A través de una orden judicial preliminar, Sunshine Sykes, jueza del Distrito Central de California, determinó que es probable que, en el Centro de Procesamiento de ICE ubicado en Adelanto, ciudad situada en el condado de San Bernardino, se estén violando los derechos constitucionales de las personas detenidas y por ello exigió mejorar las condiciones del sitio donde presuntamente cuatro internos han fallecido desde 2025.
Luego de que familiares de extranjeros carentes de estatus legal hicieron públicos presuntos maltratos llevados a cabo en contra de personas privadas de su libertad en el inmueble citado, varias organizaciones civiles optaron por asesorarlas con el objetivo de presentar una demanda colectiva.
La decisión surgió a partir de la muerte de al menos cuatro personas mientras estaban detenidas en Adelanto bajo custodia de ICE.
Aunque los decesos se produjeron por separado desde septiembre del año pasado hasta hace unas semanas, la opacidad con que se ha manejado la información, y las denuncias de una presunta falta de atención médica o negligencia para atender a los detenidos mientras se determina su situación legal, obligó a que se acudiera a un tribunal en California.
De esta manera, la orden judicial y la certificación de la demanda colectiva en contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fueron solicitadas por personas representadas por Public Counsel, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes (ImmDef) y el bufete Willkie Farr & Gallagher LLP.
El objetivo de los demandantes consiste en garantizar que las cerca de 1,500 personas encerradas en el centro de detención reciban alimentación, atención médica y un trato digno mientras se determina su situación.
En respuesta, la jueza Sunshine Sykes les ordenó al ICE y al DHS poner inmediatamente en marcha acciones concretas para remediar las violaciones constitucionales y legales que pudieran estarse llevando a cabo para de esa manera evitarles a más personas sufrir daños irreparables.
El centro denunciado, ubicado en el desierto alto de California, opera de forma privada a cargo de GEO Group.
En la orden emitida por la magistrada Sykes se establecen varios requerimientos que deben atenderse para evitar sanciones e incluso el cierre del centro detención de inmigrantes.
Bajo esa directriz, los internos deben recibir artículos de primera necesidad como agua potable, alimentos y saneamiento adecuados, privacidad en baños y duchas, ropa y ropa de cama apropiadas para la temperatura, y actividades recreativas diarias al aire libre.
Asimismo, se indica que en las instalaciones se debe contar con servicio médico y con espacios adaptados para personas con discapacidad, entre otros aspectos.
“Esta orden judicial preliminar es un paso crucial hacia la rendición de cuentas. El tribunal ha dejado claro que las condiciones en el centro de detención de Adelanto no cumplen con los estándares básicos que exige nuestra Constitución. Nadie, independientemente de su estatus migratorio, debe ser sometido a tratos inhumanos ni privado de sus derechos fundamentales”, señaló en un comunicado Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
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