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Es una exigencia urgente y simbólica. Zelenski conoció el plan del presidente de EE.UU. este jueves, cuando se lo presentó en Kiev el secretario del Ejército de Tierra, Daniel Driscoll, que lideraba una delegación militar enviada a Ucrania.

Es decir, el líder ucraniano tendrá apenas una semana para decidir sobre una propuesta para acabar con un conflicto cruento, que se acerca a los cuatro años de vida y desatado por la agresión de Rusia, que invadió el país en febrero de 2022.

Si Trump consigue que Zelenski acepte su propuesta para esa fecha, el presidente logrará su mayor victoria diplomática desde su regreso a la Casa Blanca, incluso superior al alto el fuego y comienzo del proceso de paz que orquestó en Gaza. Y lo vestirá, como es su gusto, de simbolismo: el final del plazo coincide con el día de Acción de Gracias, la festividad más importante del año en EE.UU., cuando las familias se juntan alrededor de la mesa para compartir un pavo. Ese mismo día, Trump podría anunciarles que ha acabado con la guerra en Ucrania, que se ha convertido en su gran quebradero de cabeza en política exterior.

Con Trump, sin embargo, todo es flexible, nada está cerrado hasta que ocurre. Y el propio presidente de EE.UU. reconoció que podría ser flexible con el plazo.

«He tenido muchos plazos. Pero si las cosas van bien, tiendes a ampliar los plazos. Pero será el jueves», dijo en una entrevista radiofónica en la cadena Fox News, donde anunció que daba a Zelenski ese margen hasta Acción de Gracias.

Lo sabe bien Trump, que dijo que en campaña dijo que acabaría con la guerra «en 24 horas» y después ha incumplido innumerables plazos, los impuestos a sí mismo o los que endosó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para que se aviniera a negociaciones creíbles.

No sería de extrañar que, otra vez, el plazo no se cumpliera, por las dificultades que tendrá el presidente de Ucrania para aceptar tantas concesiones después de tanta muerte y destrucción en su país por la agresión rusa.

El plan de 28 puntos para la paz en Ucrania

El borrador del plan de Trump incluye la cesión a Rusia de dos provincias enteras –Donetsk y Lugansk–, incluidas las zonas todavía bajo control ucraniano, además de dejar la frontera en las provincias de Jersón y Zaporiyia donde está ahora la línea del frente.

Pero además impone la reducción del tamaño de su Ejército, garantías para que Ucrania nunca entre en la OTAN o la imposición de elecciones en cien días. Y todo a cambio de garantías de seguridad por parte de EE.UU. y Europa, ante la eventualidad de un futuro ataque de Rusia, que todavía no están diseñadas con detalle.

Zelenski: «Perder la dignidad o un socio clave»

Las declaraciones de Trump se conocen poco después de que Zelenski, que este viernes ha hablado con el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, advirtiera de que el plan de paz pone en riesgo la alianza entre ambos países.

En un vídeo, señaló que «Ucrania puede enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de su dignidad o de un socio clave». Según Zelenski, la próxima semana será «muy difícil» para Ucrania a causa de la presión política, tal y como recoge la agencia de noticias Reuters. No obstante, ha recalcado que no traicionará los intereses de su país en un proceso de paz liderado por Estados Unidos.

Una propuesta que llegó a ser planteada era que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, asumiera después el poder hasta que acabe el actual mandato en 2031, para después celebrar elecciones. Rodríguez controla gran parte del aparato venezolano junto con su hermano Jorge. Ella estuvo en enero de 2020 en Barajas en una visita ilegal, pues tiene vetada la entrada en espacio europeo. Socia de José Luis Rodríguez Zapatero, fue admitida y recibida por José Luis Ábalos tras enviar a este al aeropuerto de Barajas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al frente de los intentos de negociación en Washington está Ric Grenell, un asesor especial del presidente Trump, que no tiene cargo oficial alguno más allá de presidir el centro Kennedy para las artes escénicas, y que se vio en enero con el dictador en Caracas. Grenell ha intentado convencer a Trump de que María Corina Machado, la líder opositora cuyo partido ganó las elecciones presidenciales, no tiene la fuerza necesaria sobre el terreno para consolidar el poder y tomar las riendas de Venezuela. Ha intentado aprovechar la decepción de Trump de no ganar el Nobel de la Paz, que le fue concedido a ella a propuesta, entre otros, del mayor rival de Grenell en la Administración, el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional Marco Rubio.

Sin contar con diplomáticos

El equipo que trabaja con Marco Rubio asegura de forma tajante que ya no hay más margen para la negociación, que Maduro se aprovechó de las concesiones del anterior equipo de gobierno demócrata y que se reforzó internamente hasta robar las elecciones con un fraude ampliamente documentado. Pero hay algo llamativo en la estrategia de Rubio: el Departamento de Estado se halla totalmente esquinado.

Las gestiones relativas a Venezuela y la presión sobre el dictador se están desarrollando dentro de un círculo muy reducido, al margen de diplomáticos de carrera y de legisladores del Capitolio que, en público y en privado, han expresado su rechazo a la campaña contra las barcazas que supuestamente transportan cocaína. En esos ataques han muerto ya alrededor de 80 personas, según recuentos extraoficiales, porque la Administración Trump no ha ofrecido hasta ahora una cifra pública ni una relación detallada de los operativos.

La oferta, que Washington interpretó como una señal de inquietud real dentro del chavismo ante la escalada militar y la presión diplomática de EE.UU., proponía una transición lenta y con garantías para la cúpula del régimen, que pretende mantener sus fortunas amasadas. De acuerdo con esas fuentes, fue el propio Maduro quien planteó primero, en contactos informales que se reanudaron a comienzos de noviembre, la posibilidad de dejar el cargo tras un periodo de dos o tres años. A sus 62 años, lleva en el poder desde 2013, perpetuado en un régimen dictatorial bajo el cual se ha producido uno de los mayores éxodos de la historia.

El plan incluía grandes concesiones económicas para empresas estadounidenses interesadas en el sector petrolero venezolano, y acceso a los recursos naturales de todo tipo, algo sin duda incluido para atraerse a Trump, que ha pedido trato especial para su país en acuerdos similares. La respuesta de EE.UU. a los intermediarios de Maduro fue un no rotundo. Fuentes conocedoras de las deliberaciones consultadas ayer por ABC lo resumen así: «Cualquier transición que prolongue a Maduro en el cargo es inviable para esta Administración. Venezuela funciona como un Estado narco-terrorista, lo que impide una negociación que se pueda llevar a cabo de buena fe».

Ese rechazo llega en un contexto de presión inédita y en aumento. Según ha revelado el diario ‘The New York Times’, el presidente Trump ha autorizado planes de la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela, según varias personas al tanto de la estrategia. Estos preparativos buscan crear condiciones para posibles acciones posteriores y forman parte de un complejo más ambicioso de presión militar y económica.

Transición inviable

Mientras, Trump mantiene en el Caribe el mayor despliegue naval desde la Crisis de los Misiles: el portaaviones Gerald R. Ford, tres destructores Aegis y unos 15.000 uniformados, incluidos marines en buques anfibios y unidades en bases de Puerto Rico. Desde septiembre se han efectuado 21 ataques contra embarcaciones señaladas por Washington como dedicadas al narcotráfico. Los mandos militares han reconocido en privado que los cargamentos eran de cocaína, pese a que Trump los ha vinculado públicamente al tráfico de fentanilo, una sustancia que en realidad llega desde China.

En paralelo, el Departamento de Estado ha anunciado que designará el 24 de noviembre al llamado cártel de los Soles como organización terrorista. Así se refiere en EE.UU. la fiscalía a la cúpula chavista, en un esquema de narcotráfico para lucro de los jerarcas. Aunque no se trata de un cártel tradicional, la medida permite considerar como terrorismo una parte sustancial del aparato estatal venezolano, ampliando el margen legal para diseñar nuevas acciones, incluidas una posible extracción, es decir, capturar a Maduro.

Trump también ha dicho que podría hablar con Maduro, lo que las fuentes consultadas por ABC creen que obedece a una estrategia de seguir ampliando la presión hasta que la situación del dictador sea insostenible y ese mismo se entregue para facilitar el cambio democrático en su país algo que, creen, no es fácil que acabe sucediendo.

Por su propia seguridad, cortan el suministro eléctrico de los raíles antes de acceder al lecho de las vías. Al abrirse las puertas del tren, se escuchan gritos de auxilio y comienzan los disparos. Este es el supuesto de los ejercicios militares que el Ejército alemán ha llevado a cabo en Berlín la noche del martes al miércoles. El batallón de guardia de la Bundeswehr, que suele desplegarse solamente con fines ceremoniales, debe prepararse ahora para intervenir si fuera necesario en el centro de la capital.

Creado en 1957, su misión es proteger las instalaciones y oficinas del Gobierno federal, así como las principales infraestructuras del barrio gubernamental, «un área de operaciones altamente compleja y con una gran población», decía después el comandante del batallón de la guardia, el teniente coronel Maik Teichgräber, en su comparecencia de balance de las maniobras nocturnas.

«El escenario de despliegue es muy realista, el metro es un buen medio para reubicar fuerzas dentro de la ciudad en caso de emergencia», explica el comandante Teichgräber, que abunda en las dificultades añadidas de una operación en una gran capital. Calles estrechas y edificios altos significan poca visibilidad y conexiones de radio difíciles.

El batallón de guardia se entrena durante cinco días esta semana en el centro de Berlín y en la Ciudad de la Lucha, un campo de entrenamiento policial en las instalaciones de una antigua planta química en Rüdersdorf. El nombre de las maniobras es ‘Bollwerk Bärlin’, que significa ‘Fortaleza del oso’ pero se pronuncia como «Fortaleza Berlín». No se especifica contra quién están combatiendo, pero el evidente contexto es la amenaza rusa.

El pasado mes de octubre, drones no tripulados paralizaron el aeropuerto de la capital alemana y sobrevolaron infraestructuras críticas y bases militares. Ya nadie duda de que un ataque es plausible y cualquier preparación parece razonable. El consejo de ministros ha aprobado este miércoles dos resoluciones por las que la Bundeswehr se encargará de la defensa contra drones con fuerzas armadas, con provisión de tecnología de reconocimiento e intervención. «Sé que esto no es normal para vosotros, pero lo es para nosotros», responde Teichgräber a los periodistas.

«Alemania pudo vivir el último verano pacífico»

El ministro de Defensa, Boris Pisorius, lo ha dejado claro recientemente. «Ya no podemos hablar de coincidencias, es estrategia bélica», ha dicho esta semana sobre la amenaza rusa, durante la firma de un tratado con Suecia que refuerza la cooperación militar con el país nórdico. Y el pasado fin de semana, en una entrevista con ‘Frankfurter Allgemeine’, dejó helada a Alemania al afirmar que «Europa puede haber vivido ya su último verano pacífico».

El despliegue de soldados en el metro, en este contexto, no es exactamente sorpresivo para los usuarios, a esas horas por lo demás muy escasos. «Desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, que viola el derecho internacional, la situación de seguridad en Europa ha cambiado fundamentalmente y, como resultado, la defensa nacional y de la alianza eficaz ha vuelto a cobrar protagonismo», justifica la Bundeswehr esta maniobra en su comunicado.

Los residentes alrededor de la estación de metro de Jungfernheide han sido informados con antelación mediante avisos, para que no se dejen llevar por el pánico cuando soldados enmascarados y armados irrumpan en la estación en mitad de la noche, y se ha instalado un puesto informativo en el que se insiste en que «no hay peligro, no se usará munición real».

Cuando los soldados llegan al último de los vagones, el humo de la munición de fogueo se impone sobre la pálida luz de las linternas. Resuenan los últimos disparos, mientras son puestos a salvo los civiles y asegurada la totalidad del tren con perros detectores de explosivos. El jefe sobre el terreno de la unidad, el sargento mayor Marco K., está satisfecho. Antes del último saludo militar, resume: «Mi fuerza ha actuado de forma muy profesional, todos sabían lo que tenían que hacer y lo han hecho. Y así debe ser. Creo que tenemos que estar preparados para todo».

Durante las horas previas al encuentro en Ankara, algunos medios informaron de la posibilidad de la presencia de Steve Witkoff en el encuentro. El portal turco Serbestiyet señaló que finalmente el enviado de Trump no estuvo presente porque ultima los detalles de un plan de paz para Ucrania inspirado en el modelo empleado en Gaza. El medio digital Axios tuvo acceso a un borrador de esta propuesta, que consta de 28 puntos centrados en cuatro grandes áreas como la paz en Ucrania, garantías de seguridad (para los dos bandos), seguridad europea más amplia y un nuevo marco para relaciones futuras entre Washington, Moscú y Kiev.

El primer paso consistiría en la entrada en vigor de un alto el fuego por fases, al estilo del que está en vigor desde hace un mes en la Franja. Este borrador estaría negociado entre Estados Unidos y Rusia, sin la presencia, de momento de Ucrania, según el portal.

El acuerdo supondría la cesión a Rusia de los territorios que controla en el sureste de Ucrania y, además, los territorios de las provincias de Donetsk y Lugansk que siguen bajo control ucraniano (cerca del 15% de estas dos provincias). Esa franja se convertiría en un comienzo en una zona desmilitarizada. En el caso de las otras dos provincias controladas en parte por Rusia -Jersón y Zaporiya-, se congelarían las líneas del frente y Rusia podría devolver parte del territorio a Ucrania.

Witkoff no viajó a Ankara, pero sí ha mantenido conversaciones con enviados de Rusia, como los encuentros durante tres días a finales de octubre en Florida con Kiril Dmitriev, un asesor de Vladimir Putin.

La negociación es compleja, sobre todo porque Rusia no tiene prisa y avanza día a día en el campo de batalla. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, insiste en cada una de sus intervenciones que sus condiciones para un acuerdo de paz se mantienen firmes: exigir que Kiev renuncie a cualquier ambición de unirse a la OTAN y la retirada completa de Ucrania de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Además, la agencia Reuters, citando fuentes familiarizadas con el tema, aseguraba que las propuestas incluían, entre otras cosas, la reducción del tamaño de las fuerzas armadas ucranianas.

Estambul, sede clave

Las negociaciones han ocurrido a espaldas del Gobierno de Kiev, al que Donald Trump podría arrinconar ahora con esta propuesta. Una fuente ucraniana aseguró a Reuters que habían recibido «señales» del plan diseñado por EE.UU. en conversaciones con Rusia y que Ucrania no ha participado en ello.

Las revelaciones coinciden con el envío de una delegación del Pentágono a Kiev. Estará liderada por el secretario del Ejército de Tierra, Dan Driscoll, y celebrará una reunión con Zelenski este jueves.

Turquía ha sido desde el comienzo de la invasión rusa un punto para la negociación. Después de tres años de silencio, rusos y ucranianos retomaron los contactos directos en mayo en Estambul con una primera reunión que sirvió para que ambas partes acordaran un intercambio de 2.000 prisioneros. Retomar el proceso de paz, roto en esta misma ciudad en marzo de 2022, no fue sencillo, y en esa cumbre de Estambul no estuvieron ni Vladímir Putin, ni Donald Trump, ni Zelenski.

Seis meses después de ese encuentro, Erdogan indicó que «es necesario continuar con el proceso de Estambul con un enfoque pragmático y orientado a resultados. En un momento en que los efectos destructivos de la guerra se están profundizando para ambas partes, creemos que las conversaciones de Estambul representan una etapa importante en los esfuerzos diplomáticos». Zelenski destacó que el apoyo de Ankara a la independencia y soberanía de Ucrania es «muy importante» para ellos y recordó durante la rueda de prensa conjunta que «esta es la lucha de nuestros soldados y civiles, y es nuestro derecho legítimo a la autodefensa».

El líder ucraniano considera que «la guerra debe terminar, y no hay alternativa a la paz. Rusia debe entender que matar gente no será recompensado, y ningún país de la región debería sentir que tiene libertad para iniciar una nueva guerra. Compartimos la misma visión con Turquía». La reunión fue simbólica y el objetivo de turcos y ucranianos es que sirva para reactivar la vía diplomacia a orillas del Bósforo y los intercambios de prisioneros.

A su no presencia en Ankara, Witkoff sumó la cancelación de la reunión que tenía prevista con Khalil Al Haya, jefe negociador de Hamás, en Estambul, informó el portal israelí Walla. Fuentes consultadas por este medio aseguraron que los responsables de Israel presionaron para que no se produjera un encuentro que significaría un reconocimiento del estatus de Hamás, y que podría obstaculizar la transición a la segunda fase del acuerdo en Gaza.

En visitas pasadas siempre asomaba alguna tensión comercial o energética; en esta ocasión no hubo rastro. Trump lo presentó como un aliado total, «amigo desde hace mucho tiempo», alguien con quien «siempre hemos estado del mismo lado en todos los asuntos».

La sintonía quedó reforzada por las cifras. Trump habló de «600.000 millones de dólares» saudíes destinados a Estados Unidos y aseguró que trabajan para llegar al «billón». «Definitivamente», respondió Bin Salman. El Príncipe, que intervino en inglés, detalló proyectos en inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Trump añadió que, gracias a su relación con Riad, el país podría ver «gasolina a 2 dólares» y defendió el uso de aranceles «para traer dinero». Era la presentación de una alianza económica y política situada en el centro de su agenda.

También surgieron las cuestiones delicadas. Preguntado por los negocios de su familia en Arabia Saudí, Trump dijo que no sabía nada, que «son muy pocos negocios» y que no tenía detalles. Sobre Khashoggi, recurrió a un «a veces ocurren cosas», insistió en que Bin Salman «no sabía nada» y definió al periodista asesinado como «alguien controvertido». Fue una respuesta que rebajaba un hecho considerado uno de los episodios más graves de la diplomacia reciente.

A Bin Salman le preguntaron por la implicación de saudíes en los atentados del 11-S, incluida la figura de Osama bin Laden. Dijo que Bin Laden quiso «destruir la relación» entre ambos países, que «perdió la vida sin ningún propósito real», que «no hubo nada ilegal» y que el reino «dio todos los pasos necesarios» tras los ataques, con una investigación destinada a evitar que «volviera a ocurrir algo así, un error doloroso».

El heredero saudí, antaño tratado como paria, fue convertido en invitado de honor y socio estratégico. Las tensiones que durante años definieron la relación quedaron relegadas por una visita construida para exhibir cercanía, inversiones y una agenda compartida que culminará con una jornada de reuniones y una cena de gala.

Decenas de esas mujeres lo celebraron por la mañana, en una comparecencia delante del Capitolio de Washington, donde los legisladores por fin darán el paso que han exigido durante años. Junto a ellas, comparecieron los tres diputados más implicados en su causa: el demócrata Ro Khanna y los republicanos Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie.

Los dos republicanos forman parte del minúsculo grupo de legisladores que se han enfrentado al presidente de EE.UU. y jefe absoluto de su partido, Donald Trump. Lo han hecho también en otros asuntos -como el reciente cierre gubernamental y las negociaciones presupuestarias-, pero la disputa ha sido virulenta en lo relativo a Epstein, un asunto de gran sensibilidad política para Trump, que fue amigo durante años del pedófilo.

La votación se produce después de meses de oposición por parte de Trump y de sus aliados republicanos en el Congreso. El presidente de EE.UU. ha buscado evitar que le salpicara el asunto de Epstein de todas las maneras, desde mirar a otro lado a asegurar que es una «farsa» de los demócratas.

Pero los acontecimientos de la semana pasada le han obligado a dar un volantazo. Los demócratas de la Cámara Baja revelaron correos electrónicos de Epstein en los que aseguraba que Trump «pasó horas» con una de sus víctimas; también decía que, aunque no participó en abusos o agresiones sexuales, «sabía todo lo de las chicas». Trump, que fue cercano a Epstein en la década de 1990 y comienzos de los 2000, cuando el financiero traficaba y abusaba sexualmente de decenas de mujeres, ha mantenido siempre que ni se implicó ni conocía las fechorías de sus amigos.

Trump ha contado hasta ahora con el apoyo de los líderes republicanos en la Cámara Baja. En especial, de su presidente, Mike Johnson, que evitó votaciones impulsadas por los demócratas en verano y que ha obstruido el proceso «durante cuatro meses», como le acusó Massie, rodeado de víctimas.

Cambio de opinión

Una revuelta minoritaria de republicanos -Massie y Taylor Greene entre ellos- forzó la semana pasada que se llevara el asunto de la desclasificación al pleno. Fue entonces cuando Trump cambió de opinión y dijo que los republicanos deberían votar a favor.

Pero eso no ha cerrado el enfrentamiento contra los díscolos de su partido. En especial, contra Taylor Greene, que fue seguidora acérrima, que es devota del mensaje populista de ‘America First’ (‘EE.UU. primero) y a la que Trump ahora llama «traidora».

«Un traidor es un estadounidense que sirve a países extranjeros en su propio interés», dijo Taylor Greene sobre Trump, que poco después del acto recibía en la Casa Blanca al príncipe saudí Mohammed bin Salman, al que la inteligencia estadounidense acusó de estar detrás del secuestro y descuartizamiento de un periodista opositor residente en Washington. «Un patriots es un estadounidense que sirve a EE.UU. y a estadounidenses como las mujeres que están detrás mío», apostilló.

Un asunto vergonzoso

Las víctimas de Epstein tomaron el micrófono, contaron sus historias, condenaron la obstrucción a los esfuerzos por saber toda la verdad sobre el pedófilo y su entorno de contactos poderosos y exigieron a los diputados que votaran a favor.

«Yo te voté, tu comportamiento en este asunto ha sido una vergüenza nacional», dijo a Trump una de esas víctimas, Jena-Lisa Jones, que fue objeto de los abusos de Epstein cuando tenía 14 años. Durante la pasada campaña presidencial, Trump y sus aliados prometieron transparencia total sobre Epstein, al mismo tiempo que alimentaban teorías conspiradoras sobre la muerte del financiero, que se suicidó en 2019 en una celda de Nueva York a la espera de juicio. Pero, una vez en la Casa Blanca, Trump y su Departamento de Justicia no han cumplido esas promesas y han obstaculizado esfuerzos para sacar a la luz documentos del caso.

«Esto ha sido una de las cosas más destructivas para MAGA», dijo Taylor Greene en referencia al movimiento político trumpista, ‘Make America Great Again’ (‘Hacer a EE.UU. grande otra vez’). «Ver al hombre que apoyamos en tres elecciones, por el que la gente estuvo de pie durante horas, durmiendo en coches, para ir a sus mítines, que peleó por la verdad y la transparencia y para fiscalizar a un gobierno corrupto… Y ver que esto se ha convertido en una pelea que ha partido a MAGA».

Con la aprobación de la Cámara de Representantes, la ley para la desclasificación de los documentos de Epstein pasará al Senado, donde es difícil pensar que no salga adelante. Después, Trump la tendrá que firmar.

Todo esto podría haberse ahorrado si el presidente hubiera querido, le hubiera bastado ordenar esa desclasificación de forma directa al Departamento de Justicia. Preguntado por qué Trump no ha dado ese paso, Massie contestó: «Creo que trata de proteger a amigos y donantes», en referencia a los nombres que pueden emerger de los documentos en poder del Gobierno.

La familia de los cazabombarderos Rafael es una de las armas estratégicas de Francia y una de sus ‘ventas’ más importantes en el mercado mundial de armamentos, donde París ocupa el tercero o cuarto lugar.

La visita de Zelenski a París tiene otros capítulos, pero la compra de 100 cazabombarderos Rafale quizá tenga una importancia particular: está acompañada de la compra de otras familias de armas, drones, sistemas de radares y participación en el nuevo sistema de defensa aéreo, SAMP-T.

La compra de los Rafale confiere a Francia una importancia especial en el futuro sistema de defensa nacional ucraniana.

El arma aérea tiene una importancia estratégica particular: permite atacar objetivos en territorio ruso. Los drones, al mismo tiempo, ocupan un puesto especial, como ha demostrado el último año de la guerra, ofreciendo a Kiev la posibilidad de atacar objetivos próximos a Moscú. La participación ucraniana en el nuevo sistema de defensa aéreo propuesto por Francia es otro capítulo estratégico: París está ‘montando’ un sistema propio, ‘asociado’ a su parque de artillería nuclear…

Durante su visita a París, Volodímir Zelenski abordará, asimismo, otros capítulos mayores para el futuro de la seguridad europea: la formación de una «coalición de voluntarios» dispuestos a participar en la defensa de Ucraniana, con tropas de los ejércitos de tierra; y la discusión del puesto de Ucrania en el futuro de la Unión Europea, asociada a la OTAN.

Mientras Washington fue el primer gran aliado militar de Ucrania, los europeos pudieron asumir un puesto relativamente secundario. El lento y ambiguo alejamiento de Donald Trump confiere a los aliados europeos un nuevo puesto emergente.

En tanto que potencias nucleares europeas, París y Londres, ocupan un puesto privilegiado. En tanto que grades potencias «fronterizas», Alemania y Polonia, están llamadas a reafirmar un puesto creciente.

Ante ese abanico de amenazas y propuestas defensivas, el proyecto de compra de 100 cazabombarderos Rafale subraya el puesto que Kiev confiere a París en el futuro de su propia seguridad.

La arquitectura de la reforma, detallada en el documento oficial «Restablecer el orden y el control: una declaración sobre la política del Gobierno en materia de asilo y repatriaciones», plantea un giro sustancial en la política migratoria británica, con medidas como que el reconocimiento de la condición de refugiado pasará a ser esencialmente temporal, con permisos de 30 meses renovables solo si persiste el riesgo en el país de origen, y con la residencia indefinida aplazada hasta transcurridos veinte años, frente a los cinco actuales. Con ello, el ministerio del Interior rompe el vínculo casi automático entre asilo y asentamiento permanente, bajo el argumento de que es necesario «romper el ciclo de dependencia» y desincentivar abusos.

Mahmood acompañó su presentación con datos que el Ejecutivo considera reveladores. En los últimos cuatro años, dijo, más de 400.000 personas solicitaron asilo en el Reino Unido, más de 100.000 viven en alojamientos financiados por el Estado, y más de la mitad de quienes obtuvieron asilo siguen dependiendo de prestaciones ocho años después de haber llegado. «Para el público británico, que paga la factura, el sistema se percibe como fuera de control e injusto», afirmó ante los diputados.

El documento plantea un conjunto de medidas dirigidas a transformar tanto la gestión económica del asilo como la logística del sistema. El Gobierno suprimirá la obligación legal de ofrecer apoyo financiero universal y la sustituirá por un modelo discrecional basado en la necesidad real y en la cooperación de los solicitantes con las autoridades. Las ayudas podrán ser retiradas a quienes trabajen sin permiso o incumplan las normas de su alojamiento, mientras que se exigirá una aportación económica a quienes dispongan de ingresos o propiedades. El ministerio del Interior asegura que el nuevo marco permitirá concentrar los recursos en los casos más vulnerables y reducir la carga sobre el erario público.

La reforma contempla asimismo el cierre progresivo del sistema de hoteles contratados de emergencia, que actualmente acoge a decenas de miles de personas, y su reemplazo por centros de mayor capacidad gestionados directamente por el Estado. El Ejecutivo afirma que esta centralización mejorará la supervisión y reducirá los costes de manutención, aunque organizaciones humanitarias han advertido de que podría deteriorar las condiciones de vida y limitar el acceso a servicios básicos.

Agilización de retornos

En el ámbito del control migratorio, el plan endurece la lucha contra el trabajo ilegal y amplía las inspecciones a sectores donde el empleo informal es frecuente, como la hostelería. El bloque dedicado a las expulsiones prioriza la agilización de los retornos de personas cuya solicitud haya sido rechazada y la reanudación de deportaciones a países considerados seguros. Interior admite que el Reino Unido ha mostrado «excesiva cautela» en este terreno y anuncia que los retornos voluntarios recibirán incentivos económicos, mientras que los casos de negativa se resolverán mediante expulsiones forzosas.

El Gobierno introducirá además un mecanismo específico para la deportación de familias cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, incluidas aquellas con hijos menores de edad, aunque la ministra aseguró que los niños y niñas no serán separados de sus progenitores. El documento oficial sostiene que la falta de aplicación de estas órdenes en el pasado ha generado «incentivos» que prolongan estancias irregulares durante años. Según datos de Interior, hay actualmente centenares de familias, alrededor de 700 sólo de nacionalidad albanesa, por ejemplo, viviendo en alojamientos financiados por el Estado pese a tener denegada su protección, una situación que el Ejecutivo considera «insostenible» y contraria a los acuerdos internacionales de retorno vigentes.

También se prevé establecer centros de retorno en terceros países y aplicar restricciones de visado a los Estados que no cooperen en la repatriación de sus ciudadanos, con el argumento de que la falta de colaboración exterior socava la integridad del sistema.

Reinterpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos

En el ámbito judicial, Mahmood anunció una profunda reforma del sistema de apelaciones. Los solicitantes tendrán una única oportunidad para presentar su caso y una sola vía de recurso. Se creará un nuevo órgano independiente con adjudicadores profesionales, que agilizará los procesos y reducirá la acumulación de expedientes, que en marzo superaban los 51.000. Asimismo, el Gobierno revisará la aplicación de los artículos 8 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativos al derecho a la vida familiar y a la prohibición de tratos degradantes, ya que se «ha expandido su interpretación hasta el absurdo», dijo Mahmood en el Parlamento, aludiendo a casos en los que el Reino Unido no pudo deportar a delincuentes porque las prisiones de sus países de origen «tenían celdas demasiado pequeñas» o no hay suficiente atención a la salud mental.

Además, el Ejecutivo planea modificar la legislación para que los tribunales limiten la ponderación del derecho a la vida familiar frente al interés público en la deportación y acoten el concepto de «familia» a los parientes inmediatos, es decir, padres, madres e hijos. El plan incluye la revisión del uso de tecnologías de reconocimiento facial para verificar la edad de los solicitantes y el endurecimiento de las normas contra reclamaciones reiteradas o infundadas. Asimismo, prevé invalidar solicitudes de protección de ciudadanos que, pese a alegar persecución, hayan viajado de regreso a su país sin obstáculos.

La presentación de Mahmood incluyó una crítica severa al legado del anterior Ejecutivo conservador. Acusó al Gobierno de Rishi Sunak de haber dejado «una herencia deplorable» y calificó de «grotesca» la gestión del plan de deportaciones a Ruanda, que costó más de 700 millones de libras sin que se materializaran traslados forzosos. «No tomaremos lecciones del partido que abandonó la responsabilidad de gobernar», replicó Mahmood a los diputados conservadores.

Voces de alerta

Las reacciones políticas y sociales han sido intensas. Dentro del propio Partido Laborista, varios diputados expresaron inquietud por el tono y el enfoque del plan, y algunos advirtieron de que el discurso del Gobierno podría «reforzar una cultura de creciente racismo». Organizaciones benéficas como Refugee Action y Refugee Council calificaron el paquete de «racista» y «cruel», afirmando que «viola compromisos internacionales de protección« y «socava la reputación humanitaria» del Reino Unido.

La oposición conservadora criticó las medidas por considerarlas insuficientes. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, describió la reforma como «un pequeño paso en la dirección correcta», aunque reprochó a los laboristas no haber roto con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La dirigente elogió, sin embargo, «la energía y la claridad» de Mahmood, reconoció que «ha hecho en tres meses más que su predecesora en un año» y ofreció cooperación parlamentaria, subrayando que su formación está dispuesta a apoyar al Gobierno en los puntos más duros del plan.

El exdirector de la UK Border Force, Tony Smith, dijo por su parte que no es «particularmente optimista» sobre el resultado del plan y recordó que iniciativas anteriores fracasaron por la resistencia de los tribunales y las limitaciones legales, mientras que analistas citados por la prensa local subrayaron que la reforma plantea un dilema de fondo: cómo combinar el control migratorio con el respeto a los derechos fundamentales.

En su discurso, Mahmood insistió en que «el Reino Unido siempre ofrecerá refugio a quienes huyen del peligro», pero advirtió de que la falta de control «alimenta el odio y la división» y pone en riesgo la confianza ciudadana. El sistema, dijo con contundencia, «se siente fuera de control porque lo está», resumiendo así el espíritu de una reforma que busca recuperar autoridad y credibilidad institucional en medio de fuertes críticas. Para sus detractores, sin embargo, el precio podría ser el debilitamiento de los principios que durante décadas han definido la tradición humanitaria del país.

Durante el debate parlamentario, la ministra desmintió las versiones que sugerían que el Gobierno planeaba confiscar pertenencias de los solicitantes de asilo, como joyas, para cubrir los costes de su manutención. La polémica surgió después de que algunos diputados compararan el plan británico con la ley aprobada en Dinamarca en 2016, que permitía requisar bienes de valor a los refugiados. Mahmood negó cualquier paralelismo y fue tajante: «No se están quitando joyas en la frontera ni se hará nunca».

Mahmood definió su reforma como «una misión moral» y defendió que el Reino Unido sólo podrá preservar el consenso social sobre el asilo si actúa con determinación y reordena sus prioridades, un mensaje que resume el marco político en el que el Gobierno de Keir Starmer intenta recomponer la política migratoria del país.

Las medidas que adelantó y que hará oficiales este lunes, incluyen una transformación profunda del estatuto de refugiado. En la actualidad, la protección se concede por cinco años, tras los cuales puede solicitarse la residencia permanente en el país. Mahmood anunció su intención de ampliar ese plazo a veinte años y revisar la condición del beneficiario cada dos años y medio. «Estamos cambiando la manera en que entendemos el estatuto de refugiado», declaró, al explicar que quienes procedan de países que más adelante se consideren seguros deberán regresar a ellos.

La ministra subrayó que su propuesta se inspira en el modelo de Dinamarca, donde el Gobierno concede permisos temporales y sujetos a renovaciones frecuentes. El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, declaró que estas políticas buscan «enviar un mensaje a los traficantes de personas de que no deben elegir Dinamarca».

Un sistema roto

La referencia danesa provocó tensiones internas en el Partido Laborista. El diputado Clive Lewis afirmó que este tipo de medidas reproduce «argumentos propios de la extrema derecha». Mahmood rechazó esa acusación, recordó que ella misma es «hija de migrantes», explicó que sus padres llegaron al Reino Unido «legalmente a finales de los años sesenta y en los setenta» y añadió que la inmigración «forma parte de mi experiencia como británica». La ministra insistió en que su responsabilidad le exige actuar ante «un sistema que está roto y en el que algunas personas pueden burlar las normas, abusar del sistema y salir impunes».

El Ministerio del Interior informó de que 109.343 personas solicitaron asilo en los doce meses previos a marzo de este año, un 17% más que en el periodo anterior. Y los datos más recientes indican que más de 10.000 personas cruzaron el canal de la Mancha desde que Mahmood asumió el cargo en septiembre, una cifra que supera los totales de 2024 y 2023, aunque todavía inferior a la registrada a estas alturas de 2022.

Mahmood insistió en que las redes criminales venden «paquetes» que prometen alojamiento y comida gratuitos, y señaló que el país debe «afrontar esos factores de atracción» que favorecen las llegadas irregulares, y anunció que las ayudas en vivienda y subsistencia pasarán a ser discrecionales y se suprimirán para quienes tengan derecho a trabajar y no lo hagan.

El director del Refugee Council, Enver Solomon, advirtió de que la ampliación del período previo a la concesión de la residencia permanente «dejará a las personas en un limbo y en una tensa ansiedad durante muchos, muchos años». En su opinión, un sistema eficaz debe «resolver los casos con justicia y rapidez» y permitir que quienes son reconocidos como refugiados «contribuyan a nuestras comunidades y devuelvan lo recibido».

Medidas insuficientes, según la oposición

La oposición conservadora sostiene que las medidas del Gobierno son insuficientes. El portavoz ‘tory’ de Interior, Chris Philp, declaró que las propuestas de Mahmood son «artificios» y que se limitan a «retoques superficiales». También añadió que su formación propone abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y aplicar un sistema en el que quienes lleguen de manera irregular «no puedan solicitar asilo en absoluto y deban ser deportados en el plazo de una semana».

Desde el Partido Liberal Demócrata, su líder, Ed Davey, afirmó que su partido analizará los detalles de la reforma cuando se publiquen, aunque expresó «ciertas preocupaciones» por el rumbo que insinúan las medidas. Davey defendió que los solicitantes de asilo deberían poder trabajar, porque así «no necesitarían ayuda estatal» y la medida sería «mejor para la economía y mejor para los solicitantes».

La directora del Observatorio de la Inmigración de la Universidad de Oxford, Madeleine Sumption, señaló por su parte que resulta complejo anticipar el impacto de una norma concreta en los flujos migratorios, ya que «los solicitantes de asilo, al menos inicialmente, a menudo no saben cuáles son las políticas». Sumption recordó que muchos optan por el Reino Unido porque hablan inglés, tienen familiares en el país o han visto rechazadas sus solicitudes en otros países europeos.

Mahmood declaró que su misión consiste en demostrar que la reforma «puede funcionar» y en persuadir al país y al Parlamento de que el replanteamiento profundo del sistema migratorio es necesario en un contexto marcado por un aumento de llegadas irregulares, un deterioro del clima social y un debate que atraviesa no solo al Reino Unido sino a toda Europa.

En las elecciones más polarizadas y de mayor participación en la historia, los chilenos se inclinaron por los extremos, dejando nuevamente, como en 2021, en el tercer lugar al populista Franco Parisi con un 19,52% de las preferencias, quien se presentaba así en esta campaña: «No soy hijo de ningún dirigente, ni senador ni diputado, ni fundador de nada. Solo soy un vecino de la calle y un profe que quiere ser presidente y hacer un Gobierno para las personas y con los partidos políticos, no para los partidos políticos».

A partir de este lunes, Jara, de 51 años, exministra de Trabajo del actual Gobierno de Gabriel Boric, se enfrenta ahora a una tarea compleja considerando que los tres candidatos de derecha obtuvieron más del 50% de los sufragios y que con los del opositor Parisi, se alza sobre el 70%.

Kaiser y Matthei, derrotados

Los grandes perdedores de la noche electoral fueron el ultraderechista libertario Johannes Kaiser –a quien muchas encuestas colocaban incluso por encima de Kast–, que se quedó en 13,94% de los sufragios, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, que obtuvo un 12,62%. La posición de Parisi sorprendió a todos los encuestadores que nunca le dieron más de un 7% de apoyo.

Kaiser reconoció pronto su derrota. «La tendencia no es reversible, reconocemos con hidalguía la victoria de J. A. Kast. Nosotros cumplimos nuestra palabra y respaldaremos su candidatura. Votar por José Antonio Kast hoy día es votar por Chile», afirmó.

José Antonio Kast pronuncio sus primeras palabras acompañado de Evelyn Matthei, candidata presidencial de la derecha tradicional, lo que no dejaba lugar a dudas del apoyo de ésta al representante de la derecha radical. «Tengo la convicción de que cada uno de ustedes continuará jugándosela para que Chile sea un país seguro y exitoso, en el que todos sus hijas e hijos puedan vivir y progresar y ese camino no es la continuidad de este mal Gobierno».

Kast agradeció a continuación el respaldo de Matthei. «Creo que el llamado que ha hecho Evelyn a todos los chilenos a unirnos a una causa que es Chile es muy relevante. Lo que nos convoca es el bien de Chile. Y para lograrlo y salir de la crisis en la que estamos, tanto de seguridad como económica y en las áreas sociales, la unidad es fundamental. Podemos recuperar y reconstruir nuestra patria».

En cuanto a Jeannette Jara, envió un mensaje «de esperanza y de futuro» y agradeció «la confianza». Antes de votar se había quejado de la desinformación durante la campaña.

El populista Franco Parisi, eufórico, acusó a las encuestas de haber manipulado las cifras porque siempre lo dieron en quinto lugar. Apuntando a los extremos, dijo que Chile no quiere que «se hagan apologías ni a Allende ni a Pinochet», y como no les gustan las ideologías la bancada del PDG estarán dispuestos a llegar acuerdos con quien resulte ganador.

Parisi aclaró que el no va a endosar sus votos ni a Jara ni Kast. «Les quiero decir a ellos: gánense los votos», dijo.

El presidente Gabriel Boric, que votó en su ciudad natal, Punta Arenas, acompañado de su hija de cinco meses, felicito a Jara y a Kast «por su paso a la segunda vuelta». Y a continuación añadió: «Chile tiene una democracia sana y robusta que no podemos dejar de cuidar». En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión».

El Servicio Electoral entregó los primeros cómputos a las 19.05 horas local, pero una hora más tarde la tendencia era clara en favor de Jara y Kast. Antes de las 22.00 horas ya estaban contabilizados más del 90% de las mesas, donde se registraban más de 12,1 millones de votos. Considerado un universo de más de 15,6 millones de electores, esta primera vuelta supera el 83% de participación.

Estos resultados son tranquilizadores para el abanderado republicano, que en los últimos sondeos había experimentado una baja, pero que este domingo quedó a unos 350 mil votos de la militante del Partido Comunista (PC). Para la exministra, en tanto, el apoyo conseguido no es una buena noticia porque quedó bajo el 30% de respaldo que ha tenido el presidente Gabriel Boric de forma estable durante su mandato.

Tal como lo adelantaron los sondeos, los tres restantes postulantes a La Moneda no lograron superar el 2% de los votos cada uno. El independiente Harold Mayne-Nicholls logró un 1,27%, mientras que Marco Enríquez-Ominami, quien postuló por quinta vez a la Presidencia, solo consiguió 1,17%. Eduardo Artés alcanzó apenas un 0,66% de los votos.

La oposición ha logrado, junto al opositor Partido de la Gente (PDG) la mayoría tanto de la Cámara de Diputados que se renovó en su totalidad y del Senado, que eligió la mitad de sus miembros.

Anhelada unidad opositora

Durante toda la semana se había especulado si la noche del domingo se podría dar la denominada «foto de unidad» considerando la tensa disputa que sostuvieron José Antonio Kast y Evelyn Matthei. La duda se despejó rápidamente cuando en el comando republicano se dieron cita los más importantes dirigentes de Chile Vamos.

Junto a los presidentes de la UDI, Renovación Nacional y Evopoli, Kast subió al escenario acompañado de Evelyn Matthei, quien llamó directamente a votar por él porque es importante que «no continúe el Gobierno en el poder» pues hay demasiados problemas.

Kast le agradeció su respaldo y manifestó que en este momento lo importante es «sacar adelante a Chile, y para salir de la crisis que se está la unidad es fundamental». «Chile es más importante que los partidos, que las personas, podemos haber tenido diferencia, pero ellas no se comparan con las que hay al frente. Lo que se necesita hoy día es unidad para Chile», sostuvo.

Tal como se presumía, ni los dirigentes de Demócratas, entre ellos, la senadora Ximena Rincón, ni de Amarillos, se hicieron presentes.

Kaiser también concurrió al comando del Partido Republicano (PR) y le expresó todo su apoyo a su líder, indicando que «votar por José Antonio Kast es votar por Chile».

La larga jornada concluyó con la celebración de Kast y su gente a los que le aseguró que «la tercera es la vencida». «Chile necesita un cambio… este es un primer paso, pero lo que viene hacia adelante es lo mas importante. Hoy la oposición logró derrotar a un gobierno fracasado», afirmó.