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La tragedia ocurrió esta madrugada en el bar Le Constellation, situado en un sótano con acceso muy estrecho, donde se encontraban decenas de personas celebrando Nochevieja. El siniestro ha causado una gran conmoción en el país. Centenares de heridos han sido enviados a hospitales situados en cantones vecinos en particular los de Sion, Lausana, Ginebra y Zurich.

Las autoridades suizas han informado que, por el momento, «todos los heridos han podido ser atendidos», aunque precisaron esta mañana, en rueda de prensa, que la mayoría se encuentran gravemente heridos. Además de los distintos hospitales a los que han sido trasladados los heridos, se ha movilizado también al Instituto de Medicina Legal de Zúrich.

Hay un trasiego continuo de helicópteros y ambulancias entre el lugar de la tragedia y los hospitales para evacuar a los heridos, en particular hacia los grandes hospitales del cantón del Valais. Una línea telefónica ha sido habilitada para atender a las familias. El presidente de la Confederación, Guy Parmelin, ha aplazado su discurso de Año Nuevo previsto para este jueves al mediodía.

Debido a la gravedad de los hechos, el Gobierno decidió decretar el estado de situación especial, precisó el consejero de Estado encargado de la seguridad, Stéphane Ganzer. La fiscal general, Béatrice Pilloud, descartó que se tratara de un ataque periodista. Hubo un incendio que provocó una deflagración y luego un incendio generalizado, explicó el señor Ganzer, él mismo exbombero. La explosión no es el origen del incendio.

Varios pacientes fueron trasladados en helicóptero a Berna, hospital ya bajo presión debido a los numerosos accidentes de esquí. El Inselspital llamó a personal de refuerzo. En el Hospital Riviera-Chablais (Rennaz), cuatro pacientes han sido registrados por ahora y ya han sido atendidos, informaron las autoridades cantonales.

El hospital se prepara para asumir una afluencia adicional, transfiriendo en particular a otros pacientes —los accidentados de las pistas— a otros hospitales. El centro de Valais indicó estar en estrecho contacto con el sistema de gestión de crisis, elevado a nivel federal. Los centros de referencia para grandes quemados son Lausana, Berna y Zúrich.

Continúan las operaciones de rescate

Continúan las operaciones de rescate y evacuación de víctimas. La deflagración se produjo hacia la 1:30 en este bar, muy frecuentado por turistas en estas fechas de vacaciones de nieve. Imágenes publicadas por medios suizos muestran un edificio en llamas y a los servicios de emergencia en las inmediaciones. El sector permanece totalmente cerrado al acceso y prohibido para el sobrevuelo, según la policía cantonal del Valais.

En un comunicado, la policía cantonal del Valais asegura que «un importante dispositivo está en marcha». Bomberos, fuerzas policiales y servicios de emergencia siguen movilizados en el lugar.

«El Valais está en estado de shock esta mañana», declaró la periodista del medio suizo Le Temps, Romaine Morard.

Este drama conmueve profundamente a Suiza. «Son jóvenes que simplemente salieron a divertirse y no regresaron a casa». Según algunos testigos, la discoteca ardió en «pocos segundos». El origen del fuego serían unas «velas de cumpleaños» colocadas por camareras sobre botellas de champán. «Las velas se acercaron demasiado al techo, que se incendió. En pocos segundos, todo el techo estaba en llamas. Todo era de madera», explicaron algunos testigos este jueves. La fiscal general del cantón de Valais ha indicado que la hipótesis que se privilegia es la de un incendio, sin dar más detalles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia confirmó esta mañana que al menos dos franceses se encuentran entre las víctimas. Las autoridades han comenzado a identificar a las víctimas. Los heridos sufren quemaduras muy graves. El cantón de Valais ha activado su plan para gestión de catástrofes y es probable que varias víctimas no sean de nacionalidad suiza.

La última medida de la serie se dictó a comienzos de diciembre cuando Trump ordenó bloquear a todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Dicho y hecho, los efectivos de la marina de EE.UU. persiguieron e interceptaron dos petroleros de gran capacidad: el Skipper y el Centuries. Ambos cargaban casi cuatro millones de barriles de crudo venezolano. También siguieron durante tres días al Bella1 pero como estaba vacío lo dejaron ir.

Desde 2019, más de 100 buques petroleros han sido sancionados por transportar crudo venezolano. Sin embargo, el régimen chavista ha logrado evadir las sanciones comercializando el crudo con grandes descuentos en el mercado negro con una ‘flota fantasma’ de barcos que apagan el transpondedor para no ser detectados, y cambian de nombre y bandera para despistar en Asia. En este tráfico marítimo ilegal se han beneficiado Cuba, Irán, Rusia y China.

Maduro ha hecho gala de su resistencia en las fiestas navideñas frente al asedio militar de EE.UU. Baila, canta y cena en barrios populares de Caracas. Sale todos los días en la televisión estatal como si no pasara nada frente a las costas de Venezuela ni le importara el bloqueo a la industria petrolera y sus consecuencias.

Tampoco le intimida la enorme presencia militar en el Caribe con más de 15.000 soldados, ocho destructores, un submarino de propulsión nuclear, aviones caza S-35, el mayor submarino de su flota y el mayor portaviones del mundo, el Gerald R. Ford.

El régimen chavista está acumulando la flota petrolera en su costa. Solo en la refinería de Amuay, situada en la costa occidental de la Península de Paraguaná (estado Falcón) «hay 40 buques varados», asegura el sindicalista petrolero Iván Freites a ABC. Estos buques esperan las instrucciones de sus dueños para ver si continúan fondeados o regresan a otros mares.

Venezuela produce poco más de un millón de barriles diarios. Todos los petroleros han sido bloqueados menos el de Chevron, el único que tiene licencia para transportar crudo venezolano a EE.UU. El régimen decidió seguir produciendo crudo pero como no tiene salida por el bloqueo los sitios de almacenamiento en tierra firme están llenos por lo que ha tenido que recurrir al almacenamiento flotante en los buques.

«La producción de PDVSA está a punto de colapsar por falta de almacenamiento de crudo», señala el sindicalista Freites desde su exilio en EE.UU.

Horacio Medina, exgerente de PDVSA y ahora presidente de PDVSA Ad Hoc –entidad creada en tiempos en que Juan Guaidó presidía la Asamblea Nacional de Venezuela para restablecer la transparencia, la eficiencia y la legalidad en la gestión de los activos petroleros venezolanos en el exterior–, afirma que en estos momentos «puede haber entre siete y diez buques usados como depósitos flotantes de crudo en alta mar».

Medina señala a ABC que el colapso de la industria petrolera nacional está a la vuelta de la esquina: «Se está complicando la producción y la refinación por falta de diluyentes y, ahora, por la falta de capacidad de almacenamiento». El tiempo del colapso puede llevar entre tres y cuatro semanas estima Medina, que pronostica el regreso de la escasez de gasolina, «volveremos a ver las colas de autos –coches– para repostar en las estaciones como en el 2017 con la hiperinflación».

En aquel año la inflación fue del 850% y en 2018 los venezolanos sufrieron la inflación más alta del mundo con un 130.000%, según cifras oficiales del Banco Central. Las colas de coches eran interminables para abastecerse de gasolina. Pero Maduro logró resistir. La diferencia es que «ahora el régimen está más debilitado que nunca, aunque aparente estar feliz y duro bailando protegido por sus guardaespaldas cubanos. El colapso de la industria petrolera no es determinante para que caiga pero sí es un golpe financiero para su gobierno», acota Medina.

Colapso en la informática de PDVSA

El sindicalista Iván Freites también denuncia la caída de los sistemas automatizados de control de procesos de PDVSA: «No han podido restablecerse. La caída ha borrado todo, desde la nómina de trabajadores activos y jubilados hasta el proceso de producción, refinación y comercialización de petróleo y sus derivados».

«El llenado y descarga de buques no se registra de manera automática, sino manual, así con todo el comercio de PDVSA. Las empresas transnacionales socias de PDVSA están operando en estas condiciones con alto riesgo», añade al indicar que al borrar todos los registros, están saboteando la posibilidad de recuperar de inmediato la industria, «es un autosabotaje».

Medina coincide en que parece un autosabotaje la eliminación de los registros de la carga de los buques. Y no pierde la esperanza. La suerte está echada, «estamos viviendo tiempos perversos. Debe haber una fractura interna en el Gobierno o de la Fuerza Armada Bolivariana para que se tambalee. Algo va a ocurrir pero nadie se atreve a decir cómo y cuándo».

También coincide con la «cuarentena» de dos meses hasta finales de enero que ordenara el presidente Trump al petróleo venezolano para presionar al régimen de Maduro. El objetivo de la Casa Blanca es usar primero la presión económica como la persecución de los petroleros sancionados sin descartar las opciones militares.

Los buques confiscados

La incautación de los petroleros de gran capacidad Skipper y Centuries con crudo venezolano seguirá un proceso judicial en los tribunales de EE.UU. que puede causar una pérdida millonaria. Según los especialistas, que pidieron el anonimato, la detención de un buque no es solo un problema legal, «es un golpe financiero profundo, como la pérdida inmediata de ingresos, ya que el buque deja de operar, costos portuarios y de custodia, riesgo de perder la carga, ya que el crudo suele ser confiscado, riesgo de perder el buque… Las aseguradoras pueden negarse a cubrir rutas vinculadas a Venezuela. Además del daño reputacional: operar con PDVSA se convierte en una señal de riesgo extremo».

El resultado final es el miedo que esto genera: menos empresas navieras dispuestas a transportar crudo venezolano, aseguradoras que se retiran del mercado venezolano, fletes más caros por el gran riesgo, menos disponibilidad de buques para PDVSA, retrasos, cuellos de botella y caída de exportaciones. «Todo esto golpea a Maduro donde más le duele: sus ingresos petroleros», afirman.

Deserción en la Armada bolivariana

Para darle seguridad y garantía a su clientela de empresarios navieros, el régimen aprobó la «ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio», una pieza jurídica impulsada por Jorge Rodríguez para que los buques petroleros sean escoltados por la Armada Bolivariana.

Dicha ley establece que los militares deben abordar, escoltar y defender militarmente buques petroleros que navegan en aguas en disputa o bajo vigilancia internacional. Establece penas de hasta 20 años de prisión por facilitar «actos de piratería o bloqueos».

No obstante, los críticos de esta ley afirman que «el oficialismo ha puesto a los marinos venezolanos ante el dilema más cruel de su historia: obedecer y morir en el mar, o disentir y pudrirse en la cárcel».

Según la fuente, que pidió el anonimato, consultada por ABC, esta ley pone en riesgo la vida de los miembros de la Armada bajo la estrategia de servir como carne de cañón. «Se les pide a los oficiales que intercepten buques o desafíen patrullajes de coaliciones internacionales en el Caribe», lo que ha provocado una gran deserción en las filas de la fuerza naval bolivariana.

El descontento en las filas militares ya no se puede ocultar, «estamos presenciando una ola silenciosa de dimisiones y solicitudes de baja. Oficiales con décadas de formación, mentes brillantes de la ingeniería naval y tácticos experimentados están prefiriendo el retiro o el exilio».

«Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas», dijo el presidente a un periodista radial de Nueva York, «Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona… y ya no existe», expresó.

A lo largo de su primer año en el Salón Oval, el republicano se ha manifestado a favor de la idea de atacar a los cárteles de la droga en México, estrategia que la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza de plano. «La última vez que Estados Unidos vino a México a intervenir militarmente se llevó la mitad del territorio», dijo la presidenta hace un mes en alusión a las guerras entre ambos países en el siglo XIX, cuando estados como Texas, California, Nevada, Arizona o Nuevo México todavía estaban bajo bandera mexicana.

Para contener a Trump, el Gobierno de Sheinbaum ha apostado por una doble vía: por un lado permitir el ingreso a México de decenas de oficiales estadounidenses para que estos presten labores de asesoría y formación. Y, por el otro, perseguir con más ahínco que nunca a los grandes capos de la droga, en especial, a quien hoy por hoy es el hombre más buscado del país: Iván Archivaldo Guzmán, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán y actual jefe de una facción del Cártel de Sinaloa que inició el negocio del tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

Aún así, todo lo que suceda en Venezuela es seguido con inquietud desde Ciudad de México porque la teoría, para la Cancillería de Sheinbaum, es la misma: Trump ataca en Venezuela a un cártel de la droga –el de Los Soles– al que declaró grupo terrorista y que tiene fuertes vinculaciones con el chavismo. Una analogía que no es difícil de hacer en México, donde los narcos también fueron declarados terroristas y también han sido señalados por tener nexos con sectores del partido político que actualmente gobierna México. En el gabinete de la presidenta mexicana temen que Venezuela sea el primer ensayo para maniobras posteriores al sur del río Bravo.

A comienzos de noviembre la cadena ‘NBC’ reveló citando a fuentes del Pentágono que Trump estaba preparando operaciones en territorio mexicano, fundamentalmente, con drones que tendrían la tarea de atacar instalaciones de los cárteles.

Otro punto de tensión es Cuba. Mientras el bloqueo petrolero de Trump a Venezuela amenaza con terminar de fulminar la precaria economía de la isla, Sheinbaum sigue defendiendo públicamente la cooperación de México con el régimen castrista aunque no ha vuelto a enviar busques con petróleo a la isla.

El caso colombiano

En Colombia la preocupación también domina. El 10 de diciembre, Trump dijo que podría atacar militarmente al país cafetero debido a los altos niveles de producción de cocaína que allí tiene lugar.

A diferencia de México, con cuya presidenta el magnate habla por teléfono con frecuencia, con Colombia los canales diplomáticos están rotos. Trump no tiene comunicación con el presidente colombiano Gustavo Petro a quien, además, le fue retirada su visa para viajar a Estados Unidos después de que el mandatario participara en una manifestación contra Trump en Nueva York el pasado septiembre.

Petro ha criticado públicamente los ataques de Estados Unidos a lanchas transportadoras de drogas en el mar Caribe y ha señalado que en algunos casos fueron ejecutadas personas que no eran narcotraficantes, algunas de ellas de nacionalidad colombiana. Hasta el momento Trump ha destruido más de treinta embarcaciones causando 100 bajas humanas.

La respuesta de Washington ha sido de alta intensidad: además de dejar sin visado a Petro, se impusieron aranceles a las exportaciones colombianas, se descertificó a Colombia como país socio de EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico y el Departamento del Tesoro sancionó a familiares del mandatario sudamericano.

La pasada navidad Petro pidió a los soldados colombianos «dar la vida por defender la soberanía». Entre tanto, el pasado fin de semana, el presidente realizó un fuerte ajuste en la cúpula militar.

Todo sucede frente al horizonte electoral: Colombia tendrá elecciones presidenciales en marzo del 2026 y Trump, según diversos analistas de la prensa colombiana, jugará en esa contienda tal como lo ha venido haciendo en Chile, Argentina, Honduras y Ecuador, elecciones en las cuáles la Casa Blanca ha emitido su preferencia y, al menos este año, siempre ha terminado del lado ganador.

Donald Trump habló por primera vez del asunto el 26 de diciembre, en una entrevista telefónica, sin dar detalles técnicos ni identificar a los responsables directos. Lo hizo desde Mar-a-Lago, aludiendo a una explosión en una zona portuaria utilizada para cargar drogas en embarcaciones. No precisó el lugar exacto, el método empleado ni la autoría operativa, pero dejó claro que Estados Unidos estaba detrás de la acción. La Casa Blanca evitó durante días confirmar oficialmente el ataque y no emitió ningún comunicado explicativo. Solo cuando el lunes Trump volvió a referirse al episodio, la presidencia permitió que se filtraran algunos detalles.

Según esas fuentes, la acción fue ejecutada por la CIA, mediante un dron, y tuvo como objetivo un muelle en la costa venezolana. El propio Trump ratificó después la responsabilidad de EE.UU., aunque volvió a eludir detalles sobre cómo se llevó a cabo la operación y qué organismo concreto la ejecutó.

Los datos verificados indican que el ataque se produjo la semana anterior al 29 de diciembre de 2025, probablemente un miércoles. El objetivo fue un muelle que, según las autoridades estadounidenses, era utilizado por el grupo criminal Tren de Aragua para almacenar drogas y preparar su traslado en barcos. Washington sostiene que la instalación formaba parte de una red logística vinculada al narcotráfico.

La reacción en Washington ha sido, hasta ahora, de silencio casi absoluto. La Casa Blanca no ha emitido ningún comunicado formal ni ha explicado el encaje legal de la operación, y no consta que el Ejecutivo haya notificado al Capitolio en los términos que exigiría una acción militar abierta o una resolución de poderes de guerra. Esa ausencia de notificación ayuda a explicar el mutismo que rodea el caso.

Silencio de los demócratas

El silencio no se limita al Ejecutivo. Tampoco desde la oposición demócrata se han producido reacciones públicas relevantes ni peticiones formales de explicaciones, al menos hasta el momento, en un contexto marcado además por el receso parlamentario de Año Nuevo. En el Congreso no se ha abierto un debate visible sobre la legalidad o el alcance de la operación, ni se han anunciado audiencias o requerimientos de información. Washington permanece así en una especie de pausa política, con un ataque reconocido de facto por el presidente, pero sin el acompañamiento institucional habitual.

Ese mutismo refuerza la naturaleza ambigua del episodio. Al no tratarse de una operación militar declarada, sino de una acción atribuida a la CIA, la Administración Trump evita activar los mecanismos formales de control parlamentario asociados a un conflicto armado.

En el momento del ataque no había personas en el lugar, por lo que no se registraron muertos ni heridos, según las fuentes consultadas. El muelle sufrió daños materiales, aunque no se ha difundido una evaluación oficial sobre el alcance exacto de la destrucción.

Primera operación en suelo venezolano

Se trata de la primera operación conocida de Estados Unidos dentro del territorio venezolano. Hasta ahora, la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro se había materializado en acciones fuera del país, como ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales y la incautación de petroleros venezolanos sancionados.

El régimen venezolano no confirmó oficialmente el ataque. No hubo comparecencia del Gobierno ni reconocimiento explícito de lo ocurrido. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció lo que calificó como una campaña de «agresiones» y «hostigamiento» por parte de EE.UU., sin referirse de manera directa a un ataque concreto ni aportar información sobre daños o consecuencias.

Según las informaciones publicadas en Estados Unidos, la CIA llevaba tiempo elaborando informes de inteligencia sobre presuntas instalaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela y Colombia, como parte de una planificación más amplia. El ataque con dron encajaría en ese marco de preparación previa.

El uso de la CIA. en esta operación marca una diferencia respecto a los últimos años. Durante la presidencia de Barack Obama, la agencia ejecutó ataques con drones en países como Pakistán, Yemen o Somalia. Posteriormente, ese tipo de operaciones quedó en manos del Ejército estadounidense. No está claro si el dron utilizado en Venezuela pertenecía a la CIA o fue facilitado por el Pentágono. Las autoridades militares han evitado pronunciarse.

El Pentágono mantiene desplegados drones MQ-9 Reaper en bases de Puerto Rico como parte de la campaña de presión sobre Venezuela. Estos aparatos pueden portar misiles Hellfire y han sido utilizados en operaciones de vigilancia y ataque en otros escenarios.

Ola de ataques

Desde el 2 de septiembre de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 30 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental que la Administración Trump identifica como vinculadas al narcotráfico. Según datos difundidos por las propias autoridades estadounidenses, estas operaciones han causado al menos 107 muertos y el rescate confirmado de dos personas.

Los ataques comenzaron en el Caribe y, con el paso de las semanas, se han desplazado de forma creciente hacia el Pacífico oriental. Las cifras proceden de comunicaciones oficiales del Gobierno de Estados Unidos y de publicaciones del presidente y del secretario de Defensa, y no han sido verificadas de forma independiente. Se trata de una campaña sin precedentes por su volumen y por el uso sistemático de fuerza letal contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, un ámbito que hasta ahora se había abordado principalmente desde el terreno policial y judicial.

En paralelo, este martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones relacionadas con el programa de drones de origen iraní utilizado por Venezuela. Las medidas apuntan a una empresa venezolana y a varios individuos en Venezuela e Irán, a los que Washington atribuye un papel directo en la adquisición, el ensamblaje y el mantenimiento de drones de combate de diseño iraní empleados por las Fuerzas Armadas venezolanas.

Según el Tesoro, los aparatos implicados pertenecen a la familia iraní Mohajer, en particular los modelos Mohajer-2 y Mohajer-6, que habrían sido ensamblados en Venezuela y rebautizados localmente como la serie ANSU. La investigación estadounidense sitúa este programa en instalaciones militares concretas, incluidas bases aéreas donde se realizarían tareas de ensamblaje parcial, pruebas y mantenimiento, con apoyo técnico procedente de Irán.

Trump habló expresamente de «una gran planta o una gran instalación de donde salen los barcos» y afirmó que fue destruida «hace dos noches», es decir, el 24.

No dio coordenadas, no identificó oficialmente el país atacado ni explicó cómo se ejecutó la operación. Solo en el contexto de la frase mencionó a Venezuela, dando a entender que el objetivo estaría allí.

Después, fuentes oficiales estadounidenses dijeron ya este lunes que el presidente se refería a una instalación de narcotráfico en Venezuela y que había sido eliminada.

No aportaron estas fuentes ningún detalle más. El Pentágono dijo no tener información que compartir. La CIA y la dirección de inteligencia rechazaron dar más detalles.

A día de hoy, no hay confirmación pública del Gobierno venezolano ni de ningún otro país de la zona como Colombia. Tampoco existe ningún comunicado oficial que confirme un ataque en tierra. La declaración del propio Trump es, de hecho, la única referencia pública a una operación de este tipo.

Si esa afirmación es real, se trata del primer ataque terrestre conocido desde que Trump puso en marcha su campaña militar ante Venezuela. Hasta ahora, la acción estadounidense se había concentrado en el mar, con ataques a embarcaciones que Washington considera parte del narcotráfico.

Desde septiembre, esas operaciones han causado al menos 105 muertos, según cifras citadas por la propia Administración, que defiende que se trata de una guerra contra lo que denomina «narcoterroristas». Los críticos hablan, en cambio, de ejecuciones extrajudiciales sin base legal.

Trump llevaba semanas anunciando que la presión sobre Nicolás Maduro iba a subir de nivel. Maduro está formalmente acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. El presidente estadounidense ha reconocido además que autorizó a la CIA a planificar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

En paralelo, Estados Unidos ha iniciado lo que Trump llama un bloqueo marítimo, con intentos de interceptar petroleros para cortar ingresos clave al régimen venezolano. Dentro de esa estrategia, fuentes conocedoras del plan han explicado que la campaña se diseñó en dos fases: primero el mar, después las instalaciones en tierra. El propio presidente lo anunció así en octubre al ser preguntado por ABC.

Esa segunda fase nunca ha sido anunciada oficialmente, hasta estos comentarios de Trump.

En ese contexto, según medios venezolanos, el 24 de diciembre se produjo una explosión en una zona industrial del estado venezolano de Zulia, cerca de la costa. El incidente, fue cubierto localmente, pero no hay ninguna confirmación oficial que lo vincule con una acción militar de EE.UU. Cualquier conexión entre ese incidente y las palabras de Trump sigue siendo de momento una suposición.

Ese planteamiento resume los desafíos a los que se enfrenta la fase dos del plan estadounidense: el fin del control militar de Hamás, una retirada más amplia de las tropas israelíes, la creación de una administración civil palestina de carácter tecnocrático y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. Todo ello en un contexto regional volátil, con Irán, Siria y Turquía como actores implicados, y con Netanyahu sometido además a una intensa presión política y judicial interna en su país.

La escenografía del encuentro fue calculada. Trump apareció a la entrada de su club de Palm Beach a las 13.25. Un minuto después llegó el coche del primer ministro israelí. «Hola, Bibi», le dijo al estrecharle la mano. Ante los periodistas, Trump lo presentó como un «primer ministro en tiempo de guerra», un «héroe», y afirmó que Israel «no existiría» sin él. La imagen buscaba reforzar la alianza personal entre ambos líderes en un momento clave.

Pero bajo ese gesto de complicidad se acumulaban tensiones. La primera fase de la tregua, iniciada en octubre, ha permitido la liberación de todos los rehenes salvo uno, vivo o muerto, y una reducción significativa de los combates. Sin embargo, el paso a la siguiente etapa está bloqueado por desacuerdos sustanciales. Israel no quiere avanzar mientras queden asuntos pendientes, como la devolución de los restos del último rehén israelí en Gaza, Ran Gvili, cuyos padres se reunieron con Netanyahu y Trump durante su estancia en Florida.

Acelerar la transición

Trump insistió en que quiere acelerar la transición. Preguntado por el calendario, reiteró que el desarme de Hamás es innegociable y evitó detallar garantías concretas sobre los últimos rehenes antes de avanzar. Reivindicó además el papel de su Administración en las liberaciones ya producidas y volvió a cargar contra Joe Biden, asegurando que bajo su mandato no se logró ninguna.

El desarme de Hamás es, sin embargo, solo uno de los escollos del plan. La fase dos prevé una Gaza desmilitarizada bajo supervisión internacional, administrada por un comité palestino «tecnocrático y apolítico», y la puesta en marcha de un órgano de supervisión, el denominado Board of Peace, encargado de coordinar la reconstrucción bajo un mandato de la ONU renovable cada dos años. La hoja de ruta incluye además la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes y una vía hacia la independencia palestina.

En la práctica, cada uno de esos puntos genera resistencias. Israel recela de una retirada profunda sin garantías de seguridad. Varios países árabes y europeos temen que la fuerza internacional propuesta acabe actuando como una nueva ocupación encubierta. Hamás ha insinuado que podría «congelar» o almacenar su arsenal, pero rechaza renunciar al derecho a la resistencia armada mientras exista ocupación israelí. En Washington se ha llegado a plantear un sistema de incentivos económicos a cambio de armas, una idea que despierta escepticismo entre los mediadores.

La reunión en Mar-a-Lago ha servido también para que Trump endureciera su discurso sobre Irán. Aseguró haber recibido informaciones de que Teherán intenta reconstruir su programa de misiles balísticos y dejó claro que apoyaría un ataque si ese esfuerzo continúa. «Si siguen con los misiles, sí. Con lo nuclear, rápido», afirmó. Al mismo tiempo, descartó un objetivo explícito de cambio de régimen y subrayó que el Gobierno iraní ya se enfrenta a graves problemas económicos y sociales.

Para Netanyahu, Irán sigue siendo el eje estratégico central, incluso mientras Gaza concentra la atención internacional. En Israel existe inquietud por una posible recuperación de capacidades militares iraníes tras los ataques estadounidenses del pasado verano, que Trump volvió a describir como «completos y totales». Esa coincidencia de diagnósticos refuerza la sintonía entre ambos líderes, aunque no despeja las dudas sobre los próximos pasos.

Trump vinculó además sus advertencias al precedente reciente del bombardeo de verano. Recordó que Estados Unidos atacó directamente instalaciones del programa nuclear iraní, en una operación ordenada por su Administración y presentada entonces como un golpe preventivo. El presidente volvió a sostener que esos objetivos fueron destruidos y dejó claro que Washington está dispuesto a actuar de nuevo si Irán retoma el desarrollo de capacidades nucleares o acelera su programa de misiles.

Trump sorprendió además con un tono conciliador hacia Turquía. Preguntado por la posibilidad de que fuerzas turcas se desplieguen en Gaza como parte de la futura arquitectura de seguridad, respondió: «Si es bueno, me parece bien». También elogió abiertamente al presidente Recep Tayyip Erdogan, un gesto observado con cautela tanto en Jerusalén como entre varios socios árabes.

Indulto a Netanyahu

El momento más delicado de la comparecencia llegó cuando Trump afirmó haber hablado con el presidente de Israel, Isaac Herzog, sobre un posible indulto a Netanyahu en los procesos judiciales que afronta en su país, y aseguró que Herzog le había dicho que «está en camino». Horas después, la oficina del presidente israelí difundió un comunicado desmintiendo esa versión.

Según precisó la Presidencia de Israel, no ha habido conversación directa entre Herzog y Trump desde que se presentó formalmente la solicitud de indulto. Sí reconoció una conversación previa entre Herzog y un representante de Trump, en la que se explicó el estado del procedimiento y se subrayó que cualquier decisión se tomará conforme a los cauces legales establecidos. La aclaración dejó en evidencia una fricción incómoda y obligó a marcar distancias institucionales.

Más allá de ese episodio, Trump volvió a subrayar su confianza personal en Netanyahu. «Nuestra relación no puede ser mejor», dijo. Adelantó que hablarían también de Siria y expresó su deseo de que Israel «se lleve bien» con el nuevo escenario regional. En una comparecencia dispersa, afirmó además haber hablado «bastante recientemente» con Nicolás Maduro y se atribuyó ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela, sin aportar detalles.

Hubo incluso momentos de confusión, como cuando dijo no saber nada de un supuesto ataque contra la residencia de Vladímir Putin, denunciado por el Kremlin, para después afirmar que el propio presidente ruso se lo había mencionado esa misma mañana. «Quizá el ataque no tuvo lugar», añadió, sembrando dudas sobre la veracidad del episodio, que Ucrania ha tachado de falso.

Esta vez el presupuesto no le alcanzó para comprar las aceitunas, pasas y alcaparras. «Todo ha subido, la carne de res y cerdo están carísimos, así que solo compré pollo. Y es que mis hijos solo me enviaron 200 dólares para diciembre para cubrir todos los gastos. Y eso no alcanza con la inflación que tenemos», relata Márquez.

Su mesa estará medio vacía por las flacas hallacas y la ausencia de sus hijos que migraron a Ecuador. Para compartir la cena de Nochebuena invitó a su vecina Carmela, con quien habla sobre el avance del despliegue militar en el Caribe del Gobierno de Donald Trump y de cómo enfrenta la crisis el régimen de Nicolás Maduro. Pero «lo que más nos preocupa es el empeoramiento económico, que vuelva la hiperinflación de 2018 cuando escaló a 130.000% y la escasez de gasolina».

El bloqueo petrolero dictado por Trump comienza a pasar factura a los venezolanos de la provincia. En las carreteras del interior hay que hacer largas colas de varias horas para surtirse de combustible. En esta temporada navideña pocos caraqueños han viajado al interior por temor a quedarse varados sin gasolina.

En las calles de Boconó, conocido por su café gourmet y ser el jardín de Venezuela, hay mucha gente que entra a los comercios y sale con las manos vacías. Ricardo, de 45 años, un comerciante boconés que no quiso dar su apellido a ABC, explica la crisis de esta manera: «Hace un mes cerré mi negocio de frutas y hortalizas porque se vende muy poco, los venezolanos no tienen poder adquisitivo, y el Gobierno nos asfixia con los impuestos».

El gremio de empresarios alertó que en la estructura de coste el 55% se lo llevan los impuestos, el 25% en el salario de los trabajadores y el resto en transporte y otros gastos.

Trump y Maduro

«Esta Navidad luce triste y solitaria. En Caracas no se siente la depresión como aquí en el interior. Las mesas están vacías y lo que se habla en susurros es el tema político. Entre Trump y Maduro nos tienen locos y paralizados», señala.

Ricardo es un comerciante opositor que advierte, «si no hay cambio de régimen pronto y continúa Maduro, voy a emigrar a Italia. Ya tengo la maleta y los papeles listos para irme. Ya no aguanto más esperando por algo que va a pasar no sabemos cuándo ni cómo«.

Todas las referencias a estos contactos se basan en testimonios coincidentes de fuentes conocedoras del expediente venezolano, que solicitan a este diario el anonimato y subrayan que no existe rastro documental ni reconocimiento oficial por parte de las instituciones implicadas.

Según esas fuentes, el mensaje habría circulado a través de intermediarios y habría alcanzado a Richard Grenell, exembajador de Estados Unidos en Alemania y exfuncionario con acceso directo al entorno de Trump. No consta que Grenell actúe por encargo del Gobierno estadounidense ni que represente una posición institucional. Su nombre aparece por su historial como interlocutor oficioso en misiones sensibles, incluidas gestiones para la liberación de presos estadounidenses y contactos puntuales con Maduro en Caracas. Grenell no ha respondido a las solicitudes de confirmación de este diario.

La información se mueve en un contexto de silencio oficial. La Casa Blanca niega la existencia de canales abiertos o conversaciones formales sobre una transición negociada en Venezuela. La posición pública del Ejecutivo estadounidense es que Maduro debe entregar el poder a quienes Washington considera ganadores de las elecciones de 2024, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Las fuentes insisten en que la oferta de salida segura planteada por el entorno de Maduro constituye un tanteo político, no una negociación en curso, y recuerdan que iniciativas similares se han producido en el pasado sin resultados concretos.

Exigencias chavistas

El esquema descrito incluiría, siempre según tres fuentes consultadas por ABC, un indulto total para Maduro, su familia y su círculo más cercano, con el objetivo de neutralizar las causas abiertas en tribunales federales de Estados Unidos y cerrar cualquier escenario de extradición futura. Se trata de una exigencia atribuida al entorno del líder chavista, no de una propuesta aceptada ni debatida en instancias oficiales estadounidenses. Desde el punto de vista legal, un indulto de ese alcance requeriría decisiones políticas y judiciales formales que, a día de hoy, no tienen visos de prosperar en Washington.

Altos funcionarios con responsabilidades en el Gabinete de Trump rechazan cualquier planteamiento que implique impunidad para la cúpula chavista, según las mismas fuentes. Las causas penales contra Maduro y su entorno siguen su curso con independencia de estos movimientos, y Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar al líder venezolano para su extradición y enjuiciamiento. Ninguna de esas medidas ha sido modificada.

La propuesta incluiría también la salida del poder de Maduro con exilio en el extranjero. En ese marco, el nombre de España ha aparecido como posible destino, en particular Madrid. Las fuentes señalan que esta opción ha sido mencionada desde el entorno venezolano, pero recalcan que no existe constancia de que el Gobierno español haya aceptado, estudiado o avalado formalmente un escenario de ese tipo. Cualquier referencia a una eventual aquiescencia de Madrid debe entenderse como una hipótesis manejada por terceros. El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha negado a responder a las preguntas de ABC al respecto.

El antecedente más citado en este contexto es el de Hugo Armando Carvajal, alias ‘El Pollo’, antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana. Carvajal huyó en noviembre de 2021 tras quedar en libertad provisional por decisión de la Audiencia Nacional mientras se resolvía su extradición a Nueva York. Permaneció casi dos años en paradero desconocido hasta ser localizado y detenido de nuevo en Madrid en septiembre de 2023. Tras agotar los recursos judiciales disponibles, fue extraditado en julio de 2024 y actualmente colabora con la justicia estadounidense.

En anteriores etapas, la Casa Blanca llegó a valorar permitir la salida de Maduro a destinos como Turquía o Qatar. En 2019, Trump llegó a ofrecer garantías de salida del país en el contexto de un pronunciamiento interno que finalmente fracasó. En esta ocasión, el entorno del régimen vuelve a contemplar Madrid como opción, en parte por la presencia allí de antiguos altos cargos chavistas y por el papel desempeñado en el pasado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según las fuentes, cualquier escenario de ese tipo estaría condicionado a la neutralización previa del riesgo de extradición mediante un indulto total, extremo que hoy no cuenta con respaldo en Washington.

Gobierno de transición

El plan conocido por ABC contemplaría además la formación de un gobierno de transición en Caracas integrado por figuras del propio chavismo, presentadas como más pragmáticas. En ese contexto reaparece el nombre del general retirado Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior y antiguo jefe de los servicios de inteligencia, hoy residente en España tras su liberación en enero de 2023. Su inclusión responde, según las fuentes, a valoraciones políticas atribuidas a los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy.

Rodríguez Torres fue liberado el 21 de enero de 2023, tras casi cinco años detenido, y salió de inmediato rumbo a Madrid. Su excarcelación se produjo dos días después de una reunión entre Maduro y el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. El propio Rodríguez Torres agradeció públicamente a Zapatero una mediación que, según afirmó, se prolongó durante casi tres años. El régimen venezolano justificó su liberación por razones humanitarias y de salud, sin detallar los términos del acuerdo ni reconocer contraprestaciones políticas.

Fuentes consultadas por ABC señalan que Zapatero ha sido contactado de nuevo en el marco de estas aproximaciones y que ha mantenido conversaciones de carácter político para promover el perfil de Rodríguez Torres como figura posible en una transición controlada. El expresidente no ha hecho comentarios públicos sobre estas gestiones recientes ni ha confirmado este extremo a este diario. La referencia a su papel se apoya en testimonios de terceros y en antecedentes conocidos de su mediación en el expediente venezolano.

Desde su llegada a España, Rodríguez Torres se presenta como exiliado político. Zapatero ha defendido en el pasado que mantiene capacidad de interlocución con sectores del chavismo y de la Fuerza Armada, un argumento utilizado por quienes consideran imprescindible un relevo diseñado desde dentro. Esa valoración es objeto de debate y no implica respaldo unánime ni reconocimiento internacional.

El historial de Rodríguez Torres añade complejidad al escenario. Fue jefe de los servicios de inteligencia entre 2010 y 2014 y dirigió la respuesta del Gobierno a las protestas de 2014, que dejaron 43 muertos, según cifras documentadas por organismos internacionales. En 2018 fue detenido por el propio régimen, acusado de conspiración, y permaneció casi cinco años en prisión.

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha sido informado de estas aproximaciones, según las fuentes, pero mantiene una posición de prudencia. No existe confirmación oficial de gestiones activas ni de compromisos asumidos por el Gobierno español. Cualquier decisión de ese calibre tendría implicaciones diplomáticas y políticas que, a día de hoy, no han sido anunciadas ni debatidas públicamente.

En tiempo de descuento, la familia presidencial reaccionó con un guion conocido. Denunció un golpe del «imperialismo» de Washington y una supuesta injerencia directa de Donald Trump en un país presentado, una vez más, como vasallo. Pero los números no acompañan el relato. La oposición en su conjunto rozó el 80% de las papeletas. Una cifra de ese calibre deja poco margen para la épica victimista. Los mensajes de Xiomara Castro y su entorno suenan menos a denuncia que a coartada, más a final de ciclo que a resistencia.

En Honduras, el ‘familión’ es una palabra cargada de ironía popular y precisión política. Sirve para describir el nepotismo convertido en sistema: una red densa de parientes y allegados colocados en puestos clave del Estado, con apellidos que se repiten de ministerio en ministerio, de asesoría en asesoría, como si la administración pública funcionara como una empresa familiar ampliada. No alude a una sola persona ni a un caso aislado, sino a un patrón reconocible.

El poder que se hereda

Es el poder que se hereda, se reparte y se protege dentro de casa. Cargos de confianza, nombramientos cruzados y sueldos que, sumados, acaban pareciendo un presupuesto paralelo. El chiste, contado en serio, es evidente: no hace falta un partido para gobernar si se dispone de un árbol genealógico suficientemente frondoso.

El término apunta directamente al entramado construido en torno al matrimonio Zelaya-Castro durante el mandato de Xiomara Castro, iniciado en 2022. La presidenta llegó al poder con un discurso de ruptura, regeneración y justicia social. Prometió poner fin a las prácticas del pasado y limpiar las instituciones. Sin embargo, el ejercicio del poder derivó pronto en una concentración familiar que evocó los mismos vicios que su partido, Libre, había denunciado cuando estaba en la oposición.

Manuel Zelaya, presidente entre 2006 y 2009 y esposo de la mandataria, se consolidó como figura central del poder real. Sin cargo electo, pero con influencia decisiva, operó como eje político del Gobierno, con control de resortes clave del Estado y capacidad de veto o impulso sobre decisiones estratégicas. A su alrededor, hijos, hermanos, sobrinos y parientes políticos fueron ocupando posiciones relevantes en la administración, el Congreso, la diplomacia y empresas públicas.

La lealtad se premiaba

El fenómeno no se limitó al núcleo presidencial. Otras familias del entorno de Libre replicaron el esquema, extendiendo redes de afinidad por ministerios, secretarías, organismos autónomos y embajadas. El mensaje implícito era claro: la lealtad se premiaba, el apellido abría puertas y la cercanía al poder sustituía al mérito como principal credencial.

Informes del Consejo Nacional Anticorrupción, una organización de la sociedad civil, documentaron decenas de nombramientos de familiares directos en la administración. Muchos de ellos se amparaban en la figura legal de los «puestos de confianza», una fórmula válida desde el punto de vista jurídico, pero políticamente corrosiva. Ese goteo constante terminó instalando la percepción de que el Estado se había convertido en un sistema de reparto entre clanes, blindado por la ideología.

El coste político fue acumulativo. La identificación del proyecto de Xiomara Castro con el nepotismo, sumada a la sensación de que el poder se había cerrado sobre sí mismo, erosionó de forma rápida su base social. Para amplios sectores urbanos y para buena parte de los jóvenes, el relato de justicia social quedó sepultado bajo la imagen de un gobierno donde los apellidos pesaban más que la capacidad y donde la ideología funcionaba como coartada para proteger intereses familiares.

La derrota electoral de la heredera política del clan, la exministra de Defensa Rixi Moncada, no fue solo un castigo a una gestión concreta. Fue una enmienda a la totalidad a una forma de entender el poder. El voto no se dirigió únicamente contra la izquierda, sino contra la idea de que el Estado podía administrarse como patrimonio doméstico.

Moncada intentó desactivar el estigma. Incluso se llegó a componer una canción, «Somos el familión», con la que se pretendía apropiarse del insulto y transformarlo en consigna: Honduras como una gran familia feliz, cohesionada y solidaria. La respuesta en las urnas fue contundente. La mayoría de los hondureños no compró la metáfora. Optó por cerrar el capítulo y mirar hacia otra parte, convencida de que el cambio, incluso con sus riesgos, era preferible a la continuidad de un poder heredado.

En 2025, esa sacudida ya se ha traducido en resultados tangibles. Triunfos en las urnas, realineamientos regionales y un cuestionamiento cada vez más explícito del discurso de la izquierda que dominó gran parte de América Latina durante la década pasada. No se trata de una ola uniforme, pero sí de una tendencia que se repite con matices locales.

El 14 de diciembre de 2025, José Antonio Kast ganó la presidencia de Chile con una campaña centrada en seguridad, inmigración y orden público. Su victoria marcó el giro a la derecha más claro en el Cono Sur en años y cerró un ciclo político iniciado tras el estallido social de 2019. Diez días después, el 24 de diciembre, el Consejo Electoral de Honduras proclamó vencedor a Asfura tras semanas de recuento voto a voto, protestas en la calle y acusaciones de fraude. En ese tramo final, mensajes públicos de Donald Trump ayudaron a apuntalar su candidatura cuando las encuestas lo situaban por detrás de su rival.

Cansancio social

El mapa se amplía con otros movimientos relevantes del año. En Ecuador, Daniel Noboa revalidó el poder en abril con un discurso de mano dura frente al crimen organizado, convertido en una amenaza estructural para el Estado. En Bolivia, la victoria de Rodrigo Paz en octubre puso fin a casi veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo y abrió una etapa de transición marcada por reformas graduales y un lenguaje económico más pragmático. Y en Argentina, Javier Milei cerró 2025 con mayor respaldo parlamentario tras las legislativas de octubre, reforzado por el apoyo explícito de Trump y con 2026 señalado como el año clave para consolidar su agenda de reformas.

Detrás de estas victorias hay un factor común que va más allá de la ideología: el cansancio social. La región arrastra años de crecimiento débil, servicios públicos deteriorados y una violencia que se ha normalizado en amplias zonas urbanas y rurales. En ese contexto, los líderes que prometen respuestas rápidas, incluso por la vía del choque, parten con ventaja frente a proyectos percibidos como continuistas con la ola de izquierdas de la década pasada.

Mano dura como la de Bukele

El fenómeno tiene dos referentes claros, recibidos con brazos abiertos en el Despacho Oval. Nayib Bukele encarna el modelo de mano dura en seguridad, con resultados visibles y costes democráticos asumidos. Javier Milei representa el experimento de ajuste, desregulación y confrontación abierta con el Estado tradicional. Por encima de ambos, Trump marca el ritmo, prioridades, aliados y apoyos financieros, políticos y militares, condicionados a gestos explícitos de alineamiento.

El año 2026 será la prueba de fondo de esta revolución conservadora. Brasil y Colombia, los dos grandes bastiones recientes de la izquierda sudamericana, acudirán a las urnas con la seguridad como eje central y la economía como juez silencioso. Perú llegará con fragmentación política y un electorado exhausto. Costa Rica afrontará una campaña atravesada por el aumento de la violencia. Haití, si logra sostener el calendario electoral entre el caos y la inseguridad, volverá a recordar hasta qué punto el colapso institucional también decide elecciones.

En paralelo, Washington activa exigencias que afectan a toda la región. Una política arancelaria más agresiva, planes de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y operaciones militares en el Caribe y el Pacífico forman parte de una estrategia continental que es más de supeditación. Los ataques a embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, con más de un centenar de muertos, han sido presentados como advertencia y como ejemplo del nuevo intervencionismo estadounidense.

Si 2025 fue el año en que el trumpismo se dejó notar en las urnas, 2026 será el año en que se mida su capacidad de gobierno. Trump actúa como motor del nuevo bloque, pero también como su principal riesgo. Cada presión externa puede activar reflejos de rechazo y protesta que alteren el sentido del voto. Esa tensión, entre alinearse para sobrevivir o distanciarse para no pagar el coste interno, marcará el pulso político del continente en el próximo año.