Author: rb809rb

Químico-farmacéutica de profesión, María Jacqueline Sepúlveda Carreño (Talca, 62 años) es la primera mujer que llega el sillón de rectoría en los 107 años de existencia de su alma mater, la Universidad de Concepción (UdeC). Desde mayo pasado, dirige los destinos de la tercera universidad chilena más antigua y la primera en fundarse fuera de Santiago de Chile.

Este último dato no es un decir en uno de los países más centralizados de la OCDE, y la rectora tiene plena conciencia de ello, como lo dejó ver el pasado martes con EL PAÍS, aunque no en Concepción -capital de la región homónima- sino en las oficinas que su universidad tiene en un tercer piso de la calle Marchant Pereira, equidistante de las avenidas Providencia y Nueva Providencia, sector oriente de la capital chilena.

Firme, directa y de lo más convencida, cuenta que ha estado haciendo “conexiones” y “buscando más aliados” para las distintas iniciativas que empuja su casa de estudios; que llegó la noche anterior y que en pocas horas parte de vuelta a Concepción, a unos 450 kilómetros al sur de Santiago. También, que en medio de tanta actividad concedió una entrevista para un libro acerca de las rectoras que integran -hoy, más que nunca antes- el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Pregunta. Mucho o poco, a Santiago hay que venir, ¿no?

Respuesta. Hay que venir cada cierto tiempo, pero eso es parte de lo que queremos: demostrar que el rol público de las universidades también se ve desde regiones y que el impacto económico y social de las actividades de nuestra universidad no se ha visibilizado lo suficiente. A veces es necesario, cuando no nos conocen, generar esta confianza en una fase inicial, estar presentes acá.

P. ¿Cómo se las ve con el centralismo?

R. La Universidad de Concepción es una universidad ciudadana, que nace a pesar del centralismo imperante. A nivel central había una fuerte oposición a crear una universidad que no fuera estatal y que estuviese fuera de Santiago. Y la fundación de la UdeC fue un acto de rebeldía: no íbamos a permitir que el centralismo nos impidiera tener un sueño ciudadano.

P. ¿Lo dice en el sentido de la rebeldía penquista [natural de Concepción, capital del Reino de Chile entre 1565 y 1575] frente al poder central?

R. Sí, porque tenemos las capacidades y las competencias para resolver los problemas de la región. Por supuesto, cuando se requiera colaboración la solicitaremos, pero las cosas se podrían hacer más rápido si no tuviésemos que estar tan pendientes de las decisiones del nivel central. Estoy hablando de mayores recursos en investigación y desarrollo para las universidades regionales.

Concepción siempre ha tenido un sello muy regionalista. Se habla de la mentalidad penquista, pero también la región de Ñuble [desgajada de la de Concepción] está en la misma, así como Aysén: hay varias regiones alzando la voz, porque son preocupantes los pocos recursos para el desarrollo científico y tecnológico en las regiones.

P. Usted destaca la movilidad social que genera la UdeC…

R. Nos sentimos orgullosísimos de eso. Nuestra universidad busca atraer y retener talento, pero del más diverso. Tenemos estudiantes de todos los quintiles. Más de un 60% de nuestros estudiantes estudia con gratuidad. Ahora, cuando una persona aspira a ser profesional, esa aspiración no es solo de esa persona: es de una familia que ve que nuestra universidad puede transformar vidas. A eso se refiere el rol público en nuestra universidad.

P. ¿Y cómo ve ese encaminamiento en medio de las circunstancias adversas de hoy?

R. Por muchos años las universidades han esperado que los recursos destinados a investigación y desarrollo provengan del Estado. Eso ya no puede continuar. Sabemos que las necesidades son múltiples y que los recursos son escasos. Tenemos que vincularnos fuertemente con el sector productivo.

P. ¿Público y privado?

R. Público y privado. Tenemos que lograr que el sector productivo invierta en investigación y desarrollo. Para eso se requiere confianza: conocer los problemas del sector productivo y ver cómo la universidad coloca a disposición de este sus capacidades, su infraestructura y sus competencias para resolverlos. Estamos reuniéndonos con distintos ámbitos del sector productivo, trabajando colaborativamente, impulsando iniciativas como el doctorado tecnológico.

Por años, Chile desarrolló fuertemente los programas de doctorado, algunos de ellos muy [propios] de la ciencia básica, que es ciencia por curiosidad que busca generar conocimiento. Nosotros vamos a mantener eso, porque es importante, pero tenemos que dar un salto a la transferencia de ese conocimiento para resolver problemas y mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahora tenemos que hacer ver que podemos mejorar la competitividad del sector productivo, agregando valor a sus productos y ayudándolos a internacionalizarlos. Muchas universidades, probablemente, ya estamos en eso: cómo convocamos al sector productivo de manera concreta a apoyar el desarrollo científico-tecnológico de las regiones y del país. Pero por ahora estamos en una fase piloto.

P. ¿No lo había hecho antes la UdeC?

R. Sí. La diferencia es que ahora queremos insertar a través de los programas de doctorado tecnológico a sus miembros en el sector productivo. Abrimos una ventana para que quienes trabajan en una industria productiva, agroalimentaria o cualquier otra, avancen en la búsqueda de soluciones para los problemas tecnológicos del sector productivo. Por supuesto, seguiremos teniendo nuestros doctorados de siempre, pero estamos buscando la mejor estrategia de acercamiento al sector productivo, porque no basta con conversar y decirle, yo te ayudo: la idea es la co-construcción de un nuevo ecosistema de investigación y desarrollo para la región.

P. ¿En qué sentido piensa en la universidad como reserva ética?

R. ¿Cuáles son las instituciones de mayor credibilidad en Chile? Además de la PDI y otras pocas, las universidades. Y eso hay que cuidarlo. Las personas confían en las universidades, y por eso somos la reserva ética: somos capaces de dar respuestas confiables basadas en evidencia científica.

P. A propósito de la experiencia de los estudiantes universitarios, subraya que los fracasos son parte del crecimiento.

R. Creo que en Chile se busca mucho el éxito y se habla poco de los fracasos. Eso es lo primero, y va en paralelo con un fenómeno mundial de deterioro de la salud mental. Como buscamos constantemente el éxito y tenemos poca tolerancia a la frustración, somos vulnerables desde el punto de vista de la salud mental. Tenemos [en las universidades] muchos estudiantes medicados y muchos académicos también. Tenemos estudiantes a quienes les cuesta mucho hacer una presentación, por ejemplo. Eso está en la agenda de todos los rectores y rectoras de Chile.

P. Y usted tuvo otra experiencia como estudiante…

R. Cuando uno estudiaba, no era tema si había tres, cuatro, cinco pruebas el mismo día. Y si un profesor quería hacer una interrogación oral, la iba a hacer. Hoy, nuestros estudiantes están más sensibles a eso, y si uno los aprieta [les exige más que lo habitual], se estresan. Y eso impacta en la autoestima incluso, porque empiezan a sentir que probablemente no son capaces, o que algo está fallando.

La imagen cambia pero la idea es la misma allá donde se pregunte: “un respiro”, “un tanquetazo de oxígeno”, “una cubetada de agua en el desierto”. La Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica (FCE) han lanzado una convocatoria que es, o se siente, un salvavidas. Este lunes se abre el registro para que las editoriales propongan, de entre sus extensos catálogos, una lista de libros con la que renovar las bibliotecas públicas de México. La bolsa destinada será de 50 millones de pesos antes del fin de este año, una cantidad que no cubre las necesidades de los sellos ni de los espacios públicos, pero que insufla vida a un sector que no recibía una llamada así desde hacía 10 años. Ha tenido que echar el cierre la emblemática Era, una de las editoriales que modernizaron el país, para que algo se active en los despachos de gobierno.

“A partir de esa crisis, salió una puerta, y esta puerta provocó una reflexión, la intervención presidencial y la entrada de esta acción conjunta”, reconoce Paco Ignacio Taibo, director del FCE, que apunta además que hacía 15 años que no se renovaban los acervos de las bibliotecas. “Hubo compras equivocadas y muy repletas de ausencia de democracia y, a partir de ahí, una especie de clausura. No hubo presupuesto”, desarrolla. Ninguno de los libros que se han publicado en los últimos 15 años y que han marcado la conversación pública han traspasado las puertas de estos espacios, salvo que hayan llegado en forma de donación. Por poner algunos ejemplos: la potente Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, se publicó en 2017; Casas vacías, de Brenda Navarro, en 2019; y la premiadísima El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, en 2021.

Uno de los problemas a los que se enfrentan, explica el funcionario, es que la red de bibliotecas públicas está desintegrada nacionalmente. La Secretaría de Cultura las cifra en 7.600 centros y, para la presente convocatoria, han seleccionado 200. Aquellos, dice Taibo, que pueden tener capacidad “de arrastre”: “Si mejoras la calidad de los libros en esas bibliotecas, estas pueden incorporar préstamos internos hacia otras”. Es esa cifra de corte la que marca uno de los requisitos: que la editorial tenga al menos 200 ejemplares del título propuesto, de tal forma que pueda haber uno, como mínimo, en cada uno de los recintos elegidos. Todas las editoriales consultadas están ya volcadas en recopilar su propuesta. “Le estamos dando un tratamiento muy prioritario, porque sí es una cosa importante y viene en un momento donde hay una gran, gran crisis de liquidez”, enfatiza Eduardo Rabasa, que dirige Sexto Piso. El perfil de la convocatoria, añade el editor, se ajusta muy bien a las publicaciones que ha hecho esta casa durante la última década, volcada en la literatura mexicana.

La suspensión de las compras públicas ha ido generando cada año un pequeño boquete en el sector. Durante 2024 se publicaron cerca de 20.000 títulos distintos, un 15% menos que durante el año anterior. En consecuencia, el valor de producción también disminuyó en un 8%, hasta situarse en los 2.386 millones de pesos, según el informe de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), que atribuye estos descensos a la falta de ventas a los programas gubernamentales. A la vez, señala la Cámara, las ediciones importadas han ido ganando peso frente a las nacionales: las primeras han crecido del 7% al 14% desde 2020 y, las segundas, han disminuido desde el 93% hasta el 86%. A cambio, ha aumentado la facturación un 4,8% debido al aumento de unos 11 pesos, en promedio, de cada ejemplar.

Ese paisaje estadístico empujaba desde hacía años la necesidad de tomar medidas. La prioridad de la Secretaría de Cultura, explica la titular, Claudia Curiel, fue fortalecer la infraestructura y las instalaciones nada más llegar. El anuncio de Era generó un “espacio propicio” para este nuevo impulso, señala, pero era una ruta que venía de atrás y que continuará más adelante. Lo importante, dice, es conseguir la “sostenibilidad del sector”, que demandaba desde hacía mucho algunas medidas que han tardado en llegar, como la tasa 0 para las librerías, anunciada por la presidenta este mes y que, solo el año que viene, dejará unos 200 millones de pesos en los comercios, de acuerdo con la secretaria. Ya existía para las editoriales desde el 2000, y eso generaba una asimetría inexplicable entre dos elementos clave de la cadena de distribución. Para 2027, agrega Curiel, piensan actualizar los sistemas de catalogación y también buscan darle un impulso a las ferias estatales y municipales, que acercan al público general una oferta a veces demasiado cara y demasiado distante.

A la convocatoria están llamadas pequeñas, medianas y grandes editoriales, pero es a las empresas independientes a las que más puede ayudar. Es difícil saber todavía cuál será el impacto económico, porque dependerá de la cantidad de títulos que la comisión seleccione de cada editorial. “Es una moneda al aire”, dice Emiliano Becerril, de Elefanta, que reconoce que, si adquirieran muchos ejemplares, aunque fuera de un solo libro, “sería de gran ayuda” y les daría “un respiro”. Fuera han quedado las instituciones públicas como el Colegio de México (Colmex) que, aunque cuentan con un gran repertorio de publicaciones que se ajustarían a la solicitud, gozan de una estabilidad que resulta quimérica para el sector privado. Ellas, además, tienen otras actividades principales, como la enseñanza.

La principal fórmula con la que las editoriales públicas llegan a las bibliotecas es la donación, explica Gabriela Said, directora de Publicaciones del Colmex. También es la más “virtuosa”, agrega. Aunque reconoce que esta convocatoria les ayudaría a llegar a los lectores, su ritmo de publicación se ha mantenido más o menos estable en estos años y sus principales desafíos apuntan en otra dirección. Por un lado, a la crisis de suministro de papel originada por “las guerras del otro lado del mundo”. Por otro, a los problemas para distribuir sus libros en entornos comerciales, habida cuenta de que se trata de contenido especializado en ciencias sociales y humanidades. En cualquier caso, Said ve “magnífica” la iniciativa, a pesar de no poder participar. “La salida del mercado de Era nos ha llenado a todos de frustración y de nostalgia, aunque también habría que verla con ojos críticos”, señala.

La caída de la editorial ha abierto un debate profundo y diverso que toca todos los espacios y aspectos que llegan a rozar al libro. El sector discute ahora sobre cuánto y cómo se lee, cuál es el rol de cada actor y cómo llenar las bibliotecas no solo de libros, sino de gente. La oferta no siempre es suficiente para que alguien decida cruzar el marco de la puerta. “Celebro que haya habido voluntad y reacción rápida a la desaparición de Era, y también que exista esta convocatoria”, expresa Becerril, que templa la euforia y anima a seguir: “Una golondrina no hace verano. Ojalá estemos frente al primer aleteo de la política pública para que pueda emprender vuelo de nuevo”.

El anuncio del presidente Kast de suscribir el acuerdo sobre el Escudo de las Américas que es promovido por el presidente Trump refrendó lo que necesitaba ser refrendado de una vez por todas: se acabaron los consensos, y no solo en materia de política exterior. Son muchas políticas las que se encuentran involucradas en este momento culminante, y no se comparan con el anuncio grandilocuente de Andrés Allamand, en una recordada columna de opinión en el diario El Mercurio en 1991, en donde le ponía término a la democracia de los acuerdos, permitiendo la irrupción de la “democracia de las alternativas”. Nadie lo recuerda, pero así fue: y la derecha no siguió a Allamand en esta ruta, puesto que los acuerdos continuaron por bastante rato más. Es otro tema debatir si se trataban de acuerdos o de consensos fundados en correlaciones de fuerzas simétricas: no lo fueron, pero esa es una constatación que desdibuja el quiebre de los consensos de ahora.

Hay excelentes razones para explicitar el quiebre del consenso en materia de política exterior. El acuerdo al que concurrió el presidente Kast con el presidente Trump no fue un acuerdo binacional, sino uno que concernía a toda una región sobre diversas materias de común interés, especialmente en seguridad, pero en donde no todas las partes se encuentran en posición de igualdad a la hora de ejercer su soberanía sobre su propio territorio. Concurrir a ese acuerdo es un acto voluntario, que no requiere de aprobaciones congresales: Chile expresó, a través de su presidente, la legítima voluntad en hacerlo. ¿Significa esto que las partes concurrentes con Estados Unidos se encuentran en posición de igualdad para hacer valer sus respectivos intereses? Evidentemente no, y es allí en donde reside el problema. La declaración, presentada como un acuerdo, establece como prioridad los intereses de la soberanía del hemisferio: las derechas chilenas, unas más y otras menos, no se han interrogado sobre la génesis de esos intereses hemisféricos, tampoco sobre su definición. ¿Hay alguna duda que en lo formal esos intereses supra-nacionales son formalmente establecidos entre todas las partes, pero que en la realidad de las cosas hay un actor que predomina, un hegemón, Estados Unidos? Los ex cancilleres de Chile revelaron un asunto importante: el propio canciller Pérez Mackenna, un ministro sumamente débil y novato, habría señalado que la presión de Estados Unidos por llevar a Chile a suscribir este acuerdo ha sido muy fuerte, lo que se ajusta a la conducta del embajador Brandon Judd quien afirma con total soltura que la doctrina Donroe (esa que transforma a América Latina en un patio trasero) es “muy fácil” de llevar a cabo bajo el gobierno de Kast (dando a entender que la afinidad ideológica entre la administración Kast y la administración Trump hace la diferencia, una verdadera humillación desde la perspectiva del agente nacional sometido, en este caso Chile). ¿Es esto normal? ¿No hay en esa presión una búsqueda subordinación de Chile a los intereses de Estados Unidos que, en el marco del acuerdo suscrito, podría torcer el interés nacional en nombre del interés del hemisferio (y por tanto de Estados Unidos, que es el agente dominante)? Es cierto: por primera vez se oficializa el quiebre del consenso de Estado en materia de política exterior; eso es lo que se expresa en la interpelación inédita al canciller Francisco Pérez Mackenna por parte de la Cámara de Diputados. En el origen de esta interpelación se encontraba una razón débil: una controversia inventada por Argentina sobre la soberanía en el estrecho de Magallanes. Esa razón no era suficiente para interpelar al canciller: lo que hizo la diferencia es la posición que adoptó el presidente Kast sobre el Escudo de las Américas, una posición de gobierno (y no de Estado) que aceleró la construcción de una mayoría legislativa para provocar la interpelación (la que aun se encuentra a distancia de una mayoría real a la que concurren en privado varios diputados del oficialismo).

El Gobierno se encuentra en un momento sumamente peligroso.

Lo que este episodio revela es un quiebre entre el oficialismo y la oposición de izquierda. Uso el singular porque la torpeza gubernamental en varias materias ha logrado unificar a la oposición, entregándole en bandeja a la oposición un adversario común que hace esfuerzos para ser visto como tal: ayer fue Pinochet, hoy es Kast, a diferencia del expresidente Piñera quien nunca lo fue realmente (las dos acusaciones constitucionales en su contra no marcaron política, sino un desvarío de izquierdas). La interpelación al canciller Pérez Mackenna es especialmente delicada ya que refleja un quiebre en lo más perpetuo de la política chilena: su política exterior. ¿Cómo explicarlo? Esto no se explica solamente por la postura del gobierno del presidente Kast respecto de este escudo continental. En aras de la honestidad, lo que realmente explica esta polarización en materia de política exterior, y junto a ella en todo tipo de políticas, es la ruptura de los consensos generales sobre la vida buena en todas partes del mundo. Con sus propias particularidades, Chile se inscribe en esta tendencia general, resultándole especialmente difícil moverse entre la potencia política estadounidense y la potencia económica y comercial de China. El multilaterialismo, que muchos consideramos como un bien, varios países lo consideran como un mal, partiendo por el gobierno de Chile: no lo dice explícitamente, pero consagra su carácter nefasto. La existencia de organismos supranacionales con una mediocre capacidad de enforcement en materias esenciales, como por ejemplo la Corte Penal Internacional y todo el entramado de organismos y políticas en materia climática por parte de la ONU, constituyen un excelente ejemplo de deterioro profundo de las instituciones internacionales comunes. ¿Le cabe a alguien alguna duda que detrás de estos disensos en materia internacional no se encuentran desacuerdos fundamentales a nivel local? Pues bien, Chile expresa a escala local lo que se está observando a escala global: un estado del mundo en el que los denominadores comunes pasaron a mejor vida, desde políticas económicas reactivadoras hasta políticas redistributivas, pasando por la política exterior y hasta por la seguridad. Todo se pudrió. En lo esencial, aunque en los márgenes siempre habrán mayorías sustanciales para aprobar cosas que suenan bien, pero que no son esenciales: el gobierno lo negará.

A nadie debiese extrañar que la decisión del presidente Kast de adherir al Escudo de las Américas provocaría una ruda reacción opositora, partiendo por la declaración conjunta de los expresidentes Boric y Bachelet, en donde el expresidente Frei se mantendrá imperturbablemente en un limbo eterno que se arrastra desde que dejó de ser jefe de Estado. La carta pública de los dos expresidentes van más allá de la política exterior: no lo dicen, pero expresan un estado de ánimo y del mundo que es tan fatídico como general.

Solo falta para consagrar este fin de los consensos que el presidente Kast honre su promesa de campaña e indulte a militares que cometieron violaciones a los derechos humanos en dictadura sin jamás haber expresado su arrepentimiento.

Los consensos duran hasta que se rompen, por muy banal que suene. Lo relevante es, entonces, interrogarse acerca de las razones que los rompieron. El origen se encuentra en la política global, la que no determina como si fuese una fatalidad los vaivenes de la política nacional: es allí en donde interviene la agencia de los actores políticos domésticos, quienes pueden estar más o menos embargados por políticas identitarias o por la búsqueda de consensos con el fin de gobernar con legitimidad de largo plazo. Durante el Gobierno del presidente Boric, este mismo dilema estuvo presente, y se impuso la búsqueda de consensos. Todo indica que, dada la potencia política del Partido Republicano y su afinidad natural con el Partido Nacional Libertario, la derecha tradicional será sometida a un identitarismo que achica a la derecha, pero que es el precio a pagar por parecer auténtica.