En los edificios residenciales de Bogotá, las cámaras inteligentes, los controles de acceso biométrico y las puertas automáticas han comenzado a desplazar a los vigilantes uniformados, como una promesa de modernización y ahorro. El desarrollo tecnológico se ha sumado al aumento del salario mínimo del 23% decretado por el Gobierno, la reducción de la jornada laboral y la reforma laboral, para que una cantidad creciente de edificios residenciales reduzcan el personal de vigilancia. Cientos de miles de porteros y vigilantes que temen perder su empleo: según cifras de Fedeseguridad, una asociación nacional de empresas del sector, son 400.000 de los 23,8 millones de trabajadores que había en Colombia en 2025, y producen cerca 1,6% del PIB nacional. De esos, 140.000 se encuentran en Bogotá y 45.000 son guardas residenciales.
“Cuando comenzó la automatización, no sabíamos qué iba a pasar”, cuenta Alba Luz*, una portera de 32 años que trabaja en un edificio en el norte de Bogotá para la empresa Conserjería Luzor. “Cuando subieron el salario mínimo, comenzó a rondar el rumor de que venía la instalación de las cámaras, y que con eso se iban a perder muchos puestos”, asegura. Alba Luz habla rápido, es alegre y se carcajea constantemente mientras explica su trabajo. Vive con su hijo de 10 años y su papá en Ciudad Bolívar, en el extremo sur de Bogotá, y cada día le toma dos horas llegar a su puesto. Antes de trabajar en vigilancia, donde comenzó hace un año, hizo “de todo”: fue mesera, vendedora, trabajó en ventas por internet. Le hubiera gustado estudiar periodismo, cuenta, pero “era una carrera muy cara”, y bromea: “porque lo de chismosa sí lo tengo”.
En la industria de la seguridad privada, comenzó como relevante, el puesto que se encarga de cubrir los descansos en distintos edificios. Después de varios meses, pasó a un cargo fijo en su edificio actual. Hace un turno que considera “matador”: cuatro días trabajando de día, cuatro días trabajando de noche, dos días de descanso. Se gana poco más de dos millones de pesos (525 dólares), descontando ya los aportes a salud y a pensión. Antes del aumento del salario mínimo, que se disparó a 1,7 millones de pesos desde enero, ganaba cerca de 1,8 millones (473 dólares). Celebra el incremento, pero admite que la automatización, como la que eligió el consejo de administración del edificio donde trabaja, le ha traído incertidumbre.
Trabajadora formal, cuenta que “la empresa no ha dicho nada”. Niega haber recibido un comunicado o una carta, desconoce cualquier reunión, no tiene información sobre lo que ya sabe que ocurre en el edificio, porque lo ve con sus propios ojos. Ella estima que el 31 de mayo será su último día, y espera que la reubiquen. Pero no tiene certeza.
Juan Carlos Medina, director ejecutivo de Andevip, otra asociación de empresas de seguridad, asegura que el sector enfrenta una “presión estructural” derivada del aumento del salario mínimo y de las reformas laborales. Intensivas en capital humano, las empresas han reducido sus empleados, de unos 450.000 guardas de seguridad hace cuatro años a 360.000 hoy. Además, su asociación calcula que entre enero y abril de este año se perdieron alrededor de 30.000 de esos 90.000 que se han eliminado en cuatro años.
Medina explica que la seguridad privada opera bajo una tarifa regulada por el Estado, diseñada para garantizar pagos dignos a los guardas. La tarifa mensual para un servicio de vigilancia y seguridad privada de 24 horas en Colombia cuesta 9,77 salarios mínimos mensuales, poco más de 17 millones de pesos o unos 4.400 dólares. Como los costos laborales representan alrededor del 87% de los ingresos de las empresas, cualquier aumento genera enorme presión, que se traslada a los clientes: edificios residenciales, centros comerciales, torres de oficinas. “Lo que están buscando muchos conjuntos es un modelo híbrido, con más tecnología y menos guardias”. La preocupación es tal, revela el líder gremial, que el sector trabaja con el Gobierno en un decreto para bajar la tarifa a 8,94 salarios mínimos, un poco menos de un 10% de reducción.
Raquel Garavito, presidenta ejecutiva de Fedeseguridad, explica que los cambios laborales —la reducción de la jornada semanal de 48 horas a 42 horas, los recargos por el trabajo nocturno, dominical y festivo— han modificado la estructura del trabajo. “Se están fraccionando los horarios de trabajo y la gente termina ganando un poco menos porque trabaja menos horas extras”. Para muchas empresas, asegura, resulta ahora más barato contratar un cuarto turno rotativo que pagar recargos adicionales.
La directiva también sostiene que la automatización aún no se ha consolidado en Colombia, donde los avances tecnológicos llegan en diferido. “Suena más de lo que realmente está pasando”, dice, explicando que en los sectores comerciales e industriales, donde se concentra el grueso de la demanda, se mantiene muy alta la dependencia del factor humano. Explica que la transición actual se concentra en los edificios residenciales de estratos altos.
Es allí donde más se repite la incertidumbre. Ana María*, quien trabaja también para la empresa Conserjería Luzor, cuenta que nadie les ha explicado formalmente qué ocurrirá, aunque ven llegar los materiales para la instalación de los sistemas automáticos. “Nos enteramos porque los técnicos del ascensor dicen que van a hacer tal cosa, pero ni residentes, ni administración, ni empresa dicen nada. Hacen como si uno no supiera las cosas”, critica.
Ana María tiene tres hijos, es cabeza de hogar y lleva cerca de un año trabajando como portera. Antes trabajaba en empresas de aseo. Gana 2,2 millones de pesos por turnos de 12 horas, pero teme que con la automatización le reduzcan su jornada y su pago. “Ya con lo que me pagan no me alcanza”, afirma, y advierte que, de bajar su salario, se iría a buscar otro trabajo.
Jaime*, por su parte, lleva unos tres meses trabajando como relevante en un edificio en el norte de Bogotá. Vive también en Ciudad Bolívar y describe el trabajo como “agotador”. “Es más duro porque constantemente tienes que estar en un lado y en otro”, cuenta. Termina de trabajar a las siete de la mañana, llega a su casa dos horas después, duerme cuatro o cinco horas y se levanta a cocinar el almuerzo, para después volver a salir a laborar.
Antes de ser celador, trabajaba en una zapatería, cerca de su casa, a donde llegó hace cinco años, huyendo de su natal Venezuela. Allá trabajaba en los pozos petroleros de la Orinoquía, con siete días de trabajo y siete días de descanso para Petróleos de Venezuela (PDVSA). “Es duro”, afirma sobre ser portero en Bogotá, reconociendo que es difícil no cabecear en las noches. Como sus compañeras, Jaime gana dos millones de pesos. Su hijo, que estudió medicina en Caracas y por poco muere baleado en una manifestación contra el gobierno, trabaja también como celador.
La vigilancia privada en Colombia sigue siendo una de las puertas de entrada más accesibles al empleo formal. No exige formación universitaria, sino cursos certificados, y permite que personas que vienen de otros oficios o de otros países, encuentren estabilidad laboral. Sin embargo, cada vez menos personas quieren entrar. “Las academias reportan menos inscripciones y eso es una alerta”, advierte Garavito. “Los jóvenes ven que van a ganar prácticamente lo mismo que otros trabajos, pero con turnos nocturnos y festivos”.
En las porterías, mientras tanto, la automatización avanza lentamente, entre rumores y reuniones parciales. Los guardas le abren la puerta a los técnicos que llegan a instalar las nuevas cámaras y los sensores, sin saber todavía si serán una herramienta de apoyo o el inicio de una reducción de personal.
*Los nombres de las personas fueron modificados por temor a represalias de sus empresas. Según cuentan, “tienen prohibido” dar información al respecto.
