El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha anunciado esta mañana que, sobre la medianoche del lunes, llegó a un acuerdo con la delegación departamental del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que llevaría a levantar el paro de campesinos que afecta a su departamento. Según el político derechista, la entidad nacional aceptó revisar los incrementos del avalúo catastral para los municipios y, con eso, revisar el aumento del impuesto predial en cientos de predios rurales. “El IGAC nacional firma una resolución para autorizar a su delegación regional para hacer la revisión de los ajustes de los avalúos catastrales en los municipios que tienen problemas en el departamento de Santander”, ha manifestado Díaz en Caracol Radio.
El también general en retiro ha explicado que un predio en el municipio de Lebrija las afueras de la ciudad de Bucaramanga, vio disparar su avalúo de 200 millones de pesos a 2.200 millones de pesos. “Haciendo el ajuste y la revisión, pasaría a valer unos 700 millones de pesos”, ha dicho el mandatario, quien ha agregado que el dueño aceptó que ese aumento “era lo justo”. Con esa noticia, ha indicado que espera que el bloqueo que mantiene incomunicada a la quinta ciudad de Colombia con su aeropuerto se levante sobre las dos de la tarde.
El gobernador ha añadido que se acordó que los voceros de los manifestantes viajarían a Bucaramanga hoy a inicios de la mañana. Allí, los recibirá el secretario departamental de Planeación, quien, junto con el director del IGAC, comenzará a revisar los aumentos “municipio por municipio”. “La idea es que en 15 días, de acuerdo al IGAC, estén revisados los avalúos catastrales de los municipios que tienen problemas”, ha expresado Díaz.
El acuerdo se socializará en la mañana en Lebrija, donde una multitud de campesinos bloquea la vía que conecta la capital departamental con el puerto petrolero de Barrancabermeja, incluyendo el acceso al Aeropuerto Internacional Palo Negro. Los líderes campesinos habían anunciado que, si se firma un acta de compromiso garantizando sus exigencias, entre las que está la revisión del incremento en los avalúos catastrales y del impuesto predial, levantarían el paro.
La noticia llega en el sexto día de bloqueos en varios departamentos del país, de los que Santander, en el nororiente de Colombia, ha sido el departamento más afectado, registrando pérdidas comerciales de hasta 120.000 pesos diarios, según la Federación de Empresarios Comerciantes. En Bogotá se instaló el lunes una mesa de diálogo con siete representantes de campesinos de diferentes departamentos, así como de los gobiernos locales y departamentales, del Gobierno nacional y del IGAC. Al final de esa primera jornada los ánimos continuaban tensionados.
En paralelo, el presidente Gustavo Petro amenazó con llevar a la cárcel a los alcaldes y gobernadores que no cumplieran su orden de “hablar con su pueblo” y presentar proyectos a los concejos municipales para reducir el impuesto predial de los campesinos e incluso exonerarlos. “Estamos explorando los caminos jurídicos, pero la Constitución dice que pueden salir por problemas de orden público”, dijo al respecto el presidente.
Las protestas campesinas iniciaron el pasado jueves a causa de los incrementos repentinos en el impuesto predial para cientos de predios rurales en el país, que determinan los concejos municipales con base en una actualización en el valor de la tierra establecida por el IGAC en su Resolución 2057, expedida el 30 de diciembre de 2025. Como esa resolución se expidió en el penúltimo día del año anterior, las autoridades locales aducen que no tuvieron tiempo suficiente para prepararse.
El objetivo del alza es acercar el valor de los predios a su precio real de mercado, pero la medida ha generado rechazo por su impacto inmediato en el impuesto predial que deben pagar los propietarios. Campesinos y organizaciones comunitarias critican que el incremento no tiene en cuenta su capacidad económica y aseguran que, en algunos casos, el cobro ha subido hasta en un 500%.
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