Dos policías resultaron heridos de bala en Guatemala el viernes (11.09.2026), durante un enfrentamiento con pobladores que mantenían bloqueada una carretera en el sur del país, en medio de protestas por el alza del precio de los combustibles.
El choque se produjo luego de que el gobierno anunciara el despliegue de policías y militares para despejar las vías afectadas en 10 de los 22 departamentos del país, en cumplimiento de una orden de la Corte de Constitucionalidad.
El incremento del valor de la gasolina y principalmente del diésel, atribuido por el gobierno al conflicto en Medio Oriente, ha encarecido productos de la canasta básica y el transporte.
El precio del diésel en Guatemala pasó de unos 3,4 dólares por galón en febrero a 5,7 a finales de agosto.
Sindicatos y asociaciones civiles y de comerciantes reclaman desde hace dos meses la intervención estatal con manifestaciones y cortes de rutas.
El ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, informó que los policías resultaron heridos cuando despejaban una ruta en el municipio de Cuyotenango, unos 150 km al sur de Ciudad de Guatemala.
Al menos 15 tramos viales estaban bloqueados este viernes en la capital, en la carretera que conduce al departamento norteño de Petén, sectores del noreste hacia el Atlántico y vías de acceso al sur del área metropolitana.
Los bloqueos continúan pese a que el Parlamento aprobó de urgencia, la noche del martes, un decreto que establece un fondo de compensación para fijar precios máximos de venta al consumidor de 39 quetzales (5,03 dólares) para el galón de diésel y la gasolina regular, y de 41 quetzales (5,29 dólares) para la superior.
Actualmente, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el precio del diésel en Guatemala oscila en los 6,21 dólares el galón, la gasolina superior en 5,78 y la regular 5,50 dólares.
gs (afp, efe)
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Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, anunció el 9 de septiembre de 2026 que comenzó a reclutar colaboradores en 16 países de América Latina de habla hispana para probar un sistema que lanzó desde marzo de 2025 en Estados Unidos, con el que sustituyó la verificación independiente de datos por una función que llama “notas de la comunidad”.
Tras el comunicado de la compañía, la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), con sede en el Instituto Poynter, expresó estar “profundamente preocupada” por este cambio. Lo mismo que LatamChequea, una red que agrupa a 47 organizaciones verificadoras de la región, a la que también pertenece Factchequeado.
La IFCN y LatamChequea señalaron que las “notas de la comunidad” no son suficientes por sí solas para reducir el impacto de la desinformación en países de la región y pidieron que no se reemplace la verificación profesional que hacen varias organizaciones de chequeo de la región que tienen contratos con la empresa.
El “Oversight Board” de Meta, un organismo independiente que revisa decisiones y políticas de moderación de la empresa, había recomendado previamente cautela ante la expansión internacional de las “notas de la comunidad”. Y, tras el anuncio de la expansión en Latinoamérica, volvió a pronunciarse en contra: “Instamos a Meta a no considerar las notas de la comunidad como un sustituto directo de la verificación de datos, y a utilizar todas las herramientas que mejor aborden el desafío de la desinformación en sus plataformas, de manera que se proteja la libertad de expresión y, al mismo tiempo, se hagan frente a los posibles daños”.
Con el cambio anunciado, Meta está extendiendo su enfoque a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Países donde se habla español y juntos suman aproximadamente 351.7 millones de personas, según las proyecciones más recientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Brasil, el mayor mercado de Meta en la región, no forma parte del piloto.
La empresa abrió el registro para personas que quieran colaborar con su sistema de notas, pero dijo se trata de una fase inicial, esas notas redactadas por usuarios aún no serán visibles para el público general, según Meta. Tampoco ha dado una fecha para concretar un reemplazo definitivo de su programa de verificación independiente en esos países.
El sistema de “notas de la comunidad” de Meta permite que ciertos usuarios voluntarios, no periodistas ni verificadores contratados, escriban y evalúen breves aclaraciones sobre publicaciones públicas de Facebook, Instagram y Threads. Si suficientes colaboradores consideran útil una aclaración, y entre ellos hay personas que suelen discrepar al evaluar otras notas, Meta puede mostrarla debajo de la publicación.
Un análisis de Alexios Mantzarlis, publicado por el medio especializado Indicator, aporta más dudas sobre la eficacia del sistema: encontró que solo el 3% de las publicaciones de Instagram que la oficina en Estados Unidos de la agencia de noticias francesa (AFP) verificó como falsas desde abril de 2025, recibieron una nota correctiva de la comunidad, mucho menor al porcentaje del 20.5% en X, “que difícilmente es un oasis de información de calidad”, señalóMantzarlis.
Algunas de esas publicaciones no recibieron ninguna corrección a pesar de haber sido desmentidas por AFP, dijo Mantzarlis: afirmaciones falsas sobre vacunas infantiles, las bolsas de nicotina y los supuestos beneficios para la salud, y denuncias de fraude electoral en las elecciones a la alcaldía de Nueva York.
En Factchequeado ya te contamos que el reemplazo de verificadores profesionales independientes al sistema de notas de la comunidad puede dejar expuestas a las comunidades latinas en Estados Unidos. Facebook es la red social más usada entre las personas de origen latino en el país, según una investigación de la Universidad de Nueva York. WhatsApp es central para muchas de estas comunidades hispanoparlantes, pero también una vía por donde pueden circular de manera rápida las desinformaciones, sin que esto sea advertido por medios, organizaciones e instituciones que trabajan principalmente en inglés.
En Estados Unidos, según el Pew Research Center, 1 de cada 5 habitantes son latinos, el 68% de latinos habla español en casa y casi la mitad de los latinos hispanoparlantes recibe noticias en español, lo cual con el cambio del sistema de Meta los dejaría potencialmente expuestos a la desinformación que circula y la falta de verificación profesional.
Las “notas de la comunidad” de Meta están inspiradas en un modelo que X (antes Twitter) lanzó en Estados Unidos en enero de 2021 con el nombre de Birdwatch. Luego, el empresario Elon Musk compró la empresa y el sistema pasó a llamarse “Community Notes” o “notas de la Comunidad” en noviembre de 2022.
Un estudio del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD), organización aliada de Factchequeado, que evaluó la efectividad de las notas comunitarias en X durante más de un año, encontró que la calidad editorial era desigual, que existían intentos de manipulación y que la polarización limitaba la eficacia de esas notas en contenidos controvertidos, pero engañosos. Por otra parte, una investigación de Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado, encontró que en las notas de la comunidad, las verificaciones de los fact-checkers eran la tercera fuente más citada, luego de la propia plataforma y Wikipedia.
Mark Zuckerberg, CEO de la compañía, anunció el fin del programa de verificación de datos de Meta en Estados Unidos en enero de 2025, pocos días después del regresó al poder del presidente Donald Trump. Según Zuckerberg, su nuevo modelo formó parte de un giro hacia una “mayor libertad de expresión”. Ahora, decidió expandir ese modelo a los países hispanoparlantes de la región.
Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.
No todo el mundo corre el riesgo de ser arrasado por el vendaval que se ha apoderado de la política brasileña en las últimas semanas. En medio de la crisis que afecta al Supremo Tribunal Federal (STF) y de las investigaciones que salpican a los dos favoritos a la presidencia, ha ganado terreno quien parecía volar por debajo del radar e intenta mostrarse inmune a la tormenta: el escritor y psiquiatra Augusto Cury, candidato del pequeño partido Avante, que se ha presentado como un “pacificador” para un Brasil dividido.
Las democracias marcadas por una polarización extrema y sistemas multipartidistas suelen abrir espacio a outsiders cuando los polos dominantes quedan asociados a escándalos o crisis institucionales. Brasil no es una excepción, pero la propia contienda ya comienza a mostrar si el ascenso de Cury tiene posibilidades de alterar el rumbo de la campaña.
El candidato de Avante es uno de los cuatro nombres que en el Brasil de 2026 son llamados genéricamente “tercera vía”. El término, inspirado en la corriente que tuvo como principal portavoz al ex primer ministro británico Tony Blair, se refiere a todo candidato que intenta romper la contienda polarizada en Brasil, sea cual sea su espectro ideológico. En la actual disputa, todos están en el campo de la centroderecha o la derecha, pero en el pasado ese papel lo desempeñaron figuras de la centroizquierda.
Cury tiene dos características que le dan ventaja frente a sus rivales y ayudan a explicar su rápido ascenso desde el inicio de la campaña oficial. En primer lugar, es un escritor de best sellers, tanto de obras de ficción como de libros de autoayuda, lo que le da soltura y capacidad retórica para desempeñar el papel de quien se aventura en la política con buenas intenciones. Con millones de seguidores en las redes sociales, ajenos a las burbujas electorales, llega a un público que no suele seguir la política cotidianamente.
La otra ventaja, aunque pequeña, es contar con cierto espacio en la propaganda electoral, aspecto en el que está por detrás de Ronaldo Caiado (PSD), pero por delante de Romeu Zema (Novo) y Renan Santos (Missão), que no dispone de ese derecho según las leyes electorales brasileñas. Además del espacio electoral gratuito, los partidos con una representación mínima en el Congreso deben ser invitados obligatoriamente a participar en entrevistas y debates en emisoras de radio y canales de televisión abierta.
De no figurar a estar en el centro del escenario
Cury aprovechó bien estas situaciones. A diferencia de Estados Unidos, donde los debates entre los principales candidatos son casi un ritual obligatorio de la campaña, en Brasil la participación se negocia emisora por emisora y las ausencias no tienen un costo formal. Por ello, el primer encuentro entre candidatos, el 23 de agosto, contó con apenas la mitad de los contendientes sobre el escenario.
Líder en las encuestas, Lula (PT) se mostró en desacuerdo con la presencia de candidatos cuya participación no era obligatoria, alegando que eso reduciría el “nivel” del debate, y no asistió. Flávio Bolsonaro (PL) adoptó la estrategia de comparecer solo si podía enfrentarse directamente al petista y tampoco apareció. Inexplicablemente, Zema también desistió de acudir y responsabilizó a Lula de su decisión.
El resultado fue que, en vez de compartir el tiempo en pantalla con los líderes de la contienda, Cury tuvo para sí buena parte de un debate de dos horas para presentarse ante un público que apenas lo conocía. Y un detalle: él mismo llegó a decir que no participaría, a las puertas de la emisora responsable del debate, pero finalmente salió al aire. Y le funcionó.
Cury ha construido su discurso de campaña en torno al rechazo de la confrontación. En una entrevista con Jornal Nacional, el informativo de mayor audiencia del país, dijo tener “mente capitalista y corazón social”, citó a León Tolstói, Mahatma Gandhi y Martin Luther King como figuras iluminadas por las enseñanzas de Jesucristo, y ha utilizado su patrimonio personal de 242 millones de reales (aproximadamente US$ 47.439.816 ) declarado ante la Justicia Electoral —el mayor entre los contendientes— como señal de que entra en la política no para enriquecerse, sino para contribuir.
La estrategia contrasta, por ejemplo, con la de Renan Santos, que ha apostado por propuestas duras de seguridad pública —algunas de ellas inspiradas en el presidente de El Salvador, Nayib Bukele— y con el perfil de Caiado y Zema, dos exgobernadores que tienen en su experiencia como gestores públicos los principales activos que ofrecer al público.
El candidato a la presidencia de Brasil por el partido Avante, Augusto Cury, saluda durante su visita a la Federación Israelita del Estado de Sao Paulo como parte de su campaña. – Isaac Fontana/EFE/EFE
En uno de los momentos destacados del debate con dos rivales, Cury llegó a aconsejar a Renan, el candidato más joven al Palacio de Planalto, que moderara la agresividad en la campaña electoral.
No todo, por supuesto, es color de rosa en medio de una campaña presidencial tensa y aún imprevisible. El crecimiento repentino de Cury, no solo en las plataformas digitales, con un aumento de las búsquedas y los seguidores, llamó la atención de sus rivales, que sospechan de un alza artificial y de promoción mediante bots, algo que la campaña niega haber hecho. Además de esa acusación, los adversarios usan la expresión “vuelo de gallina”, es decir, un vuelo que no se sostiene durante mucho tiempo, y las encuestas electorales parecen empezar a señalar esos límites.
Un avance, no una amenaza
En las elecciones presidenciales de este año hay más institutos con encuestas en las calles que candidatos en las urnas. En 2026, 13 nombres se registraron ante la Justicia Electoral, de los cuales uno, Pablo Marçal (PRTB), probablemente será inhabilitado debido a una condena tras disputar la Alcaldía de São Paulo hace dos años.
Desde enero, CNN Brasil, contabilizó al menos 20 institutos con al menos un sondeo publicado y recopiló 112 encuestas para un agregador similar al modelo que adoptan Nate Silver y otros estadísticos; de ese total, 21 se realizaron entre el 16 de agosto, inicio de la campaña oficial, y el jueves pasado (10), por 12 empresas diferentes.
Esta avalancha de cifras, metodologías y gráficos aporta información muy similar. Justo después de participar en el debate y en entrevistas para medios nacionales, Cury pasó de la sexta posición, en la que oscilaba entre el 1 % y el 2 % de intención de voto, a consolidarse en el tercer puesto, con índices más cercanos al 10 %.
Fue un salto, pero no el despegue de un cohete que lo situara en los niveles de Lula, en torno al 40 % de intención de voto, y de Flávio Bolsonaro, con casi el 35 % en el agregado. Y aún más: las actualizaciones de esta semana muestran un techo o incluso un ligero retroceso en las cifras de Cury.
Para intentar dar un nuevo impulso a los indicadores, el candidato de Avante no llegó a abandonar el discurso pacifista, pero eligió de qué lado quiere mantenerse alejado en la polarización al afirmar que, en una segunda vuelta sin él, no apoyaría a Lula.
A fin de cuentas, el mayor riesgo para Lula y Flávio a tres semanas de la primera vuelta no proviene de un outsider que cita a Tolstói, sino de las vulnerabilidades de cada uno. El presidente atraviesa un mal momento en la campaña, provocado por las investigaciones contra su hijo, Fábio Luís “Lulinha” da Silva, y por el clima de malestar que dejó la crisis en el STF, ante los mensajes que vinculan al ministro Alexandre de Moraes con el banco Master, el mismo cuyo dueño, Daniel Vorcaro, aparece en mensajes de audio con Flávio hablando del envío de dinero para financiar la película Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro.
Cury puede haber conquistado un capítulo aparte en esta campaña, pero la trama principal sigue siendo escrita por los propios protagonistas.
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Con solo acercar la tarjeta o billetera digital, el validador hará el cobro y habilitará el paso. Foto: Alcaldía de Rionegro.
Rionegro da un paso hacia la modernización de su transporte público con la implementación de un sistema de pagos abiertos, que permitirá a los pasajeros pagar el pasaje directamente con medios de pago que ya utilizan.
La prueba piloto comenzará el 14 de septiembre y tendrá una duración de un mes. Durante este periodo, los usuarios podrán acercar al validador del bus una tarjeta débito o crédito, un teléfono celular o un reloj inteligente que permita realizar pagos sin contacto.
Por ahora, el sistema no estará disponible en todos los buses del municipio. La prueba se realizará inicialmente en 35 buses de cinco rutas:
Durante el piloto, las autoridades y las empresas transportadoras evaluarán aspectos como los tiempos de validación, el funcionamiento de la tecnología y la experiencia de los pasajeros, con el objetivo de determinar si el sistema puede extenderse posteriormente a otras rutas.
La empresa Rápido Medellín Rionegro, que maneja las rutas citadas, aplicará una tarifa de 3.000 pesos durante la prueba a quienes paguen con tarjeta en Sajonia, Llanogrande y Pantanillo.
El procedimiento busca ser sencillo. El usuario debe verificar que su tarjeta, celular o reloj permita pagos sin contacto y, al subir al bus, acercarlo al validador.
Una señal visual y auditiva indicará si la transacción fue aprobada o rechazada. No será necesario comprar una tarjeta especial ni hacer una recarga previa.
El pago en efectivo, por su parte, continuará disponible durante la prueba mediante el registro manual que realiza el conductor.
A diferencia de sistemas cerrados, como la tarjeta Cívica del Metro de Medellín,el modelo de pagos abiertos permite utilizar directamente medios de pago asociados a entidades financieras o billeteras digitales.
Según la información entregada por los desarrolladores, las transacciones cuentan con estándares de encriptación respaldados por entidades como Credibanco y Davivienda.
Pablo Villarreal, gerente de la firma desarrolladora Luup, explicó el proceso: “Simplemente acerca su tarjeta, Visa o Mastercard, al validador en cualquier parte del dispositivo y ya le da acceso al sistema. No tienen que hacer una habilitación previa. Es tan sencillo como poner la tarjeta que ya utilizan”.
Además, aclaró que las transacciones son anónimas y que buscan la protección de los datos personales. “Nosotros no guardamos quién es el tarjetahabiente ni de dónde tranzó”, afirmó.
Además, durante el piloto se evaluará la estabilidad tecnológica antes de definir una posible expansión al resto de las rutas.
La Alcaldía de Rionegro aclaró el recaudo electrónico lo recibirán directamente las empresas transportadoras, de acuerdo con los viajes registrados.
La Administración Municipal tendrá durante los 30 días del piloto funciones de inspección, vigilancia y control sobre el funcionamiento del sistema.
Rionegro se convierte así en el primer municipio de Colombia en implementar este modelo de pagos abiertos en su transporte público colectivo, inicialmente como una prueba que permitirá definir si la tecnología puede llegar progresivamente a las demás rutas.
En el arranque del proceso electoral para este 2027, en el que se deciden 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, casi todos los congresos locales y más de 2.000 alcaldías y presidencias municipales, el Gobierno de México trabaja en una estrategia para evitar la violencia contra candidatos. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, lo ha comentado durante su conferencia de prensa diaria, celebrada este viernes en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado de Chiapas. “Se está trabajando en un diseño para ver dónde puede haber mayor riesgo en el país y dónde se requiere mayor presencia de la Guardia Nacional”, ha explicado. Además, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, ha dado pistas de cómo será la metodología para que no lleguen a la boleta candidatos que tengan vínculos con el crimen organizado. Sheinbaum ha matizado que no se tendrá en cuenta si tienen visa para Estados Unidos.
Esta planeación es fundamental en México, donde en cada proceso electoral hay decenas de candidatos asesinados, cientos de amenazas e innumerables sospechas de infiltración de los grupos criminales en las instituciones políticas. En las anteriores elecciones, las que llevaron a Sheinbaum al poder en 2024, hubo 40 candidatos asesinados, de acuerdo a un recuento publicado por la organización Data Cívica, principalmente a nivel de alcaldías y municipalidades, concentrados en los Estados de Guerrero, Michoacán y, justamente, Chiapas. Para las anteriores generales, las de 2018, el recuento fue de 48 homicidios de precandidatos y candidatos, más otras 500 agresiones e intimidaciones. En el medio estuvo el proceso de 2021, en el que el caso más grave fue el de la votación a gobernador de Sinaloa, cuando varios operadores electorales fueron secuestrados, apaleados y amenazados por delincuentes. Estos hechos son una pieza central en la acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, el político de Morena que ganó estos comicios.
“Estamos manteniendo mesas de coordinación con todas las instituciones de seguridad para trabajar en una metodología que nos permita tener un mecanismo para que los partidos políticos presenten un listado de sus candidatos y se pueda hacer un análisis de riesgo” para evitar que tengan vínculos con el crimen organizado, ha explicado Alcalde. El Instituto Nacional Electoral será el encargado de mandar los nombres a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad, la Comisión Nacional Bancaria, el Centro Nacional de Inteligencia… y estos emitirán un dictamen de si existe o no un riesgo razonable. La presentación de los aspirantes será voluntaria y serán los propios partidos quienes decidirán si mantienen a sus candidatos.
Alcalde ha remarcado que no se tendrá en cuenta información de Estados Unidos y la presidenta ha apuntado que dará igual si tienen visado para entrar al vecino del norte. El Gobierno de Estados Unidos ha retirado estos permisos migratorios a un número significativo de políticos de Morena, incluyendo gobernadores, alcaldes y candidatos de la importancia simbólica de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Justo esta semana, Arturo Chávez, el presidente de esta nueva comisión del Instituto Nacional Electoral encargada de verificar la integridad de las candidaturas, advertía que “la delincuencia organizada no tiene ideología política, busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista”. Desde las elecciones de 2021, la oposición ha denunciado que esta injerencia criminal acostumbra beneficiar a Morena y sus aliados, tanto en Sinaloa como en Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
Un vehículo estacionado, en medio de la noche, en la carretera que comunica Bogotá con Villavicencio, y que conduce a los Llanos orientales colombianos, llamó la atención de los funcionarios de la empresa privada que opera la vía. Estos alertaron a la Policía, que envió varios uniformados al lugar, en territorio del municipio de Chipaque. Al llegar e inspeccionar el vehículo, encontraron los cadáveres de una mujer y de una niña de diez años, que serían la esposa e hija del conductor, un exmilitar identificado como Donis David Fonseca. Los policías lo detuvieron, pues los indicios lo señalaban como presunto responsable.
La Fiscalía de Cundinamarca, a cargo de la investigación, logró que un juez legalizara la captura, a lo que seguirá la imputación de cargos contra Fonseca y la definición de la medida de aseguramiento. El gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, es quien ha entregado detalles sobre el caso, a través de un comunicado en video publicado este jueves. “Fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, entre ellas una menor de edad”, aseguró. También reveló la identidad del presunto asesino: es un hombre de 44 años, oriundo del departamento del Cesar, en la costa caribe, que trabajaba como vigilante y había sido soldado profesional. Posteriormente, trascendieron las identidades de las víctimas: Keila Fernández Ortiz y su hija, Luciana Fernández, nacidas en La Guajira, en el norte del país. Las autoridades estudian la posibilidad de que la víctima menor de edad no fuera la hija biológica del agresor, sino su hijastra.
De acuerdo con Rey, “las primeras versiones apuntan a que estos homicidios ocurrieron el pasado 7 de septiembre, en la localidad de Usme, en Bogotá”. A partir de ese momento, el sospechoso inició un extraño recorrido. Primero se dirigió hacia La Dorada, Caldas, al oeste de Bogotá, pero luego decidió devolverse hacia el centro del país, para tomar la vía al Llano. Los investigadores también inspeccionan la vivienda en la capital donde podría haberse cometido el crimen. “Esperamos medidas ejemplarizantes para este criminal, este asesino”,ha añadido Rey.
En la primera mitad de este año se han registrado 11 feminicidios en Bogotá, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Mujer. Los asesinatos se cometieron en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, San Cristóbal y Chapinero. De comprobarse la hipótesis de la Fiscalía, este sería el primer caso de feminicidio registrado este año en Usme. Aunque la cifra de feminicidios muestra un leve descenso, dos muertes menos con respecto al mismo periodo de 2025, la entidad resalta que no se deben reducir los esfuerzos en prevención. De acuerdo con información de Medicina Legal, en ese mismo periodo fueron valoradas 1.869 mujeres consideradas en riesgo de feminicidio; entre ellas, 809 fueron clasificadas en riesgo extremo.
Una investigación liderada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría de la Mujer señala que en Bogotá el 72% de los feminicidios son cometidos por la pareja o expareja de la víctima. La investigación Vidas que importan, datos que cuentan: comprensión del feminicidio en la capital del país, realizada en alianza con la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia, y publicada en diciembre de 2025, llega a otras conclusiones alarmantes: que el 49% de los feminicidios estuvo precedido por múltiples formas de violencia del agresor, el 13% fueron cometidos por familiares —de estos, un 4% contra niñas de entre 1 y 11 años—, y todos fueron llevados a cabo por hombres: el 26% tenía antecedente de violencia de género y el 24% portaba o tenía acceso a armas de fuego antes del hecho.
Una película como punto de partida. La investigación contra el senador de Brasil, Flávio Bolsonaro, fue autorizada en julio por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, a petición de la Policía Federal y con el aval de la Fiscalía General.
El caso permaneció bajo secreto hasta esta semana, cuando el presidente del Supremo, Edson Fachin, ordenó levantar el secreto de parte de las actuaciones relacionadas con el escándalo del Banco Master.
La pesquisa busca determinar si el hijo del expresidente del país, Jair Bolsonaro–quien cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado– cometió presuntamente delitos de corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas al intervenir en la financiación de ‘Dark Horse’, un largometraje aún no estrenado sobre la trayectoria de su padre.
El origen de las sospechas está en los contactos entre Flávio y Daniel Vorcaro, antiguo controlador del Banco Master, actualmente encarcelado en el marco de la investigación sobre el gigantesco fraude atribuido a la entidad.
Mensajes y documentos obtenidos por los investigadores muestran que el senador pidió dinero a Vorcaro para financiar la película y posteriormente reclamó que se aceleraran transferencias destinadas a cubrir gastos de la producción. Según la información divulgada por las autoridades y medios brasileños, Vorcaro habría aportado alrededor de 61 millones de reales —unos 12 millones de dólares—. Parte de los fondos habría sido transferida a través de un fondo con sede en Estados Unidos, lo que ha llevado a los investigadores a examinar quién recibió finalmente el dinero y cuál fue su destino.
Flávio Bolsonaro sostiene que los recursos eran privados y niega haber cometido irregularidades.
¿Qué se sabe del dinero y la ruta hacia Estados Unidos?
Una de las claves de la investigación es determinar si el dinero entregado por Vorcaro fue realmente destinado en su totalidad a la producción cinematográfica o si terminó financiando otras actividades vinculadas a la familia Bolsonaro.
La Policía Federal investiga, entre otras cuestiones, la utilización del fondo estadounidense Havengate para canalizar parte de los recursos. Esta semana, Mendonça homologó la colaboración de Antônio Carlos Freixo Júnior, conocido como “Mineiro”, a quien los investigadores señalan como operador financiero de Vorcaro y responsable de transferencias hacia ese fondo. Según la información publicada por la cadena local ‘O Globo’, el fondo está gestionado por un abogado próximo a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y residente en Estados Unidos.
La investigación sobre Flávio no es, además, la única que examina la financiación de ‘Dark Horse’. En un expediente separado, también instruido en el Supremo, la Policía Federal indaga si recursos públicos procedentes de enmiendas parlamentarias fueron desviados de forma irregular hacia entidades relacionadas con los productores de la película.
El jueves 10 de septiembre, la Policía ejecutó 49 órdenes de registro contra 29 investigados en varios estados. Entre los objetivos estuvieron el diputado Mario Frias, antiguo secretario de Cultura durante el gobierno de Jair Bolsonaro y guionista de la película, y la productora ejecutiva Karina Ferreira da Gama. Esa investigación examina posibles delitos como malversación de fondos públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos relacionados con contrataciones públicas.
¿Un golpe potencial en una carrera electoral ajustada?
El momento en que se conoce la investigación aumenta su dimensión política. Flávio Bolsonaro es actualmente el principal candidato de la derecha para las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre en Brasil y aparece en los sondeos prácticamente empatado con el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en escenarios de segunda vuelta.
Una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg publicada el 10 de septiembre situó a ambos dentro del margen de error, mientras otro sondeo difundido esta semana daba al senador una ligera ventaja, también dentro del empate técnico.
El efecto electoral de la investigación dependerá en buena medida de si aparecen nuevas pruebas y de cómo consiga cada campaña encuadrar el caso. Para Lula, el expediente ofrece un argumento para cuestionar la integridad del principal candidato de la oposición y vincularlo a un escándalo financiero de enormes dimensiones.
Una imagen combinada muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda), en una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 8 de agosto de 2026, y al senador Flávio Bolsonaro (derecha), candidato del Partido Liberal (PL) a las elecciones presidenciales de Brasil, durante un acto en el que se anunció a Alfredo Gaspar como su compañero de fórmula a la vicepresidencia, en Brasilia, Brasil, el 5 de agosto de 2026.
Para Bolsonaro, en cambio, la investigación puede alimentar el discurso de que las instituciones judiciales están actuando políticamente contra su familia, un argumento que sus seguidores ya han utilizado durante la crisis que atraviesa el Supremo. El propio Flávio Bolsonaro ha defendido que sus relaciones con Vorcaro fueron estrictamente privadas.
La investigación, sin embargo, está todavía abierta. No obstante, estar bajo investigación no implica que el senador haya sido acusado formalmente ni, mucho menos, condenado por esos delitos.
Claves del caso Banco Master y la crisis institucional
El expediente llega además en un momento de fuerte tensión dentro del propio Supremo. La investigación sobre Banco Master ha salpicado a políticos, empresarios y miembros del Poder Judicial y ha provocado un enfrentamiento público entre Mendonça y el magistrado Alexandre de Moraes, también mencionado en las pesquisas por sus supuestos contactos con Vorcaro.
El presidente del Supremo, Edson Fachin, ha intervenido para contener la crisis y ha convocado al pleno del tribunal para abordar las acusaciones.
Lula, por su parte, ha defendido que se haga pública toda la información relacionada con el caso, independientemente de a quién pueda perjudicar.
Para Flávio Bolsonaro, el riesgo es doble. Una investigación que avance hacia acusaciones concretas podría erosionar su imagen entre votantes moderados en una elección muy ajustada.
Pero, al mismo tiempo, el enfrentamiento entre sectores de la derecha y el Supremo podría permitirle presentar el caso como una nueva batalla política contra el bolsonarismo. Con la primera vuelta prevista para octubre y Lula y Flávio prácticamente igualados en los sondeos, la evolución de la investigación sobre ‘Dark Horse’ podría convertirse en uno de los factores capaces de alterar una campaña que llega a su fase decisiva.
La campaña del candidato brasileño Flávio Bolsonaro fue sacudida este viernes por la revelación de que la policía lo investiga por sospechas de corrupción y lavado de dinero, a pocas semanas de las presidenciales.
Un juez de la corte suprema autorizó en julio investigar al derechista por posibles delitos “en el contexto del financiamiento para la producción” de “Dark Horse”, una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, según una decisión desclasificada este viernes.
“No tengo nada que esconder, la película es totalmente legal”, dijo este viernes Flávio Bolsonaro tras un acto de campaña en Manaos (norte), y defendió el “patrocinio privado” del filme.
El senador Bolsonaro empata en las encuestas para una probable segunda vuelta en octubre contra el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, en una campaña impactada por una crisis inédita en el supremo.
El candidato derechista admitió en mayo haber pedido giros millonarios para “Dark Horse” al banquero Daniel Vorcaro, hoy detenido por un gigantesco desfalco financiero.
El ‘biopic’ aún no fue estrenado. Cuenta con el actor estadounidense Jim Caviezel como Jair Bolsonaro, que presidió Brasil de 2019 a 2022.
El exmandatario está preso desde 2025, cuando lo condenaron por un intento de golpe de Estado tras perder su reelección contra Lula en 2022.
La policía pidió investigar a Flávio Bolsonaro por “la posible práctica de los delitos de lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción y otros” en relación al financiamiento de “Dark Horse”, según la decisión judicial consultada por la AFP.
Se indaga si los fondos de Vorcaro se usaron para financiar a otro hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, radicado en Estados Unidos y condenado por coacción en el marco del juicio a su padre, explicó a la AFP una fuente del supremo.
En Brasil, una investigación policial de este tipo no impide ser candidato.
– Oda a Bolsonaro –
El sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes de audio de Flávio Bolsonaro a Vorcaro, pidiéndole dinero para la película.
El costo de “Dark Horse” supera la suma de “Ainda estou aqui” y “O agente secreto”, los últimos dos filmes brasileños nominados al Óscar, según la prensa local.
Se sabe poco sobre el ‘biopic’, excepto que retrata a Bolsonaro como alguien que “luchó contra el sistema”, como se vio en avances.
Flávio Bolsonaro primero desmintió relaciones con Vorcaro, pero luego admitió haberle pedido fondos y negó irregularidades.
El banquero terminó detenido por sospechas de fraude tras dejar una deuda de más de 7.000 millones de dólares, que llevó a la liquidación de su banco Master.
La investigación reveló conexiones de Vorcaro con jueces y políticos de distintos colores.
– Crisis suprema –
El caso Master desató la semana pasada una crisis en la corte, cuando el juez André Mendonça, exministro de Justicia de Bolsonaro, pidió investigar mensajes de Vorcaro a un número telefónico atribuido a su colega Alexandre de Moraes.
Moraes condujo en 2025 el juicio que llevó a la cárcel a Jair Bolsonaro.
A la decisión de Mendonça siguieron varias medidas hostiles entre jueces del supremo, que incluyeron la remoción y reincorporación del jefe de la policía.
En un intento de frenar la escalada, el presidente de la corte ordenó el jueves a Mendonça levantar parte del secreto de sumario del caso Master.
Esa decisión permitió conocer que la policía investiga a Flávio Bolsonaro.
Lula había reclamado el fin del secreto judicial sobre el caso.
El presidente reconoció haber recibido una vez a Vorcaro, antes de que explotara el caso Master.
Se trata de un tema sensible también para la campaña del mandatario, quien estuvo preso entre 2018 y 2019 por casos de corrupción luego anulados por defectos del proceso y parcialidad del juez.
La crisis en el supremo puso a la campaña de Lula “a la defensiva”, admitió una fuente del gobierno bajo anonimato.
“El impacto de escándalos de corrupción es mucho mayor para la campaña de Lula que de Flávio” porque moviliza un histórico voto contra su Partido de los Trabajadores, dijo a la AFP Mayra Goulart, politóloga de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Pero nuevas evidencias contra Flávio Bolsonaro más cerca de la elección podrían influir en “electores con el voto menos definido”, agregó.
“Mercenario digital” es una definición que se repite cuando se habla de Fernando Cerimedo. El consultor político argentino hizo de las redes sociales su principal campo de operaciones y llevó sus estrategias mucho más allá de su país. Su nombre aparece ligado a campañas y actores políticos en Brasil, Chile, Bolivia y Honduras, además de Argentina.
Su detención en Bolivia, el pasado 18 de agosto, acusado de haber contratado a sicarios para matar a su expareja embarazada, hizo estallar un escándalo que sacó a la luz el alcance de sus operaciones en América Latina: vínculos políticos, campañas de desinformación, granjas de trolls y cuentas falsas.
Cerimedo es “un experto en estrategias de desinformación, de manipulación en redes sociales, de armar bots y de entrenar a personas para que hagan sus trolls”, a DW dice Soledad Vallejos, autora de Los dueños de la libertad, un libro sobre las redes de las nuevas derechas en América Latina. Esas estrategias, explica, permiten instalar y amplificar contenidos en las redes hasta llevarlos a los medios de comunicación y, finalmente, a la conversación política.
“Lo que ocurrió en Bolivia visibilizó buena parte de lo que Cerimedo venía haciendo en toda Latinoamérica”, indica a DW el periodista Mauro Federico, que investiga desde hace años sus actividades y conexiones. El patrón, señala, se repite con variaciones locales en distintos países: una fuerte presencia digital, campañas negativas apoyadas en cuentas automatizadas y, tras una victoria electoral, el acercamiento al círculo de poder, muchas veces sin un cargo formal que implique rendición de cuentas. Un accionar, afirma, “atravesado por la impunidad con la que se movía”.
Una estrategia que cruza fronteras
En Brasil, donde trabajó para Jair Bolsonaro, el polémico estratega digital fue investigado por la Policía Federal por su papel en la trama golpista posterior a las elecciones de 2022. En Argentina fue parte de la estrategia de comunicación de Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023. El experto consultado sostiene que su peso en el entramado digital del mileísmo era tal que, tras su reciente detención, “dejó de funcionar la granja de bots y trolls que sostenía al presidente” argentino.
En Chile, una comisión de la Cámara de Diputados investiga posibles vínculos de Cerimedo con el entorno del presidente José Antonio Kast y el uso de bots en campañas políticas. Kast admite conocer al consultor argentino, pero niega que haya trabajado para él.
En Honduras, Cerimedo llevó sus estrategias de comunicación digital a la campaña presidencial de Nasry Asfura en 2025. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a La Derecha Diario, medio cofundado por Cerimedo, de utilizar bots y cuentas pagadas para difundir información falsa e influir en la opinión pública. Y en Bolivia colaboró en la campaña de Rodrigo Paz y, según reconoció el propio mandatario, continuó cooperando al comienzo de su Gobierno.
CPAC Argentina, la versión local de la Conferencia de Acción Política Conservadora surgida en Estados Unidos y vinculada al trumpismo. Federico lo sitúa dentro de “una red que tiene como origen las actividades de grupos que en Estados Unidos trabajaron con Trump” y que luego se extendió por la región, con componentes financieros, logísticos y políticos.
El problema de la opacidad
Al analizar este tipo de redes, el abogado boliviano Ramiro Orias, director del Programa sobre Corrupción y Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), pone el foco en la opacidad. En diálogo con este medio, plantea que la cooperación política internacional es legítima, pero que la falta de transparencia dificulta saber “quién financia, quién decide, quién ejecuta” estas operaciones y si persiguen objetivos ilegítimos.
El alcance regional de estas redes contrasta, además, con la capacidad de respuesta de las instituciones. “Existe una asimetría evidente: las redes políticas y digitales pueden actuar regionalmente en tiempo real, mientras que las instituciones siguen funcionando fundamentalmente dentro de jurisdicciones nacionales”, advierte Orias. “Nuestras democracias todavía están regulando la política del siglo XXI con herramientas diseñadas para la política del siglo XX”, resume.
En ese escenario, Cerimedo es, en definitiva, una “pieza operativa” de un entramado mucho mayor, en palabras de Federico. “Es fácilmente reemplazable”, considera, en el mismo sentido, Vallejos, que lo define más como un punto de cruce de intereses, trayectorias y fondos que como el cerebro de estas redes.
La detención de este rey caído de la desinformación probablemente apenas haya revelado la dimensión de lo que operaba detrás.
(md/cp)
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