El segundo mandato de Donald Trump ha traído consigo una caída en la inmigración hacia Estados Unidos, pero no en los términos que comúnmente se plantean en el debate público. De acuerdo con estimaciones basadas en datos oficiales y análisis de expertos, la reducción más drástica no se ha dado en los cruces irregulares, sino en la inmigración legal.
Información retomada de análisis publicados por el Cato Institute sugiere que los recortes en las entradas legales podrían ser hasta 2.5 veces mayores que la disminución de la inmigración irregular. En términos absolutos, se estima que cerca del 72% de la caída total en la inmigración corresponde a vías legales.
Aunque las detenciones en la frontera suroeste han disminuido de forma notable desde enero de 2025, esta tendencia no comenzó con la actual administración. De hecho, los cruces irregulares ya habían caído más del 80% desde su punto máximo en 2023, durante el gobierno de Joe Biden. La administración Trump ha continuado esa tendencia, pero no la originó.

En contraste, las decisiones políticas recientes sí han impactado directamente en la inmigración legal. Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de la aplicación CBP One, que permitía a solicitantes de asilo programar citas en los puertos de entrada. Como resultado, el ingreso legal de solicitantes de asilo se desplomó en un 99.9%, pasando de casi 40 mil en diciembre de 2024 a apenas unas decenas en febrero de 2025.
El impacto se extiende a otros sectores
Tras una suspensión inicial, la administración reactivó el sistema con restricciones, lo que provocó una caída cercana al 90% en la admisión de refugiados. A esto se suman nuevas limitaciones en la emisión de visas, incluyendo prohibiciones para ciudadanos de decenas de países y la suspensión de programas como la Lotería de Visas de Diversidad.
Las visas para estudiantes internacionales disminuyeron cerca del 40% en 2025, en medio de restricciones administrativas y tensiones políticas con universidades. Asimismo, las visas H-1B para trabajadores altamente calificados podrían haber caído alrededor de un 25%, tras la imposición de nuevas tarifas y requisitos.

Expertos señalan que estas políticas no solo afectan a quienes buscan migrar, sino también a ciudadanos estadounidenses. “Estos recortes perjudican a familias que intentan reunirse y afectan la economía al limitar la llegada de talento y fuerza laboral”, advierte el análisis del Cato Institute.
Además, algunas de las medidas han generado controversia legal. En tribunales, se ha cuestionado la validez de órdenes ejecutivas que restringen el acceso al asilo, así como la suspensión de visas en ciertos periodos clave.
En conjunto, los datos dibujan un panorama distinto al discurso predominante. Más que centrarse exclusivamente en la inmigración irregular, la política migratoria actual parece estar dirigida a reducir todos los flujos migratorios, con un énfasis particular en los canales legales.
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