Venezuela anunció este miércoles el lanzamiento formal de un proceso “integral y ordenado” de reestructuración de su deuda pública externa y la de la petrolera estatal PDVSA. Se trata del paso más concreto del nuevo gobierno de Delcy Rodríguez hacia la normalización financiera del país desde que el Estado entró en cesación de pagos hace casi una década.
El comunicado, emitido por la Vicepresidencia Sectorial de Economía, señala como objetivo central “poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada”. Venezuela se encuentra en situación de impago desde 2017 y atribuye el incumplimiento de obligaciones financieras a las sanciones impuestas por Estados Unidos a partir de ese mismo año. Desde entonces, las deudas, los intereses acumulados y las demandas judiciales relacionadas con expropiaciones se han ido acumulando hasta disparar el pasivo externo mucho más allá del valor original de la deuda.
“Por demasiado tiempo, el país ha sido privado del acceso normal a financiamiento y su economía perdió capacidad para invertir en salud, electricidad, agua, educación, infraestructura, recuperación productiva y el bienestar de su población. El pueblo venezolano demostró gran resiliencia para afrontar esta situación”, reza el comunicado.
El movimiento se produce en un contexto de acelerada reconfiguración de Venezuela. El pasado 5 de mayo, el gobierno de Estados Unidos dio un paso clave al autorizar, mediante la Licencia General 58 emitida por el Departamento del Tesoro, la prestación de servicios de asesoría legal y financiera a Venezuela y PDVSA con miras a una eventual reestructuración de su deuda.
Esa licencia, que exime temporalmente de sanciones a bufetes de abogados, consultoras y asesores financieros, llegó 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas tras siete años de ruptura. Con la normalización diplomática, el FMI podrá prestar ayuda financiera al Gobierno de Caracas si fuera necesario.
Según un análisis de Reuters, la crisis de la deuda de Venezuela es uno de los mayores impagos soberanos sin resolver del mundo, “el legado de años de colapso económico y sanciones estadounidenses que aislaron al país de los mercados internacionales de capitales”. El país acumula cerca de 60.000 millones de dólares en bonos impagados. La deuda externa total, incluyendo obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales, se ubica entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se contabilicen los intereses devengados y las sentencias judiciales.
Entre los principales acreedores están fondos especializados en deuda en dificultades —los llamados “fondos buitre”—, empresas con laudos arbitrales por expropiaciones como ConocoPhillips y Crystallex, y acreedores bilaterales como China y Rusia, que otorgaron préstamos tanto a Nicolás Maduro como a Hugo Chávez.
El anuncio se enmarca en el proceso de relajación gradual de sanciones impulsado por Washington, centrado especialmente en el sector energético venezolano y en la normalización de relaciones bilaterales, tras el ataque estadounidense con el que capturaron a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
“Esta es una decisión responsable, nacionalista y social. Su objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”, asegura el comunicado. El documento no detalla mecanismos concretos, plazos ni interlocutores designados para la negociación, lo que deja abierta la pregunta de cómo se articulará un proceso de esta magnitud en un país que lleva años fuera del sistema financiero internacional.
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