El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dijo el lunes que una estimación preliminar de las pérdidas por el terremotoque sacudió el suroeste y centro del país dejando cientos de muertos, heridos y desaparecidos asciende a 30 billones de pesos (9,589 millones de dólares).
El terremoto de magnitud 7.4 se registró hace una semana, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, derribando edificios de apartamentos y dañando viviendas, escuelas, hospitales y carreteras, desde el puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico, hasta ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales.
“Ya existe una primera estimación técnica de la dimensión económica de todo este desastre. Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas cercanas a los 30 billones de pesos”, aseguró el mandatario en una alocución por radio y televisión.
De La Espriella precisó que unos 24.5 billones de pesos (7,830.8 millones de dólares) corresponden a las pérdidas de edificaciones y 5.5 billones de pesos (1,759 millones de dólares) a las de infraestructura.
El mandatario informó que 289 personas murieron, 4,187 resultaron heridas y 143 continúan desaparecidas. El 75% de las víctimas fatales se concentra en las ciudades de Cali y Pereira, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.
El desastre se convirtió en el primer desafío para De La Espriella, quien asumió el cargo hace poco más de una semana y ahora enfrenta la tarea de supervisar el auxilio y la reconstrucción de uno de los peores desastres naturales de Colombia.
La atención de los damnificados y la reconstrucción demorarán y demandarán millonarios recursos en momentos en que la economía del país enfrenta dificultades por un elevado déficit fiscal y la desfinanciación de su presupuesto de gastos.
Las autoridades de Venezuela han elevado este lunes a más de 6,400 las víctimas mortales por el doble terremoto de magnitud de 7.2 y 7.5 que golpeó el país a finales de junio.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha precisado en un nuevo balance que 6,438 personas han muerto a causa del sísmo registrado el 24 de junio, mientras que mantiene el número de rescatados en 6,462 y en 86,358 las víctimas que fueron hospitalizadas.
El hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha indicado además que en este tiempo se han entregado 335 viviendas y que las autoridades han evaluado un total de 59,109, de las cuales siguen suponiendo un “alto riesgo” para los residentes 10,696.
Asunción, 17 ago (EFE).- Las autoridades de Paraguay entregaron a Brasil una aeronave vinculada a Daniel Vorcaro, el dueño de un banco de ese país que permanece bajo prisión preventiva en medio de una investigación por un multimillonario fraude mediante la venta de títulos de crédito falsos, informó este lunes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
La avioneta fue hallada este domingo en el principal aeropuerto de Paraguay, el Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque (centro) y que sirve a Asunción, desde donde fue trasladada horas después a Brasilia.
La Senad detalló en un comunicado que el jet, un Gulfstream G550 (GV-SP), con matrícula PR-PSE y valorado en unos 28 millones de dólares, estaba sujeto a “medidas judiciales de carácter patrimonial dispuestas por la Justicia brasileña”.
En la operación, en la que participaron integrantes de la Senad, la Fuerza Aérea Paraguaya y la Policía Federal de Brasil, no hubo detenidos.
Vorcaro, propietario del banco Master, una institución liquidada extrajudicialmente en noviembre pasado como parte de una investigación por un presunto fraude, fue arrestado en marzo pasado por la Policía Federal de Brasil en virtud de una orden de la Corte Suprema de Justicia, que levantó así la detención domiciliaria.
El banquero ya había sido arrestado en noviembre del año pasado cuando intentaba embarcar con rumbo a Europa en un avión particular luego de que el Banco Central determinara la liquidación extrajudicial del Master.
Las diligencias policiales han dejado al descubierto la enorme red de contactos de Vorcaro entre las esferas más poderosas de su país, con los que hizo negocios y fiestas, entre ellos el expresidente brasileño Michel Temer (2016-2018) y antiguos ministros de las administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, según medios locales.
El portal Intercept Brasil publicó en mayo pasado que Flávio Bolsonaro, candidato a las próximas elecciones presidenciales de Brasil, negoció con Vorcaro para obtener un patrocinio destinado a una película de cine sobre su padre, Jair Bolsonaro.
Lima, 17 ago (EFE).- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) presentó este lunes su informe final sobre los comicios generales de este año en Perú e instó, entre sus principales conclusiones, a las autoridades peruanas a controlar los discursos de odio e incitación a la violencia en el discurso electoral.
“Instar a las autoridades competentes a que condenen con prontitud el discurso de odio, las amenazas de violencia, la incitación a la violencia y la retórica intolerante en el discurso electoral, adoptando medidas para poner fin a estas prácticas”, dijo la jefa de la misión, la eurodiputada Annalisa Corrado.
También aaseguró que la misión, que llegó a Perú en febrero y presenció todas las etapas del proceso, verificó que el discurso de odio se hizo más fuerte tras la primera vuelta del 12 de abril, en términos de violencia verbal, ataques y polarización. El proceso concluyó con la elección de la derechista Keiko Fujimori como presidenta para el próximo quinquenio.”
Después de la primera vuelta, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido ultraderechista Renovación Popular, lanzó numerosos comentarios, insultos y amenazas a los responsables de las instituciones electorales, a las que culpaba de haber perpetrado un presunto fraude, del que no presentó pruebas, en los comicios, donde quedó tercero y no pasó a la segunda vuelta.
“Una de las recomendaciones más importantes es intentar de todas las maneras posibles, intervenir inmediatamente cuando esto ocurra, para que cambie también la cultura política de aceptación de este tipo de violencia”, señaló Corrado.
La eurodiputada también hizo referencia a que el Ministerio Público abrió hace unos días una investigación preliminar contra López Aliaga, cuatro meses después de las elecciones, por la presunta comisión de delitos contra la voluntad popular, la tranquilidad pública y el orden constitucional por sus discursos de fraude y expresiones contra autoridades electorales.
Pero expresó que sería importante intervenir directamente durante la campaña electoral para subrayar que este tipo de discurso no es compatible con la democracia y el desarrollo de las elecciones transparentes.
“Un clima de odio y de violencia que seguramente no ayuda a las personas a hacerse la idea de cómo expresar su opción de voto”, agregó.
Un informe con 18 recomendaciones
El informe final incluye 18 recomendaciones para reforzar la organización de próximos procesos electorales peruanos, dirigidas a organismos y administración electoral, el Congreso, el Gobierno, las organizaciones políticas, la sociedad civil y los medios de comunicación.
“La misión de observación electoral de la UE considera prioritario revisar el marco jurídico para eliminar inconsistencias, duplicidades y disposiciones inaplicables, optimizar los plazos y consolidar toda la legislación electoral en un código electoral y un código procesal electoral”, señaló el informe.
Sobre esta recomendación, Corrado expuso que Perú cuenta con 14 leyes distintas y 22 reglamentos electorales, lo que resta claridad al proceso y puede provocar incertidumbre en el mismo.
También se remarcó que se debe prevenir la falta de personal y las renuncias que puedan presentarse aumentando los recursos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para contratar, capacitar y remunerar adecuadamente a los cargos temporales en este organismo.
Otro de los puntos clave mencionados es la ampliación de herramientas digitales durante las elecciones y el conteo, con el objetivo de agilizar el proceso, evitar un número tan alto de actas con errores que deben ser revisadas antes de su cómputo y lograr que los resultados electorales no demoren tanto tiempo en ser promulgados.
Washington, 17 ago (EFE).- Estados Unidos envió a Colombia cerca de 220.000 libras (unas 10 toneladas) de suministros para refugio, agua, saneamiento e higiene como parte de su respuesta para paliar los efectos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país andino la semana pasada, informó este lunes el Comando de Transporte militar.
El material fue trasladado este fin de semana desde un almacén del Departamento de Estado en Miami, con el apoyo del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), de acuerdo con un comunicado publicado en X.
El envío de esta ayuda se suma a los 26,5 millones de dólares que el Departamento de Estado informó destinaría a Colombia para labores de reconstrucción por el fuerte terremoto que golpeó al país suramericano el pasado 10 de agosto.
Este lunes se cumple una semana del sismo y de acuerdo con la Cancillería colombiana, el país ha recibido más de 220 toneladas de ayuda humanitaria de países como El Salvador, México, Chile y Perú.
Al monto económico ofrecido por Estados Unidos se han sumado España e Italia, que aportarán 1,5 millones de euros para atender la emergencia.
El terremoto deja hasta este lunes 287 personas fallecidas, 4.147 más heridas y 194 desaparecidas, según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado la víspera en la noche.
Multinacional surcoreana de entretenimiento Hybe. Foto: cortesía Hybe América
Hybe America, en representación de la multinacional surcoreana de música y entretenimiento Hybe, anunció una donación de 1.000 millones de pesos colombianos destinada a apoyar los esfuerzos de ayuda tras el reciente terremoto que sacudió al país. Busca contribuir a la asistencia y recuperación de las comunidades más golpeadas por la emergencia.
Según informó la compañía, los recursos serán canalizados a través de Fundación Ábaco, una organización colombiana sin ánimo de lucro especializada en dirigir apoyo y recursos hacia comunidades afectadas por emergencias y crisis humanitarias. La contribución estará orientada tanto a atender las necesidades inmediatas de la población damnificada como a acompañar los procesos de recuperación a mediano plazo mientras continúan los esfuerzos en las zonas afectadas.
De acuerdo con el comunicado de Hybe, la Fundación Ábaco trabajará junto a comunidades locales y organizaciones aliadas para movilizar la asistencia hacia los lugares donde resulte más urgente. La organización tiene como labor habitual dirigir recursos a procesos de respuesta ante emergencias, recuperación de infraestructura básica y fortalecimiento de la resiliencia comunitaria en las zonas golpeadas por crisis humanitarias.
La compañía surcoreana señaló que esta contribución hace parte de las iniciativas de asistencia destinadas a apoyar tanto las necesidades inmediatas de la población afectada como los procesos de recuperación de largo aliento que suelen seguir a este tipo de desastres naturales.
La donación no es un hecho aislado dentro de la relación que Hybe ha construido con Colombia, y en particular con Medellín. La compañía y su presidente, Bang Si-Hyuk, han desarrollado un vínculo significativo con la ciudad a través de su participación en iniciativas de la industria musical local, entre ellas el Medellín Music Lab, un proyecto público de la Alcaldía de Medellín orientado a impulsar el talento emergente de la ciudad y conectarlo con la industria musical internacional.
Según Hybe, esta donación busca reforzar ese compromiso con el país, al tiempo que la compañía continúa apoyando el desarrollo cultural y social de las comunidades colombianas con las que ha trabajado en los últimos años.
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Ciudad de México, 17 ago (EFE).– La Secretaría de Marina de México incautó más de 1,6 toneladas de presunta cocaína durante un operativo de vigilancia marítima desplegado en el Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Michoacán (oeste), informaron este lunes autoridades federales en un comunicado.
Personal naval adscrito a la Octava Región Naval y a la Décimo Sexta Zona Naval de la Armada mexicana localizó e interceptó 54 bultos que flotaban en el mar, aproximadamente a 178 millas náuticas al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas.
La localización del cargamento se logró gracias a un patrullaje aéreo de rutina en el que los efectivos avistaron los bultos a la deriva en el mar, lo que permitió el despliegue inmediato de unidades de superficie para su recuperación.
Esta acción militar se suma a la realizada la víspera en una zona marítima contigua, donde las autoridades decomisaron una embarcación menor con 1,9 toneladas del mismo narcótico y arrestaron a dos personas presuntamente implicadas.
Según estimaciones de las autoridades federales, la incautación representa un duro golpe financiero de aproximadamente veinte millones de dólares para la delincuencia organizada.
Con el decomiso de los 1.600 kilogramos de la sustancia, el Gobierno mexicano evitó la distribución de cerca de 3,2 millones de dosis en el mercado ilícito.
Todo el material asegurado fue trasladado a las instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval en Lázaro Cárdenas para los procedimientos químicos correspondientes.
El cargamento quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, institución que trabajará en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para iniciar la investigación y determinar el peso exacto del decomiso.
Las operaciones forman parte de la estrategia permanente de la Armada de México en funciones de Guardia Costera para neutralizar las capacidades financieras de los grupos criminales en zonas marinas nacionales.
El operativo se efectuó en un contexto de recrudecimiento de las acciones del Gobierno de México contra el crimen organizado y bajo una creciente presión política e institucional de Estados Unidos para frenar el flujo de drogas e incentivar el desmantelamiento de las estructuras financieras del narcotráfico internacional.
El hospital público San Francisco de Asís, ubicado en Quibdó, la capital de Chocó, funciona al borde del colapso.
Es el más importante de ese departamento en el que habitan casi 600.000 personas y que fue epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto.
“Antes del terremoto teníamos la capacidad de respuesta disminuida con un porcentaje ocupacional en urgencias del 200%. El día del terremoto subimos a 485%”, le explica a BBC Mundo Andrea Salazar, enfermera jefe del hospital, en una llamada telefónica.
Sin luz ni conectividad y anotando toda la información a mano, el personal del hospital logró bajar ese porcentaje al 250% en 24 horas, dice Salazar. Atendieron principalmente “traumatismos, fracturas y mucho estrés postraumático, sobre todo en niños”.
Pudieron hacerlo, en parte, porque la antigua y amplia estructura de dos plantas en la que funciona la institución se mantuvo en pie. Sólo se aprecian algunas grietas, mientras varias viviendas y edificaciones a su alrededor colapsaron o quedaron parcialmente destruidas.
Aunque sobrellevaron la urgencia como pudieron, la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba-Curi, dijo a la prensa local que el hospital “colapsó de manera definitiva en la atención de esta emergencia”, entre otras cosas por la falta de insumos médicos y anunció que allí serían dirigidas la mayoría de las donaciones.
La situación del San Francisco de Asís es una muestra de la realidad a la que se enfrenta el Chocó, el departamento más pobre de los cinco afectados por el terremoto del pasado lunes, que dejó más de 280 muertos en todo el país.
“Hemos tenido que transitar por esta emergencia sin energía eléctrica, sin señal de celular, aun persistiendo la desconexión de muchos de nuestros municipios”, explicó Córdoba-Curi en una declaración 48 horas después del sismo.
Según el último informe del gobierno local, de los 31 municipios del departamento, 29 presentan afectaciones, hay 13 personas fallecidas, más de 45.000 afectadas o damnificadas, más de 1.000 viviendas destruidas y más de 8.000 con daños.
Se reporta también un subregistro de víctimas y afectaciones dada la falta de conectividad en medio de una geografía compleja -con selva, costa y montaña-, sumada a un clima húmedo tropical con alta pluviosidad.
Esto explica, en parte, que sea la región de la que ha tomado más tiempo recibir información sobre las consecuencias del terremoto.
BBC Mundo habló con varios chocoanos para intentar entender el impacto que causó el devastador sismo en un departamento que ha oscilado históricamente entre la precariedad y la resistencia.
El epicentro: al lado de la cordillera y sin recursos
La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba-Curi, durante un reporte que publicó en su cuenta de X sobre la situación de rescate luego del sismo desde la XV brigada del ejército. [@NubiaCarolinaCC]
El lunes 10 de agostó, la profesora Ayanith Martinez madrugó para tomar un autobús que salió de San José del Palmar rumbó a la ciudad de Cartago por la única vía de acceso que tiene ese municipio.
Es un recorrido de entre tres y cuatro horas por una carretera sin pavimentar e inestable, así que hacia las 7:30 de la mañana, cuando ocurrió el terremoto, Ayanith no se dio cuenta de que estaba temblando.
“No lo sentí en la chiva (autobús), pero cuando llegamos a un restaurante que se llama La Carbonera nos dimos cuenta de que estaba totalmente destruido. Luego empezamos a ver algunas casas a la orilla de la carretera también destruidas”, le cuenta a BBC Mundo.
Ella y las otras 20 personas que estima iban en el autobús lograron llegar a Cartago, en el vecino departamento del Valle del Cauca. Solo allí entendió la magnitud de la tragedia y que el lugar en el que vive y trabaja desde hace 30 años fue el epicentro del sismo.
San José del Palmar es un municipio de 5.809 habitantes. Está ubicado al suroriente del Chocó y está más cerca de la Cordillera Occidental de los Andes que de la selva chocoana, así que a los habitantes les queda más fácil ir a Cartago que a Quibdó.
“Somos un municipio demasiado humilde, demasiado pobre”, le dijo el alcalde León Fabio Marín a Caracol Radio el mismo día del terremoto. “Los recursos son muy pocos” y “no tenemos cómo suplir la emergencia de estas construcciones”, alcanzó a explicar antes de que se perdiera la comunicación telefónica.
El hospital no presentó fallas estructurales graves tras el terremoto y por eso pudo seguir recibiendo pacientes. [Andres Cujar]
Ayanith cuenta que en el municipio “solo hay un centro de salud en donde prestan los primeros auxilios, pero los servicios de salud están más que todo en Cartago”.
Y aunque la Institución educativa San José, en donde es profesora, recibe alrededor de 400 estudiantes, no tiene instalaciones propias.
“Institución no tenemos, estamos en un albergue en hacinamiento porque la escuela en la que estábamos es muy vieja, se está cayendo y no se ha podido construir una nueva”.
Ella aún no sabe cómo quedó esa escuela temporal luego del sismo. Lo que sí logró confirmar es que sus familiares están a salvo y que su casa “aparentemente se ve bien, pero por dentro no saben cómo está”.
El gobierno local confirmó que no hubo muertos ni heridos graves en ese municipio, pero sí movimientos de tierra que dejaron la única carretera intransitable.
El Servicio Geológico Colombiano reportó que se han presentado varias réplicas en San José del Palmar. La más fuerte se registró este jueves con magnitud 4,2 y profundidad de 95 km.
“Lo más impresionante es que están cayendo más casas ahora que el día del sismo”, le contó a BBC Mundo Lidia Rivas, madre cabeza de hogar desde Condoto, cerca al epicentro
“Fueron muchas familias las que salieron hasta la cabecera municipal en Condoto”, explicó. “Habilitaron el Concejo Mayor para que la gente tuviera un espacio dónde estar”.
Así que la lista de personas de esa zona que, como la profesora Ayanith, están desplazadas, sigue aumentando. “No sé cuándo pueda volver. En este momento me encuentro pagando un hotel en Cartago”.
Maquinaria pesada retira escombros de un edificio tras el terremoto en Quibdó. [Mauricio Duenas Castaneda/EPA/Shutterstock]
“Aquí, con o sin terremoto, duramos días sin energía y sin internet”
El terremoto más fuerte de la última década en Colombia afectó principalmente a cinco departamentos: Cauca, Chocó, Quindio, Risaralda y Valle del Cauca.
Y si bien la mayor cantidad de personas fallecidas y heridas se encuentran en el Valle y en Risaralda, Chocó es el territorio más afectado en extensión y el que enfrenta mayores desafíos de conectividad.
“Este es un departamento sumamente extenso, de más de 47.000 kilómetros”, explicó la gobernadora Córdoba-Curi en entrevista con la Revista Semana. “En el caso del Chocó, y lo quiero dejar claro, no es una ciudad, no es un punto, no es una capital”, sino que “tenemos afectación en todo el departamento y hay una gran dispersión”.
La población chocoana es diversa y en su mayoría pertenece a minorías étnicas.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 78% de sus habitantes se reconocen como afrocolombianos y el 16% como indígenas. El 6% restante como raizal, palenquero, gitano/rom o ninguno.
Se distribuyen entre cabeceras municipales, centros poblados y área rural. Casi el 90% de la población indígena y el 21% de la afrodescendiente se encuentran en el área rural dispersa.
De las comunidades indígenas, por ejemplo, se sabe muy poco tras el terremoto.
Luis Ángel Gindrama, presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Medio Baudó, habló con varios medios locales para pedir ayuda y denunciar la que considera una invisibilización en medio de la tragedia.
“Solamente se están centrando en los departamentos y ciudades grandes”, dijo al periódico El Tiempo. “No están visibilizando las afectaciones que tenemos las comunidades indígenas en el Chocó”.
También hizo una petición: “Queremos que las instituciones hagan presencia en los resguardos (…) algunas familias están a la intemperie. Le exigimos al gobierno departamental y nacional que intervengan inmediatamente”.
Las denuncias del líder indígena evidencian que es justamente en la ruralidad en donde se presenta un mayor subregistro de daños luego del sismo.
“Tenemos una referencia general no detallada”, respondió la gobernadora Córdoba-Curi cuando un periodista le preguntó por la situación actual de los municipios, y argumentó que la principal barrera es la desconexión, un viejo problema que se agudizó en el contexto del terremoto.
Una escuela derrumbada tras un terremoto en la comunidad indígena de Unión, cerca de Istmina. [Reuters]
Quibdó, por ejemplo, quedó desconectada. “Estuvimos todo el lunes prácticamente sin energía e incomunicados”, le cuenta a BBC Mundo Arístides Valenzuela, líder social en esa ciudad.
Pero aclara que eso no es ninguna novedad. “Aquí en Quibdó normalmente la señal de telefonía, internet y la misma energía es muy intermitente. Acá con o sin catástrofe como el terremoto, estamos sometidos a un pésimo servicio”.
“Los chocoanos, independientemente del caos de esta catástrofe natural, vivimos en muy malas condiciones”, explica Valenzuela. “La calidad y el nivel de vida de nosotros acá es complejo, a pesar de que la gente es resiliente y trabajadora.”.
Los datos del DANE así lo confirman. En la Gran Encuesta Integrada de Hogares, que mide la pobreza en 23 ciudades, Quibdó es por mucho la que reporta mayor pobreza monetaria y mayor pobreza extrema.
62 de cada 100 personas en Quibdó viven por debajo de la línea de pobreza, según datos de 2025. 33 de cada 100 viven en pobreza extrema.
Esto, comparado con otras ciudades afectadas por el terremoto, muestra la brecha de desigualdad que hay en el país. En Cali, la tasa de pobreza monetaria es del 19,7%; en Pereira, es del 21,2%, en Manizales, del 13,2%, mientras que en Chocó es del 61,7%.
Para Valenzuela, “el abandono estatal es demasiado y durante muchos años, así que ahora que la naturaleza nos golpea con esto, pues se suman todas las situaciones que vivimos en el departamento y es una cosa triste.”
“Por allá no va nadie y menos la institucionalidad”
Otra diferencia importante entre los territorios afectados por el terremoto es la rapidez con la que reciben ayuda o logran crear planes de contingencia, pues la evidencia muestra que en Chocó la respuesta ha sido y seguirá siendo más lenta.
“Es que si no se conoce la dimensión real de la afectación, se va a demorar más en llegar la ayuda efectiva a los municipios”, explica a BBC Mundo Nancy Palacios Mena, docente de educación en la Universidad de los Andes.
Palacios ilustra su punto revisando el caso de Risaralda, pues dice que “hoy ya sabemos qué pasó más o menos en todo ese territorio y eso hace que el diseño de los planes sea más efectivo y que la gente sienta que el apoyo psicosocial y el acompañamiento humanitario en general llega rápido”.
Luis Gilberto Murillo, quien fue gobernador del Chocó, ministro en varios gobiernos, embajador en Estados Unidos y más recientemente candidato presidencial, cree que es un tema que evidencia, también, la centralización del Estado colombiano.
“Si bien es cierto que el terremoto y su epicentro es una cosa de la naturaleza que no escogemos, también lo es que la desigualdad sí fue una decisión de los que han estado en el poder en Colombia”, señala en entrevista con BBC Mundo.
Dice que es “una expresión de la discriminación racial moderna, del clasismo y la centralización de las oportunidades en las regiones”, pues hay “zonas que viven en el siglo XXI, pero otras que están en el XIX, en las que no hemos avanzado para vivir de manera digna, como es el caso del Chocó”
Murillo fue gobernador del Chocó entre 1998-1999 y en el 2012. [Getty Images]
Él mismo vivió en carne propia los problemas de conexión tras el terremoto del lunes.
Cuando pasó el sismo se encontraba en Cali y, aunque pudo recibir noticias de sus familiares en Buenaventura, en Chocó “no había cómo comunicarse”.
La gente, en general, no tenía otra opción distinta a esperar. “Afortunadamente en Condoto había un teléfono satelital, creo que era de alguien cercano al alcalde y entonces una tía alcanzó a comunicarse: ‘Estamos bien, no se preocupen. Los de Istmina también están bien’”.
Murillo aclara que esto no ocurrió sólo por el terremoto sino porque “la comunicación vía celular en el Chocó es un desastre”, y porque la zona de San Juan enfrenta aún “más retos que Quibdó”.
Se refiere a la zona sur del departamento que limita vía río San Juan con Risaralda y Valle del Cauca, y sobre la que Palacios también llama la atención.
“Allí es donde se hacen los paros armados, donde está muy asentada la minería ilegal y donde hay presencia del ELN. Eso hay que decirlo con todas las letras”, dice la académica.
Es un área de la que en condiciones normales se conoce muy poco “porque hay armados que no permiten llegar a ciertos puntos”.
“Por allá no va nadie y menos la institucionalidad”.
“Así que la situación luego del sismo, si llegamos a conocerla, será muy tarde. Esperemos que no haya heridos ni gente sepultada”, añadió.
“La gente lo va a hacer si el Estado no aparece”
Una de las estrategias que anunció la gobernación del Chocó para empezar a ayudar a la población afectada por el terremoto es el “banco de materiales”, cuyo propósito es acompañar a la gente en la reparación y refuerzo de las estructuras que puedan ser intervenidas.
“Tenemos que garantizar que con los lineamientos que nos den los expertos en ingeniería y arquitectura estructural sísmica, nosotros podamos orientar a los ciudadanos sobre qué deben hacer”, explicó la gobernadora Córdoba-Curi.
Sustenta la estrategia aclarando que no se trata de incentivar la autoconstrucción sin ningún tipo de orientación, sino de acompañar para mitigar el riesgo que de cualquier manera se va a presentar ante esta situación de emergencia.
“Es que la gente lo va a hacer si el Estado no aparece y así ha pasado siempre en el departamento del Chocó. La gente por mano propia resuelve sus problemas cuando el Estado históricamente no ha aparecido y eso es lo que no podemos permitir”, añadió.
La pregunta de fondo es si además de dar una respuesta inmediata, también se podrán estructurar soluciones sostenibles a problemas históricos, como la falta de acceso a agua potable.
Para la académica Palacios, el panorama no es muy alentador.
“Creo que se va a agravar la situación estructural porque los dineros de inversión que se podrían usar para avanzar se van a tener que usar para lo urgente”.
Y reconoce que el gobierno local se enfrenta a varias paradojas. “El problema del Chocó es que tenemos unas precariedades institucionales y unas dificultades estructurales de presencia de Estado que hace más difícil cualquier actuación”.
“De aquí a que sepamos y de aquí a que se estructuren los proyectos que permitan llegar allá, ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Eso va a hacer que sea mucho más lento el efecto de la institucionalidad”.
Murillo, por su parte, cree que la estrategia del banco de materiales es pertinente y necesaria, y señala que ahora que la atención se pone en el Chocó, hay una oportunidad para generar estrategias a más largo plazo que estén acompañadas por el gobierno nacional con asesoría de la comunidad internacional.
“Hay unos temas muy de fondo que no tienen solución rápida sino sostenida y que requieren un apoyo de la sociedad colombiana de manera prioritaria”, explica.
Pero dice que hay que reconocer las limitaciones propias, pues el país “no tiene experiencia en construir en condiciones del trópico húmedo”.
“Nosotros tenemos mucho que aprender de Tailandia, inclusive a Vietnam, porque tienen condiciones muy similares y han aprendido a responder a esos desafíos”, apunta.
Y dice que debe generarse un intercambio con la gente local en el departamento “con criterio meritocrático, pero equipos diversos de gente que también entiende allá que es lo que hay que hacer”.
En todo caso, algo en lo que coinciden todas las personas consultadas por BBC Mundo es en que el pueblo chocoano tiene un coraje que le ha mantenido en pie durante generaciones.
“Los chocoanos estamos vivos gracias a Dios, al aguacero, que nos ha permitido sobrevivir sin acueductos, y a la resiliencia de las personas”, concluye Palacios.
*Con mapas de Caroline Souza, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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Cientos de personas han muerto en el año transcurrido desde que el Ejército de Estados Unidos comenzó a bombardear embarcaciones que acusaba de transportar drogas frente a las costas caribeñas y pacíficas de América Latina. Ahora, la administración Trump dice que busca extender esa campaña letal a tierra, buscando acuerdos que pondrían a las fuerzas estadounidenses en territorio de naciones aliadas en toda la región.
El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, anunció la semana pasada durante una visita a Panamá que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir que Estados Unidos lleve a cabo operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio, siguiendo el ejemplo de Ecuador, que lanzó misiones similares con EE.UU. en marzo. Sin embargo, Guatemala ha negado haber alcanzado tal acuerdo.
Será “como vieron con los ataques a las embarcaciones de drogas”, dijo Hegseth durante un ejercicio militar en la selva de Panamá. “El mismo efecto en tierra. Así que estamos trabajando con Ecuador. Estamos trabajando con Colombia. Estamos trabajando con socios para llevar la lucha (a las organizaciones terroristas designadas) en tierra”.
La expansión marca una nueva fase en la campaña de la administración Trump para presionar a los gobiernos de América Latina a alinearse con sus prioridades de seguridad y afirmar lo que llama “la dominación estadounidense sobre el hemisferio occidental”.
Los votantes de la región están adoptando cada vez más a líderes alineados con Trump, lo que da a Washington socios más dispuestos. Pero los críticos advierten que la ampliación de la campaña militar estadounidense pone en riesgo a civiles y podría provocar una reacción contra EE.UU. que perdure más allá de la administración republicana.
“Lo que está ocurriendo es un intento de legitimar el uso creciente de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región”, dijo Michael Shifter, experto en América Latina del centro de estudios Inter-American Dialogue. “Proyecta poder, demuestra superioridad militar y permite a Washington imponer su agenda. Esto no es cooperación, es obviamente una relación muy asimétrica”.
De ataques unilaterales contra embarcaciones a operaciones conuntas en tierra
El Ejército de EE.UU. ha operado en América Latina durante generaciones, suministrando armas, inteligencia y entrenamiento a aliados para combatir el narcotráfico, dejando a la vez un legado conflictivo de apoyo a golpes militares y dictaduras.
Pero desde que Trump regresó al poder en enero de 2025, Washington ha adoptado su enfoque más intervencionista en la región en décadas.
Su administración ha designado a 20 grupos criminales latinoamericanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, ha enviado fuerzas estadounidenses a Venezuela para capturar a su presidente e involucrado a agentes de la CIA en redadas contra laboratorios de drogas en México. Ha matado a más de 200 personas en más de 60 ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, ofreciendo pocas pruebas de que los objetivos fueran “narcoterroristas” y generando preguntas sobre la legalidad de los ataques.
Pero operaciones de combate sostenidas de EE.UU. junto a fuerzas locales serían “nuevas y diferentes”, dijo William LeoGrande, especialista en América Latina de la American University, poniendo a prueba sensibilidades profundamente arraigadas sobre la soberanía nacional y la presencia de tropas estadounidenses.
Hegseth ofreció pocos detalles sobre cómo serían las operaciones conjuntas con Colombia, Guatemala y Honduras. Pero en Colombia, donde el aliado de Trump, Abelardo de la Espriella, asumió la presidencia este mes, planteó la posibilidad de que fuerzas estadounidenses participen en ataques contra grupos armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, el último gran grupo guerrillero de Colombia. Hegseth dijo que De la Espriella había solicitado una mayor participación militar de EE.UU.
“En cualquier lugar donde trafiques drogas o amenaces al pueblo estadounidense o a nuestros socios, eres un objetivo igual que ISIS o Al Qaeda”, dijo Hegseth, equiparando a los narcotraficantes con los grupos extremistas islámicos que dominaron las prioridades de seguridad nacional de EE.UU. durante décadas.
El sábado, tras un ataque con drones del ELN contra tropas, De la Espriella prometió que los rebeldes “pagarán un alto precio”.
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Preocupaciones sobre la presencia militar de EE.UU. en América Latina
Ecuador ha surgido como el caso más claro de participación militar directa de EE.UU., lanzando redadas conjuntas con Washington a pesar de que los votantes rechazaron abrumadoramente las bases militares extranjeras en un referéndum en noviembre de 2025. Una investigación del diario The New York Times encontró que un ataque a un supuesto laboratorio de drogas en marzo, en cambio, destruyó una finca ganadera.
El impulso para extender tales acuerdos ha ganado mayor tracción entre los aliados ideológicos de Trump en la región: líderes conservadores elegidos en los últimos meses con promesas de tomar medidas agresivas contra el crimen.
Guatemala destaca como una excepción. Su gobierno progresista ha trabajado estrechamente con Washington en materia de seguridad a pesar de las diferencias políticas. Pero el presidente Bernardo Arévalo ha negado haber acordado operaciones conjuntas antidrogas, diciendo que serían ilegales sin la aprobación del Congreso.
Honduras, Colombia y Ecuador no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las declaraciones de Hegseth.
Un caso notablemente atípico en la nueva alianza antinarcóticos de EE.UU. es México, una fuente y punto de tránsito importante para el fentanilo y otras drogas que ingresan a Estados Unidos. La presidenta progresista Claudia Sheinbaum ha cooperado estrechamente con Washington en materia de seguridad, pero ha resistido la creciente presión para que el Ejército estadounidense participe en la lucha contra los carteles en suelo mexicano.
“En última instancia, Estados Unidos tendrá que definir qué significa ‘operaciones conjuntas’ en cada uno de estos países. Puede descubrir bastante rápido que esto es algo con lo que la mayoría de los gobiernos —incluso los gobiernos de derecha— se sienten bastante incómodos”, dijo Adam Isacson, analista de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
“Solo hay tanta soberanía que pueden ceder”
Observadores cuestionan si un enfoque más militarizado produciría ganancias de seguridad duraderas. Shifter dijo que la campaña puede servir en parte como una demostración de fuerza, basándose en la captura del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras la administración Trump busca compensar reveses en política exterior en otros lugares, incluido Oriente Medio.
Otros advierten que la estrategia corre el riesgo de causar víctimas civiles, particularmente en Colombia, donde los grupos armados operan entre la población civil y a menudo funcionan como autoridades de facto en áreas fuera del alcance del Estado. En lugar de derrotar a esos grupos, los ataques militares probablemente los obligarán a adaptarse, dijo Jeremy McDermott, codirector de la organización investigativa InSight Crime, con sede en Colombia.
“Estados Unidos bombardea un campamento del ELN en Colombia o en Venezuela, ¿cuál es la primera cosa que va a hacer el ELN? Van a desmantelar todos sus campamentos y se van a trasladar a los pueblos y ciudades”, dijo.
A largo plazo, dicen los expertos, una mayor participación militar de EE.UU. podría poner a prueba hasta dónde están dispuestos los votantes a anteponer la seguridad a la soberanía, lo que podría limitar incluso a los aliados más cercanos de Trump.
“Todos estos presidentes, sin importar cuán a la derecha estén, enfrentan presión para hacer algo respecto a la seguridad y para demostrar que persiguen a los ‘malos’ que hacen sentir insegura a la gente. Hay un amplio consenso en eso”, dijo Isacson. “Pero también saben que solo hay tanta soberanía que pueden ceder antes de que la opinión pública comience a volverse en su contra”.
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SÃO PAULO, 17 ago (Reuters) – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantiene una estrecha ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro, su principal rival de la derecha, en una posible segunda vuelta de cara a las elecciones de octubre, según reveló este lunes una encuesta de BTG Pactual/Nexus.
• En una segunda vuelta simulada, el izquierdista Lula obtendría el 47 % del apoyo de los votantes, frente al 44 % de Bolsonaro, sin cambios respecto a la encuesta de la semana pasada.
• La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.
• En un escenario de primera vuelta, Lula lideraría con un 41 % de los votos, seguido de Bolsonaro con un 36 %, ambos con un punto porcentual más que la semana anterior.
• El senador Bolsonaro es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.
• Si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a la segunda vuelta.
• La encuesta se realizó entre 2.003 personas del 14 al 16 de agosto.
(Reportaje de Fernando Cardoso; edición de Hugh Lawson, Editado en español por Juana Casas )
