Category: Actualidad

El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes el lanzamiento de un programa que utilizará inteligencia artificial para desarrollar políticas públicas. Bajo el nombre de Gemelo digital social, la medida fue celebrada por el presidente ultra con un mensaje en sus redes sociales: “Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera. Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social”, apuntó. La falta de precisiones en el anuncio generó inquietud entre expertos en informática y protección de datos personales. La oposición presentó en el Congreso un pedido de informes al Ejecutivo.

Después de varias semanas negativas para su gestión, agobiada por casos de corrupción y problemas económicos, el Gobierno de Milei buscó en las últimas horas recuperar la iniciativa y el dominio de la agenda pública. Entre otras cosas, anunció una reducción de los derechos de exportación para el sector agrario, el envío de diversos proyectos de ley al Congreso y el alumbramiento del Gemelo digital social.

El Ministerio de Capital Humano presentó al programa con la difusión de un video y lo describió como “una herramienta orientada a transformar datos en capacidad de predicción y diseño estratégico de políticas públicas”. Según Milei, supone “un cambio de paradigma en la política social con el uso de inteligencia artificial”.

De acuerdo con la información oficial, el nuevo programa utilizará IA para procesar grandes volúmenes de datos provenientes de diferentes organismos estatales y del sector privado, con el fin de relacionar variables y detectar problemas, plantear acciones y predecir el impacto de eventuales políticas públicas. De allí proviene el nombre de la iniciativa, ya utilizado en distintos proyectos a nivel global: un gemelo digital sería una representación virtual de un sistema real, diseñado para simular y anticipar escenarios. Según la promoción del Gobierno, así se combatirán los problemas que aquejan al Estado —“información dispersa, decisiones sin predicción, fragmentación institucional”—, se optimizará la toma de decisiones, se desarrollarán “políticas basadas en la evidencia” y se podrá “convertir la experiencia social en inteligencia pública”.

Además de señalar las imprecisiones del programa anunciado, que parece estar aún en una etapa preliminar, diversos expertos alertaron sobre su similitud con algunos de los desarrollos ofrecidos por Palantir Technologies y especularon sobre su posible participación. El dueño de la empresa, Peter Thiel, llegó a Argentina hace un mes, se reunió con Milei, con quien comparte ideología ultraderechista, y anunció que permanecería en el país varias semanas. De hecho, compró una casa en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires.

Pocas horas después de lanzado el programa, la oposición ya había presentado al menos dos pedidos de informes en el Congreso. “A espaldas de la sociedad y el Congreso”, el Gobierno de Milei “avanza en un plan que vulnera la privacidad y el cuidado de datos personales”, advirtió el diputado socialista Esteban Paulón, autor de uno de los proyectos. La autoría del otro corresponde al legislador peronista Agustín Rossi, quien le requirió al Ejecutivo “información que permita corroborar la transparencia, legalidad y garantía de protección de derechos” y alertó: “El futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía”.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, intentó aplacar la inquietud generada y aseguró que no se vulnerará la privacidad de los ciudadanos. “No se van a usar datos personales”, afirmó y planteó que solo tomarán “datos generales y estadísticos”, “anonimizados”. La respuesta no pareció bastar. Una organización especializada, la Fundación Vía Libre, elevó ante su ministerio un pedido de acceso a la información pública. “Queremos saber qué datos van a cruzar, de qué organismos, con qué base legal y con el consentimiento de quién”, comunicó la fundación. También exigió conocer qué tipo de decisiones se proyecta automatizar, cómo se resguardarán los datos privados y, entre otras cuestiones, si ya está definido el proveedor tecnológico del programa.

En los últimos 10 meses han sido detenidos dos hijos del Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez. El mayor, del mismo nombre y conocido como Junior, fue capturado en julio del pasado año por tráfico de armas, drogas y delincuencia organizada. La mañana de este miércoles, mientras Junior lleva su proceso en libertad, la historia se repitió con el hermano menor, Omar, arrestado en Culiacán, Sinaloa por violencia familiar, en un suceso que termina por condensar una historia que la familia Chávez lleva años intentando contener. El clan más famoso del boxeo mexicano está atrapado entre la gloria deportiva, las adicciones, los escándalos y la sombra del narcotráfico.

“Yo nací en Culiacán, Sinaloa y vivía en una casita muy humilde. Nuestra niñez se desarrolló en el entorno de un vagón de ferrocarril con mis padres y once hermanos”, relatan las primeras líneas de la biografía de Chávez padre. Desde ese entorno de pobreza, el sinaloense encontró en el box una forma de ganar dinero, que terminó por convertirlo en leyenda. Entre 1980 y 2005, construyó una carrera histórica en la que conquistó cinco títulos mundiales y se convirtió en El Gran Campeón Mexicano. Su ascenso en el cuadriláter, sin embargo, ocurrió entre las drogas, el alcohol y relaciones cercanas con algunos de los nombres más poderosos del narcotráfico: los hermanos Arellano Félix, Héctor El Güero Palma, Amado Carrillo Fuentes, Joaquín El Chapo Guzmán, Juan José Esparragoza Moreno e Ismael El Mayo Zambada. Así lo ha reconocido él mismo en entrevistas donde recuerda las fiestas de Culiacán.

Con el tiempo, Chávez logró rehabilitarse y transformó su discurso hacia la recuperación y superación personal. Hoy, con más de 13 años alejado de las drogas, maneja clínicas de rehabilitación donde sus propios hijos se han internado. “Él vivió mi adicción, todo el daño que me hice”, ha dicho sobre Junior en entrevistas. El mayor de los hermanos nació en 1986 y creció rodeado de la fama y los conflictos familiares. Aunque su padre no estaba de acuerdo del todo, inició a los 16 años una carrera profesional que avanzó rápido. Entre elogios y duras críticas públicas de su padre, los problemas no tardaron en aparecer. En 2009 fue suspendido nueve meses y multado con 100.000 dólares tras dar positivo por Furosemida, un diurético prohibido utilizado para perder peso. Ese fue el inicio de una relación pública con las pastillas para adelgazar y las adicciones.

Mientras tanto, Omar también ascendía como boxeador profesional en la división supermediana. Acumuló más de 50 peleas y 41 victorias, 28 de ellas por nocaut. Al igual que su padre y su hermano mayor, su trayectoria quedó atravesada por problemas de adicción y periodos de rehabilitación. El boxeador de 36 años fue detenido este martes en Culiacán, donde pasó apenas día y medio bajo custodia sin que se diera a conocer el motivo. Ha sido su padre quien salió a defenderlo públicamente y atribuyó el episodio a una discusión con su pareja: “Esta muchacha, en un arranque, le dio una cachetada a Omar y él la empujó”, dijo.

El peor momento de Junior coincidió con una súper exposición mediática a la que se sometió la familia en 2024 cuando lanzó el reality show Los Chávez en el que exponían ante las cámaras su vida personal y cotidiana. Lo que la familia probablemente no sabía, es que las autoridades estadounidenses estaban por detener a Junior en Los Ángeles. La captura se estaba orquestando desde seis años atrás, cuando la Fiscalía General abrió una carpeta por delincuencia organizada y tráfico de armas. En 2023 derivó en una orden de captura, pero no fue hasta julio de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional informó de que México lo requería por su presunta participación en tráfico de armas, municiones y explosivos para el Cártel de Sinaloa. La Fiscalía mexicana confirmó después la investigación. A las acusaciones se sumaron irregularidades migratorias como ingresos ilegales al país, una visa vencida y una solicitud de residencia permanente presentada meses después. En diciembre de ese año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración remitió una denuncia a ICE al considerar que representaba “una grave amenaza para la seguridad pública”.

La vida privada de Junior jugó un papel importante en el vínculo con el narcotráfico que la justicia mexicana le atribuye: Está casado con Frida Muñoz, viuda de Edgar Guzmán, un hijo del Chapo asesinado en 2008. Algo que relaciona públicamente a la familia Chávez con el universo del narcotráfico sinaloense. La pareja tuvo dos hijos y Junior crió también a Frida Guzmán, nieta de El Chapo. Llegó a decir sobre Ovidio Guzmán López: “Es el tío de mi hija, que ha sido mi hija desde hace mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona”.

Tras ser deportado a México en agosto de 2025 e internado en un penal federal en Hermosillo, Junior fue vinculado a proceso y un juez le permitió continuar el juicio en libertad con la condición de no salir del país. En medio de ese contexto, su padre dio unas desafortunadas declaraciones en una entrevista con Adela Micha, en las que admitía conocer a los líderes de las principales facciones del Cártel de Sinaloa. “Tengo unos hijos buenos, son nobles. Julio es un niñote. Tú le puedes preguntar a todo Culiacán si mi hijo es delincuente o narcotraficante; no hay por dónde. Porque conozcas a esa gente… yo también los conozco, y los conoce todo Culiacán. Todo el mundo sabe dónde están, pero eso no indica que uno sea narcotraficante” dijo.

Ahora, con Omar detenido por presunta violencia familiar, la narrativa vuelve a repetirse. A sus 63 años, Julio César Chávez, el hombre que salió de la pobreza para convertirse en símbolo nacional, sigue siendo una de las figuras más reconocidas del deporte mexicano, aunque parece no poder escapar de las mismas sombras que acompañaron su carrera fuera del ring.

Al canciller alemán Otto von Bismarck (1815-1898) se le atribuye la célebre sentencia “la política es el arte de lo posible” y, pese a que durante años se ha debatido sobre la base aristotélica de la frase o su cercanía a ciertas conclusiones de Maquiavelo, lo cierto es que ha marcado -o debiese al menos- el accionar de cualquier gobernante.

Que entre Aristóteles en este debate no es casualidad. En comunicación efectiva se explica que para que un mensaje, una idea, logre permear no sólo en la mente sino también los sesgos de quien la recibe, la audiencia debe reconocer en el emisor a lo menos tres características: autoridad, empatía y contenido; lo que hace casi 2.500 años Aristóteles denominó en su libro La retórica, Ethos (credibilidad en la autoridad); Pathos (la emoción) y Logos (la razón) y la necesaria conjugación de los tres.

El Ethos no es un título ni un cargo. No se construye con el nombramiento en el Diario Oficial ni con una biografía impecable en el sitio web del ministerio. Se construye con coherencia sostenida en el tiempo: entre lo que se dice y lo que se hace, entre la promesa de campaña y la decisión de Gobierno, entre la figura pública y la gestión cotidiana.

El Pathos, por su parte, es quizás el más incomprendido de los tres pilares, especialmente en culturas políticas donde la emotividad se asocia a debilidad o demagogia. Pero la emoción en comunicación no es manipulación: es conexión. Es la capacidad de hablar desde un lugar que el receptor reconozca como propio. Chile, con su larga tradición de tecnocracia bien intencionada, ha pagado caro el precio de mensajes perfectamente racionales que nadie sintió como suyos.

Y el Logos, la razón, el contenido. El programa, la propuesta, el dato, el diagnóstico. Es el pilar que más se cuida en la política moderna —con equipos programáticos, think tanks, asesores sectoriales— y, paradójicamente, el que menos importa si los otros dos fallan. Un plan brillante comunicado por alguien sin credibilidad ni empatía es papel mojado. La ciudadanía no lee los informes técnicos, de ahí la lucha constante por explicar la “estrechez fiscal”.

El problema central es que los tres pilares deben actuar en simultáneo y en equilibrio. No son etapas ni opciones: son condiciones. Aristóteles no los presentó como un menú a la carta sino como una arquitectura. Y como toda arquitectura, si falla una columna, la estructura colapsa no importa cuán sólidas estén las otras dos.

Así, para que cualquier mensaje cumpla con mínimos articuladores, los tres pilares de la retórica deben estar presentes.

Volvamos a nuestra lejana y emocionante república. “Yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto y en definitiva cuando se nos solicitó en un principio por una comisión del Senado lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes” o “Nos dejaron sin plata. Un Estado en quiebra. Endeudado en US$49 mil millones. Y la caja del Estado completamente vacía”.

Quienes emitieron esas frases fueron las hoy exministras (y sus carteras) Trinidad Steiner y Mara Sedini que, errores comunicacionales y performáticos mediante, forzaron un acelerado cambio de Gobierno en la Administración del Presidente Kast a sólo 69 días de asumir.

¿Por qué forzaron? Porque mientras el Gobierno anota importantes avances en su megarreforma en el Congreso, la autoridad debió salir al paso de críticas que no venían por su plan de instalación o programa, sino por el permanente dolor de cabeza que ha sufrido por desaciertos propios de gobernar, de lograr transmitir sus ideas y convencer no sólo a parlamentarios sino también a la gente que su actuar, que su agenda es la correcta.

¿Y las metáforas e hipérboles? Sin desconocer ni un segundo lo desafortunada de la estructura para justificar la expulsión de migrantes, sí hay una distinción importante entre los desaciertos: la autoridad, el Ethos del emisor.

Así como se espera que el ministro de Hacienda ejecute su plan económico, la ministra de Salud sortee la constante crisis en su cartera y que el controvertido ministro de Vivienda, Iván Poduje, reconstruya casas, a la ministra de Seguridad sí se le exige un plan antidelincuencia y a la vocera de Gobierno que no cometa gafes en su discurso.

La virtud del delivery político. De entregar no sólo lo que se quiere, sino lo que los votantes validan y requieren.

Es la ciudadanía, quienes reciben el mensaje, que dan cuenta de eso en sus evaluaciones y percepciones de autoridad y no hay peor compañero en el arte de gobernar que una crisis constante al actuar diario y el desempeño de autoridades.

El fenómeno, claro está, no es exclusivo de esta Administración ni de esta orilla política. El segundo Gobierno de Michelle Bachelet fue, en muchos sentidos, un manual de lo que ocurre cuando el Logos —el programa, las reformas— no logra acompañarse de un Pathos creíble. La reforma educacional, la tributaria, la constitucional: agenda ambiciosa, comunicación fragmentada, y una ciudadanía que terminó más confundida que convencida.

El propio Gabriel Boric, con una aprobación que tocó mínimos históricos en su primer año, aprendió a golpes que gobernar en redes sociales y gobernar el país son ejercicios que exigen lenguajes distintos, aunque simultáneos.

La política como arte de comunicar.

Hace casi un siglo José Ortega y Gasset pronunció su célebre discurso “Argentinos, a las cosas”, dónde interpelaba a las élites políticas de la entonces pujante nación trasandina. La frase apuntaba a algo bastante simple: dejar de lado el narcisismo faccioso, el postureo y la pelea pequeña, para volver a concentrarse en lo importante: resolver los problemas públicos. Obviamente, le hicieron poco caso.

Recordaba esta frase el miércoles pasado cuando José Antonio Kast materializaba su primer cambio de gabinete, apenas diez semanas después de haber asumido. Es el cambio más rápido que se recuerde, y con distancia. Bachelet II realizó el primer cambio de gabinete luego de casi 61 semanas, mientras que el de Piñera II llegó en la semana 22, y el de Boric en la semana 24. Ello ocurre en un contexto de fragilidad en la percepción del Gobierno frente a la opinión pública. Dependiendo de la encuesta, la aprobación neta del Presidente Kast es negativa por entre 15 y 25 puntos porcentuales.

El deterioro, además, ha sido muy rápido. Si entendemos la luna de miel presidencial como el tiempo que tarda un Gobierno en perder diez puntos porcentuales desde su primera medición de aprobación ciudadana, y usamos la encuesta Cadem como referencia, la tendencia es clara: Bachelet II duró 26 semanas, Piñera II 37, Boric 10, y la de José Antonio Kast terminó después de apenas un par de semanas.

¿Pero qué rol cumplen los cambios de gabinete en el manejo de la relación con la opinión pública?

Los dos gobiernos inmediatamente anteriores hicieron sus primeros cambios de elenco desde una posición de minoría en el Congreso Nacional, y como una forma de apuntalar su estrategia legislativa. La salida de Gerardo Varela en el Gobierno de Sebastián Piñera ocurre a comienzos de agosto de 2018, en un contexto donde las movilizaciones estudiantiles venían creciendo y como una manera de preparar la presentación del proyecto de ley Aula Segura. Marcela Cubillos, a quien se incorporaba como ministra en la cartera de Educación, había sido diputada durante casi una década y tenía redes políticas significativas.

Tratándose de la salida de Jeanette Vega del Gabinete de Gabriel Boric, ello ocurre a finales de agosto de 2022 luego de una polémica llamada telefónica con el comunero mapuche Héctor Llaitul. La discusión sobre la renovación del Estado de Excepción en la región de la Araucanía comenzaba a mostrar los primeros desmarques de diputados, tanto del propio sector como de la entonces oposición. La siguiente renovación fue revisada por el Congreso apenas seis días después de la salida de Vega.

En el caso de la presidenta Michelle Bachelet, su primer cambio de gabinete fue mucho después, recién durante mayo de su segundo año de Gobierno. Además, no se trató de carteras sectoriales como Educación o Salud, sino que supuso cambios en el corazón del comité político: Interior y Hacienda. Aunque nominalmente ese era un Gobierno que contaba con una mayoría legislativa, las incorporaciones de Jorge Burgos y Rodrigo Valdés fueron leídas en su momento como una manera de contener la creciente disidencia de los sectores más centristas de la coalición. Nuevamente, el cambio de gabinete aparece como una forma de apuntalar la estrategia legislativa.

Ninguna de estas consideraciones parece explicar lo ocurrido hace unos días. La salida incluyó a una integrante del comité político, pero se hace sin que existan señales visibles de debilidad en el Congreso Nacional. Al contrario, la principal reforma del Gobierno ha sorteado su primer trámite constitucional en tiempo récord y prácticamente sin discusión.

Durante años parecía que el país estaba cambiando, poco a poco, su sistema político. Desde el presidencialismo fuerte que formalmente establecía la Constitución, Chile caminaba hacia un parlamentarismo que se imponía por la fuerza de los hechos. Era ahí dónde estaba el origen de los problemas de nuestra democracia. Hoy la perspectiva es distinta. El Gobierno muestra una enorme capacidad de conducción legislativa. Sin embargo, sigue sin convencer a la opinión pública.

Muchas veces olvidamos que la política es un arte instrumental. Busca organizar las decisiones colectivas para mejorar la vida de las personas. Hacer planes, controlar el Congreso o aprobar leyes, son todas actividades instrumentales. Como hemos visto antes en este espacio, las mismas encuestas que desaprueban al Gobierno muestran que la percepción de inseguridad no mejora, mientras que la percepción del rumbo económico ha empeorado significativamente. Lo que importa, como diría Ortega, son las cosas. Y es en la seguridad del entorno cotidiano, en cómo aprieta la economía del bolsillo, donde un Gobierno termina siendo evaluado.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, firmaron este viernes un acuerdo que confirma definitivamente a Panamá como el país organizador del XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se celebrará en 2028. El acto protocolario se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño, en pleno casco antiguo. Con una pintura de Simón Bolívar de fondo, García Montero hizo un breve repaso de la historia de estos congresos impulsados por el Gobierno español para “defender la cultura española y en español”. El director del Cervantes aprovechó para lanzar un dardo político a los sectores de derecha española más nostálgicos: “España abandonó todo el imperialismo de la época del franquismo, y hace el ridículo el que en nombre del 9% quiere ser el emperador del resto de 530 millones de hablantes de español”.

La firma de este viernes, adelantada por este periódico, pone fin a una polémica que viene desde los desencuentros entre el director del Cervantes y el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, en el último CILE, celebrado en Arequipa (Perú), el pasado octubre. El congreso del año pasado se cerró sin que se anunciara la ciudad que debía tomar el relevo, a pesar de que los representantes de las 23 academias de la lengua habían acordado que fuera Panamá, que fue la única candidatura formal que se presentó y que cumplía con los requisitos formales para ello.

Sin embargo, García Montero, escritor y columnista de EL PAÍS, mostró en Arequipa su disconformidad con la opción de Panamá porque, señaló, no se le había comunicado de manera oficial ni se había consensuado con el Cervantes, tal y como establecen los protocolos institucionales. Fuentes de la RAE reconocieron que no se le había trasladado oficialmente la decisión a García Montero en Arequipa “porque la situación de tensión y desencuentro que el director del Cervantes había provocado hizo que no fuese el mejor momento para el anuncio”.

Al acto protocolario de la firma del convenio, que ha coincidido con la celebración en la capital panameña del festival cultural Centroamérica Cuenta (CAC), asistieron también el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional del Gobierno panameño, Carlos Guevara Mann; el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter. También contó con la asistencia del embajador español en Panamá, Guzmán Palacios Fernández, y del presidente y fundador del CAC, Sergio Ramírez. El escritor nicaragüense, premio Cervantes, acaba esta misma semana de ingresar en la Real Academia Española.

El congreso a celebrarse en 2028 no cuenta aún con fechas confirmadas. La ministra panameña de Cultura apuntó que “el reto de hacer este encuentro un punto de inflexión en lo que somos para pensar en lo que queremos ser”. El director del Cervantes, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, subrayó su compromiso para “poner en marcha con la Academia todo lo que sea posible para hacer un gran encuentro”. Aunque avisó que para 2028 habrá concluido ya su mandato y que regresará a su “cátedra en la Universidad de Granada”.

Con este acuerdo se fijan los compromisos para la celebración del Congreso, en fechas aún por concretar, con el consenso del Cervantes, Panamá, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de Lengua Española (Asale). Esta será la segunda ocasión en la que Panamá acoja un CILE. La primera fue en 2013, inaugurada por el príncipe Felipe de España, hoy rey, y el entonces presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. A aquel sexto CILE acudieron dos centenares de profesionales y expertos de la lengua española y, como novedad desde que habían comenzado estas cumbres de la lengua, en 1997, en Zacatecas (México), fue una edición virtual, abierta a la participación del público asistente a las sesiones y de los internautas de todo el mundo.

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

En un contexto global en el que las fichas geopolíticas giran de forma drástica y las lógicas comerciales parecen estar reescribiéndose, América Latina y el Caribe quieren seguir integrándose. Por eso, CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció una inversión de 10.000 millones de dólares en los próximos cinco años para financiar proyectos de integración regional. “Es un imperativo de desarrollo, competitividad y posicionamiento global de América Latina y el Caribe”, fue como lo explicó Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF, durante el Foro Internacional de Integración Regional que se realizó en Cartagena, Colombia, entre el 19 y 20 de mayo.

“La integración es la respuesta para proteger nuestros ecosistemas estratégicos, generar empleo, enfrentar la informalidad y defender los valores democráticos que sostienen nuestra convivencia, libertad y futuro”, agregó. Los recursos, por ejemplo, se destinarán a áreas como infraestructura física y digital, comercio intrarregional, energía, turismo, innovación, logística y movilidad: sectores que atajan varios de los desafíos globales, como la transición energética, la seguridad alimentaria o las nuevas formas como se empieza a articular la producción.

No es la primera gran inversión asociada a la integración de la región que hace CAF. Como lo recuerda el banco de desarrollo, gracias a este tipo de iniciativas, se hizo el puente sobre el río Limón, que conecta a Colombia y Venezuela a través del departamento de La Guajira y el estado Zulia. En los últimos 30 años, señalan, “la institución ha aprobado 118 operaciones de crédito por 16.730 millones de dólares para iniciativas de integración”, y durante los últimos cinco años, “ha profundizado su visión hacia una integración física, productiva, digital, energética y ecosistémica”.

La lista de ejemplos no se agota ahí. Con el apoyo del Consenso de Brasilia en 2023 y junto al BID, BNDES y FONPLATA, se movilizaron 10.000 millones de dólares para temas de integración, así como para la creación de la “Marca Región América Latina y el Caribe”, una que quiere que la región se proyecte ante el mundo como una de soluciones, talento y biodiversidad. Gracias a esto, un año después, la región tuvo su primera marca visual: una propuesta de los publicistas Ana Belén Arregui (Ecuador), Alejandro Muñoz Bottas (Ecuador) y Jean Nicolas Guerreiro (Brasil) que fue elegida entre 500 diseños que llegaron de todo el subcontinente.

“La integración regional ya tiene avances, pero ahora debe entrar en una fase de ejecución más ambiciosa. Menos barreras, más infraestructura. Menos diagnósticos y más proyectos”, concluyó también Díaz-Granados. Entre los avances mencionados está la reducción significativa de aranceles desde los años 90, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea que reúne a 770 millones de personas, el desarrollo de mercados eléctricos regionales en Centroamérica, la expansión de cables submarinos como el Humboldt y el Firmina, y la recuperación del turismo y la conectividad aérea intrarregional por encima de niveles prepandemia. La nueva inversión, entonces, terminará de consolidar esos puentes —físicos y no— que integran a América Latina y el Caribe.

Este viernes la justicia colombiana ha tomado la primera decisión en el caso de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años hallada muerta tras someterse a un procedimiento estético en un centro ilegal en Bogotá. El Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Cúcuta ordenó que Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado sean enviados a la cárcel, mientras se adelanta el juicio en su contra por ocultamiento de pruebas y desaparición forzada. Al tiempo, este viernes se conoció el informe forense de Medicina Legal que establece la cusa de su muerte: falleció por una embolia pulmonar.

Previamente, los hombres habían sido liberados, luego de que un juez de control de garantías determinara que su captura había incumplido los requisitos legales. La decisión del juez, que legalizó la captura pese a los recursos de apelación de la defensa, se sustenta en que los implicados, de nacionalidad venezolana, carecen de arraigo y tendrían facilidad para abandonar Colombia hacia su país de origen, donde no está aprobada la extradición. Los otros tres implicados en el caso huyeron hacia Venezuela, donde fueron capturados por las autoridades de ese país, tras la expedición de una circular azul de la Interpol. Pese a que la Fiscalía ya adelanta los trámites para que sean juzgados en Colombia, donde se cometió el delito, el proceso legal promete ser enrevesado.

Durante la audiencia, en la que los capturados en Colombia no aceptaron los cargos, se conocieron nuevos detalles sobre el crimen. De acuerdo con la Fiscalía, María Fernanda Delgado, la dueña del centro estético y una de las detenidas en Venezuela, una vez en su país habría coordinado desde allí el ocultamiento del vehículo en el que ingresaron a la víctima y se dieron a la fuga desde Bogotá. Delgado habría enviado mensajes por WhatsApp y hecho una transferencia de 800.000 pesos para que sus familiares se encargaran de borrar pruebas y ocultar el automóvil.

Para la Fiscalía dicho vehículo, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, ha pasado a ser considerado una de las escenas del crimen. El ente acusador señala que en él pueden encontrarse ADN, huellas, cabellos, sangre y otros rastros biológicos de la víctima. Dicho automóvil ha sido clave desde el inicio de la investigación, luego de que en cámaras de seguridad del barrio Venecia quedara registrado el momento en el que personal del centro estético carga a Yulixa en brazos. Ella apenas puede mantenerse en pie, y no es claro si para ese momento seguía consciente o con vida.

Tras sacarla del centro estético en estado de gravedad, los capturados que hoy se encuentran en Venezuela emprendieron la fuga, rumbo al norte de la capital. En los días siguientes, tras la denuncia por la desaparición de Yulixa, las autoridades reconstruyeron el trayecto del vehículo, detectado a su paso por varios peajes, y finalmente encontraron el cuerpo, abandonado en una zona boscosa del municipio de Apulo, a unos 100 kilómetros de Bogotá.

Tras abandonar su cuerpo, los implicados continuaron en el mismo automovil y recorrieron unos 700 kilómetros más, rumbo a Norte de Santander. Cerca de la frontera con Venezuela abandonaron el Chevrolet Sonic y cruzaron hacia su país a pie. En este punto, empezaron a jugar un papel los hoy enviados a prisión, quienes habrían seguido las instrucciones de Hernández para deshacerse del vehículo.

Paradójicamente, fue ese vehículo el que ayudó a dar con su paradero. En el municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, la comunidad alertó sobre un auto que había sido abandonado. Las autoridades lo inmovilizaron, pero Hernández y Sequera llegaron a reclamarlo. Allí fueron capturados por las autoridades, a las que habrían entregado información clave para encontrar el cuerpo de Yulixa.

Iván Aróstica Maldonado, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), ha repelido a disparos un violento robo en manada –conocido popularmente en Chile como turbazo– en su casa en el municipio de San Miguel, al sur de la Región Metropolitana de Santiago, en el que ha resultado muerto un delincuente y otros dos han quedado heridos. Denys Pavez, fiscal que lidera la indagatoria, ha confirmado que al domicilio ingresaron, al menos, cuatro individuos, portando armas de fuego este jueves por la noche y que el exmagistrado, de 69 años, y uno de sus hijos se han defendido con “armas de fuego debidamente inscritas”. Producto de ello, ocasionaron la muerte de uno de los ladrones, un adolescente de 16 años.

Por el robo frustrado hay un total de seis personas detenidas. En una rueda de prensa este viernes, Aróstica dijo que recibió “fuego desde tres direcciones” y que si no hubiera tenido un arma para defenderse “las víctimas habríamos sido nosotros”.

El exmagistrado relató que los delincuentes derribaron la puerta de su casa y entraron con unas tres armas de fuego, una de ellas una subametralladora antigua que fue abandonada en el domicilio de la familia y que se llevó la policía para efectuar pericias. Luego de la balacera, algunos de los ladrones escaparon por el techo de la vivienda hacia la calle.

Aróstica reconoció algunos de los armamentos usados por los ladrones, debido a que es coleccionista de armas. Él fue apuntado con una metralleta por uno de los asaltantes, que estaba encapuchado: “Yo pude ver uno que se paró al frente a dispararnos desde la frente”. Su esposa confirmó esta versión, agregando que ella se encontraba en la cocina al momento del asalto: “Le estaban apuntando a mi marido en la cabeza cuando lo vi”.

El expresidente del TC descartó tener miedo por la situación vivida porque estaba defendiendo a su familia, pero manifestó que se sentía apenado por la muerte de uno de los delincuentes: “No es para sentirse orgulloso de eso […] Lo lamento, pero eran ellos o nosotros, y ahí yo no tengo ninguna duda. Pero lo lamento, no sé qué edad tendría este joven […] A pesar de que soy un coleccionista [de armas], yo soy un hombre de derecho y, en sentido, no puedo sino estar muy acongojado”.

Aróstica y su hijo también sufrieron heridas durante el cruce de disparos. El expresidente del TC tiene lesiones, una de ellas provocadas por una bala que rozó uno de sus brazos; mientras que su hijo permanece hospitalizado por una herida en la zona lumbar. El exministro del TC detalló que a su hijo le entró un proyectil por el estómago y le rozó la columna vertebral, pero que hasta ahora está “sin compromiso neurológico, que es lo más importante”.

El suceso violento ocurre cuando el Gobierno de José Antonio Kast pretende contener una crisis de inseguridad en Chile, que se ha profundizado desde hace unos años con el ingreso de bandas del crimen organizado internacionales, principalmente del Tren de Aragua. Aunque en el arranque de su Administración apostó por la figura de la exfiscal regional Trinidad Steinert para frenar el avance delictivo, el presidente Kast decidió esta semana removerla de su cargo, junto a la portavoz del Gobierno, Mara Sedini. Ambas fueron muy mal valoradas durante sus 69 días de gestión, pero en el caso de Steinert era especialmente grave, debido a que la seguridad fue la columna vertebral de las promesas de Kast para llegar a La Moneda.

Martín Arrau, quien fue designado como ministro de Seguridad Pública tras la salida de Steinert, conversó personalmente con Aróstica en la madrugada. “Me manifestó su preocupación, su solidaridad y estuvo muy preocupado”, dijo el exmagistrado sobre el nuevo ministro, militante republicano y de extrema confianza de Kast, que hasta el martes lideraba Obras Públicas.