Hace catorce años, el gobierno de los Estados Unidos hizo una promesa. Al anunciar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el gobierno les dijo a los jóvenes: preséntense a verificaciones de antecedentes, demuestren su elegibilidad, paguen sus tarifas, y los protegeremos de la deportación. Cientos de miles de personas apostaron sus vidas a esa promesa. Ahora, la administración Trump la está incumpliendo.
El presidente Trump ha faltado a su palabra de proteger a los Dreamers. Esta administración ha detenido a más de 260 beneficiarios de DACA y ha deportado a más de 85. En abril, DACA se debilitó aún más cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió una resolución en la que determinó que DACA no es suficiente para brindar protección contra la deportación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya ni siquiera intenta ocultar su postura, al declarar recientemente que tener estatus de DACA no protegerá a las personas de la deportación.
Entre los detenidos recientemente se encuentra Juan Chavez Velasco, un beneficiario de DACA que había construido una carrera como científico de laboratorio médico, y trabajó en primera línea para salvar vidas durante la pandemia. En febrero, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas mientras viajaba para visitar a su esposa, ciudadana estadounidense, y a su bebé prematuro, también ciudadano estadounidense, en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Tras meses de gestiones, Juan fue liberado en mayo. Lamentablemente, muchos otros beneficiarios de DACA continúan enfrentando las consecuencias de estas promesas incumplidas y permanecen detenidos, lejos de sus familias.
Estas detenciones ilustran la traición fundamental que se encuentra en el centro de la política de inmigración de la administración: afirmar que persigue a delincuentes peligrosos mientras detiene y deporta a personas establecidas en sus comunidades y respetuosas de la ley en todo el país.
Algunos pueden preguntarse por qué esto debería importarles. Los daños que sufren las familias cuando los beneficiarios de DACA son deportados son profundos, y las consecuencias económicas que enfrentan las comunidades a causa de estas deportaciones son graves y van mucho más allá de las familias directamente afectadas. En 2024, los beneficiarios de DACA aportaron más de $2 mil millones de dólares al Seguro Social y a Medicare — dos programas a los que ni siquiera tienen acceso — y generaron legalmente casi 28 mil millones de dólares como empleadores y empleados. Eliminar a los beneficiarios de DACA socava los motores económicos de nuestras comunidades.
Como estadounidenses, debemos reflexionar sobre lo que ocurre cuando el gobierno federal incumple cada vez más sus promesas. ¿Están seguras las promesas que garantizan a las personas acceso a la atención médica, la educación básica o el agua potable? Aunque las administraciones cambian, existen promesas, derechos y libertades que esperamos que cada administración respete. DACA debería ser una de esas promesas.
Los inmigrantes, sus familiares ciudadanos estadounidenses y sus empleadores confiaron de buena fe en el gobierno. Siguieron el proceso y las instrucciones que se les dieron. Confiaron en que mantendrían la protección contra la deportación mientras cumplieran con los requisitos y honraran su parte del acuerdo, porque dependían de que el gobierno cumpliera su palabra. Si el gobierno puede traicionarlos a ellos, los derechos de todos nosotros están en riesgo.
Al conmemorar el 14.º aniversario de DACA, nos alienta que las encuestas demuestren que los estadounidenses apoyan ampliamente otorgar estatus legal y una vía hacia la ciudadanía a los inmigrantes traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. Sin embargo, solo el Congreso puede hacer esa realidad posible, por lo que debe actuar para brindar protección permanente a estos Dreamers que son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel. UnidosUS ha abogado por estas protecciones durante décadas, y seguiremos exigiendo que el Congreso actúe de una vez y brinde la solución permanente que los Dreamers merecen y necesitan con urgencia.
(*) Janet Murguía, Presidenta y CEO of UnidosUS.
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