante estos 15 días, Irán permitirá el flujo marítimo por el estrecho de Ormuz. Por otro lado, Estados Unidos se comprometió a no atacar objetivos en el país persa. Israel, quien encabezó los ataques junto con Washington, anunció que también se adhería al acuerdo, pero afirmó que el cese no incluye Líbano. Este miércoles ha continuado con sus ataques a objetivos de la milicia Hezbolá en el sur de Líbano y en Beirut.

El ministerio de Hacienda y el BancoEstado, el banco comercial estatal de Chile, ha anunciado este lunes el fin de los cobros de la transferencia electrónica desde la CuentaRUT, la cuenta vista y tarjeta de débito más popular y masiva del país sudamericano, para el traspaso de fondos hacia otros bancos. Esta medida pone fin al monto extra de 300 pesos (0,33 dólares) que era descontado desde la cuenta de los usuarios al finalizar la operación financiera.

Esta modificación ha sido celebrada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ha dicho que el fin de este cobro mejora el servicio y permite avanzar en la bancarización de todos los sectores de la sociedad. “Cuando es posible avanzar en medidas como esta, que no son aisladas, porque tiene que ver con un esfuerzo que está haciendo el banco para que los recursos vayan al final a quienes más lo necesitan, es un minuto de gran satisfacción, de sano orgullo”, ha dicho.

Desde cuándo se elimina el cobro

Las autoridades del BancoEstado han explicado que fin de este cobro por la transferencia electrónica se concreta a partir del 15 de abril. Esta medida coincide con el aniversario 20 de la CuentaRUT, que hasta el momento ha llegado a 15,5 millones de clientes en todo Chile.

Cuáles son las transferencias sin cobro

Las operaciones con la CuentaRUT que no tendrán el monto extra de pago de 300 pesos son las transferencias de fondos hacia las cuentas BancoEstado; giros por caja en sucursales de BancoEstado, BancoEstado Express y CajaVecina; giros en cajeros automáticos de BancoEstado; consultas de saldo y solicitud de cartolas en cajeros automáticos BancoEstado, CajaVecina, AppBancoEstado, sitio web BancoEstado; compras con RedCompra, Compraquí, WebPay; y la reposición de tarjeta por deterioro (presentando la tarjeta que desea reemplazar).

Las operaciones que mantienen los cargos

El término del cobro de la cuenta vista no es para todas sus operaciones, ya que se mantienen otros cargos incluso superiores al monto extra que llegará a su fin. La CuentaRUT conserva el pago adicional para los giros desde cajeros automáticos de otros bancos. por 300 pesos; las consultas de saldo en cajeros automáticos de otros bancos, por 100 pesos (0,11 dólares), la reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto, por 1.000 pesos (1,09 dólares); el duplicado de cartola en sucursal, por 0,05 UF, equivalentes a unos 1.850 pesos (2,02 dólares); giros y compras en el extranjero (1,90% del monto de cada transacción, con un mínimo de 0,5 dólares); y compras en el extranjero realizadas desde Chile por internet (1,90% del monto de cada transacción, con un mínimo de 0,5 dólares).

Qué es y cómo se obtiene la CuentaRUT

El producto del BancoEstado es una cuenta vista que está asociada al Rol Único Tributario (RUT), el número de identificación que reciben todos los chilenos al ser inscritos ante el Registro Civil y que es parte de la cédula de identidad (el DNI chileno). El número de la cuenta corresponde al mismo RUT sin dígito verificador. Puede ser usada para conservar ahorro, recibir la remuneración laboral, realizar giros y transferencias, recibir los bonos y ayudas estatales, y como tarjeta de débito para transacciones en todos los comercios que cuenten con el sistema. Se consigue en cualquier sucursal del banco y los requisitos mínimos para obtenerla son ser mayor de 12 años y tener la cédula de identidad vigente.

Como muchos, en los últimos años me he visto recurriendo cada vez más a chatbots de inteligencia artificial generativa para una multiplicidad de tareas (pero no se preocupen, editora y lectores, que ello no se extiende a mis columnas en este medio). Les preguntamos cómo redactar un correo extenso, cómo preparar una presentación, cómo entender un problema médico, cómo organizar vacaciones o incluso cómo abordar una situación incómoda. La lista es cada vez más larga. Y, en algunos sentidos, eso es una buena noticia.

La inteligencia artificial es una de las herramientas más revolucionarias y democratizadoras que hemos visto en décadas. Acerca el conocimiento especializado, reduce los costos de acceso a información compleja y permite a muchas personas orientarse en asuntos para los que, de otro modo, necesitarían tiempo, recursos o profesionales que, muchas veces, no están a su alcance inmediato.

Pero precisamente porque su uso se ha vuelto una herramienta cotidiana, conviene detenerse en una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con todo aquello íntimo o confidencial que le estamos contando? La promesa de estas herramientas radica en su utilidad. El riesgo, a veces invisible para muchos (y me incluyo), es que esa utilidad descansa en que les entregamos información que en otras circunstancias jamás compartiríamos con terceros. Y es un riesgo cada vez más real e importante de considerar.

Una primera advertencia proviene del mundo legal, pero ilustra un problema mucho más amplio. Hace pocas semanas, un tribunal en Nueva York resolvió que las interacciones de un imputado con Claude no estaban cubiertas por el privilegio de confidencialidad propio de la relación abogado-cliente. El tribunal fue categórico: al compartir esa información con la plataforma, el usuario había entregado a un tercero información sensible que podría incriminarlo, perdiendo así la expectativa razonable de confidencialidad.

Con pocos días de diferencia, otro tribunal en Michigan adoptó una decisión diferente , al resolver que las interacciones de un litigante con ChatGPT en un juicio civil podían permanecer protegidas cuando lo que esta herramienta hacía era reorganizar sus propias ideas y estrategias para el juicio. Al describir al chatbot como una “herramienta, no una persona”, el tribunal concluyó que su uso no suponía, por sí solo, la renuncia a dicha protección.

Que, con apenas días de diferencia, dos tribunales hayan llegado a conclusiones distintas en casos relacionados con el uso de inteligencia artificial muestra hasta qué punto nos encontramos en un terreno todavía incierto, cuyas consecuencias siguen siendo difíciles de anticipar tanto para usuarios comunes como para especialistas.

Este no es un problema que se circunscriba a Estados Unidos. En el Reino Unido, un tribunal advirtió recientemente que cuando abogados introducen información confidencial de sus clientes en una herramienta abierta, como ChatGPT, ello equivale, en la práctica, a poner dicha información en el dominio público, vulnerando la confidencialidad que protege su oficio y comprometiendo este privilegio profesional.

Este riesgo, conviene aclarar, no se agota en litigios ni se restringe a abogados. Pensemos en algo mucho más cotidiano: una persona que, preocupada por síntomas físicos o por su salud mental, decide consultar primero a un chatbot antes de acudir a un profesional. Algo que, confieso con cierto pudor, yo mismo hice hace dos semanas. Con ello, por supuesto, no quiero sugerir ni incentivar el uso de estas herramientas como terapeutas o médicos. El punto es mucho más sencillo: es un hecho que muchas personas ya lo hacen, ya sea por ansiedad, pudor o simplemente por falta de acceso rápido a información técnica. Y ahí aparece una zona gris de la que hay que ser consciente.

A diferencia de la conversación con un médico o especialista de la salud, donde existe un deber profesional de confidencialidad, la interacción con una plataforma tecnológica no necesariamente goza de una protección equivalente. Más aún, las políticas de privacidad de varias de estas plataformas —que normalmente aceptamos sin leer— contemplan la recopilación tanto de lo que escribimos como de las respuestas que recibimos, con el propósito de mejorar y perfeccionar continuamente estas herramientas.

Esto no significa que toda conversación sea automáticamente pública, pero sí que debemos abandonar una intuición peligrosa: la idea de que hablar con un chatbot es como hablar con alguien obligado a guardar secreto. Porque no lo es.

La paradoja de la inteligencia artificial es que, mientras más imprescindible se vuelve, más tendemos a bajar nuestras defensas y a confiarle partes de nuestra intimidad o secretos: preocupaciones familiares, problemas laborales, dudas médicas, estrategias legales, o angustias emocionales. Es indudable que su uso está democratizando acceso, orientación y productividad. Todo eso merece ser celebrado. Pero esta democratización también puede venir acompañada de una entrega silenciosa de nuestra intimidad.

Así, la pregunta ya no es solo qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros. Es también qué estamos dispuestos a renunciar o comprometer por recurrir a ella.

Dos hechos, al menos, llamaron la atención del periodista, historiador y académico Alfredo Sepúlveda (Santiago, 56 años), antes de investigar para su recién lanzado libro, Piñera. Un lugar en la historia (Sudamericana, de la editorial Penguin Random House), un ensayo en el que entra en la figura política del dos veces expresidente de Chile de la derecha tradicional (2010-2014, 2018-2022). Uno, fue cuando en 2009 una universidad en la que daba clases de Periodismo, un estudiante le gritó varios garabatos, además de “¡millonario!”, a Sebastián Piñera como una manera de ofenderlo, cuando entraba como invitado a una charla, mientras era candidato. Otro, más de fondo, fue por su papel político en medio de la crisis desatada tras el estallido social de 2019.

Sepúlveda recuerda que sintió “empatía” cuando a Piñera le gritaron. “Sin ser santo de mi devoción, simpaticé en ese momento con él”, señala. “Para mí fue extraño, como un despertar de un nuevo tiempo político que él fuera recibido así en una casa de estudio, en un lugar plural en el que se suponía que tenía que haber discurso libre y respetuoso”.

En su libro, el autor cuenta que fue concertacionista y que no votó por Piñera la primera vez, pero sí la segunda. “Estuve muy enojado con él después del estallido; me parecía que, como presidente de la República, aunque era un desafío gigantesco, no había estado a la altura: no podía ser que los valores de la transición democrática se hubieran ido de tal manera por el caño; era su responsabilidad mantenerlos”. Pero, “con el paso del tiempo, lo revaloricé, aunque no puedo dar cuenta de cuándo comencé a pensar en Piñera desde una nueva perspectiva: la de un presidente que había salvado la democracia” en la crisis de 2019.

Tras la muerte del exmandatario, el 6 de febrero de 2024, en un accidente en su helicóptero, Sepúlveda lo miró, definitivamente, de otra manera: “No sé si reconciliado es la palabra, porque no lo conocí, pero entendí que había tenido una perspectiva sobre lo que fue el estallido y su papel en él”.

Pregunta. En su libro cita una frase de Octavio Paz: “Querer ser moderno parece una locura: estamos condenados a serlo, ya que el futuro y el pasado, no están vedados”. ¿Cómo se relaciona esto con Piñera?

Respuesta. La definición de modernidad que ocupo, y que me gusta mucho, es la de Marshall Berman, que dice que en realidad la modernidad es un periodo histórico determinado, pero también una forma de vivir la historia en la que todo se construye y se destruye al mismo tiempo. Y por eso me gusta esa frase de Paz, porque él también capta eso. Ciertamente, la trayectoria Piñera me hace pensar de inmediato en esta maldición de la modernidad que han enfrentado todos los presidentes republicanos de nuestra historia.

P. ¿Cuál es en el caso de Piñera?

R. Él sufre una aceleración del tiempo histórico en sus dos Gobiernos y mucho más fuerte en el estallido en 2019. Es una forma especial de cambio que es muy violenta, muy radical, que pareciera que todo lo que valía ayer, al día siguiente ya se ha caído y que estamos frente a un territorio desconocido. Eso lo vive con especial fuerza. Lo sobrevive, digamos. Pero también es una modernidad y un cambio acelerados.

P. ¿Cómo se explica que en sus dos Gobiernos hubiese movilizaciones fuertes? En 2011 el movimiento estudiantil y en 2019 el estallido social.

R. Si lo dijera coloquialmente, podría decir que tuvo mala suerte, porque el tiempo histórico le cambia. La reglas que existían en la época de la transición a la democracia en los 90, la Concertación, cambian a partir de 2010 y él ese cambio lo resiste, pero no lo acepta. Es lo que yo llamo la sociedad de los derechos, un corpus de ideas hegemónico que a partir de 2011 empieza con mucha fuerza a ganar partido en la política chilena, que es esta idea de la sociedad de los derechos frente al proyecto que tenía él de legitimación del mercado a través de la democracia. Fue frente a esta segunda parte de la Concertación, que él siempre tuvo en la cabeza y que era su horizonte de expectativa deseable.

P. ¿Cómo sitúa en ese sentido a Piñera?

R. Él se ve como parte de la democracia de los años 90, pese a que fue opositor a los gobiernos de la Concertación. Ve que los pactos democráticos de 1990, que vienen de una derecha democrática que conversa, es algo de lo que orgullosamente es parte. Ese modelo él quería iterarlo, por decirlo así, y darle una nueva vida. Entonces, lo que yo digo en el libro es que, si los años de la Concertación fueron la legitimación de la democracia a través del mercado y crecimiento económico, lo que él va a proponer en sus proyectos políticos es la legitimación del mercado a través de la democracia. Y va a poner al mercado en primer lugar. La meta era el desarrollo, y siempre la tuvo en la cabeza.

“Kast admira el régimen militar”

P. En la derecha, Piñera en la práctica fue el único que fue opositor a Pinochet. ¿Eso lo validaba?

R. Al principio. Para él eso es importante, pero no central. En los 90, en lo que él escribe y dice en sus intervenciones legislativas [como senador] no deja de reconocer que votó por el No [a Pinochet en el plebiscito de 1988], pero siempre trata de hablar del futuro. En la derecha en general hay un punto de encuentro bastante grande, que es dejar de mirar hacia 1973. En eso coincide con Piñera, pero él mantuvo esa identidad de haber sido opositor a Pinochet, de respetar los derechos humanos y de hablar de los cómplices pasivos [del golpe de Estado]. Hoy la derecha se ha transformado en un espacio amplio y Piñera es quien amplía ese espacio y lo lleva al centro.

P. Piñera tenía admiración por Patricio Aylwin (1990-1994), el primer mandatario de la transición.

R. Su admiración era súper clara. Para él, Aylwin es lo mejor de la primera parte de la Concertación. No le guardaba mucha simpatía ni a Ricardo Lagos ni a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, nunca habló mucho de ellos, pero de Aylwin hasta tenía un retrato.

P. ¿En qué basaba esa admiración por Aylwin?

R. Primero, por la cuestión de su familia, que era democratacristiana. Pero, en términos políticos, Piñera se consideraba así mismo como la segunda transición, como parte de la misma corriente histórica que debutó con la Concertación, que es democracia más mercado. Y siempre tuvo ahí a Aylwin como tótem.

P. El presidente José Antonio Kast tiene como referencia a Diego Portales.

R. Portales es un símbolo entendido por el uso del orden y de la idea de la fundación de un espacio de orden. Lo que pasa es que, en la trayectoria de Kast, él tiene una admiración por el régimen militar, pero eso no lo puede expresar políticamente hoy porque es presidente de la República. Entonces, mira hacia donde miraba Pinochet también, que era Portales, con una refundación del país a partir del orden.

P. Piñera fue el primer presidente de derecha después de cuatro gobiernos de centroizquierda, y Kast el primero tras una Administración de izquierda. ¿Hay una similitud en sus arranques?

R. Yo creo que, conceptualmente, Piñera está bien a la izquierda de la derecha. Pero hubo una conveniencia electoral y se fueron con él [la UDI]. Pero Piñera no parece que fuera un neoliberal, no estaba a favor del partido militar; no era un fanático de la Constitución de 1980; siempre estuvo a favor de reformarla. Es decir, cree que en todas las cosas de que el Estado tiene que ser redistributivo y no cree que el mercado arregle todo. Pero Piñera tenía una coincidencia muy importante con sus socios: el sistema económico. Es lo que yo llamo en el libro, “economía de mercado con correcciones de parte del Estado” y no neoliberalismo, porque no creo que sea así.

P. ¿Cómo es Piñera en relación a Kast?

R. Si se compara con el Kast candidato de las dos veces que no salió, son completamente distintos. Kast cree que en el partido militar y no sé si cree todavía en la democracia protegida, pero creyó firmemente en eso. Dentro de la visión amplia de la derecha chilena, Piñera y Kast son como agua y aceite. No les veo muchos de coincidencia.

P. ¿En qué sentido?

R. La derecha chilena ha ido ampliándose, pero para el lado que representaba Piñera, hacia el centro. Ahora, las dos cosas están en el mismo recipiente. Yo no he escuchado una definición de Kast estructurada y sistemática sobre el sistema económico, pero creo que ambos tienen en común la idea que la economía abierta que tiene Chile desde 1990 es algo que vale la pena mantener. Las cosas que me parecen diferentes son más bien tácticas. Por ejemplo, no sé si Piñera hubiese presentado el concepto de Gobierno de emergencia [de Kast].

P. ¿Por qué?

R. Piñera habría sido más ambicioso, y habría presentado un proyecto político que no tiene que ver tanto con la emergencia, sino de 20 a 30 años hacia adelante. En el libro yo digo que Piñera tiene esta enfermedad de que es un optimista de la historia. Cree en el progreso y, en ese sentido, es un progresista, porque piensa que el futuro nos va a llevar a un lugar mejor. Por lo menos en lo que se ve hoy en su proyecto, Kast tiene un Gobierno que tiene como referencia al anterior [de Gabriel Boric] y soluciona los problemas que dejó y eso es lo que llama Gobierno de emergencia. Donde Piñera hubiese sido estratégico, Kast es absolutamente táctico.

P. El 12 de marzo, cuando ya era presidente, Kast dijo: “Si Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, yo no estaría acá”. ¿Hacia dónde se proyectaba políticamente?

R. Estoy seguro de que iba hacia una candidatura, por su biografía, su naturaleza y su característica personal competitiva. Él tenía que ganar. No sé si las condiciones políticas habrían materializado esa candidatura, pero es seguro que Piñera hubiese ido contra Kast.

¿Cómo asegurar la independencia judicial en momentos de debilitamiento institucional? La respuesta se hace cada vez más compleja. Según lo conocido hasta ahora, el ministerio de Justicia impulsaría un giro a la reforma que se encuentra en el Senado para establecer el mecanismo de nombramiento de jueces. Por supuesto, queda aún mucho para analizar con detalle, pero el reciente referéndum italiano ilustra un aspecto fundamental: las dificultades para emprender reformas institucionales sin apoyos transversales.

La propuesta del gobierno italiano en materia de reforma judicial fue rechazada por 53,72% de los votos, con una participación electoral de casi 60%, mayor a la inicialmente esperada. La reforma constitucional proponía dos modificaciones estructurales a la justicia italiana. La primera era la separación de los magistrados en dos carreras diferenciadas para jueces y fiscales. Quienes promovían los cambios, señalaban que la separación de carreras es común en democracias liberales fuertes y que constituía la formalización de una práctica ya existente después de las llamadas Reformas Cartabia de 2022. Sus críticos, sin embargo, señalaban que no existía una real necesidad de este cambio—justamente en atención a las reformas recientes.

Respecto de la segunda reforma, la división del consejo de la magistratura incluía consejos separados para jueces y fiscales, cambios en su composición, la introducción de nombramientos por sorteo (una idea que aparece en nuestro país) y de un organismo disciplinario separado. Y mientras sus promotores lo veían como una manera de reducir el corporativismo judicial y el faccionalismo interno, las críticas apuntaron principalmente a los riesgos de captura política y las posibilidades de control desde el Ejecutivo, debilitando la institucionalidad judicial.

El caso italiano ilustra la necesidad de emprender reformas institucionales que cuenten con consenso técnico y político. Claramente, la reforma sometida a referéndum trataba asuntos altamente técnicos. Ello, sin embargo, ocurrió debido a que la reforma judicial no logró los dos tercios requeridos en su tramitación legislativa. Además, da cuenta de cómo las dificultades de la administración de la Justicia impactan también en la discusión política. Según la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, las causas civiles y comerciales en Italia demoran, en promedio, 540 días en resolverse en primera instancia y 2.217 días considerando apelaciones. Y si bien la confianza en la Justicia se sitúa en torno al 45% según la OCDE, las demoras y la impredecibilidad de los procesos judiciales intensificaron la exposición del Poder Judicial a una mayor discusión política sobre su rol y conformación. Ello, además, en el contexto de un país en que la judicatura ha formado parte de la discusión política por décadas, particularmente después de los casos de corrupción (Mani Pulite en los 1990, Berlusconi en los 2000), y las tensiones con el actual gobierno.

Abordar los desafíos de reformas institucionales requiere no sólo de consensos técnicos sobre los distintos ámbitos sino también de acuerdos políticos transversales. Ello, en tiempos de polarización y fragmentación no es fácil. Sin embargo, en tiempos en que el fortalecimiento democrático es aún más crucial.

En Perú, hoy basta con menos de 10% de intención de voto para soñar con la presidencia. Un humorista conocido por imitar a Michelle Bachelet aparece disputando el paso a segunda vuelta cerca de un 9%. No es solo una curiosidad. Es una advertencia institucional. Cuando un sistema político se fragmenta demasiado, la segunda vuelta deja de ser un mecanismo de legitimación y pasa a ser apenas un mecanismo de selección entre candidaturas cada vez más pequeñas.

Los datos peruanos muestran esa trayectoria con claridad. En 2001, para entrar al balotaje todavía se necesitaba cerca de 25% de los votos; en 2006, 24%; en 2011, 23%; en 2016, 21%; y en 2021 bastó con apenas 13%. Hoy, con más de 30 candidaturas en competencia, las encuestas sugieren incluso que el segundo lugar podría clasificar con menos de 10%. La segunda vuelta, pensada para ordenar la competencia, empieza así a operar sobre una base cada vez más estrecha.

La institución, por supuesto, tiene una lógica atendible. En Chile, la segunda vuelta se introdujo para evitar el problema de legitimidad de origen que simboliza la elección de 1970: un presidente electo con poco más de un tercio de los votos, en un sistema de tres tercios donde era posible ganar sin mayoría. La promesa del balotaje era sencilla: si nadie logra mayoría al comienzo, al menos que el ganador final pueda reclamar el respaldo del 50% más uno.

Pero esa promesa suponía un sistema que ya no existe. Suponía que la primera vuelta ordenaba el mapa político y permitía identificar dos candidaturas relativamente amplias, capaces de estructurar coaliciones coherentes. En otras palabras, suponía que el problema era pasar de tres bloques grandes a dos. Pero ya no vivimos en un mundo de tercios. Vivimos, cada vez más, en un mundo de quintos, sextos o séptimos.

Y Chile, aunque todavía no llega al nivel peruano, viene recorriendo la misma pendiente. Si uno mira el porcentaje de votos en primera vuelta del presidente que finalmente gana la elección, la caída es evidente. Lagos partió con 47,9%. Bachelet en 2005 con 45,9%. Piñera en 2009 con 44,1%. Bachelet en 2013 con 46,7%, en una elección excepcionalmente desmovilizada. Después esa elección el descenso se vuelve claro: Piñera en 2017 gana con 36,6%, Boric en 2021 con 25,8%, y Kast el año pasado con 23,9%. Chile no está en la escala peruana, pero ya se mueve en la misma dirección.

Eso importa porque la segunda vuelta no crea una mayoría política: apenas agrega una mayoría electoral transitoria. Quien gana en diciembre no necesariamente llega con una coalición más sólida, un mandato más claro o mayor capacidad de gobernar. Muchas veces llega, más bien, con una suma táctica de votos prestados: electores que no votan por un proyecto, sino contra el otro. Esa es una mayoría útil para ganar una elección, pero bastante menos útil para sostener un gobierno.

Por eso la legitimidad que entrega la segunda vuelta es, en buena medida, legitimidad prestada. Sirve para cruzar la meta, pero no necesariamente para gobernar después. Y esa fragilidad se nota rápido. Si entendemos la luna de miel presidencial como el tiempo que tarda un gobierno en perder diez puntos desde su primera medición la historia es elocuente: Bachelet II duró 26 semanas, Piñera II 37, Boric apenas 10, y la de Kast terminó el domingo pasado. La mayoría electoral existe, pero su traducción política dura cada vez menos.

La segunda vuelta se inventó para evitar presidencias débiles. Pero en sistemas hiperfragmentados puede terminar haciendo exactamente lo contrario: investir con mayoría electoral a gobiernos políticamente frágiles. No resuelve el problema de origen. Apenas lo posterga.

Trump se percibía desesperado. Fuera de sí. Sus amenazas contra Irán llegaron a un punto máximo este martes, cuando muchos especularon que detonaría una bomba nuclear contra Irán. Muchos cuestionaron su salud mental.

El problema es que, otra vez, Trump reculó.

Unos minutos antes de que se cumpliera el límite, después del cual, según había advertido, la civilización iraní “desaparecería”, el presidente de Estados Unidos comunicó una tregua de dos semanas.

La civilización iraní sigue en pie. Lo que no sigue en pie es la percepción de fortaleza de Estados. Estamos presenciando, en tiempo real, la caída de un imperio a manos de su rey loco.

Nadie debe poner más atención al declive del rey loco estadounidense que México, el país que silente ha aceptado ser víctima de sus mayores atropellos.

Hasta ahora, México ha cedido ante Trump en un innumerable listado de demandas, desde detonar una política de seguridad más confrontativa –en posible detrimento de la estabilidad interna de México– hasta aceptar deportados de otras nacionalidades, permitir el asesinato de mexicanos a manos de ICE y consentir a todo tipo de demandas económicas, regulatorias y de negocios.

El problema es que el equipo diplomático mexicano opera bajo tres premisas equivocadas.

La primera es la de que Trump implementaría sus amenazas contra México –destruyendo la economía exportadora— si no cedemos ante él.

Al interior del equipo de negociación mexicano hay subsecretarios amedrentados, intimidados, firmes creyentes de que México no tiene cartas de negociación. Nuestro vecino del norte es demasiado poderoso, confiesan en privado: nada que haga México lo haría cambiar de curso.

México negocia con Estados Unidos con la visión de quien ya se ha derrotado. El exacto opuesto de lo que el episodio de Irán le ha enseñado al mundo.

La realidad es que el presidente de Estados Unidos es bueno amenazando, pero es más bueno reculando. Irán hizo recular a Trump estrangulando las cadenas de suministro con el cierre del estrecho de Ormuz. China hizo lo mismo, negándole acceso a sus minerales estratégicos. Brasil, quizá un ejemplo más relevante para México, logró que Trump retrocediera en sus amenazas imponiéndole aranceles a la carne, el café y otros productos que afectarían el costo de vida de los estadounidenses.

México tiene mucho más poder de desestabilizar la economía de Estados Unidos que Brasil, pero operamos como si no lo supiéramos. Nuestro país puede crear su propio “estrecho de Ormuz” apretando dos agendas que son críticas para la elección intermedia de noviembre: la inflación y la migración.

La Guardia Nacional podría crear una crisis migratoria si cambia de política ante los grupos de centroamericanos que intentan cruzar nuestro país. La competitividad y el buen precio de la manufactura de Estados Unidos dependen de nosotros.

La segunda razón por la que México suele ceder ante Trump es porque nuestros negociadores creen que la economía mexicana es tan dependiente de la de Estados Unidos que todo lo que le conviene a Trump le conviene a Sheinbaum. Esto es falso.

Por supuesto que la economía mexicana es dependiente, pero hay formas de integrar a México con Estados Unidos que nos convertirían en un país más rico –detonando el desarrollo de empresas mexicanas y la producción de algo de valor– y hay otras que nos convertirían en uno más pobre –enfocándonos en la producción barata e inundando el mercado mexicano con empresas extranjeras o rentistas.

El que los negociadores no vean lo anterior es por demás preocupante. Hace poco uno de ellos me develó la lógica por la cual México firmó un acuerdo para compartirle a Estados Unidos información sobre la ubicación y tamaño de sus yacimientos de minerales críticos y crear una estrategia conjunta para encarecer su exportación desde China. La razón, dijo, era mandar la señal de que México era el mejor aliado de Estados Unidos.

La duda es por qué, de todas las señales que México pudo haber mandado usando sus minerales críticos, decidió enviar la única que suponía completa sumisión y que nos dejaba con menos poder de negociación frente a Trump que antes. Al respecto, no hubo respuesta.

La tercera razón por la que los negociadores ceden ante todo es porque piensan que infringir dolor temporal a Estados Unidos infringiría un dolor aún más grande a la economía mexicana. Esto puede ser cierto, pero podría valer la pena.

El experto en teoría de señalización, Diego Gambetta, ha identificado que cuando dos individuos con poder asimétrico se confrontan, la única forma para que el pequeño pueda contener al poderoso es mandando señales de que está dispuesto a tomar decisiones aparentemente irracionales para evitar la sumisión de largo plazo.

Por ejemplo, los prisioneros menos aptos para la pelea física pueden amenazar con cortarse un dedo si son golpeados por prisioneros grandes y así llamar la atención de los custodios en detrimento de su golpeador. Mutilarse es un acto extremo que afecta al otro y a sí mismo, pero que envía una señal tan clara de que la golpiza no será tolerada que deja al prisionero pequeño en mejor posición.

La forma más rápida de doblar al gigante americano es lograr que los mercados le hagan saber que, sin México, la economía estadounidense reduciría su competitividad. Esto puede requerir actos temporales extremos, pero que en el largo plazo llevarán a un equilibrio más virtuoso entre Estados Unidos y México.

Por ahora toca tener perspectiva histórica. Reyes locos ha habido siempre.

Todo imperio tuvo líderes cuyas decisiones erráticas o paranoicas contribuyeron a desmantelarlo. Ahí estuvo Calígula, quien realizó una serie de purgas paranoicas que desestabilizaron profundamente la corte imperial romana. O Jerjes, quien realizó una catastrófica invasión de Grecia que inició la larga decadencia persa. Hay tantos más.

La constante de todos los reyes locos y de Trump es la misma: un ego tan grande que traiciona su racionalidad.

México por ahora sufre lo opuesto. Un ego tan mancillado, tan poco presente, que no podemos comprender nuestro verdadero peso.

El rechazo que el Gobierno de la República ha dado al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y el manejo político que ha seguido a su postura, provoca malestar, desacuerdo, también desesperanza. Me incluyo indefectiblemente en ese desánimo.

Intentaré, primero, delinear la razón del extravío.

La razón por la cual México apretó los puños ante la decisión del Comité es engorrosa de explicar. Para facilitar la tarea —si tal cosa es posible— prescindiré de normas técnicas, disposiciones competenciales y de los elementos jurídicos que la claridad no exige.

Comenzaré con un ejercicio de exclusión: con aquello que no pudo haber provocado el disgusto de la administración de Claudia Sheinbaum.

El Gobierno mexicano no puede disentir del diagnóstico formulado por el Comité respecto de la crisis de desapariciones en México; no sin negarse a sí mismo. La evaluación no difiere, en lo esencial, de la que el propio país ha comprendido: impunidad casi absoluta; judicialización de entre el dos y el seis por ciento de los casos; cifras elevadas e indeterminadas de personas desaparecidas; 4.500 fosas clandestinas; 72.000 restos humanos sin identificar.

El informe del Comité de la ONU no rajó la realidad; lleva tiempo siendo clara y conocida.

No pudo ser otra valoración la que llevó a la administración pasada —y, con mayor énfasis, a la presente— a intervenir en el asunto. Fue Andrés Manuel López Obrador quien institucionalizó la búsqueda de personas mediante la Comisión Nacional de Búsqueda y comenzó a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas —con todos sus problemas—, mientras que Claudia Sheinbaum ha procurado perfeccionar las disposiciones y los procesos en la materia.

Tan justo es reconocer la insuficiencia del esfuerzo como admitir que fue entonces cuando comenzó.

Tan cabal es reconocer el ánimo de la Cuarta Transformación por robustecer el andamiaje institucional y normativo destinado a atender la crisis como admitir que, cuando hablamos de derechos humanos, las leyes solo pesan con la gravedad de los resultados. Cabe en boca de todos aceptar que, mientras las cifras de impunidad no desciendan, los mecanismos de búsqueda no merezcan el calificativo de eficaces y la crisis forense permanezca intacta, las buenas intenciones quedarán ensombrecidas por la desolación de las historias y la terca realidad del terreno.

El Gobierno mexicano —en particular uno que insiste en prolongar el enfoque de Andrés Manuel López Obrador— no puede disentir con la actuación del Comité en sí misma.

Fue en el sexenio de López Obrador cuando el país se abrió a la supervisión internacional. Durante su mandato, México aceptó la competencia del Comité para examinar quejas individuales y autorizó, finalmente, la visita a su territorio. Las administraciones anteriores se habían negado.

El Gobierno mexicano no puede disentir del reconocimiento que el Comité formula: que el Estado ha erigido un sólido marco jurídico, acompañado de fiscalías especializadas y comisiones de búsqueda. Ese entramado ha sido señalado por el propio Comité como ejemplo posible para otros países.

El Gobierno mexicano no puede disentir del reconocimiento que hace el Comité en torno al Registro Nacional de Personas Desaparecidas: que es imposible emplear sus cifras como prueba de desapariciones forzadas. En ese registro —el propio Comité advierte— concurren ausencias voluntarias y fenómenos de migración. No es —dicen ellos, no lo digo yo— un registro fiable ni uniforme.

El Comité comprende lo mismo que el Estado mexicano ha entendido: el Registro no es una herramienta estadística, sino una destinada a la búsqueda.

El Gobierno mexicano no puede disentir del señalamiento que hace el Comité sobre la estrecha relación entre el aumento de las desapariciones a partir de 2006 y el inicio de la guerra contra el narcotráfico de Calderón.

El Gobierno mexicano no puede disentir de que los casos paradigmáticos en los que el Comité se apoyó corresponden, mayormente, al tramo final del sexenio de Calderón y a casi la totalidad del de Enrique Peña Nieto: Coahuila (2009-2016), Veracruz (entre 2010-2017), Nayarit (2011-2017).

Aquí conviene sincerarse y admitir que, aunque el Comité reconoce que el pico de desapariciones se concentró en periodos anteriores, las administraciones obradoristas no quedan por completo al margen del diagnóstico. El informe menciona Tala y Teuchitlán. El diagnóstico del Comité no es solo rumor lejano.

Ante tal cúmulo de coincidencias, el Estado mexicano bien pudo haber reconocido lo innegable, precisado la naturaleza del Comité, así como delimitado los alcances temporales y materiales de su indagación. Sin embargo, eligió otro camino. Contrario a lo que la mesura manda, optó por hacer el regusto más amargo.

La reacción de Claudia Sheinbaum proviene de la inquietud. El problema —el verdadero problema— que el Estado mexicano encontró en el informe se concentra en una palabra: aquiescencia. Una palabra que, para entenderla, obliga a acudir al diccionario. Una palabra que introduce penumbra adicional. Una palabra que enturbia lo que ya era denso.

Voy despacio. Voy por partes. Solemos pensar que una desaparición forzada ocurre solo cuando una autoridad oficial priva a alguien de la libertad. Sin embargo, el derecho internacional establece que también es desaparición forzada cuando el hecho es cometido por personas o grupos criminales con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.

En palabras simples, la aquiescencia significa “dejar hacer”. Hacerse de la vista gorda. Ese sentido confunde de inmediato la desaparición forzada con desaparición estatal. Como si de la Guerra Sucia siguiéramos hablando.

El Gobierno mexicano entiende bien que hablar de desaparición forzada de forma sistemática y generalizada, mientras se ve obligado a explicar las implicaciones de la palabra aquiescencia, es una bomba política. La defensa es tan larga como enredada.

Y es que nadie dispone del tiempo para llegar al punto 118 de la conclusión del informe del Comité, donde se reconoce que “no hay indicios fundados de que exista a nivel federal una política para la comisión de tales actos, ya sea por acción deliberada u omisión”.

Por eso, ante el Comité, México intentó defenderse argumentando que no se debe confundir la ineficacia institucional, la torpeza o la negligencia con aquiescencia. Una cosa es que el Estado sea ineficaz, otra —muy otra— que sea cómplice.

Termino como inicié: discrepo con el manejo político del Gobierno mexicano ante el informe del Comité.

Al atrincherarse y calificar el informe de parcial y sesgado, la administración de Claudia Sheinbaum ha enturbiado el panorama; sin proponérselo, ha oscurecido sus propias acciones.

La respuesta del Estado mexicano ha fallado en calibrar el inmenso dolor de las víctimas y su legítimo enojo. Para las familias que buscan a los suyos en la tierra, la ineficacia del Estado se vive como un continuo sin cortes sexenales. En ese tiempo prolongado se inscriben, inevitablemente, también las fallas de la Cuarta Transformación.

Los fallecimientos asociados a la aplicación de suero vitaminado en Hermosillo, Sonora, han evidenciado los posibles riesgos de tratamientos intravenosos que no responden a una necesidad médica en concreto. Hasta el momento, el Gobierno mexicano ha confirmado el deceso de ocho personas por complicaciones que presuntamente fueron provocadas por contaminación bacteriana de la solución. Las autoridades han clausurado la clínica privada donde se realizaban estos procedimientos y han activado un operativo para localizar al médico Jesús Maximiano N, quien ejercía en el lugar. En tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha puesto en marcha una investigación para esclarecer el caso.

Qué es el suero vitaminado

La aplicación de suero vitaminado, también conocida como sueroterapia, se ha popularizado recientemente como un tratamiento para combatir la fatiga y la deshidratación. Algunos establecimientos la promocionan además como una sustancia que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, desintoxicar el organismo, y combatir el envejecimiento.

Por lo general, se trata de un cóctel que suele incluir vitamina B, vitamina C, electrolitos y magnesio. En el caso del suero aplicado en Sonora, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que también contenía otras sustancias anunciadas como “células madre”, lo que ha encendido las alertas ante un posible fraude o la presencia de componentes especialmente peligrosos que aún no han sido identificados.

Tras la tragedia, médicos han reiterado que esta práctica no tiene beneficios reales para la salud y que, en caso de presentar síntomas como fatiga crónica o falta de energía, se recomienda acudir a consulta con un especialista. “Los sueros vitaminados no funcionan, es agua con sal y vitaminas en un cóctel que no necesitas. Esas vitaminas suelen tener un color para que el suero se torne amarillo y eso le da un atractivo visual y la gente les concede cierto poder que los hace sentirse bien, es un efecto placebo, pero no existe algún criterio médico para indicarlos. Quien prescriba eso de manera frecuente es una persona que está engañando, es un charlatán”, dijo el doctor en enfermedades infecciosas Alejandro Macías a EL PAÍS.

Cuáles son los riesgos

Entre los principales efectos negativos de los sueros vitaminados se encuentran complicaciones locales, como flebitis, trombosis o embolia; sobrecarga de volumen o alteraciones electrolíticas; reacciones adversas, incluyendo alergias o anafilaxia; así como infecciones graves, como sepsis o choque séptico.

Además, expertos han advertido de que su aplicación en espacios no regulados como clínicas, spas, gimnasios o centros de wellness implica riesgos adicionales, ya que no siempre cuentan con los protocolos médicos ni las condiciones sanitarias necesarias para la administración segura de tratamientos intravenosos, incluso cuando operan con licencias. “Se corre un riesgo absolutamente innecesario porque se cruzan las barreras naturales de defensa y se va directamente al torrente sanguíneo. Si acaso va alguna contaminación en la sustancia —como parece haber sido el caso en Sonora— pues se va rápidamente a la circulación, al corazón, se distribuye a todo el cuerpo y si la contaminación es suficiente, eso es mortal”, explicó Macías.

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