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Documentos en manos de la Fiscalía e inteligencia de Estados Unidos, a los que ha tenido acceso ABC, demuestran que el chavismo desvió sumas colosales del Estado venezolano hacia Irán mediante esquemas encubiertos. Esos fondos pudieron ser empleados para pagos en España, algo que se investiga en Estados Unidos.

La documentación revela que el régimen venezolano sirvió de plataforma financiera y logística secreta para Teherán durante casi veinte años. En otras palabras, recursos estatales venezolanos fueron usados de forma sistemática para ayudar a Irán a evadir sanciones internacionales y sostener su economía y aparato militar. Para lograrlo, se diseñó una compleja arquitectura financiera: el chavismo utilizó fondos binacionales, empresas públicas venezolanas, bancos «pantalla» y proyectos industriales sin actividad real como fachada, todo creado con el fin de mover dinero ilícitamente y ocultar su destino final.

Entre 2006 y 2009, ambos gobiernos suscribieron al menos 279 acuerdos de cooperación económica en sectores energético, petroquímico, industrial, bancario y tecnológico , elevando el comercio bilateral por encima de los 6.000 millones de dólares (5.100 millones de euros). Este vínculo ha evolucionado hasta convertirse en una arquitectura financiera y logística compleja que permite a Teherán evadir sanciones internacionales mientras drena recursos de Venezuela hacia empresas iraníes en energía, construcción y sectores de doble uso.

En paralelo, según esos documentos, Venezuela se ha vuelto un centro de apoyo logístico y financiero clandestino para objetivos geopolíticos de Irán, incluyendo programas militares encubiertos y organizaciones no estatales aliadas de Teherán.

Según fuentes que gestionan estos documentos, las autoridades judiciales de Estados Unidos investigan además si parte de esos mecanismos financieros se utilizó para canalizar pagos hacia terceros países, incluidos socios europeos como España. La investigación examina posibles transferencias encubiertas a gobiernos aliados, intermediarios empresariales o actores políticos, realizadas a través de fondos binacionales, bancos creados para la cooperación con Irán o redes en paraísos fiscales asociadas a esa arquitectura paralela, con el objetivo de ocultar el origen y el destino final de los recursos.

Triangulación financiera

Venezuela creó una estructura financiera paralela para canalizar fondos hacia proyectos vinculados a Irán al margen de los controles habituales. El esquema se apoyó en fondos especiales como Fonden, en mecanismos bilaterales como el Fondo Conjunto China–Venezuela y en fondos y fideicomisos binacionales con Irán, además de una red de bancos offshore en jurisdicciones opacas. A través de esta arquitectura, Teherán recibió flujos relevantes de capital venezolano sin pasar por los circuitos sometidos al escrutinio de las sanciones internacionales.

Un elemento clave fue el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, alimentado con préstamos de China a Venezuela. Ese dinero se inyectó de nuevo a través de Fonden, que operó fuera del presupuesto oficial. Fonden mezcló ingresos petroleros, deuda y créditos externos y luego redistribuyó los recursos según decisiones del Ejecutivo. Esa falta de transparencia dificultó seguir el rastro del dinero, ya que los fondos perdieron trazabilidad al integrarse con otras partidas. Así, Venezuela pudo desviar recursos hacia empresas iraníes o proyectos conjuntos, presentándolos formalmente como iniciativas de desarrollo nacional.

Otro pilar fue la creación, entre 2007 y 2009, de un fondo y un banco binacional Irán–Venezuela para financiar proyectos de cooperación. En 2007 se anunció un Fondo Binacional con un capital de 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros) destinado a proyectos conjuntos, alimentado en parte con recursos procedentes del Fondo Conjunto China–Venezuela.

En paralelo, Irán abrió en 2008 en Caracas el Banco Internacional de Desarrollo, filial de su banco estatal de exportaciones, y en 2009 se inauguró un banco conjunto en Teherán con un capital inicial de 200 millones de dólares (170 millones de euros). Estas entidades permitieron canalizar transacciones directas entre Caracas y Teherán fuera del sistema financiero estadounidense. Estados Unidos sancionó en 2008 al banco de Caracas por sus vínculos con el aparato militar iraní y por facilitar la evasión de controles financieros.

Los investigadores consultados estiman que Venezuela canalizó cerca de 7.800 millones de dólares (6.650 millones de euros) hacia el ecosistema estatal iraní mediante estas maniobras. De este total, aproximadamente 4.689 millones de dólares (4.000 millones de euros) provendrían de proyectos y fondos vinculados directamente a Irán en sectores como energía y petroquímica. Otros 3.132 millones de dólares (2.800 millones de euros) corresponderían a desvíos indirectos. Gran parte de esos fondos procedían de los ingresos petroleros de Venezuela, incluidos préstamos de China, redirigidos mediante estructuras opacas hacia empresas estatales iraníes y la Guardia Revolucionaria de Irán.

Para enviar dinero a Irán sin pasar por rutas tradicionales bajo vigilancia, Venezuela usó bancos en países como Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong. En 2019, se intentó transferir más de 1.000 millones de dólares (850 millones de euros) desde Bandes a su filial en Uruguay, lo que mostró cómo se sacaban divisas del país a través de Montevideo. En Dubái y Hong Kong, bancos locales facilitaron pagos a empresas iraníes, aprovechando la falta de controles. Así se creó un sistema financiero paralelo que permitía pagar con petróleo, oro u otros medios sin dejar rastro claro, usando contratos ficticios y cuentas en el extranjero.

Estas revelaciones han llevado a que la Fiscalía de Estados Unidos investigue a altos funcionarios del Gobierno venezolano por manejar dinero ilegalmente con Irán. Entre los señalados están Nicolás Maduro y varios de sus aliados más cercanos, vinculados al llamado Cártel de los Soles. Washington ya los había sancionado y los acusa de formar parte de una red criminal. La investigación busca probar cómo esta relación con Irán sirvió para mover dinero en secreto, violar sanciones y ocultar el uso de fondos públicos venezolanos.

Las fotografías, difundidas el viernes, muestran a Clinton junto a Epstein y su novia y conseguidora, Ghislaine Maxwell, en distintos contextos sociales, entre ellos, una imagen tomada en una piscina subterránea en la que aparece también una mujer cuyo rostro ha sido tachado. Otras instantáneas lo sitúan en un avión privado con Michael Jackson y Diana Ross y hasta en una cena con Mick Jagger, Epstein y otras figuras públicas.

El material fue divulgado como parte inicial de un paquete de documentos oficiales cuya publicación había sido reclamada por el Congreso tras un acuerdo entre republicanos y demócratas que se impusieron a Trump. Clinton ya tuvo sus escándalos sexuales por mantener relaciones con una becaria, Monica Lewinsky, en la Casa Blanca.

El portavoz del expresidente, Angel Ureña, ha sostenido en un comunicado que la difusión de los archivos responde a una estrategia política. Según su versión, la Casa Blanca no busca depurar responsabilidades, sino protegerse ante lo que pueda salir a la luz más adelante sacando antes lo de Clinton. «Pueden publicar todas las fotos borrosas de hace más de veinte años que quieran, pero esto no trata de Bill Clinton», ha afirmado en la red social X.

Clinton mantiene desde hace años que rompió toda relación con Epstein alrededor de 2005, antes de que el millonario muerto se declarara culpable en Florida por solicitar servicios sexuales a una menor. Ureña ha insistido en esa línea al establecer una distinción entre quienes cortaron lazos antes de que se conocieran los delitos y quienes los mantuvieron después. «Estamos en el primer grupo», ha señalado.

La polémica se intensificó cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió una de las imágenes en X. Desde el entorno demócrata se citan, además, declaraciones de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, quien reconoció recientemente que Clinton no estuvo en la isla privada de Epstein en el Caribe, pese a las reiteradas afirmaciones en sentido contrario del presidente Trump.

Los registros oficiales indican que Epstein visitó la Casa Blanca al menos 17 veces durante los primeros años de la presidencia de Clinton. Tras dejar el cargo en 2001, Clinton viajó en varias ocasiones en el avión privado de Epstein en desplazamientos vinculados a actividades de la Clinton Global Initiative en África y Asia. Hasta ahora, no ha sido formalmente acusado de ningún delito relacionado con el caso.

La publicación de las imágenes coincide con la citación de Bill y Hillary Clinton ante el comité de supervisión de la Cámara de Representantes para declarar sobre sus vínculos con Epstein. Las comparecencias, aplazadas a enero, han añadido un nuevo elemento de tensión política a un caso que el presidente Trump ha utilizado de forma recurrente para atacar a figuras del Partido Demócrata.

Las fotografías, publicadas este viernes 19 de diciembre bajo el paraguas de la llamada Ley de Transparencia del Caso Epstein, muestran a Clinton en distintos lugares junto al financiero y su entorno, sin explicación oficial sobre fechas, circunstancias o propósito de los encuentros.

En una de las imágenes más llamativas, Clinton aparece junto a Ghislaine Maxwell, pareja y conseguidora de Epstein, en Londres. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión federal por conspirar con Epstein en la explotación sexual de menores.

Otras imágenes muestran al expresidente en un jacuzzi y posando junto a una mujer cuya identidad ha sido ocultada en los documentos oficiales, tachando la cara. El Departamento de Justicia no acompaña las fotografías de contexto adicional, lo que ha alimentado nuevas dudas sobre la naturaleza de la relación y sobre el alcance real del material que aún permanece bajo secreto de sumario, que todavía es una buena porción.

La publicación se produce en un clima político marcado por una presión creciente del Congreso, que obligó a la Administración Trump a fijar un calendario para hacer públicos miles de documentos vinculados a la investigación federal sobre Epstein. El financiero murió por suicidio en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York, mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su muerte, en circunstancias que siguen generando sospechas, convirtió el caso en un símbolo de las fallas del sistema y de la protección de las élites.

La relación de Clinton con Epstein no es nueva. El expresidente, que ocupó la Casa Blanca entre 1993 y 2001, ha reconocido haber coincidido socialmente con él y haber viajado en algunas ocasiones en su avión privado, aunque siempre ha negado conocer o sospechar de sus actividades criminales. Su nombre ya figuraba en registros de vuelo, agendas y documentos judiciales, pero las imágenes difundidas ahora aportan una dimensión visual inédita que reaviva el debate público.

La ley que ampara la publicación de los archivos busca precisamente facilitar ese escrutinio. Firmada por Trump, obliga al Departamento de Justicia a poner a disposición del público pruebas incautadas en registros de propiedades de Epstein y materiales procedentes de distintas investigaciones criminales. En teoría, los documentos deben ser plenamente consultables y permitir búsquedas directas por nombres y conceptos clave.

En la práctica, sin embargo, el sistema habilitado por el propio Departamento de Justicia presenta limitaciones notables. La base de datos, denominada Epstein Library, no arroja resultados siquiera ante búsquedas básicas como «Clinton» o «Trump». Esa disfunción ha provocado críticas inmediatas y ha reforzado la percepción de que la transparencia avanza a trompicones, con filtraciones parciales y un control aún significativo sobre qué se publica y cómo.

Mientras tanto, el Congreso ha avanzado por su cuenta. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes llevan semanas difundiendo documentos y fotografías procedentes del patrimonio de Epstein. En ese material aparecen mencionadas figuras de primer nivel del mundo político, económico y cultural, desde Elon Musk y Peter Thiel hasta Steve Bannon, el príncipe Andrés del Reino Unido o Bill Gates. La aparición de un nombre o una imagen no implica acusación alguna, pero el goteo constante ha ampliado el radio del escándalo.

Entre las nuevas fotografías figuran también el actor Kevin Spacey y el humorista Chris Tucker, en algunas imágenes compartidas con Clinton, así como instantáneas del expresidente junto a Mick Jagger, Michael Jackson y Diana Ross. Ninguna de estas personas ha sido acusada de delitos en relación con Epstein, pero su presencia ilustra la amplitud del círculo social que rodeó durante años al financiero.

El caso también ha salpicado a Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro durante el segundo mandato de Clinton y expresidente de la Universidad de Harvard. Correos electrónicos intercambiados con Epstein, publicados por el comité, provocaron su retirada de algunos cargos públicos y académicos. Esos contactos forman parte ahora de investigaciones federales ordenadas por Trump el pasado 14 de noviembre, centradas específicamente en las relaciones de Epstein con Clinton y Summers.

Ambos expresidentes, Clinton y Trump, han afirmado que cortaron su relación con Epstein años antes de su muerte. Aun así, los republicanos del Comité de Supervisión han citado a Clinton y a su esposa, Hillary Clinton, para que presten declaración en el marco de la investigación parlamentaria. En una carta enviada al Congreso, su abogado sostuvo que la demanda social de transparencia es comprensible, pero consideró innecesarias las deposiciones, al entender que toda la información relevante puede entregarse por escrito.

La publicación de las nuevas imágenes no cierra el caso, sino que lo reactiva. Revela tanto lo que se muestra como lo que aún permanece oculto, y subraya la dificultad de cerrar definitivamente una trama que conecta poder, dinero y silencio institucional. A medida que avanzan las investigaciones federales y el Congreso mantiene la presión, el archivo Epstein sigue funcionando como un espejo incómodo de las zonas grises del poder en Estados Unidos.

La escena fue llamativa. Rubio, de padres cubanos, nacido en Miami, no solo es secretario de Estado, sino también consejero de Seguridad Nacional, una concentración de poder e influencia bajo el presidente que no se veía desde los tiempos de Henry Kissinger. En ese contexto, su mensaje sobre Venezuela fue directo y sin matices: Washington no interpreta las advertencias de Moscú como un factor determinante en su estrategia en el Caribe. «No estamos preocupados por una escalada con Rusia en relación con Venezuela», dijo, dando por descontado que el respaldo del Kremlin al chavismo se limita al plano político y discursivo.

Rubio explicó que ese apoyo ruso entra dentro de lo esperado y no altera el cálculo estadounidense. Rusia, subrayó, tiene hoy su atención, sus recursos y su credibilidad internacional absorbidos en Europa. En la práctica, eso reduce su capacidad de intervenir o condicionar lo que ocurre en el resto del mundo. El mensaje fue claro: Venezuela no es un tablero en el que Moscú tenga capacidad real de disuasión frente a Washington, y cualquier presión ejercida desde EE.UU. no tiene en cuenta el criterio del Kremlin.

A partir de ahí, el secretario de Estado defendió la acumulación de presión militar y judicial sobre el régimen de Maduro como una operación de seguridad nacional, no como una escalada bélica. Defendió el despliegue de fuerzas en el Caribe, de la presencia de buques de guerra y de operaciones contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, y dejó claro que cada movimiento se rige por criterios legales estrictos. «Sabemos quién va en esos barcos, los seguimos desde el principio», afirmó, insistiendo en que hay ataques que no se ejecutan porque no cumplen los requisitos legales.

Rubio evitó pronunciarse explícitamente sobre un objetivo de cambio de régimen, pero no dejó dudas sobre la naturaleza del poder en Caracas. Definió al Gobierno de Maduro como un «régimen ilegítimo» que coopera con organizaciones terroristas y redes criminales, y lo vinculó de forma directa con Irán, Hizbolá, el ELN y disidencias de las FARC que, según Washington, operan abiertamente en territorio venezolano. En ese marco, dijo, la prioridad de Estados Unidos es proteger sus intereses y garantizar la estabilidad y la seguridad regional.

También marcó límites institucionales. Rubio sostuvo que ninguna de las acciones emprendidas hasta ahora obliga al Ejecutivo a pedir autorización al Capitolio, una respuesta dirigida a las críticas demócratas por la falta de información sobre las operaciones en curso. Según su explicación, Estados Unidos no ha cruzado el umbral legal que convertiría esta estrategia en una guerra formal, aunque reconoció que se trata de una presión sostenida y creciente.

La cantidad de argumentos, datos, la consideración detenida y detallada de cada posición contrasta con el estilo torrencial y caótico de Trump, que mezcla advertencias y amenazas sin pararse a considerar precedentes o efectos a largo plazo. En esta comparecencia quedó claro que el secretario de Estado es la mente tras las decisiones más cruciales y decisivas de la Administración Trump en política exterior.

Latinoamérica, una prioridad

El telón de fondo de toda la intervención fue una idea que Rubio repitió de distintas formas: el continente americano vuelve a ser una prioridad estratégica para Washington. Sin mencionarlo de forma explícita, su discurso encajó con la lógica de reactivar la llamada Doctrina Monroe como marco político y de seguridad. Venezuela aparece así no solo como un problema interno o humanitario, sino como un nodo de crimen transnacional protegido por un Estado y tolerado por actores externos sin capacidad real de alterar el equilibrio que decida EE.UU.

Rubio se permitió también momentos de ligereza que rompieron la rigidez habitual del Departamento de Estado. Cuando un periodista empezó una pregunta mencionando a «Vladímir Putin», Rubio lo interrumpió con media sonrisa: «Ese es tu nombre». El periodista respondió que no, que Putin había dado horas antes una conferencia de casi cuatro horas, y Rubio remató: «Seguro que no en español». Fue una broma breve, que relajó la sala y marcó el tono de una relación con la prensa muy distinta a la que se vive hoy en la Casa Blanca y también a la de etapas anteriores. Sin guiones cerrados ni respuestas encapsuladas, Rubio dejó hablar, se dejó repreguntar y aceptó la incomodidad como parte de su trabajo.

La decisión llega pocos días después de que fuerzas estadounidenses se incautaran frente a las costas de Venezuela del petrolero The Skipper, un buque que llevaba años bajo sanciones por su vinculación con redes de contrabando de crudo iraní y que, según Washington, también había sido utilizado para transportar petróleo venezolano. El propio Donald Trump anunció la operación desde la Casa Blanca, mientras el Departamento de Justicia difundía imágenes de helicópteros y fuerzas especiales tomando el control del barco. El episodio anticipó el endurecimiento del pulso económico y legal que ahora formalizan el Tesoro y el Departamento de Estado.

Desde Washington se insiste en que estas sanciones no son simbólicas ni se limitan a engrosar listas burocráticas. El objetivo declarado es paralizar físicamente la operatividad de la ‘flota fantasma’. Al bloquear buques concretos, empresas gestoras y propietarios, cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense queda inmovilizado y se prohíbe a personas o compañías de EE.UU. operar con ellos. En la práctica, esto dificulta el acceso a seguros, financiación, puertos, servicios técnicos y transacciones internacionales, encarece cada envío y multiplica los riesgos logísticos. La lógica es simple: hacer que cada barril exportado resulte más caro, más lento y más vulnerable.

El Tesoro sostiene que el propósito final no es castigar por castigar, sino privar a Irán de los ingresos petroleros que, según Washington, se destinan a programas militares, a redes de seguridad y a aliados armados en Oriente Próximo. «Seguiremos privando al régimen de los ingresos que utiliza para financiar su aparato militar y sus programas de armas», resumió el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. Las sanciones se adoptan al amparo de la orden ejecutiva que apunta directamente a los sectores petrolero y petroquímico iraníes y forman parte del memorando presidencial que reinstauró la política de máxima presión tras el regreso de Trump al poder.

Documentos publicados recientemente por ABC describen cómo el chavismo ha desviado durante años miles de millones de dólares procedentes del petróleo para sostener al régimen iraní y contribuir tanto a su programa nuclear como a su red de influencia exterior. Un informe entregado a la Fiscalía de EE.UU. y a la Casa Blanca por exagentes de inteligencia y ex altos cargos venezolanos cifra en 7.821 millones de dólares los fondos canalizados directa o indirectamente hacia Irán mediante fondos binacionales, créditos chinos, empresas públicas y proyectos industriales ficticios diseñados para evadir sanciones.

Según esa documentación, parte de ese dinero habría acabado en manos de la Guardia Revolucionaria y de aliados como Hizbolá y Hamás, además de financiar operaciones de influencia política en distintos países, incluida España.

El petróleo, moneda política y financiera

La Casa Blanca define el bloqueo de petroleros venezolanos como una operación de «denegación de liquidez». No se trata solo de impedir que la estatal PDVSA cobre por sus ventas, sino de inutilizar el crudo venezolano como activo financiero en mercados paralelos. Washington centra el tiro en las rutas marítimas hacia China, que es el destino de la mayor parte del petróleo venezolano, vendido con descuento debido a las sanciones. Esas rutas están dominadas por la ‘flota fantasma’: buques con cambios constantes de bandera, transbordos en alta mar y estructuras de propiedad opacas diseñadas para diluir el origen del crudo.

En ese esquema, el petróleo funciona como moneda política y financiera. Parte de los ingresos que entran en Venezuela desde China, sostienen fuentes estadounidenses, acaban por beneficiar a terceros países sancionados, en particular Irán. El Fondo Chino-Venezolano aparece como una de las piezas clave de esa triangulación. Un informe avanzado por ABC estima que solo un desvío conservador del 5% de ese fondo permitiría explicar más de 3.000 millones de dólares canalizados indirectamente hacia Teherán, a los que se sumarían otros flujos directos ligados a proyectos energéticos y petroquímicos.

Trump ha añadido además una exigencia política inédita al discurso sancionador. El presidente ha vinculado el mantenimiento del cerco a la devolución de activos que Estados Unidos considera expropiados en el pasado. «Mantendremos la presión hasta que Venezuela devuelva todo el petróleo, las tierras y los activos que nos robaron», afirmó esta semana. La referencia apunta a las nacionalizaciones impulsadas por Hugo Chávez a partir de mediados de los años 2000, cuando el Estado venezolano tomó el control de proyectos con participación de grandes compañías extranjeras, incluidas estadounidenses.

Desde el regreso de Trump al poder, Washington asegura haber sancionado a más de 180 buques vinculados a la ‘flota fantasma’, registrados bajo banderas de conveniencia como Panamá, Palaos, Islas Cook, Barbados o Jamaica. Muchos de ellos están gestionados por sociedades creadas únicamente para poseer un solo barco. El paquete anunciado este jueves incluye también la designación del empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, acusado de coordinar transportes de derivados iraníes desde Emiratos Árabes Unidos y de participar en traspasos de carga de barco a barco, algunas con escalas en puertos controlados por los hutíes en Yemen.

Pese a todo, los datos de seguimiento marítimo muestran que el flujo de petróleo iraní hacia China sigue siendo elevado en 2025, en torno a 1,5-1,7 millones de barriles diarios. Para Washington, esa paradoja refuerza la necesidad de intensificar el cerco, como se hizo este jueves.

El caso, instruido en el distrito sur de Nueva York, subraya además el carácter global de la organización, con presencia documentada no solo en América Latina y EE.UU., sino también en Europa, incluida España, donde las autoridades siguen de cerca la expansión de estas redes.

El escrito lo sitúa en la cúspide de una estructura jerárquica que operó desde Venezuela hacia EE.UU. y otros países. Dicha mafia actuó con apoyo logístico, uso sistemático de la violencia y cooperación con redes de tráfico de cocaína protegidas por funcionarios del régimen venezolano, incluido el llamado Cártel de los Soles, que es la estructura delictiva imputada en EE.UU. Según la acusación, Guerrero Flores supervisó personalmente envíos de droga a gran escala, la circulación de armamento de guerra y la expansión internacional del grupo, incluso mientras mantenía control operativo desde prisión.

Según la hoja de cargos, «el Tren de Aragua operó como una organización criminal nacional e internacional, con miembros y asociados que llevaron a cabo de forma regular actividades de pandilla y actos de terrorismo que trascendieron fronteras nacionales a lo largo del hemisferio occidental». En este sentido, precisa que mantuvo presencia «en Colombia, Perú, Chile, Brasil, México y España», además de EE.UU.

Según la acusación federal y los documentos del Departamento de Justicia de EE.UU., la conexión de Niño Guerrero con el Cártel de los Soles es operativa y estructural. La Fiscalía sostiene que el Tren de Aragua actuó como brazo criminal complementario de esa red que comanda Nicolás Maduro, facilitando rutas de narcotráfico, protección armada, control territorial y logística para el envío de cocaína desde Venezuela hacia el resto del mundo.

Esta imputación parte de una ofensiva federal a gran escala contra el Tren de Aragua, con la desclasificación de múltiples acusaciones contra más de 70 personas, entre líderes y miembros de la organización. Sus delitos incluyen asesinatos, secuestros, extorsión, robos, lavado de dinero y narcotráfico dentro y fuera del país. Desde el 20 de enero de 2025, la Fiscalía federal ha imputado ya a más de 260 integrantes del grupo en distintos distritos —entre ellos Nueva York, Texas, Colorado, Nebraska y Nuevo México— en el marco de una estrategia coordinada para desmantelar su cúpula, sus finanzas y su capacidad operativa.

El Cártel de los Soles, integrado por altos mandos militares y funcionarios venezolanos, habría garantizado impunidad, acceso a corredores estratégicos y cobertura estatal, mientras organizaciones como el Tren de Aragua ejecutaban sobre el terreno tareas de violencia, cobro, transporte y disciplina criminal.

Corrupción institucional

Washington sostiene que estas redes prosperaron gracias a la corrupción institucional, incluida la compra de políticos en el extranjero, la connivencia de fuerzas de seguridad y la falta deliberada de persecución penal. En ese marco, Niño Guerrero habría operado con libertad durante años, incluso desde prisión, beneficiándose de un sistema que, según EE.UU., permitió que el narcotráfico y el crimen organizado se integraran en la estructura de poder del régimen.

Las implicaciones de esta mención son relevantes porque sitúan formalmente a España dentro del perímetro judicial y operativo de una acusación federal estadounidense contra una organización considerada terrorista y mafiosa a escala transnacional. No se trata de una referencia política, sino penal: el documento sostiene que el grupo utilizó territorio español como parte de su expansión, logística o asentamiento, lo que ahora abre la puerta a cooperación judicial, intercambio de inteligencia y eventuales causas paralelas en jurisdicciones europeas.

La acusación la formula la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, una de las más poderosas del país, especializada en crimen organizado internacional, narcotráfico y terrorismo. Además, actúa en nombre del Gobierno federal de EE.UU. ante tribunales federales, con la potestad de coordinar actuaciones con otros países socios cuando los delitos afectan a varios sistemas jurídicos en todo el mundo.

Niño Guerrero, el principal estratega

Guerrero Flores, que tiene otros alias como ‘El Cerón’ o ‘El Innombrable’, es señalado por la Fiscalía federal como el líder histórico y máximo responsable del Tren de Aragua. Según la acusación, durante más de una década dirigió o codirigió la organización desde Venezuela, incluso mientras permanecía en prisión, controlando operaciones criminales transnacionales que incluían narcotráfico a gran escala, terrorismo, tráfico de armas, secuestros, extorsión, trata de personas y lavado de dinero. El escrito lo describe como el principal estratega de la expansión internacional del grupo, con capacidad para ordenar asesinatos, coordinar envíos de cocaína y armas, y mantener alianzas con otras redes criminales, incluido el Cártel de los Soles vinculado a altos cargos del régimen venezolano.

El Tren de Aragua es definido por la Fiscalía como una organización criminal transnacional estructurada como una empresa mafiosa, con liderazgo centralizado, células regionales y uso sistemático de la violencia para controlar territorios, rutas y poblaciones. Nacido en el entorno carcelario venezolano, el grupo se expandió por América Latina, EE.UU. y Europa, combinando actividades de narcotráfico, trata de personas, extorsión, robos y asesinatos con métodos propios del terrorismo. Para las autoridades estadounidenses, el Tren de Aragua no es una banda local sino una red criminal con impacto directo en la seguridad internacional, capaz de operar a ambos lados de las fronteras y de corromper instituciones para proteger su negocio ilícito.

Según la información oficial del Departamento de Estado de EE.UU., no se sabe con certeza dónde se encuentra Niño Guerrero. Las autoridades lo consideran prófugo desde que abandonó la prisión de Tocorón, en Venezuela, y creen que se mueve entre distintos países con apoyo de la red criminal del Tren de Aragua. EE.UU. lo busca activamente en coordinación con el FBI y la Policía Nacional de Colombia, lo que indica que no está bajo custodia y que su paradero sigue siendo una incógnita operativa.

Washington ofrece hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena, dentro de un programa más amplio que suma hasta doce millones de dólares para los tres principales líderes del Tren de Aragua.

Este año, durante su festiva inauguración, cundió el pánico entre las cerca de 20.000 personas que la presenciaban. Un dron irrumpió en la Hauptmarkt, volando desde detrás de la iglesia gótica de Nuestra Señora, y activó los protocolos de seguridad que llevaron en pocos minutos a la detención de su piloto, un bloguero que intentaba tomar imágenes.

La rápida detección y neutralización del dron fue posible gracias a que, además de las patrullas visibles de la Policía de Mittelfranken, el evento cuenta con agentes de paisano entre la multitud y cerca de cincuenta agentes de seguridad privada.

A esto se suma el personal de control en los accesos, con inspecciones aleatorias de mochilas y bolsas, las barreras físicas como bolardos y vehículos de gran tamaño a modo de obstáculos, un sistema de videovigilancia que se extiende también a las calles adyacentes y un plan de coordinación con los bomberos y los servicios médicos que incluyen rutas de acceso y evacuación especialmente diseñadas para ellos.

En conjunto, el dispositivo de seguridad del Christkindlesmarkt supera los dos millones de euros, una inversión forzada por las nuevas normativas de seguridad y que otros mercados más pequeños no se pueden permitir.

Prioridad: la seguridad

La seguridad es una prioridad máxima para los cerca de mil mercados de adviento que se celebran cada año en Alemania desde el atentado de 2016, que tuvo lugar en el Breitscheidplatz de Berlín. Un camión embistió contra la multitud y causó 12 muertos, cuyos nombres siguen siendo recordados a los pies de la Iglesia Memorial del Emperador Guillermo.

Para evitar atentados de ese tipo, es obligatoria desde entonces una infraestructura antiterrorista, con personal especializado y tecnología de vigilancia, además de bloques de hormigón y bolardos metálicos estandarizados que han elevado el presupuesto total de los mercadillos en un 44% en los últimos tres años.

Las autoridades recalcan que no hay amenazas concretas en 2025, pero los sustos no faltan. Hace unos días un hombre amenazó a otro con un cuchillo en el mercado de Weimar, junto a la pista de hielo de Theaterplatz. La multitud reaccionó expulsándolo con agresividad del recinto, antes incluso de que actuasen las fuerzas del orden.

«Claro que se siente miedo, pero no podemos dejar de venir, sería como rendirse. Naturalmente se habla de eso en casa, se comenta con los compañeros del trabajo, si será seguro o no visitar el mercado de Adviento, si este es o no más seguro que tal otro o si hay horarios más seguros. Pero lo cierto es que no sabes, te expones, corres un riesgo, pero es lo que hay y tenemos que seguir adelante así», dice a ABC Knut, padre de cuatro hijos que dan cuenta de otros tantos corazones de pan de jengibre. «Ahora bien», añade, «si no dejamos de venir por miedo, igual tenemos que dejar de venir por una cuestión económica: los nuevos requisitos de seguridad y sus costes se trasladan a los precios y una familia tiene ya que hacer cuentas antes de ir con los niños al mercado de Adviento».

«Sí, creemos que hay que seguir visitando y disfrutando de los mercados como acto de resistencia contra esos que quieren impedirlo. Se lo debemos a las personas que han muerto en atentados, habrían muerto en vano si dejamos que esta tradición se pierda», responden conjuntamente Sören y Luise, una pareja de novios que comparten una taza de vino caliente en el mercado navideño de Alexander Platz.

La caída de visitantes no afecta a estos grandes mercados centrales, que se alimentan también del turismo durante los puentes de diciembre, pero otros similares y también de gran tradición causan ya baja, como el de Charlottemburg, que este año ya no se celebra.

Requisitos más estrictos

«Los requisitos se han vuelto cada vez más estrictos y dan a los clientes la sensación de poder decir: ‘Vale, puedo dejarlo todo, me siento seguro’. En realidad no existe la seguridad completa, pero con estas medidas se ha vuelto muy complicado un ataque y trabajamos aquí con relativa tranquilidad», comenta a ABC David Russ, jefe de producción del mercado Gendarmenmarkt de Berlín, blindado con grandes barreras de hormigón, recinto cerrado, controles en las entradas, videovigilancia y personal de seguridad capacitado.

«Me siento más tranquila al verla y tocarla», dice Chrystel, estudiante de 22 años, mientras se abraza a un bloque de hormigón, ignorando los detalles concretos de su diseño. Uno de los problemas de seguridad que ha estado a punto de mantener cerrado este año cerrado el de Magdeburgo era que sus barreras físicas evitaban la embestida de vehículos de hasta 3,5 toneladas, pero no de 7,5 toneladas como establece la normativa.

Y en su defensa de la tradición navideña, las autoridades alemanas están dispuestas a recurrir a la última tecnología. El conservador Sven Schulze, que quiere convertirse en el próximo presidente regional de Sajonia-Anhalt propone seguridad asistida con inteligencia artificial (IA). «La IA nos ayudará a saber si alguien no es un visitante normal o está estudiando el lugar con antelación. Hay patrones de movimiento, hay formas de detectarlo a través de las imágenes de las cámaras de seguridad… Estoy en conversaciones intensivas con el Ministerio del Interior sobre esto. Se trata de tecnología moderna, de la expansión de la vigilancia por vídeo y móviles, que estamos considerando. La IA nos permitirá prevenir ataques con IA en el futuro», confía.

En Bielefeld, han circulado en redes noticias falsas informando que los ciudadanos que acudan al mercado de Adviento serán evaluados por la Oficina para la Protección de la Constitución, el servicio de inteligencia interior de Alemania. La ciudad, lejos de tomárselo a broma, ha advertido del fraude y ha presentado una denuncia penal.

Otro tipo de violencia

Si bien las medidas adoptadas hasta ahora han conseguido evitar nuevos ataques en los mercados de Adviento, la violencia los sigue rondando. A las puertas del mercadito de Herford, en Renania del Norte-Westfalia, un adolescente de 16 años pidió ayuda la semana pasada a las familias que abandonaban el recinto. Estaba sangrando y se tambaleaba, debido a una herida de cuchillo en la espalda.

Según un portavoz de la Policía, el adolescente recibió atención médica de urgencia en el acto y luego fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento intensivo. Mientras tanto, la policía llegó con un gran contingente.

El mercado fue evacuado y los perros rastreadores buscaron explosivos. «Yo no quería venir, pero los niños insistían y finalmente accedimos. Pero ya no es como antes, es como salir de noche, no lo debes hacer con niños», relataba a la televisión local una madre de familia poco después de la evacuación. La Policía de Bielefeld se ha hecho cargo de la investigación por intento de homicidio. El incidente no entrará a formar parte de las estadísticas de ataques a mercados navideños.

Para los analistas estadounidenses citados en el informe, el papel de China es especialmente sensible porque introduce a una gran potencia en una arquitectura diseñada para erosionar el régimen internacional de sanciones. Aunque el documento no atribuye a Pekín un control directo sobre el destino final de los fondos, sí subraya que el diseño del Fondo Chino-Venezolano (FCCV) y la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión facilitaron el desvío. Venezuela, concluyen, actuó como intermediario consciente.

El informe señala que este modelo anticipa esquemas similares observados en la relación directa entre China e Irán, basados en trueques de petróleo por obras e infraestructura, con pagos canalizados fuera del sistema financiero tradicional. En ese sentido, la experiencia venezolana habría funcionado como laboratorio temprano de una red financiera paralela que hoy preocupa abiertamente a Washington bajo la Presidencia de Donald Trump.

Para la Fiscalía estadounidense, el documento se incorpora a investigaciones en curso sobre ampliaciones de cargos contra integrantes del cártel de los Soles y otros altos cargos del régimen venezolano. La inclusión del componente chino añade una dimensión internacional que refuerza el carácter estratégico del caso y explica, según las fuentes consultadas, el endurecimiento de la presión política, judicial y militar de Estados Unidos sobre la dictadura de Nicolás Maduro, que podría verse enfrentada muy pronto a una ampliación de cargos.

Infraestructura y desarrollo

El eje de ese sistema es el Fondo Chino-Venezolano, creado para canalizar préstamos de Pekín destinados, sobre el papel, a proyectos de infraestructura y desarrollo en Venezuela y Argentina. El informe sostiene que esos recursos, una vez ingresados en el entramado financiero del Estado venezolano, fueron mezclados con renta petrolera y redistribuidos a través de fondos opacos, empresas públicas y fideicomisos binacionales, algunos de los cuales acabaron financiando proyectos, pagos y estructuras vinculadas al régimen iraní.

Para 2010, según el documento, el FCCV había alcanzado un volumen aproximado de 12.000 millones de dólares, con más de 9.300 millones ya desembolsados en 124 proyectos. Es en ese momento cuando los autores del informe sitúan el punto de inflexión: parte de esos recursos habría sido desviada hacia programas industriales y financieros que, aunque formalmente encuadrados como cooperación entre países del llamado sur global, beneficiaron de manera efectiva a empresas estatales iraníes y a estructuras vinculadas a su aparato estratégico.

China, origen del dinero

El informe revisado por ABC no presenta a China como socio ideológico de Irán en Venezuela, sino como el origen del dinero que hizo posible la maniobra. En resumidas: Pekín prestaba fondos a Caracas; Caracas los absorbía en su sistema financiero; y, desde ahí, una parte se redirigía hacia proyectos con participación iraní, utilizando a Venezuela como plataforma de redirección. Ese es el razonamiento básico de la acusación con pruebas que tienen las autoridades norteamericanas: sin el colchón financiero chino, el volumen y la duración del esquema habrían sido inviables.

El papel de Fonden resulta central en ese proceso. Se trata del Fondo de Desarrollo Nacional, que aparece descrito como una auténtica «caja de distribución» sin control parlamentario, capaz de mezclar recursos del FCCV, ingresos petroleros, emisiones de deuda y otras fuentes. Una vez dentro de Fonden, sostiene el documento, el dinero perdía su trazabilidad. Esa total opacidad permitía asignaciones discrecionales a proyectos industriales, agrícolas o energéticos que servían como fachada para transferencias posteriores.

Entre esos proyectos, el informe destaca el programa de las llamadas «fábricas socialistas», concebido como una iniciativa a tres naciones con Argentina e Irán. Según los documentos, un subgrupo de al menos 21 plantas requería más de 1.000 millones de bolívares para obra civil y equipamiento. La financiación se articulaba desde Venezuela, con recursos procedentes de Fonden y el propio Fondo Chino-Venezolano. Las empresas argentinas asumían parte de la obra civil, mientras que socios iraníes aportaban tecnología y equipos. El resultado, señala el informe entregado en Washington, fue que las plantas nunca se construyeron o quedaron inacabadas, pero los fondos sí se desembolsaron.

Ese patrón se repite en otros proyectos industriales citados por el documento. Plantas de plásticos, procesadoras de alimentos, instalaciones petroquímicas y proyectos de defensa aparecen financiados con recursos mezclados del FCCV y de fondos venezolanos. En varios casos, los autores subrayan la ausencia de evidencia sólida de ejecución real, pese a los pagos efectuados. El beneficio, concluyen, se desplazó hacia proveedores iraníes o estructuras binacionales que permitían capturar valor con escasa exposición pública.

El informe identifica además empresas estatales iraníes concretas que habrían recibido pagos canalizados a través de este sistema, entre ellas Petropars y Sadra. Esos pagos, explica, se tramitaron bajo contratos industriales o petroleros gestionados por Pdvsa y Bandes, en ocasiones mediante cuentas y mecanismos fuera del sistema bancario SWIFT, diseñados para aumentar la opacidad y reducir la capacidad de rastreo por parte de las autoridades internacionales.

Rutas financieras de alto riesgo

A ese circuito se suman rutas financieras consideradas de alto riesgo. El documento menciona el uso de bancos y jurisdicciones como Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong, que habrían servido para triangular transferencias y fragmentar el recorrido del dinero. La combinación de fondos chinos, renta petrolera venezolana y estructures financieras paralelas creó, según el informe, una red suficientemente compleja como para eludir durante años los controles asociados a las sanciones contra Irán.

La cuantificación es uno de los elementos clave. El informe no sostiene que la totalidad de los 7.821 millones de dólares estimados como apoyo venezolano al ecosistema iraní proceda de China. Al contrario, distingue con claridad. Atribuye unos 4.689 millones de dólares a proyectos y fondos explícitamente ligados a Irán, como energía, petroquímica y fondos binacionales. A esa cifra añade una estimación conservadora de otros 3.132 millones de dólares procedentes del desvío indirecto de recursos del Fondo Chino-Venezolano. Es ese segundo bloque el que sustenta la nueva línea de investigación.

En otras palabras, según el documento, al menos unos 3.000 millones de dólares de origen chino-venezolano habrían sido integrados en la arquitectura financiera que permitió a Teherán sostener su economía bajo sanciones y financiar actividades estratégicas. No se trata de una acusación genérica, sino de una estimación consolidada elaborada a partir de proyectos identificados, flujos financieros y testimonios de exfuncionarios venezolanos hoy cooperadores con la justicia estadounidense.

El informe también conecta este mecanismo con acuerdos de cooperación técnico-militar suscritos por Venezuela con varios países, entre ellos China e Irán. En documentos internos de 2008 y años posteriores, Fonden aparece como instrumento para financiar proyectos clasificados como estratégicos, sin desglose público ni auditoría externa. Esa coincidencia refuerza la tesis de que el fondo funcionó como nodo central de una política exterior financiera, y no como simple herramienta de desarrollo, como se pretendía en su lanzamiento.

Ambas «acusaciones» han sido negadas por miembros del Gobierno de Díaz-Canel, pero los sucesos exponen cómo el régimen intenta distanciarse del tráfico de drogas temiendo el efecto dominó que pueda desencadenarse.

Mientras la Administración de Donald Trump hunde narcolanchas y mantiene el despliegue en el Caribe de sus poderosas fuerzas militares, con el portaaviones Gerald R. Ford, ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 como parte de su campaña de presión contra Maduro, La Habana reafirma públicamente su apoyo a Maduro.

Sin embargo, detrás del telón el régimen castrista contacta con funcionarios estadounidenses para sostener discusiones sobre «cómo sería el mundo sin un Gobierno de Maduro».

Así lo asegura la agencia Reuters a partir del testimonio de dos fuentes anónimas, quienes se negaron a decir quién específicamente de Cuba había contactado con Estados Unidos. Por su parte, La Habana se apresuró a rechazar estos «reportes de prensa». La viceministra de Relaciones Exteriores de la isla, Josefina Vidal, afirmó que «Cuba rechaza los intentos de manchar su limpio historial de lucha por la paz en América Latina, el Caribe y contra el tráfico de drogas».

Vidal calificó las versiones sobre contactos como parte de una campaña para erosionar la relación entre La Habana y Caracas. En su comunicado, señaló igualmente que «sectores guerreristas estadounidenses recurren a burdas mentiras para intentar quebrar la unidad del Gobierno y el pueblo de Venezuela contra la agresión externa, así como involucrar a Cuba en la construcción de falsedades y pretextos para justificar una agresión».

El 25 de noviembre, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó al Gobierno estadounidense de promover un «derrocamiento violento» en Venezuela y calificó la presencia militar de Estados Unidos en la región como una amenaza «exagerada y agresiva». Asimismo, advirtió de que intentar derrocar a Maduro sería «extremadamente peligroso e irresponsable».

Incautación de un petrolero

El canciller reaccionó igualmente a la reciente incautación de un buque petrolero «muy grande» frente a las costas de Venezuela, el cual, según una fuente anónima citada por Bloomberg, se dirigía a Cuba. Tanto Rodríguez Parrilla como el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, calificaron la acción como un «acto de piratería».

Pero, ¿por qué preocuparía tanto a La Habana el desenlace del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela?

El régimen cubano ha sido uno de los principales aliados de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Sin embargo, se trata de una alianza que va más allá de la política y la ideología.

La investigadora cubanoamericana María Werlau, directora del Archivo Cuba, ha definido esta relación como una «intervención» de Cuba en Venezuela, que va desde las comunicaciones hasta las fuerzas armadas. «Todo ha sido un plan de Fidel Castro con un objetivo continental, y empezó con Chávez. Maduro se entrenó en Cuba y es un agente de Cuba desde entonces. Es un tipo que Cuba ha controlado. Hay documentos que lo respaldan», asegura Werlau.

La confesión del ‘Pollo’ Carvajal

Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el ‘Pollo’ Carvajal y antiguo director de la Inteligencia Militar venezolana bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, aseguró en una carta enviada desde una prisión federal de Estados Unidos que el chavismo operó durante dos décadas como un entramado criminal sustentado en narcoterrorismo, espionaje y fraude electoral con apoyo directo del Gobierno cubano.

La confesión ha sido presentada como la más amplia admitida por un alto mando del chavismo sobre las operaciones internas del régimen. El exgeneral atribuye al régimen cubano el diseño de un plan -desde inicios de los años 2000- para convertir el narcotráfico en un mecanismo de presión geopolítica, cuya finalidad es «usar las drogas como arma contra Estados Unidos».

El encargado de ejecutar la estrategia era el cártel de los Soles, con el apoyo de las FARC, el ELN, operativos cubanos y terroristas de Hizbolá. El exjefe de Inteligencia describió igualmente operaciones de espionaje impulsadas por Rusia y Cuba desde Venezuela.

Pocas horas después de la confesión, altos mandos del Ministerio del Interior del régimen cubano dieron una rueda de prensa en la que, si bien no respondieron directamente a Carvajal, negaron cualquier implicación del Estado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y reiteraron su política de «tolerancia cero» frente a ese delito. Las autoridades calificaron las denuncias como «infundadas» y parte de una campaña de descrédito contra el Estado cubano.

La Fiscalía norteamericana de hecho está trabajando en posibles ampliaciones de cargos para los integrantes del llamado cártel de los Soles, integrado por los más altos jerarcas venezolanos, en distintas jurisdicciones de EE.UU. Trump designó a dicho grupo como Organización Terrorista Extranjera, una medida que entró en vigor el 24 de noviembre de 2025. Washington identifica como implicados a Nicolás Maduro y a otros altos cargos del régimen venezolano y recuerda que la red ya estaba previamente sancionada por el Departamento del Tesoro.

El informe, que circula desde hace pocas semanas en Washington y al que ha tenido acceso ABC, va mucho más allá de una relación coyuntural entre dos regímenes sancionados. Describe la construcción paciente, durante dos décadas, de una arquitectura financiera y logística diseñada por el chavismo para permitir a Irán esquivar controles internacionales utilizando el aparato del Estado venezolano, desde fondos binacionales y empresas públicas hasta bancos pantalla y proyectos industriales sin producción real, solo ideados y armados para lavar dinero y escapar sanciones. El acercamiento comenzó hace casi dos décadas.

El propio informe, elaborado por varias fuentes de inteligencia con información de exaltos cargos venezolanos en el exilio, ofrece una estimación consolidada. Según sus cálculos, los proyectos y fondos explícitamente vinculados a Irán —energía, petroquímica y el fondo binacional— suman 4.689 millones de dólares, a los que añade una estimación conservadora de otros 3.132 millones procedentes del desvío indirecto de recursos del fondo chino-venezolano. En conjunto, el documento sitúa en torno a 7.821 millones de dólares el volumen de dinero que habría llegado directa o indirectamente al ecosistema estatal iraní a través de Venezuela.

Mecanismos opacos

Un exfuncionario explicó a ABC un esquema de triangulación financiera entre China, Venezuela e Irán, basado en fondos procedentes de la venta de petróleo iraní a China que quedaban bloqueados allí por las sanciones de EE.UU. y Europa. Según su relato, Venezuela se convirtió en una vía de escape para ese dinero retenido, canalizado bajo la apariencia de un sistema de préstamos que, en la práctica, no funcionaba como tal.

Según ese documento, una parte sustancial de los ingresos petroleros venezolanos, incluidos recursos procedentes de créditos chinos, habría sido redirigida mediante mecanismos opacos hacia empresas estatales iraníes y estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria. El resultado, concluye el informe interpretando los hechos a los que hace referencia, es un flujo sostenido de miles de millones de dólares que habría contribuido a sostener el programa nuclear iraní y su red de aliados armados en Oriente Próximo y América Latina.

Uno de los autores del informe apunta además a que parte de esos fondos desviados a través de Venezuela no solo habrían servido para sostener el aparato estatal iraní, sino también para financiar satélites políticos y redes de influencia en distintos países, incluida España, mediante transferencias indirectas, contratos pantalla y circuitos financieros opacos que diluyen el rastro del dinero y dificultan su atribución directa. Esas fuentes aportaron a este diario copias de contratos y transferencias que apuntan a ese flujo de fondos.

Actividades hostiles e influencia política

El informe sostiene que la arquitectura financiera diseñada entre Caracas y Teherán permitió «canalizar recursos significativos hacia el ecosistema estatal iraní», no solo para sostener su economía bajo sanciones, sino para «financiar actividades hostiles y proyectar influencia política en distintos escenarios internacionales», a través de «fondos opacos, empresas pantalla y mecanismos de triangulación deliberadamente concebidos para ocultar el destino final del dinero».

Las mismas fuentes facilitan un documento, elaborado probablemente en torno a 2012, que ya apuntaba a la existencia de una alianza estructural entre Venezuela e Irán, concebida para evadir sanciones internacionales, crear circuitos financieros paralelos y facilitar operaciones logísticas con implicaciones de seguridad. El informe describía a Venezuela como plataforma operativa de Teherán en América Latina y señalaba de forma explícita a altos mandos del aparato chavista, entre ellos Hugo el ‘Pollo’ Carvajal y Clíver Alcalá Cordones, como piezas clave en ese entramado político, militar y financiero.

Más de una década después, ambos nombres reaparecen con información crucial al servicio de la fiscalía. Tanto Carvajal como Alcalá han sido extraditados y juzgados, y han ofrecido cooperación a la justicia estadounidense en causas penales abiertas, aportando información sobre narcotráfico, corrupción y relaciones internacionales del régimen de Nicolás Maduro. Ese giro refuerza retrospectivamente el valor de aquel documento temprano, que anticipaba conexiones y responsabilidades que hoy forman parte de investigaciones judiciales activas en EE.UU.

Yacimientos de uranio

El texto recoge alegaciones anteriores según las cuales Irán habría identificado y participado en el control de supuestos yacimientos de uranio en el sur de Venezuela, dentro de un esquema de cooperación estratégica con el gobierno venezolano. Estas versiones sostienen que Venezuela facilitaría acceso al mineral y cobertura logística, mientras Irán aportaría tecnología y apoyo industrial, lo que podría ayudar a Teherán a sortear sanciones sobre su programa nuclear.

Las informaciones mencionan también posibles circuitos clandestinos de extracción y transporte encubiertos bajo proyectos civiles, aunque el propio informe citado aclara que no existen pruebas documentadas y verificables de envíos de uranio. Aun así, se señala que la mera existencia de esa infraestructura otorgaría a Irán una capacidad potencial sensible.

Según estas alegaciones previas, el control indirecto de recursos estratégicos en América Latina reforzaría la autonomía nuclear iraní y explicaría parte de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela y su presencia militar en el Caribe.

El informe señala que «Irán suministra a Venezuela tecnología de drones armados, misiles antibuque y capacidades industriales para la producción de pólvora, nitroglicerina y nitrocelulosa, con asistencia técnica directa iraní», y añade que estos proyectos, formalmente clasificados como de uso dual, «fortalecen de manera sustancial la capacidad militar e industrial del régimen venezolano y permiten a Teherán proyectar poder en el hemisferio occidental».

Hizbolá y Hamás

El informe también dibuja a Venezuela como plataforma operativa de organizaciones como Hizbolá y Hamás, con redes de blanqueo, tráfico ilícito y documentación irregular que facilitarían la movilidad de operativos en la región. Para los analistas estadounidenses, este entramado no responde a episodios aislados, sino a una estrategia coherente de proyección de poder iraní en el hemisferio occidental.

En ese contexto, la incautación del petrolero y el endurecimiento de la presión judicial y militar de Estados Unidos aparecen como piezas de una misma ofensiva. Según esas fuentes, el equipo de Trump interpreta ahora la relación Caracas-Teherán no como un asunto diplomático más, sino como un frente activo de seguridad nacional que abarca a la energía, crimen organizado, proliferación nuclear y terrorismo, a pocas horas de sus propias costas.

En ese mismo marco, las fuentes consultadas introducen en el caso un precedente judicial. Se trata del caso Ali Sadr Hashemi Nejad, un empresario iraní acusado en Nueva York de articular un esquema para desviar más de 115 millones de dólares procedentes de Pdsa hacia entidades iraníes mediante proyectos de vivienda pública en Venezuela, empresas pantalla en Europa y el uso deliberado del sistema financiero de EE.UU. con información falseada.

Aunque el procedimiento acabó desestimado por un error procesal, sin que el tribunal llegara a pronunciarse sobre el fondo, la fiscalía dejó documentadas transferencias, contratos, sociedades interpuestas y mecanismos de ocultación del rastro iraní del dinero. Para las fuentes estadounidenses, ese expediente sigue siendo relevante porque demuestra que el esquema descrito ahora en el informe no es una hipótesis abstracta ni una construcción retrospectiva, sino un método ya utilizado y probado en la práctica.

La diferencia, subrayan esas mismas fuentes, es de escala y de ambición estratégica. El caso Sadr reflejaba un contrato concreto y decenas de millones de dólares; el informe al que ha accedido ABC describe una arquitectura mucho más amplia, sostenida durante años, en la que fondos binacionales, créditos chinos, proyectos industriales ficticios y empresas públicas venezolanas habrían servido para canalizar miles de millones hacia el ecosistema estatal iraní, su aparato militar y sus redes de influencia exterior.