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Para Sara, otra iraní exiliada en Madrid, el bloqueo de las comunicaciones es «de una maldad absoluta». Porque no es solo que no pueda hablar con sus primos y sobrinos que viven en Teherán, «sino que, sabiendo que ahora se pueden hacer llamadas de pocos segundos, el no recibirlas puede significar lo peor de los destinos: que están detenidos o incluso peor, muertos». De momento, Sara no ha tenido la misma suerte que Medis de poder hablar durante unos segundos con sus familiares.

Las dos mujeres decidieron dejar Irán porque no se veían viviendo en una teocracia regida por unos principios que no hacen nada más «que oprimirnos como mujeres y como seres humanos». Sara se marchó de Teherán hace ya 39 años, «en cuanto comenzaron a instaurar el velo obligatorio y otras medidas contra las mujeres». Allí dejó a familia y amigos.

Medis se fue de Irán después de las protestas de 2022, que levantaron a todo el país tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini bajo custodia de la Guardia Revolucionaria por llevar mal puesto el velo.

Ahora, ambas mujeres viven «con mucho dolor y mucha preocupación» lo que están viendo desde la distancia y se enteran a cuentagotas de lo que está pasando en su país.

«Desde hace muchos años hemos tenido movimientos que han luchado por echar abajo al régimen teocrático. Ahora, desde hace tres semanas, la gente de Irán está en las calles y protesta por todas las cosas que no tenemos: una buena situación económica, libertad, igualdad, dignidad…», comenta Medis.

Quiebra económica

Estas manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre como unas protestas por la situación económica de un país casi en quiebra: una inflación de más del 45%, una fuerte caída de la moneda y la inevitable subida de los precios.

Poco después, estas protestas fueron tomando cada vez más la forma de la tan ansiada revolución que buscan los iraníes: los jóvenes se unieron a las manifestaciones y salieron a las calles del país en multitudes bajo el grito de ‘Muerte al Ayatolá’ y ‘Abajo el régimen’, junto al ya conocido ‘Mujer, vida, libertad’ que encabezó todas las manifestaciones del año 2022.

Esta modificación en las protestas también provocó el cambio en la forma de manejarlas por parte del régimen. Hasta ese momento, habían dejado hacer a los manifestantes pero, a partir de los primeros días de enero, la represión llegó a todos los rincones del país convirtiéndose en una auténtica carnicería.

Disparidad en la cifra de muertos

Bien lo sabe Mohamed (nombre ficticio), un médico de la ciudad de Mashhad, al oeste del país. «Las cifras de muertos y heridos son mucho más altas de lo que están contando. Esto es una carnicería. A lo largo de los 12 kilómetros del bulevar Vakilabad (en Mashhad) ha habido muertos, muchísimos. Y ha ocurrido cada noche desde que comenzaron las protestas», explicaba «con profunda tristeza pero con la necesidad de que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo».

Según datos de la agencia de noticias estadounidense Human Rights Activists News Agency, el número de personas que han perecido en las protestas se elevan a las 2.600. Pero se espera que el total de muertos aumente sustancialmente a medida que el régimen alivie el bloqueo de las comunicaciones impuesto desde el 8 de enero y prolongado hasta el 21 de marzo, celebración del año nuevo persa. Otras organizaciones como Iran Human Rights, con sede en Noruega, cifraban en 3.400 los manifestantes muertos en 15 provincias. Esto convertiría la actual represión en la más mortífera en Irán desde la década de 1980, cuando el gobierno ejecutó a miles de presos políticos al consolidarse en el poder tras la revolución de 1979.

Esta vez, las fuerzas del régimen estaban listas para desempeñar un papel más letal en la represión de las protestas. El Cuerpo Paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia voluntaria Basij, vestidos de civil, se desplegaron en gran número por todo el país, a menudo armados con fusiles de asalto kalashnikov.

Así lo constata una cirujana de uno de los hospitales de Teherán. En varios mensajes compartidos con Medis y a su vez con ABC, esta médico, que prefiere permanecer en el anonimato, asegura que el tipo de lesiones que estaba tratando cambió de forma repentina alrededor de la medianoche del pasado jueves 8 de enero. «Lo que empezó con lesiones por balas de goma y perdigones se convirtieron en lesiones por armas automáticas, causando heridas similares a las que se ven en los campos de batalla. Los hospitales están completamente desbordados». Al igual que las morgues y las cárceles. «20 miembros de mi familia han sido asesinados durante las protestas», asegura una vecina de Isfahan. Ha conseguido ponerse en contacto con Rym Sheermohammadi con una llamada de unos pocos minutos y es a través de Sheermohammadi, activista de origen iraní y residente en Barcelona, como conocemos este testimonio. El relato que hace sobre cómo consiguieron primero identificar los cadáveres y, después, llevarlos de vuelta a casa es desgarrador.

«Los cuerpos están envueltos en bolsas negras y, después de varias visitas a diferentes cárceles y hospitales, al final te dicen dónde pueden estar. Fuimos a una morgue en Isfahan y, tras varias horas esperando, conseguimos entrar en una sala donde a través de una pantalla enseñaban los cadáveres e ibas apuntando los números que identificaban los cuerpos, pero eso no es lo más duro. Tras la identificación, viene la hora de pagar para recuperar los cuerpos y no pudimos llevarnos a todos. Tuvimos que escoger».

De momento, las protestas parecen que han bajado de intensidad, sobre todo después de que esta semana el régimen impusiera una ley marcial completa con militares por las calles y barrios completos hechos cuarteles generales, con un toque de queda que, si no se cumple, puedes ser víctima de represalias.

«¿Dónde está la izquierda?»

Ahora hay muchas incógnitas: si Estados Unidos intervendrá, como dijo Donald Trump «si seguía habiendo muertos», o cuál será la alternativa al ayatolá Jamenei y si puede ser Reza Pahlevi, el hijo del sah. «Ahora mismo no estamos pensando en la alternativa al poder, sino en acabar con el régimen opresor», aseguran los iraníes en el exilio contactados por este periódico.

Pero una pregunta sobrevuela con más fuerza, sobre todo, entre la población iraní en el exilio: ¿Dónde está la izquierda política? «Nadie habla de Irán», dice Medis con cierto enfado pero, especialmente, con cierta decepción. Algo que comparten más personas contactadas. Así lo zanjan con contundencia: «Hablan de Palestina, de Sudán, pero luego llega Irán o Venezuela y ni un mensaje. Si defienden los derechos humanos, nosotros también lo somos».

A sus 25 años, a solo un semestre de graduarse en Estudios Políticos, Suárez representa una ruptura generacional. Este joven apenas estaba naciendo cuando llegó la llamada Revolución Bolivariana, por lo que su visión no está anclada en el pasado, sino en la urgencia de un futuro distinto. Ocupa el mismo cargo en la FCU que alguna vez tuvo Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, y camina por los mismos pasillos que recorrieron quienes hoy ostentan el poder.

La entrevista ocurre en un momento de quiebra. El ambiente político se crispó tras los eventos del 3 de enero, que generaron una profunda conmoción nacional. En este clima de incertidumbre, la sociedad civil venezolana está rompiendo el silencio que la caracterizó durante el último lustro. Suárez es uno de los símbolos más visibles de esa ruptura.

—¿Qué entiende exactamente por transición democrática?

—Lo que constituye un proceso de transición es, justamente, la redemocratización del país y su reinstitucionalización. Se trata de volver a garantizar los derechos civiles y políticos que durante años han sido vulnerados en Venezuela: la libertad de protesta pacífica, la libertad de expresión. Esos son los pasos que tendremos que ir dando los venezolanos de cara a la reconstrucción nacional.

Suárez habla con la precisión de quien ha reflexionado profundamente sobre estas cuestiones. Su respuesta no es improvisada; es el resultado de meses de análisis en medio de la represión política más severa que ha experimentado Venezuela en su historia reciente.

«Pero hay algo que es fundamental», añade. «No se puede avanzar hacia una reconstrucción, hacia una conciliación, si hay personas privadas de libertad por motivaciones políticas. Eso es un obstáculo insalvable».

—¿Por qué decidió hacer esta exigencia ahora, en este momento específico?

—Creo que el 3 de enero marca un parteaguas. Los acontecimientos de ese día condicionan por completo la vida política nacional. Nosotros, como movimiento estudiantil, hemos mantenido siempre una postura coherente. El 10 de enero desconocimos la juramentación de Nicolás Maduro en su momento. Hoy le exigimos a Delcy Rodríguez que inicie una transición. Delcy Rodríguez fue parte de esta casa de estudios. Su hermano Jorge fue presidente de la FCU. Son personas formadas en esta universidad. Y esto es importante, porque quien usurpa un derecho, adquiere un deber. La responsabilidad histórica de los hermanos Rodríguez es una sola: reconducir este país hacia una transición democrática.

Es una frase que encapsula su estrategia: no es un ataque frontal, sino una apelación a la responsabilidad histórica de quienes están en el poder. Una táctica que busca presionar desde dentro del sistema, utilizando los mismos valores que el chavismo ha proclamado.

—¿Cuántos presos políticos cree que hay realmente en Venezuela?

—Con los datos que estamos ayudando a recabar, podemos decir con responsabilidad que existen más de 800 presos políticos a nivel nacional. Hay personas que están desaparecidas; ni siquiera se sabe cuál es su estatus. El Gobierno no tiene certeza ni de cuántos presos políticos tiene.

Es una cifra que revela la magnitud del colapso administrativo del régimen. No es solo represión política; es una represión desorganizada, caótica, que ni el propio Estado puede contabilizar.

«He visitado algunos de estos centros de reclusión», continúa Suárez. «He visto personas desesperadas, familias sin permiso para recibir cartas, pasando sol y lluvia a la intemperie. Pero también he visto mucha fe. Los venezolanos se han apegado a la fe para poder recibir la noticia de la libertad de sus seres queridos».

—¿Ha habido represalias contra usted o contra la Federación?

—Tenemos profesores y hemos tenido estudiantes detenidos de manera arbitraria por razones políticas. Consejeros universitarios han estado detenidos. Tras las declaraciones del 3 de enero, hemos sido víctimas de amenazas. Por redes sociales nos dicen que nos tienen que llevar presos, que nos van a aplicar la ‘operación tuntún’ (una expresión para redadas y detenciones masivas de los organismos de inteligencia).

Hace una pausa. Luego, pronuncia la frase que define su lucha: «Pero ya perdimos el miedo. Le tenemos menos miedo a ir presos que a no vivir en democracia. Estamos convencidos de que, lo más pronto posible, tenemos que ser parte de un sistema democrático».

Es una declaración que resume el cambio de paradigma en Venezuela. Durante años, el miedo fue el instrumento más efectivo del poder: el miedo a desaparecer, a ser torturado, a que tus seres queridos sufran las consecuencias de tu disidencia. Ese miedo silenció a una nación.

Ahora, un joven de 25 años declara que ese miedo ya no funciona. Que hay algo más importante que la seguridad personal: la dignidad colectiva.

—¿Siente que la Universidad Central está recuperando su rol histórico de resistencia?

—Siento que nunca lo ha perdido. Debatir y estudiar en Venezuela es un acto de rebeldía. La gente no comprende que el hecho de que no tengamos un presupuesto digno, pero aun así se estén creando nuevas carreras, tiene una respuesta clara: existen políticas sistemáticas para quebrar las capacidades técnicas de la universidad.

Es un análisis que revela la verdadera naturaleza del proceso. No es solo represivo, es antiintelectual. El sistema le teme a las ideas. Sabe que, en el momento en que la gente empiece a pensar críticamente, el castillo de naipes se derrumba. «No les interesa que se gradúen sociólogos o politólogos, personas que alimenten el pensamiento crítico», continúa. «Son personas a las que no puedes engañar con un simple discurso. Y eso, creo, es un arma poderosa. La academia como acto de resistencia es poderosísima».

—¿Cree que es posible una transición democrática a corto plazo?

—El escenario más pesimista es que haya una reversión dentro de un proceso de transición. Que volvamos a ver personas encarceladas por motivaciones políticas. Ese sería el peor escenario para el venezolano. El mejor escenario es que tanto los venezolanos en general como el oficialismo entiendan que esta crisis institucional no se puede prolongar más. Que se establezcan políticas donde las instituciones sean firmes y garanticen la seguridad, la vida en paz, el libre tránsito. Que las personas no tengan miedo de hacer un reportaje periodístico.

Y luego añade algo que resume la tragedia de Venezuela: «Que se pueda sanar el sistema eléctrico nacional. Si le dices a una persona en el exterior que serás feliz el día que no se te vaya la luz en tu casa, te dirán que eso no es nada. Pero lo es todo para el venezolano. Lo es todo para quien perdió un familiar porque se fue la luz en un hospital».

—¿Cuál cree que sea el reto más grande para este país?

—El reto más grande será entender que debemos apuntar a la reconciliación nacional. A poder hacer política con quien se disiente. A poder, a pesar de lo difícil que sea, ir con las heridas abiertas a reconciliar el país. Con esto no digo que no quiera que se haga justicia. La justicia es necesaria. Pero también es necesario tener una visión de Estado donde pongamos a los venezolanos primero, donde pongamos al país primero. Y donde podamos entender que con discursos radicales no vamos a llegar a ningún lado.

Machado explicó que trasladó a Trump que la transición no puede gestionarse únicamente desde el exterior ni sostenerse en comunicados, gestos simbólicos o ruedas de prensa internacionales. Insistió en que su papel pasa por volver al país y asumir los riesgos de una fase que definió como compleja, frágil y decisiva. «Esto no se puede conducir desde fuera», dijo. «Tiene que hacerse desde Venezuela, con los venezolanos, y asumiendo los riesgos que eso implica». Subrayó que su regreso no es una decisión personal, sino una obligación política ligada a la legitimidad que dice tener y a la necesidad de acompañar el proceso desde dentro.

A partir de ahí, endureció el tono y lanzó un mensaje directo a la comunidad internacional. Dijo que, a estas alturas, «no hay excusas» para que los mandatarios no decidan posicionarse ante Venezuela. Afirmó que la información sobre lo que ocurre en ese país es conocida, que los hechos están documentados y que ya no cabe la ambigüedad. Habló de crímenes de lesa humanidad y de terrorismo de Estado, y sostuvo que existen «nombres y apellidos» de líderes globales que, según dijo, no están dando la batalla que exige la magnitud de la crisis. «No hay excusas para ignorar el terrorismo de Estado», insistió. «Todo el mundo lo sabe».

Ese mensaje, explicó, no iba dirigido solo a gobiernos, sino también a organismos multilaterales y actores internacionales que, a su juicio, han optado por la cautela o el silencio. Machado planteó que la inacción también tiene consecuencias y que la neutralidad, en este contexto, equivale a tolerancia. Enmarcó ese reproche como una advertencia política y moral en un momento que describió como decisivo.

En su diagnóstico, Machado reiteró que Venezuela no vive una crisis institucional convencional. Aseguró que así se lo expuso a Trump y a otros interlocutores internacionales. «No estamos frente a un gobierno autoritario normal», afirmó, «sino frente a una estructura criminal que se ha apropiado del Estado». Describió ese entramado como una red sostenida por la represión, el miedo y la persecución sistemática, con vínculos internacionales. En ese contexto, señaló a Delcy Rodríguez como una figura central del engranaje chavista, alineada con intereses de Rusia, China e Irán. Matizó, sin embargo, que esa estructura no representa ni al pueblo venezolano ni a una parte significativa de las Fuerzas Armadas.

Machado insistió en que ese diagnóstico condiciona por completo los pasos siguientes. Rechazó fijar fechas para elecciones y advirtió de que hacerlo sin modificar antes las condiciones sería engañar a la sociedad. «Hablar de elecciones sin desmontar el aparato represivo es una ficción», afirmó. Enumeró como prioridades inmediatas la liberación real de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura, el fin de la persecución contra periodistas y opositores y las garantías para que los exiliados puedan regresar y reorganizarse políticamente dentro del país. Subrayó que excarcelar no equivale a devolver la libertad. «Si no puedes hablar, si no puedes salir del país, si sigues amenazado, no eres libre», dijo.

La fase más delicada

En ese punto, Machado explicó que la transición, tal y como la concibe, debe desarrollarse por fases y que la actual es una de las más delicadas. Afirmó que el régimen se ve forzado a empezar a desmontarse a sí mismo, aunque de forma incompleta y bajo presión. «Estamos en una etapa compleja, en la que muchas cosas siguen intactas», señaló. «Pero el proceso ya comenzó». Advirtió de que no será lineal, que habrá retrocesos y momentos difíciles, pero defendió que una vez iniciado es irreversible.

María Corina afirmó además que Delcy teme personalmente a Trump. «Le tiene terror», dijo, al referirse al impacto que, según ella, tiene el expresidente estadounidense sobre el núcleo del poder chavista. Añadió, sin embargo, que ese miedo no es una base de gobierno viable. «Eso no es sostenible y ella lo sabe», sostuvo.

E insistió en que Delcy carece de apoyos populares reales y que su margen de maniobra se limita al control que ejerce la estructura represiva del régimen. Según su análisis, ese vacío de legitimidad explica tanto la dependencia del miedo como la fragilidad interna del poder, que ya no se apoya en respaldo social ni en confianza institucional, sino en la coerción y en equilibrios cada vez más precarios.

El interés humano de Trump

La dirigente opositora introdujo también la dimensión humana como uno de los ejes centrales de su intervención y de su conversación con Trump. Habló de los presos políticos, de los desaparecidos y de las familias que no saben dónde están sus seres queridos. Amplió el foco hacia el impacto social del colapso venezolano. «Hablamos de niños que crecen sin sus madres, de escuelas que solo funcionan dos días a la semana, de maestros que ganan un dólar al día y tienen que buscar otros trabajos para poder comer», relató. Alertó de que Venezuela sufre los peores niveles de malnutrición infantil en un siglo y defendió que la transición es, ante todo, una urgencia para salvar vidas. «Es por esos niños que estamos haciendo lo que estamos haciendo», afirmó.

Machado aseguró que Trump le transmitió preocupación directa por el sufrimiento de la población venezolana y que ese fue, según dijo, uno de los mensajes más importantes que quiso hacer públicos. Presentó ese respaldo como un factor clave no solo para la transición política, sino también para la estabilidad regional. A su juicio, la salida del régimen no es solo una cuestión de justicia para Venezuela, sino un elemento relevante para la seguridad y la prosperidad del hemisferio.

Preguntada por el calendario institucional, Machado recordó que la Constitución venezolana ha sido vulnerada de forma sistemática y que el país ocupa el último lugar mundial en Estado de derecho. «Si la Constitución se hubiera respetado, no tendríamos miles de presos políticos ni millones de exiliados», dijo. Señaló que millones de venezolanos no pudieron votar en los últimos procesos electorales, tanto dentro como fuera del país, y defendió que corregir esa exclusión es una condición básica de cualquier elección creíble. «Cada venezolano, esté donde esté, tiene que poder votar», subrayó.

Un país sin fracturas

Machado rechazó las comparaciones con otros escenarios de colapso estatal o transiciones violentas. Aseguró que Venezuela sigue siendo una sociedad altamente cohesionada, sin fracturas religiosas, étnicas o territoriales profundas. «Aquí no hay una guerra entre pobres y ricos, entre civiles y militares», afirmó. «Hay un país unido por una demanda simple: vivir con dignidad y recuperar a nuestros hijos». Defendió que la Venezuela que emerja del proceso será una sociedad basada en el mérito, el trabajo y la libertad, y alineada con valores democráticos.

Machado insistió en que el tiempo de las excusas se ha agotado y que la comunidad internacional tendrá que asumir responsabilidades. «No hay excusas», repitió. Al mismo tiempo, volvió a subrayar su compromiso personal. Reiteró que regresará a Venezuela para acompañar el proceso desde dentro y asumir los riesgos de una etapa que definió como histórica. «Ese es mi compromiso», dijo. «Estar donde hay que estar cuando hay que estar».

Esta es una de las macabras tácticas que están utilizando las autoridades, según ha podido saber este periódico en conversaciones con iraníes en el exilio.

«Un chico de 18 años, estudiante de Kerman, resultó herido en una de las protestas», cuenta a este periódico Medis Tavakoli, una iraní exiliada en España desde hace cuatro años. Este chico es familia de uno de sus amigos que aún permanecen en Irán. A pesar del corte de las comunicaciones, Medis ha podido ir conociendo casos que ejemplifican la fuerte represión del régimen.

«Las fuerzas armadas llegaron al hospital y se lo llevaron a él y a otros muchos. Cuando su familia acudió a la policía para obtener información sobre él, les dijeron que había fallecido y que, si querían recuperar su cuerpo, tendrían que pagar 1.000 millones de riales (unos 6.000 dólares)«.

La familia no disponía de ese dinero y no ha podido recuperar el cuerpo del joven. «Un drama, porque a la muerte del chico se suma la pena de no poder darle sepultura. Para nosotros, para nuestra cultura es muy importante y eso es un dolor que van a llevar siempre», comenta Medis. Además, muchas de las familias de los muertos a menudo piden al hospital y al médico forense que registren la causa de la muerte en el certificado de defunción como «accidente» para evitar tener que pagar el llamado «dinero de bala».

Medis también cuenta el caso de dos amigas suyas muertas a causa de varios disparos tras participar en las manifestaciones. «Sus familias han tenido que pagar cerca de 5.000 dólares para recuperar los cuerpos«, explica.

Técnica de 2019

Se trata de cifras desorbitadas para una población cuyo salario mínimo está en los 125 dólares mensuales, con los precios de los alimentos básicos por las nubes y una devaluación de la moneda nunca vista.

Los casos no parecen ser aislados. La cadena americana CNN contaba con el testimonio de Nezar Minouei, tío de Robina Aminianm una estudiante iraní que fue asesinada a tiros en una de las protestas en Teherán y que tuvieron que pagar para recuperar su cuerpo.

«Su madre, entre gritos, llantos y con mucha dificultad, finalmente logró acceder a la zona donde se guardaban los cuerpos para empezar a buscar el de su hija», dijo Minouei. «Encontró el cuerpo de su hija y prácticamente tuvo que robarlo». Cuando la familia regresó a su ciudad natal de Kermanshah, «se enteraron de que las autoridades estaban en su casa buscándonos para hacernos pagar por ello».

Esta técnica no es nueva. Informes similares surgieron tras la ola de protestas de 2019 que fueron publicados en su momento por Reuters y el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el medio de comunicación IranWire que ya hablaban de esta forma macabra del régimen de obligar a las familias a pagar por recuperar a sus seres queridos.

La situación en el país es insostenible. Testimonios de médicos desde Irán aseguran que todas las capacidades de las morgues de los hospitales, así como las de los cementerios de Behesht Reza y Khaje Rabi en Teherán están llenas. También aseguran que han tenido que alquilar numerosos camiones y camionetas frigoríficas del sector privado para conservar los cuerpos.

En las protestas de 2019, unas 1.500 personas murieron durante menos de dos semanas de disturbios. La cifra ahora, según varias organizaciones de derechos humanos, superan los 3.500 muertos y los más de 18.000 arrestados.

Irán se encuentra en su octavo día de apagón de comunicaciones impuesto por el régimen para controlar las conversaciones internas y también el relato que se cuenta hacia el exterior. Si bien las protestas se desencadenaron por la situación económica del país, la inflación y la devaluación de la moneda, con los días han ido virando a unas manifestaciones más politizadas pidiendo un cambio de régimen.

Al principio, el Gobierno iraní respondió a las protestas con buenas palabras y dispuesto a escuchar las quejas e incluso despidiendo al director del Banco Central. Pero al ver que estas medidas no surgieron el efecto buscado: lograr calmar la ira del pueblo, el régimen recurrió a la violencia, disturbios y a acusaciones de terrorismo para cualquier persona que saliera a las calles a protestar.

La opción lejana pero más viable –y menos destructiva para las relaciones trasatlántica– sería la adquisición de Groenlandia, aunque Trump y sus altos cargos insisten en amagar con la posibilidad de una invasión militar, quizá como arma negociadora.

Vance y Rubio acudieron a la reunión en la capital de EE.UU. al menos con una estimación de cuánto deberían desembolsar las arcas públicas de la primera potencia mundial: 700.000 millones de dólares. Ese es el cálculo que, según ‘NBC News’, han hecho un grupo de expertos y exaltos cargos de EE.UU. dentro de la planificación de la Administración Trump para la transacción.

Trump ha ordenado a Rubio que prepare un plan para la adquisición de Groenlandia y le ha instruido que le dedique la máxima prioridad.

La posibilidad de una intervención militar en el territorio de un aliado histórico y miembro de la OTAN había disparado la intranquilidad en los socios europeos, en especial después de que Trump demostrara en Venezuela que no le tiembla el pulso a la hora de enviar al ejército de EE.UU. para imponer sus intereses en el extranjero. Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Trump no ha dejado de elevar el tono sobre sus ambiciones en Groenlandia.

De hecho, el presidente de EE.UU. calentó la reunión de Vance y Rubio con Lars Lokke Rasmussen, ministro de Exteriores de Dinamarca, y Vivian Motzfedt, ministra de Exteriores de Groenlandia. Pocas horas antes de que se produjera, defendió que «EE.UU. necesita a Groenlandia» y que cualquier resultado que sea que EE.UU. no toma control de la isla será «inaceptable».

Trump ha defendido que Groenlandia tiene que ser parte de EE.UU. por sus ingentes recursos minerales y por su importancia geoestratégica, por su localización para la defensa balística y en un corredor marítimo cada vez más importante y que EE.UU. disputa con China y Rusia.

El presidente de EE.UU. compartió un artículo periodístico sobre las ambiciones militares de Rusia y China en la región y negó la capacidad de Dinamarca de hacerles frente. «Dos trineos de perros no lo lograrán, ¡solo EE.UU. es capaz!», escribió.

Dinamarca y Groenlandia han insistido en su disposición a intensificar la cooperación militar y económica con la Administración, para favorecer los intereses de EE.UU. Pero también han dejado claro que no venderán el territorio.

«Groenlandia no está a la venta», defendió el martes el primer ministro de la isla, Jens-Frederik Nielsen. «Groenlandia no quiere ser propiedad de EE.UU., Groenlandia no quiere ser gobernada por EE.UU, , Groenlandia no quiere ser parte de EE.UU.», añadió. «Elegimos la Groenlandia de hoy, que es parte del reino de Dinamarca».

Esa reacción enfureció a Trump, que respondió pocas horas después: «No sé quién es», dijo sobre Nielsen. «Pero eso va a ser un gran problema para él».

Pero ahora tuvieron la posibilidad de mostrar su postura contraria en persona, en un encuentro en Washington que no resuelve la tensión entre países aliados históricos y que ahonda la incertidumbre sobre las relaciones trasatlánticas. Hasta la capital de EE.UU. viajaron los ministros de Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt. Allí se vieron con las dos figuras de mayor importancia de la política exterior de EE.UU., más allá de Trump: el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J.D. Vance.

El encuentro duró 50 minutos y Rasmussen aseguró después que su mensaje a los estadounidenses es que la ambición por quedarse con Groenlandia es «totalmente inaceptable».

«Hay claramente un desacuerdo», reconoció Rasmussen, quien dijo que su país está dispuesto a toda negociación con EE.UU. que «respete las líneas rojas del reino de Dinamarca». Es decir, el respeto a la soberanía del país, a su integridad territorial y a la autodeterminación de los groenlandeses.

Pero tanto Rasmussen como Motzfeld aseguraron que consideran válidas las preocupaciones sobre seguridad en el Ártico que mantiene Trump y que quieren cooperar con EE.UU. para resolverlas. «Siempre hay algo de verdad en lo que dice el presidente», dijo Rasmussen, en un intento de no contrariar al multimillonario neoyorquino.

El único avance salido del encuentro es la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para tratar esas cuestiones. Su primera reunión será en las próximas semanas. En la actualidad, EE.UU. mantiene una base militar en Groenlandia, pero tanto la isla como Dinamarca están abiertos a que haya más presencia del ejército de EE.UU., como ocurrió durante la Guerra Fría.

La reunión ocurrió en un clima de creciente tensión entre EE.UU. y sus socios europeos, ante la elevación del tono de Trump y su Administración sobre sus ambiciones con Groenlandia.

La intranquilidad en Groenlandia, Dinamarca y los países europeos se disparó en especial tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. No solo porque demostraba que a Trump no le tiembla el pulso a la hora de utilizar el Ejército en otros países para impulsar los intereses de EE.UU. -también lo hizo en Irán el año pasado-; sino porque el presidente de EE.UU. se puso a hablar de Groenlandia y su exigencia de quedarse con la isla en el Ártico inmediatamente después de producirse la captura del dictador venezolano.

En los últimos días, la Administración Trump no ha cargado las tintas con la posibilidad de una invasión militar, algo que podría poner en peligro la estabilidad de la OTAN. El foco parece la adquisición de la isla, como Rubio indicó a los legisladores del Congreso hace unos días.

Pero la Casa Blanca y Trump no han dejado de amagar con la opción del uso del Ejército, como arma negociadora. Y calentaron la reunión con los daneses y groenlandeses desde antes de que se produjera.

Primero, cuando se supo que Vance participaría en el encuentro, algo que no estaba previsto al principio. El vicepresidente solicitó ser incluido a última hora, lo que disparó la intranquilidad en la orilla europea del Atlántico. Desde el regreso de Trump al poder, Vance se ha destacado como el principal crítico de los aliados tradicionales y más estables de EE.UU. Lo hizo nada más llegar al cargo, en la conferencia de seguridad de Múnich. Y, sobre todo, en la bronca que protagonizó con Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, la primera señal del reordenamiento de la política exterior de EE.UU.

Trump también subió el fuego: pocas horas antes de la reunión, insistió en que Groenlandia es una «necesidad» para EE.UU. pocas horas antes de que se celebrara el encuentro, a través de un mensaje en su red social.

El precio de Trump

Según NBC News, la Administración Trump ya maneja su primera estimación sobre cuál sería el precio de la adquisición de Groenlandia: 700.000 millones de dólares. Y el presidente ha encargado a Rubio que diseñe una propuesta para esa compra y que le dé la máxima prioridad.

Trump ha defendido que Groenlandia tiene que ser parte de EE.UU. por su importancia geoestratégica, por su localización para la defensa balística y en un corredor marítimo cada vez más importante y que EE.UU. disputa con China y Rusia. Pero detrás de sus ambiciones también están los ingentes recursos naturales de la isla, sobre todos sus minerales críticos.

El presidente de EE.UU. también compartió un artículo periodístico sobre las ambiciones militares de Rusia y China en la región y negó la capacidad de Dinamarca de hacerles frente. «Dos trineos de perros no lo lograrán, ¡solo EE.UU. es capaz!», escribió. Después, la Casa Blanca compartió un meme en sus redes sociales, don dos trineos de perros con las banderas de Dinamarca y Groenlandia en una encrucijada: por un lado, un camino que lleva a EE.UU.; por otro, uno que lleva a Rusia y China (venía acompañado de la leyenda ‘¿Qué camino eliges, hombre de Groenlandia?‘, una referencia a un libro de ideología supremacista).

El camino que quieren los groenlandeses, como dijo en la víspera su primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, y como insistió en Washington Motzfeldt es otro, el de quedarse en Dinamarca. «Es muy importante para nosotros fortalecer nuestra cooperación con EE.UU., pero eso no quiere decir que queramos ser propiedad de EE.UU.», dijo Motzfedld, un día después de que Nielsen insistiera en que Groenlandia «no está a la venta» y que la isla «prefiere seguir como parte del reino de Dinamarca».

Rasmussen también dijo que la visita a Washington era una buena oportunidad para contestar a la «narrativa» de Trump sobre la presencia de buques militares chinos en Groenlandia. «No hemos tenido un barco de guerra chino allí en una década», dijo.

Por ahora, Dinamarca y la isla ártica ganan tiempo, pero es difícil pensar que nada de esto contente a Trump de forma definitiva. «Vamos a ver qué pasa con Groenlandia, pero la necesitamos», ha dicho el presidente después, desde el Despacho Oval, donde ha advertido que, en sus ambiciones, no va a «renunciar a ninguna opción».

«El problema es que Dinamarca no podría hacer nada si Rusia o China quisieran ocupar Groenlandia, pero nosotros podríamos hacer mucho. Se pudo ver la semana pasada en Venezuela», ha insistido.

El régimen ha culpado a los propios manifestantes de las víctimas mortales, a quienes califican como «terroristas», por el «asesinato de civiles y personal de seguridad».

Sin embargo, el número de muertos y heridos en todo el país es incierto. Los grupos de derechos humanos tienen dificultades para contactar con sus contactos dentro de Irán y seguir la metodología que suelen emplear para verificar la información, pero afirman que ya han contabilizado cientos de muertos.

Un alto funcionario del Ministerio de Salud iraní, que habló bajo condición de anonimato citado por ‘The New York Times’ afirmó que unas 3.000 personas habían muerto en todo el país.

Varios grupos de derechos humanos dicen que han identificado por su nombre a cientos de los muertos (la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, dijo que había confirmado 648 personas , incluidos nueve menores), también advirtió en los últimos dos días que el número de muertos probablemente era mucho mayor: «Según algunas estimaciones, más de 6.000».

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Aunque en un principio eran en contra del aumento del costo de vida, con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

El pasado 8 de enero, las autoridades decidieron cortar internet. Una medida que los manifestantes afirman intenta ocultar la represión en las protestas y que ha sido defendida por el propio Gobierno, que ha afirmado que fue introducida después de que el país «se viera amenazado por operaciones terroristas ordenadas desde el extranjero».

Durante el fin de semana, las autoridades comenzaron a buscar y confiscar antenas Starlink en el oeste de Teherán, explica Amir Rashidi , director de derechos digitales y seguridad en Miaan Group, una organización estadounidense sin fines de lucro que se opone a la censura en Internet.«Es una guerra electrónica», dijo Rashidi al diario ‘The Wall Street Journal’. Los videos de las calles son una de las pocas formas de obtener información sobre la magnitud de las protestas y las acciones de las autoridades iraníes, aunque llegan a cuenta gotas y con días de retraso. «Hoy me llegan fotos y vídeos de hace tres y cuatro días. No sé lo que está pasando en mi casa. No sé si mi familia está ahora viva o muerta», cuenta Medis Tavakoli, activista iraní que reside en España desde hace cuatro años

La ONU ha condenado lo que está ocurriendo en Irán, al tiempo que ha reclamando al Ejecutivo del país que ponga fin a la represión de las protestas. Así, ha resaltado que «es inaceptable tildar a los manifestantes de ‘terroristas’ para justificar la violencia contra ellos».

«El asesinato de manifestantes pacíficos debe cesar», ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Asimismo, ha pedido a las autoridades que restauren el acceso a los servicios de internet y telecomunicaciones y ha solicitado que haya rendición de cuentas por las violaciones de los Derechos Humanos en el país centroasiático.

«Como vimos más recientemente en 2022, amplios sectores de la población iraní han salido a las calles para reclamar cambios fundamentales en la gobernanza de su país», ha manifestado, antes de subrayar que «de nuevo, la reacción de las autoridades es infligir una fuerza brutal para reprimir demandas de cambio que son legítimas».

En una entrevista realizada este martes, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha insistido en sopesar la vía militar en caso de que Estados Unidos ponga en marcha una agresión, un asunto para el que ha dicho estar «preparado». «Irán no quiere una guerra, pero está totalmente preparado para una guerra», ha apostillado.

«Patriotas de Irán, ¡seguid protestando, tomad vuestras instituciones!», animó Trump con un mensaje desde su red social. «Guardad los nombres de los asesinos y los agresores. Pagarán un alto precio», añadió el presidente de EE.UU. antes de prometer que «la ayuda está en camino».

Trump no dio ningún detalle sobre qué formato tiene o tendrá esa ayuda que «está en camino». El multimillonario neoyorquino ha elevado el tono en los últimos días contra el Gobierno de Teherán y ha amagado con el uso del Ejército para aplacar la represión. La Casa Blanca ha detallado que Trump ha sido informado de «opciones militares» a su disposición, aunque, de momento, no ha tomado decisión al respecto. El presidente también aseguró este martes que había «cancelado todos los encuentros con las autoridades iraníes hasta que pare esta matanza sin sentido de protestantes».

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El mensaje de Trump llegó a las calles de Irán en el segundo día de luto nacional decretado por las autoridades. El régimen trata de dar una imagen de normalidad y quiere pasar página lo antes posible, pero los muertos se cuentan por miles y no será sencillo que lo consiga, menos si interviene militarmente Estados Unidos.

Acusados de «terroristas»

Una fuente oficial citada por la agencia Reuters elevó a 2.000 el número de muertos -ONG lo situán en 6.000- e indicó que «todos son considerados mártires porque son víctimas del terrorismo». El régimen considera las protestas una forma de «terrorismo urbano» impulsado desde el exterior para provocar la intervención de Trump.

A la espera de conocer el contenido de esa «ayuda», el senador Lindsey Graham adelantó en X que «no habrá tropas sobre el terreno», pero la operación desatará «un infierno contra el régimen que ha pisoteado todas las líneas rojas con una oleada masiva de ataques militares, cibernéticos y psicológicos».

La respuesta iraní a las amenazas de Washington llegó de boca del general Amir Hatami, alto mando de las Fuerzas Armadas, quien aseguró que el conflicto de junio con Israel fue «una experiencia única y especial», porque ningún otro Estado se ha enfrentado a Israel, un «régimen equipado con tecnología y apoyo occidentales», de la forma en la que lo hizo Irán, según declaraciones recogidas por la agencia Tasnim. En opinión de Hatami, «los preparativos realizados en los últimos seis meses tras la guerra impuesta de 12 días son plenamente adecuados» para hacer frente a las amenazas que llegan desde el exterior.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, se dirigió directamente al presidente estadounidense para decirle que Teherán le enseñará «una lección inolvidable» si lanza nuevos ataques. Palabras fuertes de dirigentes y mandos militares de un país que, aunque conserva un número importante de misiles, está muy lejos de la capacidad militar del enemigo y se ha quedado sin apoyos clave en la región como Hizbolá o Bashar al Assad. El régimen islámico se ha quedado solo en su pulso con Estados Unidos e Israel.

Toque de queda en Teherán

Después de varios días de pesadilla, Teherán recuperó una aparente normalidad, los comercios reabrieron sus puertas y el tráfico volvió a colapsar algunas de las arterias principales. Los colegios y universidades permanecen cerrados y se levantó parcialmente el corte de comunicaciones, aunque el servicio de internet sigue cortado. Después de más de cuatro días incomunicados, los iraníes pudieron llamar al extranjero, pero era imposible realizar llamadas a la república islámica. El servicio de telefonía ha funcionado a nivel doméstico y también lo ha hecho la red de intranet, la versión interna y controlada de internet dentro del país diseñada por el Gobierno para separar el tráfico nacional del global.

Fuentes consultadas en Teherán relataron que de jueves a domingo la capital vivió bajo una especie de toque de queda oficioso, con todas las tiendas y cafeterías cerradas a partir de las cuatro de la tarde y un enorme despliegue policial y paramilitar en plazas y cruces. Enorme. Durante las noches se vivieron auténticas batallas campales en las que los antidisturbios y agentes de seguridad emplearon fuego real. Los servicios municipales trabajaban sin perder un minuto para intentar borrar las marcas de lo sucedido y tener las calles lo más presentable posible a primera hora de la mañana. Lo que no podían era reparar los daños sufridos por bancos, mezquitas y comisarías, algunos de los objetivos de la ira de unos manifestantes etiquetados de «terroristas» por las autoridades.

Sin duda, el gran daño irreparable son las víctimas mortales. Los iraníes vuelven a pagar con sangre su levantamiento contra un sistema blindado por la Guardia Revolucionaria y sus juventudes, los temidos basijíes. Se repiten las escenas de dolor entre las familias de los días de ‘Revolución verde’, en 2009, y el levantamiento de 2022 por la muerte de Mahsa Amini.

Entre 2009 y hoy ha habido más episodios de levantamientos sociales. La gran diferencia del momento actual con todos los anteriores es la amenaza de intervención de Donald Trump, unida al desgaste de un régimen que ha quedado obsoleto ante las demandas de cambio de una parte importante de la sociedad que no cree en el sistema.

La agenda del presidente de Estados Unidos en Oriente Próximo va de la mano de un Benjamín Netanyahu cuya aspiración es derrocar al régimen islámico, al que considera una «amenaza existencial» para Israel. En junio, en mitad del diálogo nuclear entre estadounidenses e iraníes, Netanyahu lanzó una guerra por sorpresa que duró doce días y en la que contó con el apoyo de Trump. Todo acabó con un alto el fuego oficioso que, según los iraníes, Israel rompe estos días con su apoyo directo al sector violento de las movilizaciones. Ali Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y hombre de peso en el régimen, calificó a los manifestantes violentos de «terroristas urbanos» y alertó del riesgo de «guerra civil» en el país.

«La principal diferencia entre las tres grandes revueltas es que el régimen está mucho más acorralado hoy que entonces. Ha perdido a sus aliados regionales, se encuentra asediado y con pocas cartas que jugar, y sus estructuras internas son más frágiles que nunca», opina Arash Azizi, historiador iraní y autor de libros como ‘What Iranians Want’ (Qué quieren los iraníes). Esa soledad de Irán se ha acelerado tras los golpes sufridos por Hizbolá, en Líbano, y Bashar al Assad, en Siria. La estrategia de formar y armar grupos aliados en la región ha sido aplastada por Israel y solo los hutíes, en Yemen, se mantienen como amenaza lejana al Estado judío, muy lejana.

«¿Dónde está mi voto?»

Hace 17 años las calles de Irán estallaron al conocer la victoria de Mahmoud Ahmadineyad en la segunda vuelta de las presidenciales. El líder ultraconservador se impuso, según el recuento oficial, al reformista Mir Husein Musavi y fue reelegido presidente en un momento marcado por el inicio del pulso nuclear con Occidente. Teherán fue el epicentro de un movimiento que usó el verde de la campaña electoral de Mousavi como símbolo y popularizó el eslogan «¿Dónde está mi voto?» La gente se levantó para pedir cambios internos, cambios dentro del sistema y apertura, y la respuesta fue represión con decenas de muertos y miles de detenidos.

Barack Obama condenó la represión y dijo que las protestas eran «una expresión del deseo del pueblo iraní por debatir su futuro y que esas voces debían ser escuchadas», pero dejó claro que no era una cuestión sobre Estados Unidos u Occidente, sino sobre «los propios iraníes y el futuro que ellos decidieran para su país». Ahmadineyad gobernó durante cuatro años más y los iraníes tuvieron muy claro que los cambios en su país no iban a llegar a través de las urnas.

«Mujer, vida, libertad»

Después de 8 años de ultraconservadurismo, Irán giró a un sistema moderado con el clérigo Hasán Rohani y en 2015 se selló el histórico pacto nuclear con Estados Unidos. La república islámica y el ‘Gran Satán’ (tal y como llama el sector radical a Estados Unidos) iniciaron una fase de deshielo y comenzaron a levantarse algunas sanciones a cambio de una limitación en el grado de enriquecimiento de uranio. Las calles de Irán veían el final de un túnel de sanciones económicas y amenazas de guerra, pero el sueño se desvaneció con el triunfo de Trump, que rompió el pacto de forma unilateral en 2018 y reimpuso los castigos pese a que los iraníes cumplían lo acordado, según todos los informes emitidos por la Agencia Internacional de Energía Atómica.

El peso de los castigos asfixió a la economía iraní y el país volvió a girar al ultraconservadurismo en 2021 con Ibrahim Raisi. En lugar de priorizar la situación económica, Raisi aplicó una política para intentar reislamizar a una sociedad cada vez más alejadas de los eslóganes de la revolución islámica, reforzó a la policía de la moral y puso el foco en la vestimenta de las mujeres. Un año después de su llegada al poder, la joven Mahsa Amini murió a manos de esa policía de la moral y las calles explotaron al grito de «Mujer, vida, libertad».

Los iraníes superaron la barrera del miedo levantada por la brutal represión de 2009 y fueron las mujeres y las minorías, como los kurdos, quienes lideraron la batalla para pedir libertad y el fin del uso obligatorio del pañuelo para las mujeres. Las movilizaciones se mantuvieron durante un año, con diferente nivel de intensidad, y organizaciones de derechos humanos como Iran Human Rights (ONG con sede fuera de Irán), elevaron al menos a 551 el número de fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad.

Joe Biden mostró su apoyo a las mujeres de Irán, aseguró que las protestas «despertaron algo que no creo que vaya a poder ser silenciado por mucho, mucho tiempo», e impuso nuevas sanciones al régimen como medida de presión.

Más protestas y más violentas

Tres años después, los ayatolás vuelven a enfrentarse a un levantamiento popular, que esta vez estalló por el hundimiento del rial respecto al dólar. Cada vez discurre menos tiempo entre protesta y protesta. Cada vez las protestas son más violentas y piden más claramente un cambio de régimen, no solo reformas, pero en un país de 93 millones de habitantes el sistema cuenta con su núcleo duro de seguidores.

«La situación es compleja. La economía está en declive y la credibilidad del sistema de gobierno en la gestión económica ha disminuido notablemente. Sin embargo, la realidad es diferente a la que reflejan los medios y las redes sociales. Los conservadores y seguidores del sistema y del Líder Supremo (que a menudo se solapan, pero no siempre son iguales) no son muy visibles ni escuchados, pero permanecen presentes y en número», considera Raffaele Mauriello, profesor adjunto en la Facultad de Literatura Persa y Lenguas Extranjeras de la Universidad Allameh Tabatabai de Teherán.

Mauriello estaba en Teherán durante la guerra de junio y, después de lo que se ha vivido en las últimas dos semanas, considera que «ahora hay que tomar en cuenta más que antes las posibilidades de un conflicto armado, que tras el ataque verano es una realidad». Trump, con el asesoramiento de Netanyahu, tiene la palabra.

De los tres hermanos de origen libanés, destaca la figura de Yussef Abou Nassif Smaili, un empresario de 40 años que es señalado de ser la pareja sentimental de Delcy Rodríguez. Una vinculación que ha funcionado como motor para obtener contratos masivos en áreas sensibles.

El documento que maneja la DEA menciona sospechas de posibles vínculos entre Yussef y las organizaciones Hizbolá y Hamás, aunque el mismo texto aclara que se trata de meras acusaciones sin pruebas sólidas ni evidencias concretas.

La trayectoria económica de Yussef Abou Nassif en Venezuela comenzó en el sector financiero. Trabajó hasta el año 2010 en Interbursa, una casa de bolsa que pertenecía a Juan Domingo Cordero en sociedad con Raúl Gorrín. En esa época, estas firmas aprovecharon la bonanza de las transacciones cambiarias en el país. Poco después de su paso por esa entidad, los propietarios de Interbursa adquirieron el canal de noticias Globovisión, un medio que antes era muy crítico con el Gobierno y que hoy actúa como un vehículo propagandístico más.

La importación de alimentos generó el grueso de su fortuna. Entre 2017 y 2018, los hermanos Abou Nassif captaron contratos por 413 millones de dólares. Los fondos procedían de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un sistema de reparto de comida —de baja calidad— subsidiada por el Gobierno y que ha servido como método de control social, condicionando la entrega de esas ayudas a la lealtad política.

El negocio del hambre

El grupo utilizó sociedades con sede en Hong Kong para gestionar los contratos de importación. Según los documentos de ‘Armando Info’, la estatal Corpovex firmó en octubre de 2017 un acuerdo de 132 millones de dólares con una firma representada por Yussef Abou Nassif. Solo un mes después, en noviembre de ese año, el organismo selló otros dos contratos por valor de 159 millones y 122,8 millones de dólares. Estos acuerdos consolidaron al clan como un contratista prioritario del Estado en apenas un trimestre.

Yussef y su hermano mayor, Omar Abou Nassif, se repartieron la representación legal de estas sociedades. En los registros internos del Ministerio de Alimentación, los funcionarios identificaban al entramado como el «grupo árabes». Su modelo operativo seguía el esquema de Alex Saab, el principal contratista de los suministros estatales y acusado de ser testaferro de Maduro. De esta forma, el clan aseguró una porción significativa del mercado de productos básicos durante la etapa de mayor escasez en el país.

En marzo de 2019, el grupo diversificó sus negocios hacia el sector sanitario. A través de una de sus firmas en el extranjero, acordaron la venta de kits de hemodiálisis al Estado por 145 millones de euros. Los insumos estaban destinados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En ese momento, los hospitales públicos sufrían una crisis extrema para atender a los pacientes dializados.

La forma de pago de estos suministros médicos fue atípica. El instituto estatal comunicó a la empresa que liquidaría la deuda con materias primas. Específicamente, ofreció crudo y fuel oil. Esta maniobra vinculó directamente a los Abou Nassif con la comercialización de petróleo. El uso de hidrocarburos permitió al grupo sortear las restricciones del sistema bancario internacional derivadas de las sanciones económicas.

En 2019, el grupo también incursionó en el sector minorista con la apertura de la cadena OK Mart. Nabil Abou Nassif, quien fue director de finanzas en la Alcaldía de Caracas durante la gestión de Jorge Rodríguez, registró la marca poco después de dejar su cargo público. Estos establecimientos se especializan en la venta de productos importados de alta gama, un modelo de negocio que en Venezuela se denomina «bodegón». Mientras el país enfrentaba dificultades de abastecimiento, estos locales ofrecían artículos extranjeros con precios marcados en dólares.

Durante la pandemia, la empresa abrió tres sedes en la capital. Una de ellas se instaló en la planta baja del edificio Los Andes, en Sabana Grande. Este inmueble fue expropiado por Hugo Chávez para ser una residencia estudiantil y luego se usó como centro de aislamiento sanitario. La apertura de un comercio de lujo en un espacio estatal generó críticas sobre el uso de bienes públicos para favorecer a personas vinculadas al poder.

Un emporio a la sombra

Las operaciones internacionales de los hermanos Abou Nassif han enfrentado procesos legales fuera de Venezuela. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de sus empresas registradas en Hong Kong. Esta acción fue el resultado de una investigación de la Fiscalía mexicana sobre la venta de alimentos con sobreprecio. Las autoridades de ese país detectaron que los productos enviados a Venezuela para los programas sociales eran de baja calidad y tenían costes inflados. Las pesquisas mexicanas involucraron también a otras redes de contratistas vinculados al Gobierno venezolano.

Omar Abou Nassif ha ejercido como mediador político y financiero. En abril de 2019, participó en reuniones con empresarios extranjeros tras el gran apagón nacional que paralizó el país durante una semana. Las gestiones, facilitadas por el entorno de Delcy Rodríguez, buscaban adquirir equipos para paliar la crisis eléctrica. En estos encuentros se planteó el uso de canales financieros en Asia, con transacciones vía Hong Kong.

El clan mantiene alianzas con sectores de la élite empresarial surgida en la última década, compartiendo intereses con propietarios de grandes almacenes, franquicias deportivas y plataformas de pago electrónico. La familia controla una red que abarca desde el empaquetado de alimentos hasta la logística. En los registros mercantiles, los hermanos Yussef, Omar y Jamal rotan sus cargos como directivos o accionistas, una estrategia que les permite mantener el control del capital dentro del núcleo familiar.

La conexión con el ámbito deportivo tiene nombre propio: Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Las investigaciones de ‘Armando Info’ revelan que los nexos entre el entorno íntimo de Delcy Rodríguez y el liderazgo del fútbol nacional convergen en vuelos oficiales y negocios millonarios. Un ejemplo claro ocurrió el 14 de junio de 2021, apenas dos semanas después de que Giménez asumiera la presidencia de la FVF. En esa fecha, viajó a Qatar en un avión de Conviasa -la línea aérea de bandera venezolana- como parte de una comitiva encabezada por la entonces vicepresidenta. En la lista de pasajeros figuraba también Yussef Abou Nassif, lo que evidencia la estrecha cercanía y la operatividad conjunta entre la pareja sentimental de la funcionaria y el joven jerarca del fútbol venezolano.

Más allá de los viajes compartidos, la relación se cimenta en un modelo de negocios paralelo. Al igual que el clan Abou Nassif, Giménez ha logrado contratos masivos para el suministro de alimentos a los CLAP y participa en el esquema de intercambio de petróleo por deuda que PDVSA implementó para evadir sanciones. Giménez fue señalado como el posible sucesor de Alex Saab -cuando este se encontraba detenido en EE.UU.- en la estructura de contratistas privilegiados. Una red de intereses cruzados que demuestra cómo la diplomacia deportiva y las estructuras logísticas de importación operan bajo el mismo paraguas político, consolidando un bloque de poder que se mueve indistintamente entre estadios y despachos ministeriales.

A pesar de su influencia, Yussef Abou Nassif permanece alejado del foco público. Aunque la mayor parte de estos datos se publicaron en 2021, se estima que sus beneficios y contratos han seguido aumentando. Roberto Deniz, el periodista de ‘Armando Info’ que destapó esta maraña de negocios, vive hoy en el exilio forzado, reflejo de la falta de libertad de prensa en Venezuela y las represalias contra quienes investigan la corrupción.