Category: Actualidad

  • Díaz-Canel: “Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”

    Díaz-Canel: “Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha lanzado este jueves una clara advertencia ante las presiones de Estados Unidos para forzar un cambio en el Gobierno de la isla. “Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”, aseguró el presidente en una entrevista con la cadena estadounidense NBC. “En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el Gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno”, respondió el mandatario tras ser cuestionado por si ha sopesado dejar el Ejecutivo a cambio de un mejor trato a la isla por parte de Washington, que ha impuesto un duro bloqueo económico para asfixiar al liderazgo comunista. “Tenemos un Estado libre y soberano, gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de Estados Unidos”, afirmó.

    El Gobierno de Donald Trump ha impuesto desde enero un bloqueo de combustible a Cuba como medida para hacer caer al régimen comunista que gobierna la isla desde la revolución de 1959. Ese bloqueo ha recrudecido la crisis energética que sufre el país, originada por el deterioro de su infraestructura eléctrica, lo que ha causado apagones prolongados que afectan la ya de por sí golpeada economía local y sumen en un agobio permanente a los cubanos, que hacen magia para poder subsistir. Díaz-Canel trazó este jueves más temprano en un mensaje grabado enviado a la ONU una cruda foto de la crisis que atraviesa la isla. El mandatario recordó que los prolongados cortes de electricidad han generado desabastecimiento de agua y gas licuado, pero el impacto más desgarrador se registra en los pasillos de los hospitales. Más de 96.000 ciudadanos —entre ellos 11.000 niños— permanecen en un limbo quirúrgico, aguardando por intervenciones que no llegan porque los quirófanos no tienen garantía de fluido eléctrico.

    La NBC preguntó a Díaz-Canel si estaría dispuesto a dejar su puesto como un gesto de cambio que lleve a Washington a relajar las duras medidas impuestas contra Cuba. El presidente cubano respondió, con visible enojo, que no ha estado en sus planes dejar el poder y replicó que si podría hacerle la misma pregunta a Trump. “Es una pregunta tuya o del Departamento de Estado”, cuestionó a la entrevistadora, según un adelanto de la conversación compartido por NBC en redes sociales. “Podemos negociar sobre la mesa sin presiones o intentos de una intervención estadounidense”, afirmó. “El concepto de que los revolucionarios se rindan y dimitan tampoco forma parte de nuestro vocabulario”, retó Díaz-Canel.

  • El canciller Velasco mantiene su primera llamada con Marco Rubio sobre seguridad y migración

    El canciller Velasco mantiene su primera llamada con Marco Rubio sobre seguridad y migración

    Roberto Velasco y Marco Rubio han mantenido este jueves su primera llamada telefónica, tras el nombramiento del primero al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. A sus 38 años, Velasco, cercano al también excanciller Marcelo Ebrard, fue confirmado al frente de la dependencia hace unos días, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, que dejó el cargo por motivos de salud. Ambos “han reconocido los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado”, ha señalado la dependencia en un comunicado divulgado en sus cuentas de redes sociales.

    El Departamento de Estado de Estados Unidos, que dirige Rubio, ha divulgado igualmente un comunicado, reseñando la llamada, firmado por uno de sus colaboradores, Tommy Pigott. “El secretario Rubio ha llamado a Velasco para felicitarlo por su nombramiento y para alentar la colaboración estrecha entre ambos países en temas clave”, ha dicho Pigott. Según el funcionario, Rubio y Velasco también han tratado los “esfuerzos” de ambos países para detener la “migración masiva ilegal”, tema que Exteriores ha mencionado, en su comunicado, como “la importancia de atender los retos en movilidad humana”.

    Exteriores ha añadido que Velasco y Rubio “dialogaron sobre temas prioritarios de la agenda entre México y Estados Unidos y de cómo profundizar los trabajos conjuntos en beneficio de nuestros pueblos y de la región”.

    Velasco inicia así su andadura al frente de la cancillería, bajo la mirada de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento delicado. El canciller deberá liderar la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC), marcada por la compleja relación con el Gobierno de Donald Trump. El crimen organizado, el tráfico de drogas y la seguridad fronteriza completan el panorama de la relación bilateral. Además, Velasco manejará las relaciones con los países de la región, tensas en algunos casos, como Perú y Ecuador, además de otras naciones cercanas, caso de España.

  • Un grupo de manifestantes intenta ingresar por la fuerza en el Congreso de Ciudad de México

    Un grupo de manifestantes intenta ingresar por la fuerza en el Congreso de Ciudad de México

    Un grupo de manifestantes ha intentado este jueves entrar por la fuerza en el Congreso de Ciudad de México (cámara unicameral). La intentona ha provocado una trifulca en la puerta que da a la calle, en el centro de la capital. Como medida de seguridad, el órgano ha suspendido la sesión cerca de media hora. El presidente de la Mesa, Jesús Sesma, del Partido Verde, ha reprobado los hechos. Sin embargo, también ha confirmado que los legisladores han instalado una “mesa de diálogo” con los inconformes.

    Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron a la protesta. De acuerdo con el Hemiciclo, los manifestantes protestaron para “exponer demandas en tema de vivienda”. Tampoco se sabe qué ha detonado los momentos de tensión en la entrada de la Asamblea.

    En distintos vídeos, compartidos por medios mexicanos en redes sociales, se puede observar cómo los manifestantes empujaron las puertas principales e incluso arrojaron objetos como botellas de plástico. En otras grabaciones se ve cómo uno de los activistas rompe los cristales del acceso con un pequeño poste.

    En un comunicado, el Congreso local aseguró que, aunque defiende “la libertad de expresión” y de “manifestarse”, reprueba “enérgicamente cualquier acto de agresión que atente contra la integridad física” de los legisladores.

    De igual forma, Sesma consideró “bueno” que ahora exista un diálogo con los manifestantes, “pero fue post mortem, después de un acto que es muy lamentable”. “[Se trató de] un acto de desesperación por no ser escuchados y atendidos. Se propuso poder hacer la mesa de diálogo”, dijo en una conferencia de prensa.

    De acuerdo con el diputado verde, los manifestantes le expresaron a los legisladores que no han visto avances en una negociación que iniciaron con el Gobierno de la capital. En ese sentido, Sesma lamentó que se haya apartado al Hemiciclo de esas discusiones.

  • La sombra del escándalo del Banco Master pisa los talones de Alexandre de Moraes, el juez estrella de Brasil

    La sombra del escándalo del Banco Master pisa los talones de Alexandre de Moraes, el juez estrella de Brasil

    El escándalo del Banco Master en Brasil, un monumental fraude con tentáculos que amenazan a buena parte de la élite política y económica del país, empieza a arañar la imagen del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. En los últimos años, se convirtió en símbolo de la defensa de la democracia por su mano dura contra el bolsonarismo: llevó a la cárcel a cientos de golpistas y fue clave en la salvaguarda de las instituciones. Pero en los últimos meses, su peligrosa cercanía al caso Master amenaza con apagar su brillo. En los últimos dos años, el bufete de abogados que lidera su esposa, Viviane Barci de Moraes, recibió más de 80 millones de reales (casi 16 millones de dólares) para defender al controvertido banco. Es mucho más de lo que el Master pagó a los más de 60 despachos que contrató el año pasado, según publica la prensa local.

    La tóxica cercanía con el epicentro del escándalo no acaba ahí: Moraes voló al menos en ocho ocasiones en aviones privados de empresas del fundador del Master, Daniel Vorcaro, ahora en la cárcel. Sus portavoces lo niegan, de la misma manera que el juez negó, con unas explicaciones técnicas poco convincentes, un polémico intercambio de mensajes de WhatsApp el día en que Vorcaro fue arrestado por primera vez. El banquero llegó a preguntarle si había conseguido “bloquear” la operación policial.

    El Banco Master fue liquidado el pasado noviembre y, según el entonces ministro de Hacienda, Fernando Haddad, es el mayor fraude bancario de Brasil, que ronda los 7.600 millones de dolares.

    Todo es especialmente grave porque quien va a juzgar el caso es el Supremo. Otro de sus jueces, Antonio Dias Toffoli, ya se apartó del caso por conflicto de interés, después de que salieran a la luz relaciones muy estrechas con Vorcaro. Ahora crece la presión para que Moraes también dé un paso atrás.

    El propio presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se lo sugirió personalmente, según confesó esta semana en una entrevista. “Le dije: has construido una biografía histórica con el juicio del 8 de enero [fecha del asalto a los tres poderes en Brasilia en 2023], no permitas que ese caso de Vorcaro acabe con tu biografía”. Lula sostiene que hay ocasiones en que un comportamiento o una decisión puede ser legal, pero, “por las circunstancias en que ocurren, el pueblo las trata como una cosa inmoral”.

    Efectivamente, la gran mayoría de informaciones periodísticas que van saliendo a la luz sobre el caso Master transitan en una zona de grises entre la legalidad y la ética. Un buen ejemplo es la lluvia de millones que el banco repartió en los últimos años entre la élite política y económica del país para ganar influencia, a cambio de servicios de abogados, y fortalecer una agenda de contactos valiosísima.

    En principio, no se trata de ilegalidades en forma de sobres o maletines de repletos de billetes, sino de “consultorías” o “pareceres jurídicos” muy bien remunerados, que supuestamente beneficiaron a autoridades como el expresidente Michel Temer y exministros tanto de Lula como de Bolsonaro. Fueron unos 11 millones de euros (unos 13 millones de dólares), según datos de Hacienda citados por el diario O Globo.

    El banco también tiró la casa por la ventana financiando costosos eventos en Londres, Nueva York y Lisboa, en que se dieron cita congresistas, ministros, jueces del Supremo como el propio Moraes o los máximos representantes de la Fiscalía y de la Policía Federal. Estos foros, relativamente comunes entre la élite brasileña, se organizan con el pretexto de debatir “el futuro de la democracia” y otras generalidades por el estilo… a muchos kilómetros de casa.

    En general, es la excusa perfecta para una retahíla de lujos (hoteles y restaurantes carísimos, el mejor whisky) que la prensa brasileña publica con gusto estos días. Todo pagado por el entonces todopoderoso Vorcaro. Eran sus estrategias para comprar influencia en Brasilia y salvar a su banco. Ahora el banquero está preso y negociando con los investigadores un acuerdo para revelar información a cambio de beneficios penales. La información que pueda aportar, con Brasil celebrando elecciones en octubre, puede caer como una bomba.

  • El debate final del plan B anticipa el tono de una agria disputa en 2027

    El debate final del plan B anticipa el tono de una agria disputa en 2027

    El plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido aprobado en lo general en la Cámara de Diputados, tras un debate de más de 10 horas en el que la oposición y el oficialismo se han enfrascado en un agrio intercambio que anticipa el tono de las campañas del proceso electoral 2027. Morena, el Verde y el PT encontraron en Movimiento Ciudadano un aliado inesperado para sacar adelante la reforma, mientras las bancadas del PRI y del PAN han endurecido el discurso, acusando al oficialismo de financiar sus campañas con dinero ilícito y de ejercer la narcopolítica. En la discusión particular de las más de 60 reservas inscritas, que se prolongará hasta la medianoche, la mayoría de los más de 40 oradores que han subido a la tribuna han utilizado su tiempo para lanzar acusaciones, descalificaciones y denuncias sobre presuntos actos de corrupción, y para desempolvar viejos expedientes.

    El dictamen fue aprobado en lo general por la mañana, con 377 votos de las bancadas de Morena, PVEM, PT y MC, y 102 votos en contra de las bancadas del PAN y el PRI. Antes de la votación, los partidos políticos se posicionaron en torno al contenido del plan B, una mini reforma muy alejada de los propósitos originales con los que la presidenta Sheinbaum emprendió, hace más de ocho meses, el proceso de reforma electoral. Una vez descafeinado el proyecto presidencial, pues el PT pidió eliminar lo referente a revocación de mandato, todos en la Cámara sabían que el dictamen sería aprobado con más de los 334 votos requeridos para la mayoría calificada. Sin embargo, la oposición decidió aprovechar el capítulo final para dar un largo debate que inició al mediodía y que continuaba pasadas las 22:00 horas.

    Para subir a tribuna, los grupos opositores recurrieron a una vieja estrategia parlamentaria, la de inscribir reservas a diversos puntos del dictamen, para poder hacer uso de la voz en la discusión particular de cada artículo. A lo que el oficialismo respondió con la misma táctica. Eso derivó en que se inscribieran casi 70 reservas; cada una presentada en turnos de cinco minutos desde la tribuna.

    La discusión fue subiendo de tono y, poco a poco, dejó de girar en torno al contenido del plan B, para centrarse en serias acusaciones de corrupción, nepotismo y malos gobiernos. Por momentos, los legisladores recurrieron a las groserías, el insulto y el grito. Un adelanto de lo que será la campaña de 2027. Las bancadas del PRI y PAN han aprovechado para descalificar al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quienes acusaron de emprender reformas para apuntalar un régimen autoritario. “El llamado Plan B no es una mejora al sistema electoral, es un retroceso disfrazado de austeridad, es una reforma que pone en riesgo la imparcialidad, la legalidad y la certeza de nuestras elecciones”, ha dicho la diputada panista Ana María Balderas. “No seamos ingenuos, este plan B forma parte de una lógica mucho más amplia. Una lógica que Morena ha venido construyendo paso a paso, debilitar las instituciones, reducir los contrapesos y controlar los procesos democráticos”, ha añadido la priista Nadia Navarro.

    Morena y sus aliados han respondido trayendo a la memoria viejos casos de corrupción ocurridos en los sexenios de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fue larga la lista de políticos aludidos por los diputados oficialistas; desde el exsecretario de Seguridad Púiblica, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, hasta el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, actualmente bajo proceso por delitos graves. Y, en ese tamiz, los diputados del oficialismo han reprochado que la oposición no apoye reformas favorables al pueblo, y han anticipado nuevos descalabros electorales del bloque al que López Obrador bautizó como el PRIAN. “Para ustedes será, sin ninguna duda, la tumba en las elecciones del 27. Van a volver a perder, porque no tienen nunca disposición a aprobar cosas que le sirven al pueblo de México”, ha advertido el morenista Leonel Godoy.

    En contraparte, la oposición ha traído a cuenta al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; al senador Adán Augusto López, y a los hijos del expresidente López Obrador. Ha reprochado el gasto excesivo en obras como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, e incluiso ha evocado la crisis de desaparecidos para condenar el plan B. “México no necesita menos regidores, México necesita menos desaparecidos”, ha dicho la diputada del PAN Sarahí Gómez.

    Muy pocas intervenciones han cuestionado el contenido de la reforma conocida como plan B, que únicamente limita el número de regidores en los ayuntamientos, topa el presupuesto que pueden ejercer los Congresos estatales y obliga a los altos funcionarios electorales a bajarse el sueldo y renunciar a prestaciones. Sin embargo, el fracaso de la reforma político-electoral de Sheinbaum también ha dado municiones a los panistas y priistas, quienes han celebrado que los aliados de Morena hayan frenado la iniciativa original y el propósito central del plan B, que era el de adelantar la revocación de mandato de Sheinbaum para emparejarla con las elecciones de 2027.

    La gran cita electoral del próximo año, en la que se elegirá una nueva Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, municipios en 30 estados y 31 Congresos locales, además de múltiples cargos del Poder Judicial, gravitó durante todo el debate. En más de una ocasión, los morenistas han acusado a la oposición de actuar con desesperación ante su inminente derrota en esos comicios. Mientras que los opositores han dicho que la verdadera intención de la reforma electoral, que finalmente llega a su conclusión, era la de captuar el sistema electoral para prolongar la permanencia de Morena en el poder.

    La bancada naranja, de Movimiento Ciudadano, ha explicado su voto en favor del plan B asegurando que también está por disminuir privilegios, y porque ya no contiene la intención de adelantar el revocatorio de Sheinbaum. Pero la oposición le ha reprochado su respaldo al oficialismo, lo que abrió un nuevo debate, ahora entre PRI y MC, en cuya bancada figuran dos expriistas que ocuparon altos cargos: Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y exsecretaria general del tricolor, y Claudia Ruiz Massieu, excanciller del presidente Peña y exdirigente priista. “El PRI no solo ha perdido credibilidad, ha perdido votos, y muchos, más de 2 millones de votos”, ha sentenciado Ivonne Ortega.

  • Milei logra que el Congreso reforme la Ley de Glaciares para aumentar la actividad minera en los Andes

    Milei logra que el Congreso reforme la Ley de Glaciares para aumentar la actividad minera en los Andes

    Los glaciares de Argentina han dejado de tener protección automática por ley. Lo mismo ocurre con los ambientes periglaciares, es decir, aquellos suelos congelados de forma permanente en los que se mezcla hielo con roca y sedimentos. La Cámara de Diputados aprobó este jueves por 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones la reforma de la Ley de Glaciares que delega en las provincias la evaluación de los cuerpos de hielo caso por caso. Si consideran que cumplen una “función hídrica efectiva”, se mantendrán protegidos; de lo contrario, podrán autorizar actividades extractivas como proyectos de minería metalífera a cielo abierto para extraer cobre, oro y plata, entre otros.

    La modificación de una de las normativas troncales de la legislación ambiental argentina es la primera victoria política del Gobierno de Javier Milei en el último mes, en el que la agenda mediática ha estado dominada por escándalos de corrupción y un creciente malhumor social por la situación económica. Es una victoria aún mayor para las grandes mineras, que intentaron sin éxito impedir la aprobación de la Ley de Glaciares en 2010, pero han conseguido que quede malherida 16 años después.

    El inventario de glaciares presentado en 2018 arrojó un total de casi 17.000 cuerpos de hielo que ocupan una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados, un tamaño equivalente a 41 veces la ciudad de Buenos Aires. Los nuevos criterios para definir qué glaciares se mantienen intocables dan acceso a las empresas mineras a áreas de la cordillera de los Andes que hasta ahora les habían estado vedadas. Milei intenta atraerlas, además, con generosos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios incluidos en el régimen de incentivos para las grandes inversiones.

    Rol regulador de los glaciares

    La votación se realizó tras una tensa jornada de protestas en las calles. “Venden nuestro futuro”, “El agua vale más que el oro”, podía leerse en las pancartas que advertían contra la entrega a las mineras de las reservas estratégicas de agua dulce que representan los glaciares y de las que dependen ríos, ecosistemas andinos y el abastecimiento de cerca de siete millones de personas.

    Los científicos que se han pronunciado contra la reforma de la ley explican que los glaciares tienen un rol regulador: en los años con muchas precipitaciones, la nieve caída hace que los glaciares aumenten sus reservas de agua congelada. Cuando hay sequía, la nieve escasea y los glaciares se achican derritiéndose y entregando más agua a los ríos y los lagos.

    Durante el debate parlamentario, los diputados oficialistas consideraron que la reforma es imprescindible para que la minería se desarrolle a la par que en Chile, con quien comparte 5.000 kilómetros de frontera cordillerana y donde generó ingresos por más de 60.000 millones de dólares en exportaciones en 2025, diez veces más que en Argentina.

    José Peluc, diputado de la Libertad Avanza, acusó a la oposición de no entender la modificación impulsada por el Gobierno. “Estamos totalmente a favor porque [en la provincia de San Juan] tenemos experiencia minera y de falta de agua”, dijo el legislador.

    Los opositores, por el contrario, señalaron que la Ley de Glaciares no fue un obstáculo para que en la última década crecieran las inversiones mineras en Argentina porque conciliaba la defensa del medio ambiente con el desarrollo económico. Advirtieron que la reforma será judicializada y ese proceso generará incertidumbre, el efecto contrario al que busca el Gobierno de Milei. “Puede haber más de una provincia implicada, entonces ¿quién va a decidir ahí?”, cuestionó el diputado Miguel Ángel Pichetto, del bloque Provincias Unidas. “Se abre un escenario de poca previsibilidad. ¿Quién va a venir a invertir si esta ley está cuestionada desde el punto de vista de su constitucionalidad?“, agregó el peronista Agustín Rossi.

    Apuntaron, además, que se trata de una propuesta que va a contracorriente de un planeta preocupado por el cambio climático y por el rápido retroceso de los glaciares debido al aumento de temperaturas. “Cuesta entender esta iniciativa en este momento de la historia, cuando las organizaciones internacionales alertan de la escasez en un futuro cercano de este recurso fundamental, el agua, y hablan de la bancarrota hídrica en el mundo”, dijo la diputada Natalia de la Sota, de Provincias Unidas.

    Adorni, blanco de críticas

    La oposición fracasó en su intento de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la compra de propiedades y viajes de lujo que no serían consistentes con su nivel de ingresos. Sin embargo, el escándalo sobrevoló toda la sesión, con innumerables alusiones. “Los argumentos científicos son más truchos [falsos] que las hipotecas de Adorni y la criptomoneda de Milei”, dijo el peronista Juan Grabois, uno de los que arremetieron contra el portavoz de Milei, hoy enmudecido. “

    La sociedad civil intentó protestar con una respuesta masiva a la audiencia pública convocada a finales de marzo. Se anotaron más de 100.000 personas, una cifra récord. De haber concedido cinco minutos cada una, hubiesen necesitado más de 340 días ininterrumpidos para escucharlas a todas. Ante la petición de la Cámara de Diputados que mandaran sus argumentos por escrito o en vídeo, los opositores convocaron a quien quisiera a exponer sus argumentos a las puertas del Congreso.

    En la madrugada previa a la votación, Greenpeace colgó dos carteles en el monumento a los Dos Congresos, en la plaza frente al edificio legislativo. “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”, podía leerse en ellos. También se entregó una petición con más de 67.000 firmas contra la modificación y hubo protestas en las calles, pero ninguna de estas manifestaciones logró torcer el resultado de una votación que estaba decidida de antemano.

    La directora del Círculo de políticas ambientales, Consuelo Bilbao, una de las organizaciones que protestaron contra la ley, consideró que se trata de una “reforma que viola la Constitución, es regresiva y destruye el piso común de protección que debe garantizar la Nación, dejándolo a la discrecionalidad política de cada provincia”. Su tratamiento exprés es otro de los puntos más criticados por los detractores de la nueva ley. “Un procedimiento legislativo sin evidencia científica, sin transparencia y sin participación jamás puede fortalecer la seguridad hídrica ni jurídica”, agregó Bilbao.

    La cúpula del Gobierno argentino seguía el debate para celebrar, tras la votación, su primer triunfo legislativo del año. La oposición, en cambio, se aprestaba a llevar esta reforma que divide opiniones ante la Justicia.

  • Dioses de barro en vitrinas ajenas: las piezas arqueológicas mexicanas que quieren subastar en Europa

    Dioses de barro en vitrinas ajenas: las piezas arqueológicas mexicanas que quieren subastar en Europa

    Más de 40 piezas arqueológicas provenientes de México han vuelto a asomarse en las vitrinas de casas de subastas en Europa, en menos de dos semanas. Esta semana se ha dado a conocer que la casa Zemanek-Münster, ubicada en Alemania, subió un catálogo de una venta que se llevará a cabo el 25 de abril, en el que figuran hasta 39 piezas precolombinas provenientes del territorio mexicano. El 23 de marzo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, exigió por otro lado que se diera de baja la puja de una máscara maya que pertenecía a un catálogo en Barcelona. La funcionaria publicó en sus redes sociales que también han identificado cuatro artículos más, de origen mesoamericano —tres de ellos, mexicanos—, en una subasta organizada por la casa Accademia Fine Art, programada para el 16 de abril, en Monte Carlo, Mónaco.

    De acuerdo con el archivo de los catálogos, estos fueron creados durante los últimos días de marzo. El de la casa alemana tiene una cabeza de jaguar esférica en piedra, proveniente de Oaxaca; un perro de cerámica de 23 centímetros de alto por 37 de largo, de Colima; un molde en metadiorite (roca) verde de un templo, proveniente de Mezcala, Guerrero; una urna maya en cerámica que representa lo que parece ser una deidad, de Oaxaca o Veracruz; una figura maya de estuco de un hombre sosteniendo una cabeza como trofeo; entre otros. Los dos últimos tienen un valor de entre 30.000 a 60.000 euros (610.399 a 1,2 millones de pesos) y 100.000 a 200.000 euros (entre dos y cuatro millones de pesos) respectivamente.

    En la oferta de Mónaco hay una pieza pequeña de terracota de un hombre sentado con las piernas recogidas y las rodillas cercanas al pecho precedente de Jalisco, así como una estatuilla de terracota de 27 centímetros de largo que representa a un guerrero de Nayarit y otra estatuilla de terracota que representa una figura femenina en pie, de Jalisco. Se ofrecen por entre 300 y 1.000 euros (6.100 y 20.300 pesos).

    Claudia Curiel de Icaza dice en el comunicado publicado en sus redes sociales, y dirigido a la casa Accademia Fine Art, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un dictamen en materia de arqueología a partir del catálogo de la subasta y este “determinó que cuatro de los objetos anunciados son bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de la Nación mexicana, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas”.

    La Secretaría de Cultura apela a la ética y respeto por el patrimonio cultural y le hace un llamado a detener el ofrecimiento y venta de dichas piezas, tomando en consideración que representan un legado invaluable de las culturas ancestrales y de la historia nacional”, continúa el documento. Ni la casa de subastas en Alemania ni en Mónaco se han pronunciado al respecto.

    De acuerdo con otro comunicado publicado a principios de la semana por Cultura, Relaciones Exteriores y el INAH, se han recuperado 157 piezas arqueológicas y tres históricas de Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina. “Conforman la primera restitución concretada en 2026 y se suman a los 3.556 objetos patrimoniales recuperados en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para un total de 3.716”, se lee.

    La mayor parte de estos artículos fueron restituidos de manera voluntaria por particulares, pero también se incluyen piezas recuperadas gracias a la cooperación con autoridades judiciales extranjeras, según explicó el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga en el mismo documento.

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  • Trinidad Steinert y la salida de la jefa de inteligencia de la policía chilena: “Se intenta hacer entender a la comunidad que hay un complot”

    Trinidad Steinert y la salida de la jefa de inteligencia de la policía chilena: “Se intenta hacer entender a la comunidad que hay un complot”

    La ministra de Seguridad de Kast, Trinidad Steinert, ha intentado este miércoles, nuevamente, tratar de dejar atrás la controversia en la que está envuelta prácticamente desde que asumió, hace casi un mes, surgida tras el abrupto llamado a retiro, el 22 de marzo, de la exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, quien era parte del alto mando. La exfiscal ha dicho ante la comisión de Seguridad del Senado que reitera que la salida de la subprefecta general fue una decisión del director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, y que no tuvo injerencia en la determinación. También señaló sentirse incómoda pues ha habido expresiones “vejatorias” hacia ella por parte de “la comunidad y de distintos actores”, que no identificó. “Yo soy una madre y es complejo recibir estas expresiones con intentos de crear una historia paralela (…) desde el punto de vista, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así”. Y agregó: “Como eso no prendió, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un complot o algo así. Con esto, quiero cerrar el tema”.

    Steinert hizo estas declaraciones ante la comisión parlamentaria, donde acudió para abordar los proyectos de su cartera. El 23 de marzo fue la primera vez que se pronunció sobre la salida de Peña, cuando dijo ante un grupo de diputados que fue “una decisión de la Policía de Investigaciones” y luego, inquirida por la prensa sobre el caso, respondió en un lenguaje coloquial: “Yo ya estoy en otra”. Pero, este miércoles, se vio obligada a volver sobre el tema, luego que el socialista Juan Luis Castro le preguntara: “¿Usted en algún momento, ministra, solicitó, recomendó, sugirió o promovió la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI?”.

    La ministra de Kast, que renunció en enero a la jefatura de la fiscalía de Tarapacá, en el extremo norte, para sumarse al Gabinete, respondió: “Esta decisión, reitero y como lo señaló el señor Cerna, fue institucional. Alguna injerencia mía, no”. Luego, dijo como fiscal tuvo una trayectoria desde 2005, y que ahora que es parte del Gobierno, enfrenta la “crisis de seguridad” de Chile “con el mayor honor”. “Quiero que efectivamente podamos realizar este trabajo con todas las instituciones que corresponden, que seamos un aporte en la construcción de un país más seguro. Y eso es lo que me interesa y lo que me llama a servir al país y estar hoy acá”.

    La controversia arrancó cuando Consuelo Peña, como parte de su labor en inteligencia, ordenó el traslado de cuatro detectives que era muy cercanos a Steinert, con los que trabajó en enero, cuando todavía era fiscal en Tarapacá, en una operación para desarticular a una organización criminal china, el clan Chen. Apenas se convirtió en ministra, pidió explicaciones por la decisión sobre la prefecta al director nacional de la PDI, a quien envió un oficio reservado. La respuesta, redactada por Peña, se le entregó el 19 de marzo a Steinert. Al día siguiente citó a Cerna y el 22, la subdirectora de inteligencia salió de la institución después de 36 años de servicio.

    El pasado lunes Cerna se responsabilizó de la salida de Peña, quien era de su máxima confianza. “Quien toma las decisiones en la PDI es este director general”, dijo ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde se alineó con la versión dada antes por el presidente José Antonio Kast y su ministra, quienes tienen superioridad jerárquica constitucional sobre él.

    El jefe policial fue citado, precisamente, para explicar cómo se produjo la salida de la prefecta y si Steinert fue quien pidió que dejara la institución, algo que no despejó, pese a las preguntas insistentes de los parlamentarios de la oposición. Esto, porque cuando el diputado Jaime Araya, independiente-PPD, de la izquierda moderada, le consultó si en una reunión que tuvo con la ministra, previa al llamado retiro de la prefecta general, si recibió alguna recomendación, exigencia o requerimiento de la secretaria de Estado, Cerna respondió: “Las conversaciones con la ministra, los ministros, diputados y el alto mando, siempre son estrictamente institucionales”, por lo que “están sujetas a reserva. Lo que tiene que ver con institucionalidad, gestión e inteligencia -reiteró- están sometidas a reserva y no son debatibles en el espacio público”.

    Previamente, al iniciar su exposición, Cerna dijo, a manera de introducción a los diputados de la comisión de Seguridad, que la PDI es una “institución permanente de la República, integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y todos los que la conformamos, estamos sometidos a un régimen jerárquico, disciplinado, estricto, obediente, no deliberante y garante del Estado de derecho”. Incluso, les recordó que durante el debate parlamentario de la ley que modernizó a las policías, se dijo que “las instituciones policiales tienen una nítida relación de dependencia y subordinación respecto del poder civil”.

    Consuelo Peña era de la máxima confianza de Cerna y, en diciembre pasado, la había propuesto para seguir dentro de su alto mando en la PDI. Según ha dicho el senador democristiano Iván Flores, quien denunció su llamado a retiro, la prefecto general “fue dada de baja por hacer bien el trabajo. Da vergüenza llegar a los motivos originales de este despido”. Y agregó que cuando el crimen organizado es la primera preocupación de las autoridades, “sorprende que estén descabezando a la institucionalidad. Esto es un despido completamente injustificado a una de las mejores funcionarias que ha tenido la PDI en la lucha contra el crimen organizado”.

  • El gas o una soberanía sin banderas

    El gas o una soberanía sin banderas

    En términos mediáticos venden más las piernas al sol en una ventana de Palacio que un plan para hacer al país autosuficiente en materia energética. Este miércoles el Gobierno presentó un ambicioso proyecto para dotar de gas propio a México, o casi, en diez años. Conviene destacarlo porque el ruido de la grilla mediática termina por poner en la misma baza a los escándalos reales o inflados de la semana que quedan en el olvido en unos días y las decisiones estratégicas que podrían cambiar la viabilidad del país una década más tarde. Puede entenderse la polarización política y muchos encontrarán motivos para entregarse a ella; pero habría que detenerse por un momento, particularmente las élites políticas y económicas, y entender que las decisiones que tomemos o dejemos de tomar hoy, definen el país que tendremos mañana. Y en los tiempos que corren eso puede ser de absoluta supervivencia.

    El mundo cambió en menos de un año y medio de Gobierno de Trump y aún le quedan dos años y medio. Y mal haríamos en creer que tras el fin de su periodo las cosas volverán a ser como antes. La crisis de la globalización llegó para quedarse, la polarización política sigue profundizándose a medida que el descontento de los ciudadanos y el impacto intoxicante de las redes sociales nos separa, la revolución de la inteligencia artificial apenas comienza, el poder planetario de las empresas tecnológicas impone condiciones a los gobiernos, el orden planetario a partir de organismos multilaterales y de un supuesto policía bueno que cuidaba de la democracia y la libertad se ha hecho trizas, los gobernantes se frivolizan rehenes como son del estado emocional de una opinión pública obsesionada con memes y diretes.

    El narcisismo se ha convertido en una política de Estado en las metrópolis y el supuesto rector del mundo civilizado amenaza con destruir en una noche una civilización milenaria y mandar a la Edad de Piedra a 90 millones de iraníes. Fuera máscaras. Bien a bien, resulta imposible saber en qué acabará todo esto, pero algo podemos hacer para intentar sobrevivir de la mejor manera posible a lo que se avecina.

    Este miércoles me llamó la atención una frase de la columna de Enrique Quintana, director del diario El Financiero. “Es el espejismo clásico del país exportador que no refina lo suficiente: gana por un bolsillo y pierde por el otro”, escribió, refiriéndose al aumento de precio del barril de petróleo y su impacto en la economía mexicana. Se trata de una observación que, si bien parece de Perogrullo, habría sido anatema en el paradigma neoliberal que dominó en México durante casi 40 años. A lo largo de varias décadas se mantuvo la consigna de que refinar era absurdo si resultaba más barato vender petróleo y comprar la gasolina de afuera; con ese criterio se dejaron morir las refinerías de Pemex y nos convertimos en importadores netos. Hoy, en un mundo convulso y proteccionista, depender de los combustibles venidos de afuera es la peor de las vulnerabilidades posibles, como lo atestigua la desesperación de Europa, Japón o Corea. Con esa lógica abandonamos también la producción de gas y hoy en día un cierre en el suministro de gasoductos que vienen de Texas dejaría al país sin electricidad.

    No se trata de satanizar las decisiones del pasado o darle la razón a los gobiernos de la 4T. Enfocarlo así solo nos retrasa en la tarea de ponernos de acuerdo para afrontar el futuro.

    Las decisiones que se tomaron entonces y las que se toman ahora obedecen a un contexto que les da coherencia. Pero los contextos cambian. Lo peor que podríamos hacer es quedar atrapados en posicionamientos políticos provincianos cuando el mundo se está modificando a marchas forzadas. Puede cuestionarse la manera intempestiva en la que se construyó Dos Bocas o si la ubicación era la idónea, pero la tarea de reactivar seis refinerías y edificar una nueva, ha posibilitado que la mitad de los combustibles sean ya de confección nacional. Lo mismo comenzó a hacerse sobre fertilizantes, aunque de manera menos intensa.

    Los actores económicos y políticos están obligados a no perderse en la grilla del día. Y hablo tanto de los empresarios y dueños del dinero, como de los gobernantes. Para los políticos es más fácil anunciar obras de relumbrón y acciones que impacten en las encuestas, que emprender el largo y costoso camino que permita resolver un problema de aquí a 10 años. Y por su parte, la iniciativa privada tendría que vencer la tentación de leer toda propuesta del sector público con lentes ideológicos, y analizar en sus justos términos cuál es la viabilidad del proyecto anunciado.

    Lo que propone el Gobierno es un giro de timón en materia energética. Tendría que ser abordado con la importancia que merece. Se plantea la posibilidad de explotar yacimientos de gas a través de un fracking mínimo o no dañino, posibilitado por nuevas técnicas, y propone un nuevo esquema de inversión entre iniciativa privada y pública para financiarlo. El tema es importante y no solo por la energía que moverá el futuro de México.

    Esquemas similares podrían necesitarse en materia de otros recursos estratégicos que requieren mínimos de soberanía. La creación de chips (no para competir con Nvidia, pero sí para asegurar la fabricación de tarjetas de crédito o la producción de autos), la autosuficiencia en tecnología básica, la generación de vacunas y medicinas imprescindibles, el suministro de algunos alimentos esenciales.

    Por lo pronto, el Gobierno de Sheinbaum ha dado este paso decisivo poniendo sobre la mesa un esquema de saneamiento del sector energético. Los expertos dirán si es viable o no, los empresarios evaluarán su rentabilidad o la falta de ella. Lo que no podemos hacer es ignorar, por irresponsabilidad política, que se trata de una propuesta de cara a un problema ineludible, la vulnerabilidad extrema en la que la sociedad mexicana se encuentra.

  • Un perro de la policía de Brasil permite el decomiso de 48 toneladas de marihuana

    Un perro policía brasileño llamado Hulk olfateó casi 50 toneladas de marihuana escondidas en una favela de Río de Janeiro el martes 7 de abril, en una de las mayores incautaciones de drogas en la historia del Estado.

    Hulk, un pastor belga de cuatro años perteneciente al Batallón de Operaciones Caninas, fue fotografiado sentado sobre la enorme cantidad de droga incautada la madrugada del miércoles 8 de abril, mientras los agentes posaban junto a las drogas y armas confiscadas.

    La Policía Militar informó que la droga fue encontrada oculta en un búnker improvisado en la azotea de una fábrica en la comunidad de Nova Holanda, parte del Complexo da Mare en la Zona Norte de Río.

    Durante la operación, Hulk alertó a los agentes sobre una cisterna sellada y cubierta de concreto que ocultaba la entrada al búnker. “Su sentido del olfato es 100.000 veces más potente que el de un humano”, declaró el teniente coronel Luciano Pedro Barbosa da Silva, comandante del Batallón de Operaciones Caninas. “Su comportamiento nos hizo sospechar que algo andaba mal.”

    La operación, basada en investigaciones de inteligencia, movilizó a más de 250 agentes. Además de la marihuana, la policía incautó cinco rifles y cuatro pistolas, y recuperó 26 vehículos, entre ellos nueve automóviles y 17 motocicletas. Un sospechoso fue detenido y trasladado a la comisaría número 21 de Bonsucesso, donde también se envió todo el material incautado.