A finales de los años noventa, bajo el Gobierno democrático de Rafael Caldera, Venezuela contaba con una industria petrolera robusta que producía más de tres millones de barriles diarios. Cuando se planteó la necesidad de expandir esa industria y abrirla al capital privado nacional e internacional, la delicada y transcendental decisión se discutió y se tomó de cara al país.
La Dra. Dolores Dobarro, quien durante esos años se desempeñó como consultora jurídica y posteriormente como viceministra de Energía y Minas, señala que la política de la Apertura Petrolera fue objeto de un amplio y crítico debate público: su fundamento jurídico fue avalado por la Corte Suprema de Justicia, y su marco de condiciones fue debatido y autorizado por el Congreso de la República, donde el Gobierno estaba en minoría.
Los contratos se asignaron mediante un proceso competitivo y transparente. Dobarro recuerda incluso que, después de aprobado por el Congreso el marco de condiciones, las propias empresas participantes, buscando mayor seguridad jurídica, pidieron que los contratos de ganancias compartidas fueran también sometidos a la aprobación parlamentaria.
Un anuncio por sopresa en una situación anómala
Casi tres décadas después, el contraste es monumental. Tras más de un cuarto de siglo de una Revolución Bolivariana que se autoproclama nacionalista y antiimperialista, con una industria petrolera diezmada que apenas sobrepasa el millón de barriles diarios, los venezolanos se enteraron, por sorpresa, a través de un breve mensaje en redes sociales del presidente de una potencia extranjera, que la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, habían alcanzado “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.
En su mensaje, el mandatario estadounidense Donald Trump aseguró que ese convenio le otorgará a su país el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo en Venezuela.
Fue solo después del anuncio de Trump cuando la encargada de la presidencia ofreció a los venezolanos, en una escueta intervención pública, algunos detalles generales del acuerdo que comprometía una parte sustancial de las reservas petroleras del país.
La anómala situación —en la que los venezolanos dependen de un Gobierno extranjero para conocer decisiones sobre el destino de sus propios recursos— se repitió este lunes 31 de agosto, cuando, a través de una hoja informativa (fact sheet) de la Casa Blanca, la sociedad venezolana se enteró de algunas otras condiciones de una operación de semejante magnitud: entre ellas, que el convenio otorgaba concesiones por 100 años sobre 17 campos e incluía la participación directa del Gobierno estadounidense en la estructura empresarial involucrada en la operación.
A la fecha, todavía se desconocen aspectos esenciales del acuerdo, incluidos los instrumentos jurídicos que lo sustentan. Persisten, además, lagunas y contradicciones en la información suministrada. Esa opacidad impide emitir una opinión firme sobre la juridicidad, el contenido y el impacto de la operación para Venezuela.
Sin embargo, a partir de la información divulgada hasta ahora, reconocidos juristas venezolanos han expresado dudas y objeciones preliminares respecto a la conformidad de estos acuerdos con la Constitución y con la legislación petrolera vigente en Venezuela.
Sin embargo, destaca Dobarro, la reforma mantuvo algunos controles. Uno de ellos se refiere al proceso de selección de las empresas: la ley promueve la concurrencia de ofertas y solo permite la escogencia directa de las operadoras por razones de interés público o circunstancias especiales, previa aprobación del Consejo de Ministros. En el caso de NABEP, la experta considera que existen dudas sobre el cumplimiento de estos requisitos legales: se trata de la asignación de “17 campos, 65.000 millones de barriles de reserva a una sola empresa, sin licitación, sin proceso de selección”.
Otro aspecto legal sobre el que existen dudas se refiere a la afirmación de la Casa Blanca de que fueron otorgadas “concesiones” por 100 años sobre 17 campos petroleros. A este respecto, José Ignacio Hernández advierte que la legislación venezolana no contempla actualmente la figura de las concesiones petroleras y sostiene, además, que los Contratos de Participación Productiva (CPP) están limitados a 25 años.
En los años noventa, bajo un Gobierno democrático, Venezuela impulsó de manera soberana la apertura de su industria petrolera. Fue un proceso transparente y competitivo que involucró 38.000 millones de barriles de reservas, distribuidos entre 32 convenios operativos y cuatro asociaciones estratégicas, con la participación de 50 empresas de 15 países.
Tres décadas más tarde, un régimen tutelado —con autoridades cuya legitimidad está fuertemente cuestionada— compromete desde la opacidad 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. La entrega favorece a una sola empresa estrechamente vinculada al Gobierno de un país extranjero, mediante una operación que a la fecha plantea relevantes interrogantes legales y constitucionales. Ante este panorama, sobran razones que justifiquen la preocupación de los venezolanos.
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(rml)
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