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El presidente chileno José Antonio Kast, de la derecha conservadora, se ha realizado este miércoles un test voluntario de detección de drogas, y mostró en vivo el procedimiento, efectuado en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), el municipio de Las Condes, en el sector oriente de Santiago. La prueba, que consistió en una muestra de pelo, la pagó con sus recursos, pues no es obligatorio en su caso, con un costo de más de 300 mil pesos chilenos (unos 330 dólares). Anunció que dará a conocer sus resultados.

Kast ha señalado que el examen, antes asumir el 11 de marzo en el Gobierno, ya se lo ha realizado casi la totalidad de su Gabinete, además de los subsecretarios, los segundos a bordo en cada uno de los 24 ministerios, un hecho que está normado por ley para esos cargos. Manifestó que hay casos pendientes, como el de su jefe de Hacienda Jorge Quiroz y “dos o tres subsecretarios”, pero que pronto concretarán la prueba. “Todos tenían muy claro que cuando entraran a cada uno de sus cargos tenían que haberse hecho la muestra de pelo”, señaló.

La prueba se la ha hecho luego que el pasado lunes, tres parlamentarios socialistas, la senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana, presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República, destinado a fiscalizar si las autoridades del Gobierno habían cumplido con la obligación de realizarse la prueba al asumir, de acuerdo con la ley vigente. Entre ellos ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios generales minisyeriales y jefes de servicio.

El mandatario anunció la modificación de un decreto que data de 2006, a fin de que en adelante el test sea estandarizado para todos los funcionarios públicos de rangos superiores. Será un examen de pelo “con una ventana de detección de 90 días desde que esto se realice” y su financiamiento estará garantizado. “Nosotros todo esto lo queremos ir perfeccionando porque está claro que, si planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico”, señaló.

Y agregó que como Gobierno se va a garantizar la publicidad de los resultados pues “quien ejerce un cargo público, así como tiene que entregar su declaración de intereses y patrimonio, tendrá que entregar un certificado acreditado por un laboratorio reconocido por el Estado para dar a conocer si tiene o no dependencia de drogas”. “Aquellos que quieren ejercer el servicio público de cara a las personas, tienen que renunciar a ciertas normas de protección”, dijo.

Kast precisó que “es entendible” la situación de alguien que, por prescripción médica, consuma algún fármaco por razones de salud. Pero que en los otros casos van a establecer que, al menos en la página web de cada servicio, los resultados sean divulgados 10 días después de su entrega.

En paralelo, Kast ha informado que enviará un proyecto de ley al Congreso en el mismo sentido, que amplía la legislación vigente, para que las pruebas se extiendan a los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros regionales (cores), a los directivos de los partidos políticos (con representación en el Congreso y que reciben financiamiento público para sus formaciones) y al presidente de la República.

En enero se aprobó una norma, que no incluye al mandatario, y Kast ha dicho que como Gobierno quieren que “quien ejerza el mando de la Nación tenga las mismas obligaciones que tiene un ministro, un subsecretario y cualquier funcionario público” y que “eso también sea público”.

“Esperamos que el Congreso nos apoye para que se incluya a quienes ejercen cargos de alta responsabilidad pública (…) Si el presidente está dispuesto a hacerlo, ¿por qué no estaría un gobernador, un alcalde, los cores y los concejales?“, dijo Kast. Y, respecto de los parlamentarios, agregó que “si van a ejercer el mandato popular para legislar, al menos una vez al año, [que] cada senador y diputado esté dispuesto a hacerse el examen de pelo y que sea administrado y dirigido por la Contraloría”.

“La ciudadanía está esperando mucha mayor transparencia de sus representantes. Tenemos que recuperar la confianza en cada una de las instituciones y eso parte por la propia voluntad. Ojalá antes de que esto sea ley, todos los parlamentarios, todos los alcaldes, todos los gobernadores acepten que la ciudadanía está exigiendo estándares distintos”, señaló el mandatario.

“Hoy lo hice yo [el test]. Y espero que a partir de mañana todos sigan esta misma línea y vayamos recuperando la credibilidad en el ejercicio de la función pública”, agregó.

El enfrentamiento entre el Gobierno y el Banco de la República por el aumento de las tasas de interés continúa. El presidente Gustavo Petro propuso en la noche de este martes una receta, muy cuestionada por empresarios y economistas, para contrarrestar los efectos del alza de la tasa de interés en 100 puntos hasta el 11,25%. El mandatario planteó varias opciones como subsidiar los fertilizantes para reducir el costo de producción agropecuaria y prohibir las exportaciones de carne bovina, un negocio que en 2025 generó más de 160 millones de dólares.

Durante una alocución, el presidente volvió a atizar el fuego en su batalla contra el Emisor. “Lo que debería hacerse es que el Banco de la República baje la tasa de interés. Como he dicho, la mayoría de su junta es de la oposición”, aseguró, al tiempo que consideró que el incremento de la tasa de intervención solo “beneficia al sector financiero y afecta a los más pobres”. Las cifras de la rentabilidad bancaria muestran que su tesis flaquea. Petro ha defendido en varias ocasiones que la subida de las tasas tiene únicamente un objetivo político, mientras que el director del Banco sostiene que las decisiones se toman únicamente con la meta de contener la inflación.

La guerra comenzó el pasado martes, cuando el Emisor celebraba su reunión mensual para definir la tasa de interés del mes de abril en Colombia. En medio de la junta, Germán Ávila, ministro de Hacienda, se retiró y anunció que el Gobierno no planea volver a ser parte de estas reuniones, pese a que tiene una silla asegurada. “Decidimos retirarnos de la junta del Banco de la República y establecer una distancia significativa entre el Ejecutivo y el órgano, hasta que este último entienda que hay una coherencia con la realidad económica y social del país”, dijo Ávila, en un claro desafío a la independencia del Emisor.

Según la versión del Gobierno, que volvió a defender Petro en su alocución, el alza del precio de los alimentos se debe a un factor externo: la escalada militar en Oriente Próximo de Estados Unidos e Israel contra Irán. Algunos economistas argumentan que el alza del coste de vida también es consecuencia de decisiones internas como el alza del 23% del salario mínimo.

Sabiendo que sus protestas no se harán efectivas, el mandatario decidió pasar a la acción con varias medidas. Por un lado, propuso subsidiar los fertilizantes con el fin de reducir el coste de la producción agropecuaria. A su vez, planteó créditos para el sector y atención en las zonas de emergencia por los fenómenos climáticos. “La prioridad es que la tierra que tiene el fondo público de tierras la tengan los campesinos. Hay que agradecerles porque es el sector que puede sacar la cara por el país en caso de guerra internacional”, afirmó.

Por otro lado, volvió a rescatar una propuesta que ya ha sido muy criticada en el sector empresarial: limitar las exportaciones de productos como los fertilizantes y la carne. “La exportación de carne no puede seguir. Aquí no tenemos excedentes de carne. Al exportar carne a China se sube el precio. Lo importante es que baje el precio de los alimentos”, sostuvo.

Esta propuesta la hizo por primera vez en febrero durante un Consejo de Ministros, y recibió un rechazo generalizado entre economistas y empresarios. La medida, que afectaría a por lo menos 400.000 personas que integran la cadena de valor de la ganadería, no se traduciría de inmediato en un alivio del precio aunque haya más oferta nacional, pero sí podría poner en riesgo miles de empleos y de contratos internacionales. En 2025, Colombia exportó 160,9 millones de dólares de carne de res. China fue el mayor comprador.

Pero Petro fue más allá. El presidente dijo que si estas medidas no tienen los resultados esperados, decretará otra emergencia económica. El Gobierno ya ha dictado tres estados de excepción: el primero en 2023, por la crisis humanitaria y la escasez de agua en La Guajira —que la Corte Constitucional declaró inexequible casi en su totalidad—; el segundo, en diciembre de 2025, para afrontar el hueco presupuestal; y el más reciente, en febrero de 2026, como respuesta a la emergencia invernal que afectó a ocho departamentos del país.

“Quiero advertir: si no funcionan y nos llevan a una crisis económica, por la decisión del Banco de la República, que es lo que quiere, porque no es una medida racional, pues vamos a otra emergencia económica”, advirtió. A su vez, insistió en la posibilidad de presentar una nueva reforma tributaria en el Congreso si la Corte vuelve a suspender los impuestos que propone el Ejecutivo.

La pelea con el Banco central sigue abierta. El 30 de abril, cuando está citada la siguiente reunión de política monetaria de la junta, se verá cómo ha avanzado la mayor ruptura entre el Emisor y un Ejecutivo en la historia reciente de Colombia. Ya habrá noticias sobre sus efectos en asuntos tan diversos como la calificación del riesgo país, el régimen disciplinario del ministro de Hacienda o la confianza en el funcionamiento de las instituciones colombianas.

Minutos antes de ser ratificado por el Senado como secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez ha hecho un pronunciamiento sobre la crisis de personas desaparecidas en México, que recientemente causó una polémica entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y el Comité para la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. A pregunta expresa de los senadores, Velasco ha dicho que bajo ninguna circunstancia se niega el dolor de muchas familias que buscan desesperadamente a algún desaparecido. “Las madres buscadoras, los colectivos de búsqueda tienen toda nuestra empatía, tienen toda nuestra solidaridad, tienen todo nuestro compromiso de seguir trabajando en este tema que sabemos que es desgarrador”, ha asegurado en su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, paso previo para su ratificación en el pleno de la Cámara alta.

El nombramiento hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum ha sorteado los trámites parlamentarios en unas cuantas horas y el nuevo canciller rendirá la protesta de ley este miércoles ante el pleno del Senado, donde solo las bancadas del PAN y PRI han cuestionado la ratificación.

Velasco ha comparecido por la mañana ante la Comisión de Relaciones Exteriores, donde fue cuestionado sobre el informe reciente del comité de la ONU, a lo que ha respondido con una postura que suaviza el tono reciente del Gobierno federal hacia los colectivos de búsqueda y las madres de los desaparecidos. “Hay un compromiso total del Gobierno y desde la perspectiva internacional, que es la que le toca a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de seguir trabajando en este tema tanto a nivel nacional como desde la cooperación internacional. No estamos en contra de la cooperación internacional en este tema. Vamos a seguir cooperando con este comité”, ha afirmado.

Velasco ha cuestionado, eso sí, que el informe en cuestión redefina el concepto de desaparición forzada contenido en el Estatuto de Roma y la aplicación del artículo 34, que señala a países que niegan la cooperación internacional y que están cometiendo desapariciones forzadas de manera sistemática y mediante una acción gubernamental. “Eso no está sucediendo en nuestro país”, ha asegurado.

El nombramiento de Velasco ha sido aprobado en la Comisión con 17 votos a favor y tres en contra, y el dictamen ha sido remitido de inmediato al pleno, donde se le dispensaron trámites para desahogarse en la sesión de este miércoles. Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión, Alejandro Murat, de Morena, ha defendido el perfil del nuevo canciller asegurando que tiene amplia experiencia a pesar de su juventud.

Roberto Velasco sustituirá en el cargo de Juan Ramón de la Fuente, un político de amplia experiencia, exrector de la UNAM y exsecretario de Estado. El nuevo canciller desempeñó temporalmente el cargo a finales del año pasado, cuando De la Fuente pidió un retiro temporal para atender una enfermedad. Ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte y es considerado un funcionario formado con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Seguir las noticias colombianas es estar atento a cientos de alias y saber de lenguaje judicial que, cuando se domina, ya cambió por las dinámicas de la política. Delitos, denuncias, suspensiones de captura y revocatorias de esas suspensiones. Y así hasta el agotamiento. Esta semana, tres alias marcaron la actualidad del país: ‘El Montañero’- junto a otros 22 jefes criminales-, el ‘Papá Pitufo’ y ‘Calarcá’.

‌Pero tranquilos, al primero ni la fiscal general Luz Adriana Camargo lo conocía. El segundo, ‘Papá Pitufo’, ese sí muy nombrado, se ha convertido en el dolor de cabeza del gobierno de Gustavo Petro y es uno de los alias más mencionados por el mandatario. Mientras a ‘Calarcá’, que representa a disidentes en una negociación de paz, le descubrieron que “ha seguido cometiendo delitos de manera directa y personal”. Por eso y otros delitos, la Fiscal Camargo pidió en una carta al presidente que le revoque la designación de vocero de paz y se reactiven las órdenes de captura en su contra.

‌Vamos por partes y comenzamos por el último porque es la noticia más reciente:

‌Alias ‘Calarcá Córdoba’, cuyo nombre real es Alexander Díaz Mendoza, es el jefe negociador del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las extintas FARC con la que el Gobierno quiere firmar una negociación de paz antes de terminar su mandato, que acaba en cinco meses. Sin embargo, las alertas sobre su actividad delictiva están encendidas hace meses. Este martes, la fiscal Camargo les puso nombres y hechos concretos y pidió a Petro que le reactive la orden de captura. De acuerdo con la Fiscalía, alias ‘Calarcá’ es el presunto ordenador del asesinato de una lideresa social- cuyo desangre no ha logrado parar el Ejecutivo-, del homicidio de 6 militares y de una masacre de 26 integrantes de otro grupo armado, entre otros delitos. Todo, mientras negocia con el Gobierno. Este cabecilla, además, está inmerso en un escándalo en la médula del Gobierno. Una investigación de la fiscalía, surgida de una revelación de Noticias Caracol, indaga presuntos nexos con un general del Ejército y un exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. El reportaje denunciaba que el grupo armado recibió información reservada para evitar operativos de las Fuerzas Militares.

‌Si esa negociación de paz ha causado polémica, las conversaciones en la cárcel de Medellín se han convertido en un arma electoral arrojadiza por el oficialismo y la oposición. Y ahí sí que abundan los alias: ‘Mundo Malo’. ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’, ‘Lindolfo’ o ‘El Montañero’, por mencionar algunos de los 23 cabecillas con los que conversa el Gobierno. A finales de marzo, la oficina del Alto Comisionado de Paz le pidió a laFiscalía que suspenda las órdenes de captura de estos cabecillas que tienen influencia en barrios de Medellín y el Valle de Aburrá. El Gobernador de Antioquia y el alcalde de la ciudad, férreos opositores de Petro pusieron el grito en el cielo advirtiendo los riesgos de esa decisión. Ahora, después de una entrevista de la fiscal Camargo con Caracol Radio, se sabe que no serán 23 sino 7 los que tendrán suspendida su orden de captura.Los otros 16 ya están privados de la libertad y condenados por diferentes delitos.“Las órdenes de captura se suspenden no en favor de los criminales, sino como un blindaje para los funcionarios que se sientan en una mesa a dialogar con ellos”, explicó Camargo y recordó que con ellos se trata de un proceso de sometimiento, pero no de negociación de paz.

El último de los alias de esta semana es‘Papa Pitufo’, quien suena en el país desde hace un añocuando Petro lo mencionó en un consejo de ministros y en muchos de sus trinos en X. El zar del contrabando, como es conocido, intentó donar 500 millones de pesos a su campaña a través del catalán Xavier Vendrell; Petro lo supo y ordenó que devolvieran el dinero, aunque jamás publicó el video que lo probaría. Lo que ha ocurrido después, es aún más confuso. Diego Marín, o ‘Papá Pitufo’ huyó a España y de ahí a Portugal, donde se encuentra pidiendo asilo pese a su solicitud de extradición.

Ahora, una investigación de Noticias Caracol reveló audios del exdirector de Inteligencia Jorge Lemus hablando con el abogado de Marín para ofrecerle beneficios judiciales y la suspensión de su extradición a cambio de su entrega a las autoridades, utilizando la ley 2272, que habilita las negociaciones de paz total. Además de Lemus, los audios revelan que dos emisarios, Isaac Beltrán, exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el hacker español Ramón Devesa se reunieron con ‘Papá Pitufo’.

El zar del contrabando sigue en Portugal y Petro lo recuerda cada tanto en tuits, discursos y alocuciones. La fiscal Camargo, como muchos, considera inconvenientes los trinos del presidente Petro sobre este tema. “Esos trinos solo favorecen a Marín quien dice que es perseguido político. (el Presidente) trina como comentar que ayer llovió o que tenemos frío”. Seguramente le responderá a través de X, donde se suceden y deciden las noticias y la vida de los colombianos.

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Indecencia

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La relación entre Ecuador y Colombia sumó este martes un nuevo capítulo de tensión. El Gobierno de Daniel Noboa envió una nota diplomática de protesta a Bogotá y llamó a consultas a su embajador, Arturo Félix Wong, en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha calificado como “preso político” al exvicepresidente Jorge Glas y ha pedido su liberación o entrega. En Quito, esas palabras no han caído bien y como una intromisión directa en asuntos internos y ha molestado que intente trasladar el caso al terreno internacional.

En un mensaje en X, Petro insistió que “en América no deben existir presos políticos” y aseguró haber planteado personalmente el tema a Noboa durante un encuentro previo en las islas Galápagos, donde fue invitado por el jefe de Estado de Ecuador. “Le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”, escribió el presidente colombiano.

La respuesta de Noboa fue inmediata. “Desde afuera, quieren vender el cuento de los “presos políticos” para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”, escribió el mandatario de Ecuador en X, quien en el mismo mensaje reclamó que constituye un atentado contra la “soberanía y una violación al principio de no intervención”.

La carta de protesta enviada por Cancillería subraya que Glas enfrenta procesos judiciales y su situación no corresponde a una persecución política. “Es un tema estrictamente de la justicia ecuatoriana”, recalcó la canciller Gabriela Sommerfeld, que considera improcedente cualquier intervención externa. “Colombia no se puede pronunciar ni peor aún solicitar a organismos internacionales sobre este caso”, señaló Sommerfeld en una entrevista a una radio local, “Nosotros no opinamos sobre quién está o no está preso en territorio colombiano”.

La nota enviada a la Cancillería colombiana solicita que se suspendan las referencias al caso Glas y que el diálogo bilateral se enfoque en los temas de seguridad, considerados por Ecuador como el punto crítico para destrabar la tensión comercial. Las disputas se remontan a enero, cuando Noboa impuso una “tasa de seguridad” del 30% a productos colombianos, denunciando la falta de acción del Gobierno vecino frente al crimen organizado en la frontera compartida. Apenas un mes después, el arancel se elevó al 50%. La Comunidad de Naciones Andinas intentó mediar entre los dos países, pero la única reunión que logró concretar no produjo ningún acuerdo.

No es la primera vez que Gustavo Petro reclama públicamente la liberación de Jorge Glas, a quien incluso le otorgó la ciudadanía colombiana el año pasado y considera un “preso político”. “Hay una provocación, porque de la nada salen este tipo de mensajes. Hemos intentado mantener una vecindad cordial”, dijo la canciller. Como respuesta, Ecuador no solo envió una “enérgica nota de protesta”, sino que también llamó a consultas a su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong, quien se espera llegue en las próximas horas.

El mensaje de Petro en X se produjo justo después de que un juez rechazara el habeas corpus solicitado por la defensa de Glas, que pedía aumentar sus porciones de comida y garantizar atención especializada en la cárcel del Encuentro. Según un informe del SNAI, la institución que administra las cárceles, al exvicepresidente se le proporciona una dieta balanceada que incluye pollo al horno con finas hierbas o pasta con albóndigas en salsa napolitana, además de Ensure como suplemento alimentario.

Llamado a la calma para el sector privado y vuelta de página. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha salido al paso este miércoles para defender la decisión de la Suprema Corte de dar vía libre a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias sin orden judicial en los casos de que existan sospechas de actividades ilegales. Para la mandataria, el fallo no debería generar incertidumbre entre el empresariado y, más bien, tiene como finalidad atacar las finanzas del crimen organizado. “¿Cuál es la mejor manera de gartantizar que no haya lavado de dinero? Inmovilizando una cuenta”, ha asegurado en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria ha intentado calmar las aguas en el sector privado en un momento en el que el Ejecutivo busca dar señales de estabilidad. No es por nada. El Gobierno de Sheinbaum ha reconocido que no ha logrado captar el nivel de inversión que requiere para llevar adelante su programa económico. Y, en ese sentido, la presidenta ha lanzado un globo sonda: “La UIF (la agencia gubernamental antilavado) nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario que no esté implicado en lavado de dinero, nunca en la historia”.

Para sostener su argumento, la presidenta ha revelado una cifra: su Gobierno, que inició en octubre de 2024, ha congelado hasta ahora unos 5.000 millones de pesos (287,1 millones de dólares) en cuentas sospechosas sin que eso haya generado suspicacia.

La presidenta, además, ha destacado cómo la resolución del Supremo va de la mano con la reforma a la Ley de Amparo aprobada el año pasado, y que también ha sido objeto de críticas. Sheinbaum sostuvo que si la UIF congela una cuenta, y su titular siente que se trata de una injusticia, este puede tramitar un recurso que debe resolverse en un máximo de seis meses. “[Antes de la reforma] la UIF inmovilizaba cuentas y de inmediato venía un amparo, le daban una suspensión automática y sacaban todo el dinero de la cuenta”, denunció la mandataria.

Más allá del ruido, Sheinbaum ha recalcado que ahora el Ejecutivo tendrá más herramientas para combatir las finanzas de los carteles de la droga. “El Gobierno de México tiene necesariamente que atender el asunto de la delincuencia organizada y la mejor manera de hacerlo es seguir la pista del dinero”, remachó.

La polémica también se produce en medio de las constantes presiones de Estados Unidos. Washington ha puesto la lupa sobre el sistema financiero mexicano en los últimos meses. El pasado verano, el Departamento del Tesoro sancionó a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por estar presuntamente involucrados en el dinero sucio del tráfico de opioides .

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se ha convertido en una figura clave para la imagen de la derecha colombiana. Los candidatos presidenciales de este espectro político buscan contar con el respaldo de la premio Nobel de la Paz en una carrera en la que gana cada vez más peso la dimensión internacional. En menos de una semana, Machado se reunió —siempre de manera virtual— con la uribista Paloma Valencia y con el ultraderechista Abelardo de la Espriella, los dos aspirantes que compiten por entrar a una casi asegurada segunda vuelta contra el izquierdista Iván Cepeda.

El último en verse con la líder opositora ha sido De la Espriella. El abogado penalista, un outsider de la política, ha informado este martes que durante la conversación con Machado, le planteó “una visión conjunta de reconstrucción democrática en la región”. Según el candidato, la política venezolana fue una inspiración para crear su movimiento, Defensores de la Patria.

“El 28 de julio de 2024, cuando el narcodictador Maduro se robó las elecciones en Venezuela, Machado le probó al mundo el fraude gracias al sistema de defensa electoral que creó. Ese día, previendo lo que quiere hacer [Gustavo] Petro en Colombia, inspirado en ese ejemplo, lancé nuestra propuesta”, ha indicado De la Espriella, agitando una denuncia sin fundamentos de que el presidente colombiano quiere robarse las elecciones. Ni la Registraduría ni los observadores internacionales respaldan estas alegaciones.

El encuentro entre De la Espriella y Machado no deja de tener un tinte irónico. Durante cinco años, el penalista fue abogado de Alex Saab, el hombre de origen colombiano que es señalado de ser el testaferro de Maduro y que, cuando estaba aliado a las altas esferas del poder chavista, emprendió una persecución contra la oposición. Aunque el aspirante ha sostenido que rompió su vínculo laboral con Saab cuando supo que era miembro del régimen, su relación sigue siendo un lunar en su campaña presidencial. Con la llamada a Machado, el candidato busca apartarse de esta imagen de cercanía con Saab y acercarse a la oposición venezolana.

El periodista Roberto Deniz, del portal Venezolano Armandoinfo, ha opinado en sus redes sociales que “en términos beisbolísticos (…) De la Espriella le metió un strike a María Corina Machado”. “El ahora candidato presidencial en Colombia aprovecha la imagen de Machado, pero la realidad es que mientras en Venezuela el régimen perseguía opositores, incluida la propia Machado, el señor De La Espriella defendía a su amigo Alex Saab”, ha recordado en una publicación.

El 1 de abril, Machado también se reunió con la candidata del uribismo, Paloma Valencia. La aspirante de la derecha tradicional se encontraba en Popayán, su ciudad natal, en una celebración de la Semana Santa. Sobre el encuentro, dijo: “Agradezco a nuestra heroína María Corina por su llamada de esta tarde. Es muy valioso contar con la colaboración de todo su equipo para cuidar la democracia en Colombia. Su coraje y liderazgo son fuente de inspiración para todos”.

En una rueda de prensa posterior, Valencia destacó que la líder opositora ha sido “una inspiración” para ella. “[Machado] me ofreció a todo su equipo para que podamos cuidar las elecciones de Colombia”, indicó. En ambas llamadas, la venezolana estaba acompañada de Humberto Villalobos, uno de los seis antichavistas que estuvo asilado en la embajada de Argentina en Caracas durante 14 meses, y Pedro Urruchurtu, director de relaciones internacionales del Partido Vente Venezuela, que encabeza Machado.

No han sido pocas las ocasiones en las que tanto Valencia como De la Espriella han exhortado a que se celebren elecciones en Venezuela, de las que confían que Machado salga vencedora. Cuando el 3 de enero, las tropas estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a su esposa, muchos creían que había llegado su momento. Pero este escenario aún parece muy alejado de la realidad: Donald Trump ha legitimado a la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, un movimiento que ha descolocado a la oposición venezolana y también a la derecha colombiana.

Ante la previsión de que el mandato de Rodríguez se extienda durante más tiempo, De la Espriella ha dicho que, de llegar a la Presidencia, no se ve “sentado con esa plaga”. Por eso, ha propuesto mantener únicamente una relación pragmática, basada en las finanzas y el comercio internacional, siempre a través de Washington.

En una línea similar se sitúa Valencia. “Yo tengo una lealtad por la democracia que me impide arrodillarme ante los del régimen, así ahora sean pro Estados Unidos”, manifestó en marzo en una entrevista con la agencia Efe. La uribista, que descartó cualquier contacto con el Palacio de Miraflores, explicó que mantendría las fronteras abiertas, un giro de posición con respecto a su excopartidario, el expresidente Iván Duque, que cerró los pasos limítrofes durante su mandato (2018-2022).

El contacto de Valencia con Machado es uno de los pocos que ha tenido la candidata del partido Centro Democrático con referentes internacionales. En contraste, De la Espriella buscado mostrarse con una importante red de políticos ultraderechistas como el presidente chileno, José Antonio Kast, o el español Santiago Abascal (de Vox). El abogado ultra también ha cosechado apoyos en el Partido Republicano estadounidense y se ha reunido con congresistas como Bernie Moreno o María Elvira Salazar, y con funcionarios de la Casa Blanca, como el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

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