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Senador electo en la campaña De La Espriella pide disculpas por insultar al uribismo

El influenciador de ultraderecha Alejandro Bermeo, senador electo en marzo por el partido Salvación Nacional que avala al candidato Abelardo De La Espriella, ha salido a pedir disculpas por insultar a la otra derecha, más tradicional, representada por el expresidente Álvaro Uribe. Cuando el expresidente dijo que uno de los influencers de De La Espriella, Santiago Giraldo, hace parte del grupo que “destruyen la democracia, posan de asesores de Milei, creen que calumniar es válido en la política”, Bermeo dijo que eso sonaba a amenaza.

“Gravísimo que el viejo patriarca del uribismo quiera matar a Santiago Giraldo”, escribió Bermeo en su cuenta de X. “Hoy que ve su tumba política, en su desespero activa una última vez la motosierra contra el pueblo libre”. Es decir, solo lo llamó un posible asesino, sino uno que usaría una motosierra, como lo hicieron los paramilitares. La acusación de que Uribe es socio de los paramilitares suele hacerse desde la izquierda, no la ultra derecha.

Bermeo pidió disculpas después de que Abelardo de la Espriella escribiera en sus redes que condena “cualquier ataque contra el presidente @AlvaroUribeVel, a quien aprecio y admiro”. “Lamento que en el hervor de la contienda del cupo a segunda vuelta, mis opiniones hayan sido injustas y desproporcionadas”, escribió Bermeo en sus disculpas. “Excusas al señor Uribe y sus seguidores que se sintieron aludidos”, añadió.

Antes de las disculpas, varios políticos uribistas salieron a criticar a Bermeo y a De La Espriella inmediatamente, especialmente la candidata del uribismo, Paloma Valencia, quien compite por el voto de derecha que absorbió la campaña del penalista. “Este el el senador del ”Tigre“ maltratando al Presidente Uribe”, dijo sobre Bermeo. “Hay límites que nunca debieron cruzarse y se cruzaron”, dijo el representante electo por Bogotá, Daniel Briceño. “Alarma que un senador elegido por Salvación Nacional replique sin pudor las mendaces y odiosas narrativas del petrismo contra Uribe pensando que eso favorece su candidato.”, dijo el senador Andrés Forero.

Pero quien más se molestó fue uno de los hijos de Álvaro Uribe, Tomás, quien rechazó que los de la campaña de De La Espriella acusen al uribismo de “matar a Miguel Uribe”, dice en un video en referencia al senador de uribista asesinado el año pasado. Sobre todo critica que usenel lenguaje de la izquierda: “ahora hablan de acabar la ‘paraquiza’ y el ‘uribato’, al mejor estílo petrista. Acusan a Paloma de querer matar a Abelardo. Y acusan a Uribe de querer matar a un influenciador”. Luego lanzó una advertencia para la segunda vuelta. “Están creyendo que en segunda vuelta Abelardo y Paloma se dan un abrazo y Cepeda queda derrotado. Hace cuatro años todos pensábamos que los cinco millones de personas que votaron por Fico en primera vuelta lo iban a hacer por Rodolfo en segunda. Y no fue así”, dijo. Si bien hay uribistas que apoyan a De La Espriella, admite Tomás Uribe, pero “esta gente está logrando que muchos otros uribistas sientan rabia e indignación. La manera como están actuando, de nuevo, al mejor estílo petrista, nos va a llevar a perder el país”. 

Morena llegó a la sesión del Congreso General con la seguridad matemática de tener una mayoría suficiente para sacar adelante la reforma judicial y el paquete electoral aupado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que se ausentaran figuras como Enrique Inzuza señalado por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, junto al gobernador de Sinaloa.

La ausencia del senador morenista -que acudió a declarar a la fiscalía- protagonizó el ambiente de la sesión desde el primer minuto. Lo mismo con Rubén Rocha Moya. Pero el oficialismo intentó enterrar el tema y llevar la discusión al terreno técnico de la reforma constitucional. Al final, Morena, PT y PVEM lograron este martes por la noche que la enmienda diera el primer paso en el Legislativo. Con 341 votos a favor y 124 en contra, aprobaron en lo general las modificaciones a un puñado de artículos constitucionales para aplazar de 2027 a 2028 el segundo ensayo de la elección judicial y empatarla con la consulta de revocación de mandato presidencial.

La iniciativa representa el primer gran intento de Sheinbaum por corregir —sin echar atrás por completo— la herencia judicial de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador: una reforma que abrió las urnas a jueces, magistrados y ministros, pero que dejó al descubierto vacíos operativos, falta de perfiles probados, riesgos de captura política y dudas sobre la viabilidad logística del nuevo modelo.

La discusión avanzó entre pancartas, abucheos y un consignas constantes. Los diputados del PRI desplegaron carteles con frases como “corte patito”, “no más ministros chicharrón” y “voto en contra de los acordeones”. Desde la tribuna, el coordinador priista Rubén Moreira levantó uno de esos acordeones —las guías impresas con nombres de candidatos judiciales que circularon en la elección pasada para dirigir el voto ciudadano— para resumir, dijo, el destino de la justicia mexicana.

“En esto se va a resumir la justicia en este país, en un acordeón”, lanzó mientras agitaba el papel frente a la mayoría morenista. El diputado acusó al oficialismo de intentar meter “por la puerta de atrás” el empalme entre la elección judicial y la revocación de mandato presidencial. Un cambio que sus aliados del PT y Verde no avalaron en abril en el intento fallido de reforma electoral de Sheinbaum que entre otras cosas, buscaba emparejar la consulta de revocación de mandato con las elecciones federales y locales de 2027. Aquella propuesta no contó con los votos de sus aliados y terminó por desecharse.

La escena sintetizó el tono de la jornada: una oposición sin votos suficientes, pero empeñada en erosionar, en el debate, el relato de legitimidad de Morena. La iniciativa presidencial busca introducir controles técnicos a un modelo que implícitamente el Gobierno ha reconocido como defectuoso. Crea una comisión coordinadora de los comités de evaluación de aspirantes judiciales, encargada de homologar criterios, verificar requisitos y aplicar exámenes de conocimiento. También reduce el número de candidaturas mediante filtros previos: solo las cuatro personas mejor evaluadas por cargo pasarán a la fase final y, después, una tómbola dejará únicamente dos nombres por plaza.

El rediseño supone un viraje relevante respecto de la reforma impulsada por López Obrador. Sheinbaum ha evitado confrontar directamente el legado de su antecesor, pero en los hechos ha comenzado a desmontar algunas de sus reformas más polémicas. El aplazamiento de la elección judicial y la creación de filtros técnicos son parte de esa operación silenciosa.

El pleno de la Cámara de Diputados aún deberá discutir la reforma en lo particular este miércoles, antes de pasar al Senado, donde Morena y sus aliados prevén aprobarla sin sobresaltos el jueves. La mayoría legislativa está garantizada. Lo que permanece abierto es el mensaje político de intentar recomponer la reforma más ambiciosa del sexenio pasado mientras el partido gobernante enfrenta cuestionamientos crecientes sobre la integridad de algunos de sus cuadros.

En el mismo paquete se discutirán tres iniciativas en materia electoral, incluidas de último momento en la aprobación del extraordinario, una de ellas también de autoría presidencial, que busca cerrarle la puerta a la infiltración de la delincuencia organizada en las elecciones a través de una comisión de verificación de candidaturas a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), encargada de coordinar evaluaciones de riesgo elaboradas con información reservada de autoridades de seguridad, inteligencia financiera y procuración de justicia. Una especie de filtro, confidencial y voluntario, para que los partidos puedan saber con anticipación si un posible candidato tiene nexos con actividades delincuenciales.

Con todo, la más polémica de las enmiendas apunta directamente al corazón del sistema electoral. Morena busca introducir en la Constitución una nueva causal de nulidad de elecciones por “intervención extranjera”. La iniciativa propone modificar el artículo 41 constitucional para permitir que el Tribunal Electoral invalide elecciones cuando existan indicios de injerencia de gobiernos, organizaciones o agentes extranjeros en una contienda. La propuesta ya ha encontrado resistencia dentro del propio oficialismo. Legisladores de Morena, entre ellos Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar, han votado en abstención durante la aprobación de la propuesta en comisiones. Adicionalmente, un puñado de diputados oficialistas se alista para llevar sus inconformidades al pleno este miércoles. En privado, admiten su preocupación por la ambigüedad del concepto y el margen de interpretación que podría abrir al árbitro electoral. La discusión en el Congreso está a punto de ebullición.

El oficialismo en México ha pasado al control de daños tras la acusación de Estados Unidos por presuntos nexos con el narco contra una decena de funcionarios, entre los que destaca el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El siguiente personaje de mayor alcance político es Enrique Inzunza, senador de la República y exsecretario de Gobierno en la gestión de Rocha. Tras la revelación de la explosiva acusación, hace casi un mes, Inzunza se ha atrincherado en su Estado y ha dejado de asistir para cumplir sus obligaciones de legislador federal, en Ciudad de México, a petición del jefe de su bancada, Ignacio Mier. El comienzo este martes del periodo extraordinario de sesiones del Congreso obliga tanto a Morena, el partido en el Gobierno, como al propio Inzunza a tomar una decisión sobre su futuro político.

Aparecer o no aparecer en el Senado, esa es la cuestión. Inzunza está protegido por la inmunidad (fuero) de la que gozan todos los legisladores en México, lo que dificulta procesarles de ciertos delitos. En las filas del oficialismo se barajan dos posibilidades para Inzunza, que el fin de semana fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) para dar una declaración respecto de los señalamientos de Washington. Según ha planteado él mismo, se presentará en el Congreso a sesionar como senador en el nuevo curso legislativo, exponiéndose a convertirse en el centro de los debates entre las fracciones parlamentarias. Si no acude, pedirá licencia a su escaño, de acuerdo con fuentes cercanas a Inzunza. La incógnita es si el grupo morenista lo separará definitivamente del cargo, lo que significaría un deslinde contundente de parte del oficialismo. La moneda sigue en el aire.

La Fiscalía de Estados Unidos ha acusado a Rocha, Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de colaborar con el Cartel de Sinaloa, concretamente con la facción de Los Chapitos, herederos directos del fundador de la empresa criminal, Joaquín El Chapo Guzmán. La acusación señala que Inzunza, junto con Rocha, “se ha reunido con los líderes de Los Chapitos y ha acordado planes específicos para que el Gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rocha Moya, apoye y proteja al cartel a cambio de favores por parte del cartel para que, a su vez, los acusados y otros funcionarios corruptos se mantengan en el poder”. El expediente agrega que Inzunza y sus supuestos cómplices colocaron en cargos públicos a personajes encargados de “proteger las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos”, además de que fungieron como enlaces entre el grupo criminal y el gobernador.

El pasado viernes, Inzunza se reunió con su compañero de bancada Javier Corral en Culiacán, capital de Sinaloa. El encuentro, en el restaurante de un club privado, se dio a conocer gracias a una foto que les tomaron a ambos y se filtró a la prensa. Corral, exgobernador de Chihuahua y senador, fue cuestionado duramente en las redes por esa reunión, pero este defendió su camaradería con Inzunza y puso en duda las alegaciones de EE UU. Desde aquel día, Corral anunció que Inzunza tenía toda la intención de presentarse este martes a la sesión de inicio del periodo extraordinario. “A mí no me da la impresión de que se anda escondiendo”, ha dicho este lunes en una entrevista de radio con Aristegui Noticias. “Yo le dije: ‘pues si usted no va, ahí sí creo que tendría que pedir licencia’. Ese fue el comentario, no consejo, que yo le hice”, ha relatado.

Inzunza, que es abogado y ha dicho que él mismo se defenderá, lleva varias semanas en el ojo del huracán. El senador se ha alineado a la postura oficialista, marcada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, de desacreditar la acusación de EE UU diciendo que no es más que una maniobra política con la que Donald Trump pretende justiciar una incursión en México que violar la soberanía nacional bajo el pretexto de la seguridad y la lucha contra el narco. Inzunza ha prometido que acudirá a la Fiscalía mexicana a declarar, incluso, sin la inmunidad del fuero, aunque, para hacer efectiva esa promesa, tendría que pedir licencia del cargo. El periodo extraordinario del Congreso se ha convocado para votar las iniciativas que ha enviado la presidenta Sheinbaum para reformar la elección judicial y crear filtros que eviten la llegada de candidatos con antecedentes criminales a la boleta.

Según Corral, el senador quería presentarse desde antes a las sesiones del Congreso, pero el coordinador de Morena, Ignacio Mier, le pidió no hacerlo. “Él me dijo: ‘Yo estoy pensando en ir, usted sabe que yo quería ir a la Comisión Permanente [que sesiona en periodos de asueto]”, recapitula Corral sobre lo que le dijo Inzunza, quien luego le compartió que la coordinación oficialista prefirió que no apareciera para que no lo agarraran “de piñata” y no acaparara más atención su controvertida presencia que los temas legislativos a tratar. La visita de Corral a Inzunza ocurre en un momento de tensión con la oposición por la presunta injerencia de agentes de la CIA en Chihuahua. Este Estado fronterizo es gobernado por Maru Campos, del opositor PAN y enemiga política de Corral. Los casos de Sinaloa —que afecta al oficialismo—, y el de Chihuahua —que apunta a la oposición— se han vuelto el terreno de la disputa política reciente, en la antesala de las elecciones intermedias de 2027.

La violencia contra las mujeres no es parte del juego es la campaña que han lanzado las redes de refugios para mujeres víctimas de violencia en México, Estados Unidos y Canadá solo un par de semanas antes de que comience el Mundial de fútbol. El llamado, liderado desde México por la Red Nacional de Refugios (RNC), responde a los incrementos ampliamente documentados de las distintas formas de violencias —agresiones dentro de los hogares, violencia sexual, acoso, explotación sexual y trata de mujeres y niñas— que ocurren durante los grandes eventos deportivos. ONU Mujeres y UNICEF han calculado que durante estos torneos se disparan hasta en un 30% las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar. La RNR recuerda además que las tres ciudades sede en México ya presentan altos índices de violencia contra las mujeres. “El fútbol no genera la violencia contra las mujeres, esa violencia ya existe y en determinados contextos puede incrementar los riesgos o intensificar dinámicas preexistentes”, dice Wendy Figueroa, directora de la red.

“Mientras el Mundial 2026 se promociona como símbolo de orgullo internacional, turismo y desarrollo económico, las violencias contra las mujeres continúan ausentes de gran parte de la conversación pública”, dice en un comunicado RNR. Figueroa insiste en que dos de las situaciones que agravan la situación de violencia son el alto consumo de alcohol, pero también el home office prolongado. La pandemia por coronavirus en México ya demostró que muchas mujeres quedaron encerradas y aisladas con sus agresores sin tener oportunidades reales de acompañamiento, soporte o escape. La RNR documentó en ese lapso de confinamiento que los eventos de violencia aumentaron más del 56%. Y, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la violencia familiar incrementó en un promedio de 15%, siendo que entre las ciudades en donde figuran los índices más altos están las tres sedes mundialistas.

Especialistas, organizaciones internacionales y estudios realizados en varios países explican que la emoción, la frustración y el enojo por la derrota o la euforia por la victoria se convierten en motivos por los que los hombres agreden a las mujeres de su entorno cuando pierde o gana su equipo. Para la RNR, la violencia no empieza cuando comienza un partido. La campaña emprendida de la mano de Women’s Shelters Canada y National Network to End Domestic Violence (NNDE), en Estados Unidos, contempla tres etapas: antes, durante y después del Mundial. Para prevenir, monitorear, pero también asegurar que, por ejemplo, mujeres extranjeras en México no sean víctimas de otros delitos aun cuando el torneo termine. Se dará atención y acompañamiento a cualquier mujer que lo solicite, sin importar su nacionalidad u origen.

Fútbol, alcohol y violencia

La realidad de las cifras lo precede y lo comprueba. En noviembre de 2022, Luciana Etcheverry y Natalia Tosi publicaron una investigación para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulada En el mundial de fútbol, sin importar quién gane, pierden las mujeres. El texto detalla que en Latinoamérica los casos de violencia íntima de pareja aumentan cuando hay partidos de fútbol. Por ejemplo, en Brasil incrementaron un 23,7% las denuncias de amenazas contra mujeres en días de partidos en la Competencia Brasileña de Fútbol de 2015 a 2018. Las denuncias por lesión crecieron un 25,9% cuando los equipos jugaban en sus propias ciudades, siendo parejas y exparejas los principales agresores. “Números similares se reportaron en otros países de la región, con cifras de aumento de hasta un 30% en las denuncias”, señalan.

Otros escenarios analizados fueron los torneos de fútbol de 2002, 2006 y 2010 en Inglaterra, cuando se registró un aumento del 26% de los casos de violencia en días de empate o victorias, superado por el aumento del 38% en los días de derrota. Además, un estudio en Estados Unidos publicado en 2011 calculó que la violencia íntima de pareja subió en promedio un 10% en días y ciudades en que sus equipos de fútbol americano perdían de forma inesperada. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México informó en un comunicado publicado el pasado 25 de noviembre sobre una alianza con las embajadas de Canadá y de Reino Unido para prevenir la violencia por razón de género contra mujeres y niñas de cara al Mundial.

Esta violencia también está empujada por el alto consumo de alcohol durante eventos deportivos. La Red de Acción sobre Alcohol (RASA) lo ha documentado y ha denunciado la urgencia de crear una política fiscal sobre el consumo de alcohol en México. “Mientras la industria maximiza sus ganancias, la sociedad mexicana absorbe los costos del daño”, aseguran. Según RASA, una de cada tres mujeres que sufrieron agresiones por parte de su pareja aseguran que ellos habían consumido alcohol. También señalan que en uno de cada tres casos de maltrato infantil el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

En una entrevista a este periódico, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, adelanta que su dependencia ha estado trabajando con la Secretaría de Gobernación en el tema de trata de mujeres, niñas y niños, en el marco del Mundial, y que desde el mes de enero han capacitado a funcionarios y agentes que estarán en territorio durante el Mundial para asegurar que los espacios sean seguros y libres de violencia para las mujeres. También informó que están a punto de lanzar una campaña dirigida a prevenir este tipo de violencia. “El fútbol no tendría por qué ser violento”, insiste. “Es importante hacer un gran trabajo de cambio cultural. A los hombres, las masculinidades tradicionales no les hacen bien. Las respuestas violentas lo único que hacen es romper y desestructurar familias y seres humanos”.

La confrontación entre Morena y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha sumado este martes un nuevo episodio. Un grupo de 11 diputados locales morenistas han dado forma a la advertencia antes lanzada por la dirigente del partido, Ariadna Montiel, y ha presentado ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la mandataria panista. La acusan de haber permitido la participación de agentes extranjeros en territorio estatal en operativos contra el crimen organizado, lo que implicaría una violación de la Constitución y de la legislación.

El documento, fechado el 25 de mayo y recibido por la Secretaría General de la Cámara baja este martes, está firmado por legisladores locales de Morena en Chihuahua. Entre los firmantes están: Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Leticia Ortega Máynez, Óscar Daniel. En la presentación del recurso se atribuyen a Campos hechos “que presuntamente constituyen violaciones graves” al marco constitucional.

La iniciativa llega después de semanas de tensión política entre el oficialismo y la mandataria estatal. Morena ha acusado a Campos de permitir la actuación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad dentro del Estado, una controversia que escaló tras la muerte de dos elementos de la CIA en una operación contra el crimen organizado. El caso ha derivado en un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para que la gobernadora comparezca este miércoles por esos hechos.

La solicitud de juicio político que ya había adelantado la dirigencia de Morena profundiza así el choque contra una de las figuras más visibles de la oposición panista. En el recurso, se sostiene que Campos habría permitido actuaciones contrarias al principio de soberanía nacional al tolerar la participación de personal extranjero en tareas reservadas al Estado mexicano. Los diputados argumentan que la gobernadora incurrió en posibles responsabilidades políticas y administrativas. Desde el frente del Partido Acción Nacional (PAN), el caso se ha convertido en una nueva bandera de confrontación contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum. La dirigencia panista, que encabeza Jorge Romero, cerró filas este lunes en defensa de la mandataria estatal y acusó a Morena, el partido en el poder, de utilizar a la Fiscalía como instrumento de persecución política contra opositores. En este contexto, la agrupación de derecha ha anunciado una movilización nacional de respaldo a Campos el próximo fin de semana frente a un posible intento de intimidación desde el Estado mexicano.

El plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha tenido un trágico comienzo. Ignacio Ismael Arriaga Villar, de 44 años, ha muerto este lunes por la noche en el campamento instalado por los maestros en las calles aledañas al Zócalo. Los reportes preliminares apuntan a un infarto como la causa del deceso, a falta de la confirmación oficial por parte de las autoridades. Según recogen diversos medios, Arriaga presentó malestares y se desmayó, tras lo cual sus compañeros alertaron a unos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México que realizaban recorridos de seguridad por la zona. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos, el docente ya no contaba con signos vitales.

A través de sus redes sociales, la Sección XXII de la CNTE ha lamentado el fallecimiento de Arriaga, quien era originario de Pinotepa Nacional, Oaxaca (al sur del país), y han reconocido su labor como profesor de primaria. También han destacado su participación “de manera activa” en la delegación sindical de la región de Valles Centrales. “Con el puño izquierdo en alto, enviamos el abrazo solidario a familiares y amigos ante esta dolorosa pérdida”, se lee.

A menos de un mes de que se escuche el pitido que dará inicio al Mundial, la Coordinadora ha lanzado una nueva ofensiva contra el Gobierno. En una de sus habituales demostraciones de músculo, los maestros han llegado este lunes a la capital para presionar nuevamente al Ejecutivo para que acepte sus demandas de mejoras en sus pensiones. Un año después del plantón de 23 días que asfixió la ciudad, los docentes han vuelto, aunque no han logrado -de momento- llegar al Zócalo. La policía ha chocado con los manifestantes en su intento por entrar a la plaza, quienes optaron por instalar su campamento a unas calles de la plaza.

Las secretarías de Gobernación y Educación han asegurado que mantienen los canales institucionales abiertos y han mostrado su disposición para la instalación de mesas de negociación. En distintos comunicados, también han pedido a los sindicalistas evitar la confrontación. “En el Gobierno de México entendemos que el diálogo no es solo conversación, sino un proceso para construir y transformar en conjunto la realidad educativa”, señalaron.

Desde la CNTE, Mario Roldán, responsable sectorial de Chiapas, ha cargado contra las autoridades tras la trifulca con la policía: “Les importa más un Mundial de fútbol que el reclamo de todo un pueblo. Bastaron dos años del segundo piso [de la autodenominada Cuarta Transformación] para mostrar que son la misma escoria que los regímenes anteriores. […] Si no hay solución, no rueda su balón”.

Las medidas de recorte fiscal y la megarreforma que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast no solo son criticadas por los parlamentarios de izquierda, sino también por los alcaldes de distintos sectores políticos, de izquierda y de la derecha tradicional. Lo que comenzó como un malestar disperso se convirtió este lunes en una posición institucional coordinada y transversal. El directorio de la Asociación Chile de Municipalidades (Achm), presidida por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, del partido oficialista Renovación Nacional (RN), emitió una declaración pública en la que acusó la “nula voluntad” de diálogo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para tratar el Plan de Reconstrucción Nacional. “El municipalismo debe ser escuchado en todas aquellas iniciativas que impactan directamente y de manera negativa las finanzas y atribuciones de los gobiernos locales”, reza la misiva en la que emplazan tanto a la Administración de Kast como al Congreso a detener la tramitación del proyecto de ley misceláneo mientras no existan espacios formales de conversación con ellos.

Una de las principales quejas de los alcaldes a la megarreforma, que incluye más de 50 artículos de índole tributario, laboral y medioambiental, entre otros, es la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años. Esto implicaría una pérdida de recaudación de unos 200 millones de dólares, que afectan directamente al dinero recibido por los municipios. El Gobierno ha señalado que habrá una compensación incompleta, de 130 millones de dólares, al Fondo Común Municipal (FCM), el mecanismo de redistribución solidaria entre las comunas de Chile, donde las más ricas aportan un porcentaje de sus ingresos que reparte especialmente entre las más pobres. La idea del Ejecutivo es hacerlo vía la Ley de Presupuesto.

Este lunes el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Sebastián Figueroa, aportó una cuota de incertidumbre al señalar que, por ahora, no está contemplado compensar los fondos de los municipios que se vean afectados, y que están buscando “otras alternativas para poder mitigar el efecto”. “Estamos hablando de que son cerca de 20 municipios los que concentran el 80% de estos ingresos que se van a dejar de percibir. Son los municipios más grandes, los municipios que tienen mayor capacidad en general”, añadió.

Catalina San Martín, alcaldesa de derecha de Las Condes, uno de los municipio más ricos del país, sostuvo en radio Bio-Bio que “no sirve de nada cambiar el Gabinete si no se cambian las prácticas. Este tipo de reformas deben hacerse junto a los municipios y escuchando a los vecinos, sobre todo cuando afectan directamente el presupuesto comunal”. La Achm -que representa a los 346 municipios del país- ha planteado que existen distintas posiciones entre sus integrantes sobre la eventual eliminación de las contribuciones para los mayores, pero que “existe pleno acuerdo” en que es imposible avanzar en la propuesta si no se garantiza expresamente que “no habrá disminución de ingresos municipales ni afectación a la autonomía presupuestaria de los municipios”.

La carta de la Achm, firmada por un directorio de 11 miembros con alcaldes de la derecha tradicional e izquierda, también rechaza la modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, argumentando que debilita la autonomía municipal y abre la puerta a los “guetos verticales”. Además, insisten en su “preocupación y rechazo” frente a los recortes presupuestarios en áreas como salud y educación. “Existió un compromiso explícito de no afectar servicios ni derechos sociales; sin embargo, hoy observamos señales preocupantes de reducciones presupuestarias e incertidumbre que podrían impactar directamente la calidad de vida de millones de vecinos y vecinas en todo Chile”, afirman en el escrito, en alusión al recorte de 413.000 millones de pesos (unos 460 millones de dólares) al ministerio de Salud, equivalente al 2,5% del presupuesto de la cartera. Los alcaldes se reunirán entre el 2 y el 5 de junio en La Serena, 470 kilómetros al norte de Santiago, para evaluar las acciones a seguir.

Los intentos del Gobierno de Kast

La Administración de Kast ha organizado dos encuentros con alcaldes en las últimas semanas para abordar sus preocupaciones: al primero fueron convocados solo los oficialistas y al segundo los de oposición. En la reunión con los ediles aliados a la Administración, en la que participaron cerca de 130 jefes comunales de derecha junto a varios ministros, fueron varios los que salieron molestos por la falta de respuestas concretas sobre la compensación al Fondo Común Municipal y la ausencia de un plan para el transporte rural.

Gustavo Alessandri, presidente de la Achm, afirmó que está de acuerdo con eliminar contribuciones, “pero los municipios no pueden pagar ese costo”. Otros alcaldes de la derecha tradicional, como Mario Desbordes de Santiago, o Jaime Bellolio, de Providencia, han presionado al Gobierno para que entregue una propuesta que supla los recursos que van a dejar de percibir los municipios si la megarreforma sale adelante. Tras la reunión con los alcaldes de oposición, los participantes la calificaron como “una oportunidad perdida”. Lo que piden ahora los alcaldes es reunirse con el poderoso ministro de Hacienda, pero no han tenido respuesta.

El Gobierno ha asestado un nuevo golpe contra Los Chapitos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ha informado este martes de la detención de Isai N, alias El Chinacate, sobrino del Chapo Guzmán, el famoso narcotraficante recluido en Estados Unidos. De acuerdo con Harfuch, Isai N fue arrestado en Nogales, Sonora (al norte del país), y cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Las autoridades lo acusan de ser uno de los operadores y coordinadores logísticos del Cartel del Pacífico, la facción liderada por Los Chapitos, y de ser el encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica. El año pasado, coordinó la venta de 10,000 píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos. El secretario de Seguridad ha señalado que la detención fue resultado de trabajos de inteligencia militar, en una operación que se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

En una publicación en sus redes sociales, Harfuch ha compartido también información sobre otra acción en contra de estructuras criminales. Según ha revelado, la ejecución de una orden de cateo en un inmueble en Tapachula, Chiapas (al sur de México) resultó en el aseguramiento de 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas. En este evento hubo participación del Gobierno de ese Estado.

Este último golpe a Los Chapitos tiene lugar apenas tres días después de que se anunciara la detención de 13 personas pertenecientes al grupo criminal en una carretera entre Mazatlán y Tepic. La Secretaría de Marina (Semar) informó de la captura en el municipio de El Rosario (al sur de Sinaloa) tras “repeler una agresión”. En el incidente se logró la incautación de armas largas, cartuchos, cargadores y artefactos explosivos “improvisados”.

Mientras el Gobierno de México presume avances en su estrategia de seguridad de la mano de grandes detenciones y aseguramientos, la violencia en Sinaloa no da tregua en medio de la guerra interna del Cartel de Sinaloa iniciada a finales de 2024. La traición de los hijos del Chapo, que terminó con la captura de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, mantiene vivos los enfrentamientos entre las facciones de dos históricos líderes del narco que antaño eran socios.

A pesar de que en los primeros 18 meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum se ha anunciado la detención de casi 50.000 personas por delitos de alto impacto, y de que la cifra de homicidios en todo el país ha tenido una importante caída, la violencia sigue presentándose en el Estado. Episodios como el secuestro de cuatro turistas en Mazatlán, la desaparición de al menos 10 mineros en Concordia o el ataque a balazos contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán reflejan la grave situación de seguridad en la entidad.