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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este sábado que la abogada barranquillera Beatriz Eugenia Vélez será la nueva presidenta de Colpensiones. “Le he dado una instrucción inequívoca: acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades todas las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior”, ha comentado en X, en referencia a la gestión del dirigente de izquierdas Jaime Dussán durante el Gobierno de Gustavo Petro. Vélez reemplazará a Carlos René Montoya, a quien De la Espriella le pidió su renuncia después de que él evidenciara su desconocimiento sobre la entidad pensional durante una intervención en la Comisión Séptima del Senado.

La nueva presidenta de Colpensiones es abogada por la Universidad Javeriana y está especializada en Derecho Laboral. Tiene una maestría en Seguridad Social por la Universidad Externado y otra en Gestión de Riesgos Empresariales por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (España), de acuerdo con su perfil en LinkedIn. Desde hace 30 años, dirige su propia firma de abogados en Barranquilla, la ciudad adoptiva del presidente. Entre el 2009 y 2015, presidió el Comité Intergremial del Atlántico, que representa a las empresas de la región. En 2022, fue candidata a la Cámara de Representantes por la Coalición Centro Esperanza, un espacio centrista que se disolvió tras las elecciones. Según reseña un comunicado de la Presidencia, también se ha desempeñado como conjueza de la Corte Suprema de Justicia.

“Le he encomendado proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna a quienes han trabajado toda una vida. Detrás de cada pensión hay una historia de trabajo y una familia que confía en el Estado”, ha subrayado el presidente. La ministra de Trabajo, Natalia López, le ha dado la bienvenida al Vélez. “Las mujeres seguimos liderando el sector trabajo en Colombia y nos complace asumir juntas la oportunidad de hacer historia, con una misión que está por encima de todo: proteger a nuestros pensionados, cuidar sus recursos y enfrentar con firmeza cualquier hecho de corrupción”, ha señalado.

La nueva funcionaria llega a su cargo mientras Colpensiones se prepara para la puesta en marcha de la reforma pensional. La Corte Constitucional avaló a finales de agosto la mayor parte de la norma, luego de dos años de debate jurídico por irregularidades en su aprobación en el Congreso en 2024, y señaló que empezará a regir a partir de abril de 2027. Entre otros cambios, implica que todos los trabajadores tendrán que hacer aportes a Colpensiones por los primeros 2,3 salarios mínimos de sus ingresos. Una vez superen ese umbral, harán contribuciones adicionales en fondos privados.

Casi en simultáneo a la designación de Vélez, el Gobierno ha asegurado que ha encontrado una solución a un faltante de cinco billones de pesos (unos 1.500 millones de dólares) que había denunciado en los presupuestos de pensiones que heredó de la gestión anterior. “Hace unos días alertamos al país sobre un problema que encontramos. Hoy podemos decirle que tenemos una ruta para solucionarlo”, ha declarado la ministra López. Según el Ejecutivo, se encontraron recursos para financiar este hueco, que hubiese afectado las pensiones de noviembre y diciembre, tras unas mesas técnicas entre Colpensiones y los ministerios de Hacienda y Trabajo. “Estamos haciendo lo necesario para cumplir con el pago de las mesadas”, ha subrayado la ministra, sin dar mayores detalles.

El contraste con Montoya

De la Espriella ha resaltado que Vélez “cuenta con más de tres décadas de experiencia profesional y directiva”. La presentación contrastó con las explicaciones que dio el Gobierno por la abrupta salida de Montoya unos días antes. En un comunicado, la Presidencia había enfatizado que la dirección de la entidad que maneja las pensiones de millones de ciudadanos requiere un “conocimiento integral” de su funcionamiento, además de un “rigor técnico” y una “absoluta preparación”. “Los colombianos esperan y merecen funcionarios preparados, con pleno dominio de los asuntos bajo su responsabilidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día”, se lee en el texto.

Montoya, el predecesor de Vélez, estuvo solo tres días en su cargo. Sus vacíos de conocimiento fueron evidentes durante una intervención el miércoles en el Congreso. El momento que causo más estupor entre opositores y aliados del Gobierno fue cuando intentó delegar las respuestas a algunos senadores en su gerente de planeación, Sandra Camargo. El secretario de la comisión explicó que esto no podía hacerse, a no ser que la sesión se declarara como informal. Después, la senadora Norma Hurtado (Partido de la U) sugirió aplazar la intervención para que el funcionario pudiera prepararse, pero la proposición no tuvo éxito. El propio Montoya había reconocido minutos antes que no conocía la institución a la que acababa de llegar. “Administrativamente, estoy entendiendo a Colpensiones, sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”.

Las vallas llegaron antes que las personas. Unas placas metálicas azules han cubierto desde hace días la entrada de centros comerciales, edificios de oficinas, comercios y monumentos a lo largo del recorrido de la marcha de este sábado en Ciudad de México que conmemora el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Del Ángel de la Independencia al Zócalo. Como cada 26 de septiembre, la protesta vuelve a las calles para recordar a las autoridades, a la sociedad y al mundo que aquellos jóvenes que apenas llegaban a la veintena en 2014 siguen sin volver a casa en 12 años. Que en una década México solo ha encontrado huesitos de tres de ellos, que ninguno de los tres Gobiernos que ha estado a cargo del país desde aquella noche ha sido capaz de dar justicia al caso y que esos padres y madres que quedaron en un limbo no se van a cansar de salir a gritar y presionar hasta que las idas y venidas en las investigaciones les den una respuesta sobre quién y qué hicieron con sus hijos.

Este año, como los últimos 12, un reguero de miles de personas ha salido a marchar desde el Paseo de la Reforma hasta su llegada a la principal plaza de la capital, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede del Gobierno. La Administración de Claudia Sheinbaum había ofrecido difundir un informe sobre avances en la investigación que, hasta el día del aniversario, no había visto la luz. Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos han avanzado por las principales avenidas de la capital escoltados por cientos de estudiantes de otras escuelas rurales, con el característico pelo rapado, llegados en buses desde distintos Estados del país. A paso ligero, con banderas, carteles y proclamas han pasado delante del Palacio de Bellas Artes, ya en el Centro Histórico, lanzando consignas de todos los años. “Ayotzi vive, la lucha sigue”. Pese a que ha pasado más de una década y pese a que los padres y madres han llegado a reconocer el cansando acumulado por no encontrar un cierre a la desaparición de sus hijos, han recalcado que no pararán de reclamar al Gobierno hasta obtener respuestas.

A su llegada al Zócalo se desplegó una gran manta roja y unas placas con forma de ataud, del mismo rojo brillante con la palabra justicia inscrita. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, reclamaban los manifestantes durante la marcha, en la que ha habido algunos arranques de tensión con la policía desplegada por las calles.

Casi dos años después de la llegada de Sheinbaum a Palacio Nacional, el Gobierno prepara su nuevo informe, mientras los últimos movimientos en el caso llegaron con la detención de Ángel Aguirre, entonces gobernador de Guerrero. La Fiscalía lo ha acusado de ocultar pruebas sobre el ataque aquella noche a un grupo de estudiantes, que quedó registrado en cámaras de seguridad. En paralelo, ha recobrado fuerza la tesis de las funerarias que apunta a que Guerreros Unidos usó crematorios de funerarias para deshacerse de los cuerpos de los estudiantes. Esa versión ha sido recibida con sospecha por parte de las familias.

En menos de un año, Ángel Aguirre pasó de testigo a imputado, y hoy está en prisión preventiva por obstrucción a la justicia y desaparición forzada de personas, señalado por la Fiscalía General de la República de ordenar “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder”.

La noche del 26 de septiembre de 2014, el gobernador se encontraba descansando en una de las residencias del Gobierno de Guerrero y, según reportes de la prensa local, fue informado vía telefónica de los hechos que ocurrían en Iguala. Según la declaración que hizo a la entonces Procuraduría General de la República en agosto de 2015, esa misma noche ordenó a su procurador, Iñaki Blanco, y a su secretario de Gobierno, Leonardo Vázquez, trasladarse al municipio para atender la emergencia. Una investigación del medio local Amapola Periodismo reveló cinco años después que a las 10 de la noche ya había reportes en el C-4 de que los normalistas de Ayotzinapa eran perseguidos a balazos por policías municipales, una versión que no se pudo probar por la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad.