México seguirá entre las economías latinoamericanas de menor crecimiento durante este año y el próximo, en un escenario regional que también pierde dinamismo, coincidieron expertos de Oxford Economics y Citi.
De acuerdo con Oxford Economics, el PIB mexicano registrará un avance de 1% en el 2026 que será inferior a 1.9% promedio de los llamados Latam6 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México). De confirmarse su previsión, el 2026 será el tercer año consecutivo que México crece debajo del promedio regional.
Para el próximo año, los expertos de OE anticipan que la economía mexicana registrará un avance menos modesto, de 1.6 por ciento
Aparte, los economistas de Citi prevén que el crecimiento del PIB mexicano será de 1.3% este año, ligeramente arriba de 1% estimado por Oxford Economics.
De acuerdo con el economista para México y América Latina en Citi, Felipe Juncal, con dicho desempeño seguirá creciendo México debajo del promedio de América Latina, a quien anticipan un crecimiento de 1.9 por ciento.
El economista jefe para México en Citi, Julio Ruiz, proyectó un crecimiento “más cercano a 2% para el 2027”, expectativa que está condicionada a que se firme la prolongación del acuerdo comercial T-MEC por otros 16 años y que sea visible la ejecución del Plan de Infraestructura.
Las previsiones de crecimiento para la actividad económica de México confirman el debilitamiento de la economía, cuyo desempeño seguirá lejos del promedio registrado entre el 2000 y antes de la pandemia, de 1.9 por ciento.
Regreso de inflaciónal objetivo, temporal
Oxford Economics también advierte que el regreso de la inflación mexicana al objetivo de Banco de México será temporal. La firma prevé que la inflación anual cerrará este año en 3.8% y se mantendrá en ese nivel al término del 2027.
Aunque el dato de julio se acercó al objetivo (3.1%), observaron que la corrección de los precios de alimentos frescos (-3.11%) por efectos de base favorables explican buena parte de la moderación, mientras la inflación subyacente permanece cerca del límite superior del rango objetivo (3.95 por ciento). La inflación subyacente es el indicador de la inflación más pura al descontar precios volátiles como agropecuarios y energéticos.
Destacaron que la contención de precios de energía sigue reflejando los subsidios a los combustibles.
En este escenario, Oxford Economics considera que la holgura persistente de la economía y el regreso de la inflación al rango objetivo todavía dejan espacio para que Banco de México continúe con el relajamiento monetario.
La firma espera al menos un recorte adicional de 25 puntos base, que llevaría la tasa de referencia a 6.25% hacia finales del 2026 o principios del 2027.
Panorama inflacionario regional
A nivel regional, Oxford Economics observó que la inflación anual también se desaceleró en julio, favorecida por la corrección de los precios de alimentos frescos y la reducción de los combustibles.
Sin embargo, expuso que Chile y Perú enfrentaron presiones en alimentos procesados, principalmente carne, mariscos y lácteos, asociadas con disrupciones locales de oferta y condiciones climáticas.
El escenario de Citi también contempla cautela monetaria en la región. Juncal señaló que algunos bancos centrales podrían permanecer en pausa ante los riesgos inflacionarios, en un contexto en el que el comportamiento de los precios de combustibles y alimentos seguirá siendo fundamental para las decisiones de política monetaria.
El Ministerio TIC y la dirección de Inravisión anunciaron cambios para transformar el Sistema de Medios Públicos de Colombia. FOTO Colprensa
El Gobierno de Colombia anunció una transformación integral del Sistema de Medios Públicos, con cambios en la programación, revisión de contratos y ajustes en la gestión de Inravisión, entidad que anteriormente operaba bajo el nombre de RTVC.
Las medidas fueron definidas durante una reunión extraordinaria realizada el sábado 15 de agosto entre la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora.
De acuerdo con la nueva administración, el objetivo es recuperar el carácter público, plural e independiente del sistema y evitar que los medios estatales sean utilizados como instrumentos de intereses políticos o particulares.
Una de las principales decisiones es la finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que, hasta el pasado 6 de agosto, ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión.
Según la administración, hasta esa fecha el Sistema de Medios Públicos mantenía una operación informativa entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche. Esa operación representaba aproximadamente el 90% de los recursos y del personal disponible destinado a actividades consideradas “periodísticas”.
La nueva administración ordenó revisar los contenidos y formatos que actualmente permanecen al aire para determinar si cumplen con criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público.
La posición planteada por la entidad es que Inravisión debe funcionar como un Sistema de Medios Públicos y no como un instrumento político.
La nueva programación tendrá como ejes principales la cultura, el arte y la educación. El Gobierno busca que los contenidos reconozcan la diversidad regional de Colombia, fortalezcan la identidad nacional y promuevan el conocimiento, además de garantizar que las diferentes voces del país tengan espacio en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.
La administración aseguró que la transformación pretende recuperar la función social de los medios públicos y orientar sus capacidades hacia contenidos dirigidos al conjunto de la ciudadanía.
Otro de los frentes de la reorganización será la contratación. Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes con ministerios y entidades del orden nacional.
El análisis incluirá acuerdos relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios, así como los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.
Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han firmado más de 1.051 contratos, por un valor superior a $100.000 millones.
Además, la entidad señaló que entre el 6 y el 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones. Estos procesos serán objeto de revisión dentro de la reorganización anunciada por la dirección de Inravisión.
La entidad también solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal del Sistema de Medios Públicos.
La revisión contempla posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos. También se analizarán contratos de mantenimiento y operación de la red, además de servicios de logística y transporte aéreo y terrestre.
Según la administración de Inravisión, algunos de estos contratos habrían registrado incrementos superiores al 100% frente a su valor inicial. La entidad indicó que entregará la información correspondiente a los organismos de control para que sean esas autoridades las que determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.
Este lunes se cumple una semana del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, las posibilidades de encontrar nuevos sobrevivientes entre los escombros disminuyen, mientras la emergencia ingresa en una nueva etapa.
El terremoto, el más mortífero registrado en Colombia en el siglo XXI, golpeó el país a las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto. Su epicentro fue en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, pero los daños se extendieron desde el puerto de Buenaventura, sobre el Pacífico, hasta el Eje Cafetero y grandes ciudades del oeste como Cali y Pereira.
El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), difundido este domingo 16 de agosto, contabiliza 289 muertos, 143 desaparecidos y 185.016 damnificados. Además, más de 4.200 personas resultaron heridas.
En total, 120.238 familias resultaron afectadas en 450 municipios de 15 de los 32 departamentos de Colombia. Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío concentran buena parte de los daños.
De la búsqueda de sobrevivientes a la remoción de escombros
Durante los primeros días, miles de rescatistas, militares y voluntarios trabajaron contrarreloj para localizar personas atrapadas. Pero, superada la ventana de 72 horas considerada crítica para hallar sobrevivientes, las esperanzas se apagan..
En Cali, donde se contabilizan 111 fallecidos, algunos edificios ya fueron marcados para señalar que las tareas de búsqueda terminaron. En otros puntos, los equipos continúan trabajando pese a las escasas probabilidades de encontrar personas con vida.
“Desafortunadamente, no hay señales de vida”, reconoció este domingo el capitán de Bomberos de Cali Alberto Hernández.
“Los milagros pueden ocurrir, pero, honestamente, por lo que hemos visto, no hay indicios de que alguien siga vivo”.
“Se va cerrando la ventana de esperanza”, resumió por su parte el capitán Roni Kaplan, portavoz del Ejército de Israel.
Una misión israelí integrada por 82 militares, entre rescatistas, ingenieros y especialistas, trabaja junto a bomberos y militares colombianos en distintos puntos del sur de Cali.
En las últimas 24 horas, sus equipos colaboraron en la recuperación de cuatro cuerpos, mientras las labores se concentran cada vez más en localizar a quienes continúan desaparecidos.
Más de dos tercios de las muertes provocadas por el terremoto se concentran en Cali y Pereira. En Cali, los trabajos comienzan a pasar de la búsqueda de sobrevivientes a la recuperación de cuerpos y la retirada de los escombros con maquinaria pesada.
Las réplicas también han dificultado las operaciones. Al menos 269 habían sido registradas hasta el sábado, lo que incrementó el riesgo para los equipos que trabajan sobre estructuras inestables y para los habitantes que todavía no pueden regresar a sus viviendas.
En varias de las ciudades afectadas, edificios dañados fueron marcados con una “X” roja para advertir del peligro de derrumbe y prohibir el ingreso.
Casi 27.000 viviendas destruidas
Según el último balance oficial, 127.557 viviendas sufrieron daños y otras 26.945 quedaron destruidas.
Además, se registran 66 edificios colapsados, 285 centros de salud afectados, 2.838 centros educativos y 3.782 centros comunitarios dañados.
En Pereira, cientos de personas duermen por las noches en colchonetas o carpas instaladas en refugios improvisados en parques, mientras esperan saber si podrán regresar a sus hogares. Los coordinadores de esos espacios advierten sobre la falta de mantas, tiendas de campaña, productos de higiene y alimentos.
Al mismo tiempo, la solidaridad se ha extendido a otras regiones del país. Miles de personas acudieron durante la semana a centros de recepción de donaciones en Bogotá y Medellín para entregar alimentos, ropa y medicamentos. Un estadio de la capital, Nemesio Camacho El Campín, fue convertido en el mayor centro de recolección de ayuda del país.
La emergencia también alcanza a los animales: el balance oficial registra 510 rescatados y otros 822 afectados. En Pereira, por ejemplo, se habilitaron espacios para atender mascotas heridas y distribuir alimento donado.
El “Fondo Milagro” y las primeras medidas del Gobierno
El terremoto tuvo lugar apenas tres días después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia y se convirtió de inmediato en la primera gran prueba de su Gobierno.
En el marco de la emergencia, el mandatario anunció la creación del llamado “Fondo Milagro”, que busca canalizar recursos nacionales e internacionales para financiar la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, carreteras y aeropuertos afectados.
El Ejecutivo también anunció que prepara alivios temporales en el pago de servicios públicos para las familias damnificadas, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus casas, alivios tributarios y ayudas económicas para hogares vulnerables.
A esto se suman mecanismos de apoyo para comerciantes y pequeños empresarios y medidas destinadas a estimular nuevas inversiones, facilitar proyectos y generar empleo en las regiones afectadas.
En algunas localidades, además, las autoridades impusieron toques de queda nocturnos ante el temor de saqueos.
La respuesta del Ejecutivo no ha estado exenta de críticas. De la Espriella fue cuestionado por no aceptar durante las primeras horas algunas ofertas de equipos extranjeros de rescate.
Una reconstrucción de miles de millones de dólares
Con las tareas de rescate llegando a su fin, el costo de reconstruir las zonas devastadas se convierte en el centro de las prioridades.
Solo en Cali, el alcalde Alejandro Eder estima que harán falta al menos 3.200 millones de dólares para reparar los daños.
El sector privado también comenzó a anunciar aportes. El banquero colombiano Jaime Gilinski se comprometió a donar 150.000 millones de pesos, unos 47,75 millones de dólares, para reconstruir hospitales y escuelas en Cali, su ciudad natal. La familia Santo Domingo había anunciado previamente un aporte de 32 millones de dólares.
De la Espriella también recurrió a Estados Unidos. El sábado 15 de agosto mantuvo una conversación telefónica de unos diez minutos con el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien pidió suspender temporalmente los aranceles sobre los productos colombianos como una forma de aliviar la situación de las empresas afectadas y contribuir a la recuperación económica.
“Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X.
Colombia avanza este domingo (16.08.2026) en la remoción de los escombros que dejó el potente terremoto de hace una semana, ya con escasas probabilidades de rescatar sobrevivientes entre más de un centenar de desaparecidos.
El ruido de las retroexcavadoras, grúas y camiones retumba en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que el pasado lunes derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales.
Casi 300 personas han muerto y la autoridad de atención de desastres reporta por lo menos 140 desaparecidos, principalmente en ciudades que hoy lucen desoladas, con viviendas deshabitadas y locales comerciales abandonados.
En Pereira (oeste), una de las ciudades más devastadas, las máquinas ya convirtieron toneladas de escombros en pequeñas montañas de ladrillos y varillas.
Los rescatistas ya no permiten el ingreso a las edificaciones de voluntarios.
La esperanza de encontrar sobrevivientes “ya es mucho menor”, asegura Andrés Cano, un estudiante de enfermería de 30 años que acusa desgaste.
“Se siente uno agotado, es un cansancio mental más que todo”, dice a la AFP junto a un grupo de amigos uniformados con chalecos y cascos naranjas.
El ruido de las máquinas llenó el silencio que pedían las brigadas de socorro para detectar señales de vida bajo las ruinas que deja el sismo más letal del siglo en Colombia.
El terremoto supone la primera gran prueba para el gobierno del derechista Abelardo de la Espriella, quien se vio enfrentado a la emergencia apenas tres días después de asumir el cargo.
El sábado pidió a su aliado estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de aranceles para ayudar a su país.
En la calle
Cerca de 27.000 viviendas quedaron destruidas y muchos damnificados no tienen adónde ir.
Los albergues exhiben códigos QR para que los afectados reporten a sus seres desaparecidos o afectaciones en sus hogares.
Decenas duermen en pequeños camarotes o colchones.
Yeiny Sánchez, una vendedora de dulces de 28 años, pasa sus días junto a un polluelo que rescató herido. “Me he sentido muy sola e indefensa”, dice.
En las ciudades más destruidas, varios edificios fueron marcados con una “X” roja para alertar el riesgo de colapso y la prohibición del paso para transeúntes.
Jorge León, evacuado de su apartamento en Cali (suroeste), cuenta el “dolor” que le supone “iniciar nuevamente todo”. Camina junto a un camión amarillo cargado con sus pertenencias.
“Parece que estuviese viviendo una película o un sueño, no lo asimilo”, dice el abogado de 41 años a la AFP.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia costará al menos 3.200 millones de dólares.
Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial.
Voluntarios no renuncian
En una pared de un edificio de cinco pisos que colapsó tras el sismo fue marcada por un rescatista con una “V” roja atravesada por una línea horizontal, señal que indica la finalización de las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.
Pero rescatistas voluntarios se niegan a renunciar a encontrar vida, aunque se considera que después de 72 horas caen drásticamente las posibilidades de supervivencia.
“A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida”, dice el profesor Juan Carlos Tabares, de 58 años, que lidera junto a varios voluntarios el punto de rescate bautizado “Valentía”.
—”Nunca jamás en este gobierno, ni sería la intención, coartar tu libertad para que opines, digas lo que pienses, para que expreses tu sentir. Jamás lo hemos hecho, y jamás lo haríamos”, explicaba en vivo este viernes Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de México.
—”Yo no soy un periodista opositor, soy un periodista crítico”, reclamó el comunicador Joaquín López-Dóriga.
—”Yo no dije eso, yo no dije aquí está la lista de periodistas opositores. Bienvenida la pluralidad de opiniones”, defendió la funcionaria.
El acalorado intercambio mediático entre la consejera presidencial y el veterano periodista respondió a una controversia mayor. Días antes de esa confrontación al aire, el jueves 13 de agosto, Alcalde Luján presentó desde la conferencia matutina de Palacio Nacional lo que denominó como un “ecosistema” digital coordinado para golpear la gestión de la autoproclamada Cuarta Transformación, la política que lideran el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.
Pese a que el Gobierno insiste en que se trata de un análisis técnico y no de una “lista negra”, comunicadores y organizaciones de libertad de prensa afirman que el daño ya está hecho en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el continente.
El esquema presentado por la consejera jurídica argumenta la existencia de una red de cuatro capas: medios y comentaristas en el primer nivel, personajes políticos en el segundo, cuentas de ataque en el tercero y narrativas de presión externa en el cuarto. Entre los nombres expuestos figuran periodistas de amplia trayectoria como Carmen Aristegui, Paola Rojas, Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón y Luis Cárdenas. La lista incluía medios como ‘Latinus’, ‘El Universal’, ‘ADN 40′ y ‘Aristegui Noticias’, entre otros.
La exhibición pública de nombres desató una ola de indignación y reclamos inmediatos por parte de los señalados, quienes advierten sobre las secuelas de vincular el trabajo periodístico con redes de manipulación digital. “Cuando un gobierno decide enlistar con nombre y apellido, ponerlo en la exposición pública de esta manera, pues tiene un propósito y la historia nos ha dicho que esto ha resultado en tragedias, esto ha resultado en cosas verdaderamente graves para la humanidad”, reclamó la reconocida periodista Carmen Aristegui.
“Para mí es un honor estar en esas listas de críticos y hubiera sido una vergüenza personal y profesional que a estas alturas de mi vida, este régimen no me viera como tal”, ironizó por su parte Joaquín López Doriga.
“Se pasaron años denunciando el autoritarismo y terminaron haciendo listas de sus críticos. Qué rápido se convirtieron en todo lo que juraron combatir. Pueden tener el poder y el aparato del Estado, pero nuestro silencio jamás”, expresó Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.
“¿A quién se le censura, a quién? A nadie”: Sheinbaum
Frente al escalamiento de las críticas, la postura del Ejecutivo federal se mantuvo enmarcada en la defensa del debate público y la transparencia institucional. Tras la presentación, Luisa María Alcalde difundió un mensaje en sus redes sociales rechazando la etiqueta de “lista negra” y aclarando que se trató de un “análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias”.
Paola Rojas, presentadora de ‘Imagen Televisión’ incluida en la mención de Alcalde, replicó: “No muestra esa evidencia evidente y lo que sí es que nos pone a un montón de comunicadores en una lista que desde luego propicia que inmediatamente empiecen a ocurrir ataques digitales, amenazas también, amenazas, en un país en donde, pues sí, secuestran, asesinan y silencian a periodistas todo el tiempo. Ahí me puso en esa lista”.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el ejercicio realizado desde la Consejería Jurídica y rechazó la existencia de señalamientos punitivos: “Les invito a que vean nuevamente la conferencia de prensa de Derecho de Réplica de Luisa María y lo que ayer dice Luisa María. Luisa lo que dice es: ‘Viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto, de la presidenta’. ¿A quién se le censura, a quién? A nadie”.
Pero la presentación de Alcalde abrió una discusión que va más allá de si existe o no una red de amplificación digital. El punto de tensión, afirman analistas, está en que desde el propio Gobierno federal se exhibieron nombres de periodistas, medios y actores políticos vinculados, según su interpretación, con la circulación de narrativas críticas contra la Administración de Claudia Sheinbaum.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señala durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el lunes 3 de noviembre de 2025.
Representantes de organismos multilaterales ven en estas acciones una práctica gubernamental que vulnera la estabilidad de la prensa. “Me parece que podría representar un riesgo para las y los periodistas y los medios que son mencionados, sobre todo en un país tan peligroso como México para ejercer el periodismo”, afirmó Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RFS).
Flores Martínez cuestionó además el monitoreo de perfiles de la prensa crítica y sostuvo que esta dinámica de exposición desde el micrófono gubernamental no constituye un estándar habitual en las gestiones democráticas. “Desde nuestra perspectiva no es normal que un gobierno investigue e identifique a periodistas… Nos parece una muy mala práctica por parte del gobierno, que debería estar más preocupado ahora por detener los asesinatos de periodistas en México que por estar investigando y haciendo este tipo de exposiciones públicas”, añadió.
Para Flores, la presentación de Alcalde no surgió del vacío. “Esto lo empezamos a detectar desde el gobierno anterior”, señala, recordando cómo el expresidente Andrés Manuel López Obrador también exhibía en su mañanera a periodistas y corresponsales que resultaban incómodos para la narrativa oficial, incluyendo a la entonces corresponsal de ‘The New York Times’ en México.
En febrero de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia matutina el número de teléfono personal de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía de ‘The New York Times’ en México. Lo hizo tras recibir un cuestionario de la periodista sobre una investigación de EE. UU. acerca de supuestos dineros del narcotráfico en su campaña de 2018.
Pero lo que ocurrió esta semana representa, a su juicio, la primera exposición pública bajo la actual Administración. “En algunas de sus conferencias ha hecho comentarios, pero creo que hoy es la primera vez que veo en esta Administración que hacen este tipo de exposiciones públicas tan abiertas, pues ha causado mucho revuelo. Pues obviamente significa que hay una incomodidad, que hay una inquietud, que no le gusta lo que se está diciendo”, afirmó.
Desde la perspectiva de las organizaciones civiles, los seudónimos técnicos o explicaciones metodológicas ofrecidas por la Administración no atenúan el alcance de los señalamientos. “La principal consecuencia es abonar al acoso y a la situación de riesgo que implica ejercer el periodismo en México”, afirmó Leonardo Núñez González, director de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
“Esta lista es el último episodio de una larga serie de momentos en los que se han hecho diferentes acciones de acoso gubernamental a diferentes medios, periodistas y organizaciones”, señaló Núñez González.
En esta foto de archivo del 25 de marzo de 2017, un mensaje en español que dice: “No más muertes” está escrito con pintura roja en periódicos colocados frente a fotos de la periodista mexicana asesinada Miroslava Breach, en la sede de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. México encabezó la lista de periodistas asesinados en represalia por su trabajo en 2020, seguido de Afganistán y Filipinas, según un informe del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York.
Respecto a las intenciones expuestas por el Ejecutivo federal de acotar esta presentación al marco del derecho de réplica, Núñez descarta que el matiz conceptual reduzca el riesgo para los implicados. “El eufemismo con el que lo quieran llamar es irrelevante, considerando que el hecho es la presentación pública de un listado de personas acusadas de actuar con dolo hacia el gobierno. El mero hecho de la mención en ese espacio es una señal ominosa que baja como una cadena de mando, especialmente viniendo de quien dirige la acción jurídica de la Presidencia”, puntualizó.
Núñez señala que el análisis oficial omite una dinámica paralela de intervención en redes sociales impulsada desde el propio Gobierno, a través de pequeños medios que, según él, reciben contratos públicos y que tienen presencia recurrente en las conferencias matutinas. “Muchos de estos medios se encuentran dentro de las conferencias matutinas, son los que hacen preguntas ‘a modo’ y que detonan lo que el gobierno trata de impulsar como una conversación”, afirma. A su juicio, esa interacción también debería formar parte de cualquier análisis serio sobre cómo se construye la conversación pública en redes.
Para defensores de la libertad de prensa, la controversia se traslada al terreno de la seguridad física y las garantías democráticas. “Desde la perspectiva de la libertad de expresión, estigmatiza a la prensa y puede intimidar a quienes investigan y publican información de interés público. Con base en los más de 40 años de investigación y documentación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), estigmatizar y atacar a periodistas críticos e independientes desde el Poder Ejecutivo suele ser uno de los primeros pasos que adoptan los regímenes autoritarios para debilitar la prensa independiente”, señaló José Zamora, director Regional para las Américas de CPJ.
Al ser cuestionada por López-Dóriga sobre la decisión de utilizar la tribuna presidencial para difundir el listado, Alcalde argumentó: “Conferencias de prensa abiertas a los medios, al pueblo de México. ¿Por qué? Porque es una obligación de las autoridades poder transparentar por qué se decide lo que se decide, cómo están utilizando el recurso público. Es más, poner la cara para que cualquier periodista te pueda cuestionar sobre cualquier tema”.
“Los gobiernos pueden analizar fenómenos de desinformación o campañas coordinadas, pero cualquier investigación debe realizarse con criterios claros, evidencia verificable y pleno respeto a la libertad de expresión. Lo que resulta preocupante es utilizar esos análisis para señalar públicamente a periodistas o medios por el contenido de su cobertura o por mantener una postura crítica”, expresó Zamora.
“México, el país más peligroso para periodistas fuera de una zona de guerra”
“El efecto inmediato pues es la inhibición de la libertad de expresión… aunque la presidenta ha dicho ‘no estamos censurando, no estamos amenazando’, el efecto inmediato es esto que ahora estamos observando”, concluyó Flores Martínez, tras señalar que instancias como los mecanismos de protección a periodistas y organismos de derechos humanos deben emitir posicionamientos claros que garanticen la integridad física de las personas exhibidas.
Entre enero y julio de 2026, organizaciones como ‘Articulo 19’ y Reporteros Sin Fronteras han documentado al menos siete periodistas y comunicadores asesinados en México en posible relación con su labor informativa. “En México, el país más peligroso para ejercer el periodismo en el hemisferio occidental y el más peligroso fuera de una zona de guerra, no hay duda de que este tipo de acciones incrementa los riesgos para quienes ejercen la profesión”, agregó Zamora.
La organización Artículo 19 ha documentado un contexto de hostigamiento sostenido contra la prensa en México. La organización registró 451 agresiones contra periodistas, de las cuales 199 (44,12%) correspondieron a un “ambiente hostil”, 151 (33,48%) estuvieron relacionadas con abuso del poder público y 53 (11,75%) fueron casos de violencia física y ataques directos. El organismo advierte que no se trata de episodios aislados, sino de “patrones sostenidos que demuestran un ambiente hostil contra el gremio”.
Roxana Guzmán y Alex Serna: nuevos rostros del terror contra el periodismo en México.
“Este episodio refleja una relación de creciente confrontación con sectores de la prensa crítica. En lugar de privilegiar el debate abierto, el señalamiento público de periodistas y medios puede interpretarse como un intento de desacreditar o deslegitimar su trabajo, particularmente cuando entre los mencionados figuran algunos de los periodistas más reconocidos y prestigiosos de México y del ámbito internacional”, recordó Zamora.
El choque de posturas sobre las garantías para la labor informativa volvió a materializarse al cierre de la conversación entre la consejera jurídica y López-Dóriga durante el programa radial.
—”Bienvenida la pluralidad de opiniones, nutre nuestra democracia. Nadie tiene temor a eso, pero claro que siempre va a fortalecer que hablemos de estos fenómenos y no hay por qué tenerles miedo, sino al contrario debatir sobre ellos, cómo operan, dónde operan”, expresó Alcalde
—”Imagínate, Luisa María, yo que he sido reportero durante 11 presidentes, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta hoy, Claudia Sheinbaum, que tengo 58 años en esto, que tengo 79 de vida, ¿si a estas alturas de mi vida personal y profesional le voy a tener miedo a algo, no?”, replicó López-Doriga.
—”Qué bueno que no lo tienes y no deberías tenerlo y menos en un gobierno como este que protege las libertades”, concluyó la funcionaria.
La extorsión en México alcanzó su nivel más alto en 11 años y es el único delito que muestra incremento respecto al resto de los ilícitos en el país, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Basado en cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio de 2026 se registraron 6,562 víctimas, lo que representa un incremento de 9.17% respecto al mismo periodo del año anterior (551 víctimas más).
“Esta es la cifra más elevada reportada para un primer semestre desde 2015”, reprobó el organismo empresarial que encabeza Juan José Sierra.
Mientras los principales delitos de impacto social muestran tendencias a la baja, la extorsión se mantiene como el único delito al alza en México, que afecta a 19 entidades federativas, y en 12 de ellas se registraron los máximos históricos de víctimas para un primer semestre en los últimos 11 años.
Datos del INEGI advierten que el 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni se registra, lo que genera una “cifra negra” que enmascara el impacto real en familias y unidades económicas.
Aunque aquellos que sí denunciaron muestran variaciones anuales drásticas en el número de víctimas, entre el primer semestre de 2025 y el de 2026 se registraron en: Chihuahua, con aumento de 2,325% (al pasar de 4 a 97 víctimas); seguido de Zacatecas, con 551.4% (de 35 a 228 víctimas); además de Yucatán, con 400% (de 1 a 5 víctimas); y Tabasco, con 184.2% (de 82 a 233 víctimas).
Al medir el impacto por la tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes, los estados con mayores niveles son Morelos (18.8), Querétaro (15.5), Zacatecas (13.2), Ciudad de México (12.7) y Baja California Sur (12.4).
A nivel local, la concentración territorial del delito es severa: la mitad de los 20 municipios con las tasas más altas del país pertenecen a solo dos entidades: Guanajuato (5 municipios) y la Ciudad de México (5 alcaldías). El municipio con la tasa más alta a nivel nacional es Cuautla, Morelos, con 61.1 víctimas por cada 100,000 habitantes.
La gravedad del repunte de la extorsión contrasta con el comportamiento de los demás delitos evaluados en el mismo semestre de 2026, los cuales registraron reducciones significativas. Tal es el caso del homicidio doloso, que disminuyó 30.1%; asesinato, que se redujo 29.6%; secuestro, que cayó 25.3%; el robo a transportista, que se redujo 19.4%; y el robo de autos, 16.9%. También el feminicidio disminuyó 10.7% y el robo a negocio, 7.3%.
Ante este diagnóstico, Coparmex urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a pasar del mero reconocimiento de la crisis a la implementación efectiva de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Bogotá, 16 ago (EFE).- Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, las labores de emergencia entran en una nueva fase, con los equipos de rescate centrados en recuperar los cuerpos de las víctimas que permanecen bajo los escombros mientras las autoridades comienzan a preparar la reconstrucción de las zonas devastadas.
El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cifra este domingo en 289 los fallecidos, cinco menos que el sábado; además de 4.187 heridos y 143 desaparecidos, mientras que 354 personas han sido rescatadas.
La UNGRD justifica el menor número de fallecidos en el hecho de que “se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados”.
El sismo deja además 127.557 viviendas averiadas, 26.945 destruidas y 66 edificios colapsados, con 450 municipios afectados en 15 departamentos.
En Cali, una de las ciudades más afectadas, los equipos de emergencia trabajan ya en la recuperación de las víctimas localizadas bajo los escombros.
En el conjunto residencial Torres del Limonar han sido recuperados 25 cuerpos y otros tres permanecen localizados, cuya extracción está prevista para este domingo.
Bomberos de Cali, Bogotá y Jamundí, grupos de rescate de la Armada y la Policía y especialistas de las Fuerzas de Defensa de Israel trabajan conjuntamente en distintos puntos de la ciudad.
Los equipos israelíes recuperaron cuatro cuerpos en las últimas 24 horas y advirtieron de que se va cerrando la ventana de esperanza de encontrar sobrevivientes, después de varios días sin rescates de personas con vida.
Tras más de 140 horas de operaciones, las autoridades de Cali consideran que la emergencia entra progresivamente en una etapa de recuperación de víctimas mortales y retirada de escombros, aunque continúan las labores de ingeniería y evaluación de edificios colapsados.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, calculó que la ciudad necesitará 10 billones de pesos (unos 3.200 millones de dólares) y tres años para estabilizarse y acometer una reconstrucción resiliente, y propuso crear un mecanismo excepcional de financiación similar al utilizado tras el terremoto de 1999, que devastó Armenia y otras ciudades de la zona cafetera del centro del país.
Las zonas rurales piden ayuda
Mientras las grandes ciudades avanzan hacia la recuperación, campesinos de zonas rurales de Ansermanuevo y El Cairo, en Valle del Cauca, denunciaron a EFE que todavía esperan la llegada de las autoridades para evaluar sus viviendas, algunas de ellas prácticamente destruidas.
Algunas familias han colocado banderas con mensajes de ‘Ayuda, SOS’ frente a sus casas y reclaman materiales para reconstruir techos, mientras el alcalde encargado de El Cairo, Carlos Alberto Correa, reconoce que todavía no se ha completado el censo de las zonas rurales debido a que la atención se ha concentrado en el casco urbano.
En Cali, la Ciudadela Alberto Galindo, donde este fin de semana debía celebrarse el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, se convirtió en un centro de acopio con más de 1.200 voluntarios.
También desde el deporte han llegado nuevas iniciativas, como la del exfutbolista Mario Yepes, quien anunció para el próximo viernes en el estadio El Campín de Bogotá el partido solidario ‘Levantemos a Colombia’, en el que participarán leyendas del fútbol nacional, aunque todavía no se ha informado quiénes serán.
El sector empresarial también ha continuado movilizándose: la familia Gilinski, la más rica del país, anunció una donación de 150.000 millones de pesos (unos 48 millones de dólares) para reparar hospitales y colegios de Cali.
Esta donación se suma a la de otros empresarios colombianos que el viernes anunciaron más de 200.000 millones de pesos (unos 64 millones de dólares) para atender las consecuencias de la tragedia.
Una semana después del terremoto, las autoridades pasan de la búsqueda de supervivientes a la recuperación de cuerpos, la retirada de escombros y la evaluación de los daños materiales, al tiempo que persisten las necesidades de miles de familias que han perdido sus viviendas o medios de vida.
La magnitud de la tarea empieza a hacerse más visible en lugares como Cali, donde ya se han retirado más de 18.000 toneladas de escombros, según la Alcaldía, pero también en municipios rurales donde la ayuda todavía no ha llegado de forma suficiente.
La emergencia entra así en una nueva etapa, marcada por el duelo y la recuperación, pero también por el desafío de reconstruir las zonas más golpeadas del país.
Bogotá, 16 ago (EFE).- Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, las labores de emergencia entran en una nueva fase, con los equipos de rescate centrados en recuperar los cuerpos de las víctimas que permanecen bajo los escombros mientras las autoridades comienzan a preparar la reconstrucción de las zonas devastadas.
El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cifra este domingo en 289 los fallecidos, cinco menos que el sábado; además de 4.187 heridos y 143 desaparecidos, mientras que 354 personas han sido rescatadas.
La UNGRD justifica el menor número de fallecidos en el hecho de que “se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados”.
El sismo deja además 127.557 viviendas averiadas, 26.945 destruidas y 66 edificios colapsados, con 450 municipios afectados en 15 departamentos.
En Cali, una de las ciudades más afectadas, los equipos de emergencia trabajan ya en la recuperación de las víctimas localizadas bajo los escombros.
En el conjunto residencial Torres del Limonar han sido recuperados 25 cuerpos y otros tres permanecen localizados, cuya extracción está prevista para este domingo.
Bomberos de Cali, Bogotá y Jamundí, grupos de rescate de la Armada y la Policía y especialistas de las Fuerzas de Defensa de Israel trabajan conjuntamente en distintos puntos de la ciudad.
Los equipos israelíes recuperaron cuatro cuerpos en las últimas 24 horas y advirtieron de que se va cerrando la ventana de esperanza de encontrar supervivientes, después de varios días sin rescates de personas con vida.
Tras más de 140 horas de operaciones, las autoridades de Cali consideran que la emergencia entra progresivamente en una etapa de recuperación de víctimas mortales y retirada de escombros, aunque continúan las labores de ingeniería y evaluación de edificios colapsados.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, calculó que la ciudad necesitará 10 billones de pesos (unos 3.200 millones de dólares) y tres años para estabilizarse y acometer una reconstrucción resiliente, y propuso crear un mecanismo excepcional de financiación similar al utilizado tras el terremoto de 1999, que devastó Armenia y otras ciudades de la zona cafetera del centro del país.
Las zonas rurales piden ayuda
Mientras las grandes ciudades avanzan hacia la recuperación, campesinos de zonas rurales de Ansermanuevo y El Cairo, en Valle del Cauca, denunciaron a EFE que todavía esperan la llegada de las autoridades para evaluar sus viviendas, algunas de ellas prácticamente destruidas.
Algunas familias han colocado banderas con mensajes de ‘Ayuda, SOS’ frente a sus casas y reclaman materiales para reconstruir techos, mientras el alcalde encargado de El Cairo, Carlos Alberto Correa, reconoce que todavía no se ha completado el censo de las zonas rurales debido a que la atención se ha concentrado en el casco urbano.
En Cali, la Ciudadela Alberto Galindo, donde este fin de semana debía celebrarse el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, se convirtió en un centro de acopio con más de 1.200 voluntarios.
También desde el deporte han llegado nuevas iniciativas, como la del exfutbolista Mario Yepes, quien anunció para el próximo viernes en el estadio El Campín de Bogotá el partido solidario ‘Levantemos a Colombia’, en el que participarán leyendas del fútbol nacional, aunque todavía no se ha informado quiénes serán.
El sector empresarial también ha continuado movilizándose: la familia Gilinski, la más rica del país, anunció una donación de 150.000 millones de pesos (unos 48 millones de dólares) para reparar hospitales y colegios de Cali.
Esta donación se suma a la de otros empresarios colombianos que el viernes anunciaron más de 200.000 millones de pesos (unos 64 millones de dólares) para atender las consecuencias de la tragedia.
Una semana después del terremoto, las autoridades pasan de la búsqueda de supervivientes a la recuperación de cuerpos, la retirada de escombros y la evaluación de los daños materiales, al tiempo que persisten las necesidades de miles de familias que han perdido sus viviendas o medios de vida.
La magnitud de la tarea empieza a hacerse más visible en lugares como Cali, donde ya se han retirado más de 18.000 toneladas de escombros, según la Alcaldía, pero también en municipios rurales donde la ayuda todavía no ha llegado de forma suficiente.
La emergencia entra así en una nueva etapa, marcada por el duelo y la recuperación, pero también por el desafío de reconstruir las zonas más golpeadas del país.
São Paulo, 16 ago (EFE).- El jefe de Estado, abogados, profesores, empresarios, un rapero y hasta un veterinario inician a partir de este domingo sus campañas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de octubre en Brasil.
Estos son los trece aspirantes inscritos en la Justicia Electoral:
1. Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores)
El actual mandatario disputará sus séptimas presidenciales con 80 años. El antiguo tornero mecánico ganó tres de sus intentos, en 2002, 2006 y 2022, todos en segunda vuelta.
Para esta cita, en la que despunta como favorito, con una mínima ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro, ha conseguido el apoyo de siete partidos progresistas.
También quiso presentarse a las presidenciales de 2018, cuando estaba en prisión, pero dos condenas por corrupción -anuladas posteriormente en la Justicia- se lo impidieron.
Bienes declarados: 4,8 millones de reales (920.000 dólares / 790.000 euros).
Candidato a vicepresidente: el exgobernador de São Paulo Geraldo Alckmin.
2. Flávio Bolsonaro (Partido Liberal)
Hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Principal candidato de la oposición y elegido por su padre, quien se encuentra inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.
Abogado, Flávio tiene 45 años y es senador desde 2019. Antes, cumplió cuatro mandatos consecutivos como diputado regional en Río de Janeiro.
En 2020, la Fiscalía le denunció por supuestamente contratar funcionarios “fantasma” y apropiarse de parte de los salarios de estos durante su etapa como diputado de Río. El caso fue archivado. Ahora se ha visto salpicado por sus conexiones con un banquero encarcelado por un fraude millonario.
Bienes declarados: 8,2 millones de reales (1,6 millones de dólares).
Candidato a vicepresidente: el exfiscal Alfredo Gaspar.
3. Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático)
Veterano político de 76 años e histórico adversario de Lula, con el que se enfrentó en los comicios de 1989.
Vinculado con la potente industria agropecuaria brasileña, gobernó el estado de Goiás en los últimos ocho años. Las encuestas le otorgan menos del 5 % de las intenciones de voto.
Bienes declarados: 52,6 millones de reales (10 millones de dólares).
Candidato a vicepresidente: Gilberto Kassab, un influyente político de centroderecha.
4. Renan Santos (Misión)
Se presenta como el candidato ‘antiestablishment’. Empresario, músico y activista de la derecha, Santos tiene 42 años y lideró una ola de protestas en el país a partir de 2014, cuando afloraron multitud de casos de corrupción.
Con millones de seguidores en redes sociales y buena aceptación entre los jóvenes, quiere aplicar la receta del presidente salvadoreño Nayib Bukele en seguridad y la del argentino Javier Milei, en economía. Los sondeos le dan menos del 5 % de los apoyos.
Candidato a vicepresidente: Aroldo Medina, militar retirado.
5. Romeu Zema (Nuevo)
Elegido gobernador de Minas Gerais, el segundo estado más poblado del país, en 2018 y reelegido en 2022.
Él y su familia son dueños de un conglomerado (Grupo Zema) con negocios que van desde la venta de electrodomésticos a la distribución de combustibles. Según las encuestas, obtendría un 2 % de los votos.
Bienes declarados: 178,7 millones de reales (34,2 millones de dólares).
Candidato a vicepresidente: el senador Eduardo Girão.
6. Augusto Cury (Adelante)
Escritor. Autor de decenas de libros de autoayuda traducidos en más de 90 países, está especializado en temas de salud mental, inteligencia emocional y formación de líderes. Los sondeos solo le dan un 2 % de los apoyos.
Bienes declarados: 242,3 millones de reales (46,4 millones de dólares).
Candidato a vicepresidente: el exdiputado Júlio Delgado.
7. Samara Martins (Unidad Popular)
Dentista. Una de sus propuestas es nacionalizar “todas las riquezas estratégicas” del país. Las encuestas le otorgan un 1 % de los votos.
Bienes declarados: 33.000 reales (6.300 dólares).
Candidata a vicepresidenta: la trabajadora portuaria Raquel Brício.
– Los otros seis candidatos no consiguen puntuar en los últimos sondeos publicados:
8. Edmilson Costa (Partido Comunista Brasileño)
Economista, profesor y militante comunista desde la época de la dictadura militar (1964-1985).
Abogada y empresaria, disputa por primera vez unas elecciones.
Bienes declarados: 1,8 millones de reales (340.000 dólares).
Candidata a vicepresidenta: Fabiana Torquato.
10. Hertz Dias (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado)
Historiador, rapero y activista del movimiento negro. Defiende el fin del capitalismo y la suspensión del pago de la deuda pública.
Bienes declarados: ninguno.
Candidata a vicepresidenta: Vanessa Portugal.
11. Rui Costa Pimenta (Partido de la Causa Operaria)
Periodista ‘antisistema’. Es la cuarta vez que disputa la Presidencia, tras intentarlo en 2006, 2010 y 2014.
Bienes declarados: ninguno.
Candidato a vicepresidente: Antônio Carlos.
12. Wilson Grassi (Demócrata)
Veterinario. Su principal bandera es la defensa de los animales.
Bienes declarados: 50 millones de reales (9,6 millones de dólares).
Candidata a vicepresidenta: Suêd Haidar.
13. Pablo Marçal (Partido Renovador Laborista Brasileño)
Influenciador, agitador ultra e inversor de 39 años. Su partido lo inscribió a última hora, aunque muy posiblemente la Justicia anulará su candidatura, ya que está inhabilitado.
Bienes declarados: 7.420 millones de reales (1.420 millones de dólares).
BOGOTÁ, 16 ago (Reuters) – Los equipos de búsqueda trabajaban el domingo entre los escombros de los edificios derrumbados en ciudades del suroeste y centro de Colombia para recuperar los cadáveres de decenas de personas que murieron y continúan desaparecidas, seis días después de que un potente terremoto sacudió una amplia región del país sudamericano.
El terremoto de magnitud 7,4 se registró el lunes, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, derribando edificios de apartamentos y dañando viviendas, escuelas, hospitales y carreteras, desde el puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico, hasta ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre informó el domingo que 289 murieron, 4.187 resultaron heridas y 143 continúan desaparecidas. El 75% de las víctimas fatales se concentra en las ciudades de Cali y Pereira, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.
En Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia con unos 2,2 millones de habitantes, los rescatistas trabajaban en medio de montañas de concreto, ladrillos y hierros retorcidos para recuperar los cuerpos de las personas que aún no han sido encontradas.
“Tenemos operaciones en lo que es la parte de recuperación de cuerpos, son tareas que hay que hacerlas con mucho método, rigor, acompañamiento de ingeniería para no poner en riesgo a los rescatistas, a la comunidad que se involucra en estos procesos de colaboración”, dijo a Reuters el capitán Alberto Hernández, del Cuerpo de Bomberos de Cali.
“Pero señales de vida, lamentablemente no hay, los milagros existen, pero les soy honesto como creyente que soy, racionalmente, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, no hay signos de vida”, explicó.
La Alcaldía de Cali informó que más de un centenar de personas continúan desaparecidas.
DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS, LA PRÓXIMA FASE
Las casi 300 réplicas registradas después del terremoto ponen en riesgo las labores de búsqueda de las víctimas, según los bomberos y los rescatistas.
Una vez concluya la recuperación de los cuerpos se avanzará a una fase de demolición total de las estructuras para retirar los escombros, afirmó Hernández.
Miles de familias que perdieron sus viviendas permanecen en improvisados albergues en las ciudades y pueblos afectados por el terremoto.
En Pereira, las autoridades también ayudaban a las mascotas heridas y distribuían alimentos donados para animales.
“Horrible, es impresionante tener dos personas para tapar (proteger) y no alcanzar sino solo con una, ver cómo todo se cae encima, ver a su papá debajo de los escombros rogándole que lo saquen”, dijo entre sollozos Claudia Galeano, de 53 años, quien perdió su casa en Pereira.
El papá de Claudia, Arnulfo Galeano, fue rescatado con vida de entre los escombros, pero luego falleció en un hospital.
“El terremoto se me llevó a mi papá, pero hay gente que está peor que yo, que quedó en la calle, sin familia, sin nada”, relató.
En Bogotá, la capital del país de más de 50 millones de habitantes, miles de personas continuaban llegando al estadio El Campín para donar alimentos, ropa, frazadas, kits de aseo y medicinas. Cientos de jóvenes voluntarios trabajaban en la clasificación de toneladas de ayudas para enviarlas en camiones a las zonas afectadas.
El desastre se convirtió en el primer desafío para el presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo hace poco más de una semana y ahora enfrenta la tarea de supervisar el auxilio y la reconstrucción de uno de los peores desastres naturales de Colombia.
La atención de los damnificados y la reconstrucción demorarán y demandarán millonarios recursos en momentos en que la economía del país enfrenta dificultades por un elevado déficit fiscal y la desfinanciación de su presupuesto de gastos.
De La Espriella anunció el domingo que el multimillonario banquero colombiano Jaime Gilinski, quien también controla la empresa productora de alimentos Nutresa, donará unos 47,9 millones de dólares para reconstruir hospitales y escuelas en Cali, la ciudad natal del empresario.
La familia Santo Domingo, a través de sus empresas, anunció previamente una donación de 32 millones de dólares.
(Reporte de adicional de Luisa González y Felipe León en Pereira, Santiago Limacho en Cali. Escrito por Luis Jaime Acosta)
